nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIÓN PROVIDA S.A.

Dgg C.A. de Valparaíso Valparaíso, once de septiembre de dos mil veinticinco.

Vistos:

A folio 1, comparece Pablo Daniel Peñaloza Parra, abogado, en representación de nombre reservado, de nacionalidad venezolana, quien deduce recurso de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A., por estimar ilegal y arbitrario el acto de fecha 11 de julio de 2025, consistente en el rechazo de la solicitud de retiro de fondos para extranjero.

Señala que solicitó a la AFP recurrida, a través del portal web, la devolución de sus fondos previsionales conforme a la Ley N°18.156, que exime de cotizaciones a los técnicos extranjeros que acrediten afiliación a un sistema de previsión en el país de origen. Refiere que fue notificado por correo electrónico, con fecha 10 de junio de 2025, que su trámite se encontraba detenido por documentación incompleta, debiendo iniciar una nueva solicitud. Posteriormente, mediante contacto telefónico, fue informado verbalmente del rechazo de su solicitud, por no haber acompañado un certificado de afiliación al sistema extranjero debidamente apostillado.

Alega que la Administradora de Fondos de Pensiones reconoce que se encuentra afiliado a la seguridad social de su país, pero rechaza el certificado por no estar apostillado, requisito que afirma, no está previsto en la normativa aplicable, resultando además imposible de cumplir dada la situación consular de los nacionales venezolanos. Indica que acompañó constancia emitida por el Instituto Venezolano de Seguros Sociales, debidamente notariada, la cual es verificable electrónicamente mediante un código de autenticación en la web institucional, lo que acredita su afiliación. Añade que otras administradoras, como AFP Cuprum, aceptan dichos certificados bajo el mismo procedimiento de verificación electrónica.

Sostiene que el rechazo carece de fundamentación suficiente, fue comunicado verbalmente, y que existen medios técnicos idóneos para comprobar su afiliación, por lo que la conducta de la recurrida resulta arbitraria e ilegal. Argumenta que se ha configurado una exigencia adicional no contemplada en la Ley N°18.156, lo que vulnera sus derechos constitucionales a la igualdad ante la ley (art. 19 N°2) y a la propiedad sobre sus fondos previsionales (art. 19 N°24).

Menciona los artículos 1 y 7 de la Ley N°18.156, que permiten a los técnicos extranjeros eximirse de cotizaciones locales y solicitar la devolución de fondos depositados en una AFP, acreditando afiliación en el extranjero. Agrega que la exigencia de apostilla o legalización no está prevista en la normativa y que, en todo caso, debe considerarse la imposibilidad material de cumplir con dicho trámite, lo que configura fuerza mayor conforme al artículo 45 del Código Civil. Aduce además la aplicación de los artículos 18 y 2333 del mismo cuerpo legal, así como el artículo 20 de la Constitución y el Auto Acordado sobre tramitación del recurso de protección.

Solicita que se acoja la acción constitucional, se declare ilegal y arbitrario el rechazo verbal de su solicitud, se reconozca como válida la documentación acompañada y se ordene a la recurrida realizar un nuevo pronunciamiento conforme a derecho, disponiendo dentro de un plazo razonable la devolución de sus fondos previsionales.

Acompaña a su presentación la notificación de trámite detenido, captura de la llamada en que se le comunica el rechazo, cédulas de identidad, constancia de afiliación previsional, título universitario apostillado y contrato de trabajo.

A folio 9, evacúa informe la Superintendencia de Pensiones, señalando que el recurrente alegó haber sido informado el 11 de julio de 2025 del rechazo verbal de su solicitud de devolución de fondos previsionales, fundada en la falta de presentación de un certificado de afiliación al sistema de previsión extranjero debidamente apostillado.

Hace presente que el recurrente no registra reclamo previo en sus archivos por los hechos que describe. Precisa que, conforme a la legislación previsional chilena, la regla general es la obligación de cotizar de los trabajadores que prestan servicios en Chile, sin distinción de nacionalidad. La Ley N°18.156 constituye un régimen de excepción aplicable a técnicos o profesionales extranjeros que acrediten simultáneamente: a) afiliación a un sistema de seguridad social en el extranjero que otorgue cobertura en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte; y b) voluntad expresa en el contrato de trabajo de mantener dicha afiliación.

En relación con ello, el artículo 7° de la misma ley autoriza a solicitar la devolución de fondos depositados en una AFP cuando se cumplen íntegramente los requisitos señalados. La Superintendencia subraya que, al ser una norma de excepción, debe ser aplicada en forma restrictiva.

Menciona que según el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones y la jurisprudencia administrativa de este organismo, la cobertura extranjera debe acreditarse con certificación emitida por la autoridad competente, debidamente legalizada o apostillada, indicando de forma específica la existencia de protección efectiva durante el período trabajado en Chile. No son suficientes documentos genéricos ni declaraciones juradas.

Aplicado al caso concreto, indica que el recurrente acompañó una constancia electrónica del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales y una declaración jurada personal, las que no cumplen con los requisitos exigidos: la constancia no está firmada, legalizada ni apostillada, y no acredita en forma específica la cobertura ni los períodos correspondientes; la declaración jurada, por su parte, carece de idoneidad al no emanar de autoridad previsional.

La Superintendencia añade que la exigencia de legalización o apostilla corresponde a la normativa general sobre validez de documentos extranjeros, de conformidad con la Convención de La Haya y el artículo 345 del Código de Procedimiento Civil.

Finalmente, citas precedentes de la Corte de Apelaciones de Valparaíso (Roles N°522-2025 y 1431-2025) y de la Corte Suprema (Rol N°17866-2025), que han rechazado recursos en situaciones similares, señalando que la exigencia de apostilla no resulta arbitraria ni ilegal.

A folio 16, evacúa informe la Administradora de Fondos de Pensiones Provida, señalando que la acción cautelar no es la vía idónea para resolver materias de lato conocimiento y, en subsidio, sostiene que la administradora no ha incurrido en actos ilegales o arbitrarios, sino que ha dado estricto cumplimiento a la normativa vigente.

En cuanto a la improcedencia de la acción cautelar, expone que el recurso de protección es un mecanismo excepcional destinado a amparar garantías constitucionales frente a actos u omisiones ilegales o arbitrarios de carácter urgente. Indica que no corresponde su utilización para materias que requieren un juicio de lato conocimiento, como ocurre en la especie, donde no se trata de un derecho indubitado, sino controvertido. Señala que lo planteado por el recurrente equivale a discutir la constitucionalidad del Decreto Ley N°3.500 en sede cautelar, lo que excede la finalidad del recurso.

Reconoce que el recurrente, don nombre reservado, solicitó la devolución de fondos previsionales en calidad de técnico extranjero al amparo de la Ley N°18.156, y que la solicitud fue rechazada el 11 de julio de 2025. Explica que la constancia de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales presentada se encontraba vencida y no cumplía las formalidades exigidas por la Superintendencia de Pensiones. Precisa que las certificaciones electrónicas no apostilladas ni legalizadas, que solo mencionan de manera genérica las coberturas previsionales, no son idóneas para acreditar la cobertura efectiva requerida en la citada ley y recuerda que desde la entrada en vigor en Chile del Convenio de la Apostilla, se exige que tales documentos vengan debidamente apostillados por la autoridad competente del país emisor.

Hace presente que los fondos previsionales tienen como destino exclusivo financiar pensiones de vejez, invalidez y sobrevivencia, salvo excepciones expresamente previstas por la ley. Por su parte la Ley N° 18.156 constituye una norma excepcional que exime de cotizar a técnicos extranjeros siempre que cumplan copulativamente los requisitos: calidad de técnico acreditada con documentos legalizados; afiliación previa a un régimen de previsión extranjero que otorgue cobertura en enfermedad, invalidez, vejez y muerte; y voluntad expresa de mantener la afiliación en el contrato de trabajo. Así sostiene que la documentación presentada por el recurrente no satisface dichas exigencias, por lo que el rechazo fue conforme a derecho.

Concluye que no concurren los requisitos del artículo 20 de la Constitución para la procedencia del recurso de protección, pues no existe acto ilegal o arbitrario, no se ha causado agravio y no se ha privado, perturbado o amenazado garantía constitucional alguna, por lo que solicita el rechazo íntegro de la acción, con expresa condena en costas.

Acompaña oficio de la Superintendencia de Pensiones y sentencias de la Corte Suprema que ratifican su postura.

A folio 18, se ordenó traer los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que la acción constitucional de protección, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido establecida a favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19 de la Carta Fundamental.

Segundo: Que, a través de esta vía cautelar, el recurrente pretende que se ordene a la recurrida, Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A., que le haga devolución de sus fondos previsionales en calidad de técnico extranjero y de conformidad con lo dispuesto en la Ley N°18.156.

Tercero: Que, informando la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A., señaló que no ha actuado de manera arbitraria o ilegal, toda vez que, una vez realizado el análisis de los antecedentes aportados por la recurrente da cuenta que el recurrente “acompañó una “Constancia de Afiliación al IVSS”, que fue considerada insuficiente para acreditar dicha calidad. Asimismo, presentó documentación no legalizada ni apostillada, lo que constituye un incumplimiento de los requisitos establecidos por la normativa vigente y que, examinados los antecedentes presentados por el recurrente, se concluye que la documentación aportada no cumple con las exigencias legales establecidas. La situación del país de origen del actor no exime a la administradora de verificar el cumplimiento de la normativa aplicable para la devolución de fondos previsionales.”

Cuarto: Que, la Superintendencia de Fondos de Pensiones, al evacuar su informe, lo hizo en términos similares a los expresados precedentemente, concordando con la opinión de la A.F.P. relativa a que en la especie no concurrían los elementos exigidos por la normativa vigente para dar curso a la solicitud presentada por la recurrente.

Quinto: Que, analizando los antecedentes aportados al recurso, se advierte que efectivamente, como señalaron las instituciones requeridas, en la especie la decisión impugnada se ajusta a la normativa aplicable, que no es otra que la transcrita en el motivo tercero precedente, de modo tal que la ilegalidad o arbitrariedad denunciada no se ha configurado, debiendo rechazarse la presente acción cautelar.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado sobre la materia, se rechaza, sin costas, la acción de protección deducida por nombre reservado, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A.

Regístrese, notifíquese, comuníquese y, ejecutoriada, archívese en su oportunidad.

N°Protección-4200-2025.