nombre reservado con JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFATILES (JUNJI)

C.A. de Valparaíso djc Valparaíso, diez de febrero de dos mil veinte.

Vistos:

Que, comparece Santiago Trincado Moreno, abogado, quien recurre de acción constitucional de protección en beneficio de doña nombre reservado, Técnico en párvulos, domiciliada en domicilio reservado en contra de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI).

Sostiene que la recurrente es funcionaria del Servicio recurrido desde el 12 de marzo de 2012, prestando servicios de Técnico en Párvulos, grado 22 de la Escala Única de Remuneraciones. Su vínculo contractual se renovó año tras año hasta el año 2019, oportunidad en que con fecha 29 de noviembre se le informa de la no renovación de su contrata a través de la Resolución Exenta N°015/1657, la que indica término de prestación de servicios con fecha 01 de enero de 2020.

Comenta que la citada resolución indica, en lo medular, que sus funciones han sido desempeñadas en forma deficiente e ineficaz, ilustrando la misiva, con ejemplos concretos, en qué radicaría su defectuoso actuar laboral.

Apunta que la resolución mantiene una serie de errores que detalla, entre los cuales alude a su cargo, ya que no es encargada de nivel, cargo reservado a las educadoras de párvulo; Tampoco sería efectivo que se desempeña en nivel educativo medio mayor, sino en Sala Cuna mayor, antecedentes ambos que ilustran la falta de prolijidad al fundar la decisión.

En otro orden de ideas, indica que la resolución se funda en una supuesta prestación deficiente de sus servicios, en circunstancias que sus calificaciones fueron siempre de nota 7 en el ámbito técnico; Luego, se intenta justificar en “incidir en el clima organizacional de su unidad educativa de manera negativa, a través de una comunicación no efectiva”, situación que nada tiene que ver con su desempeño técnico, pero que además resulta inefectivo. Lo mismo ocurre con supuestas declaraciones publicas proferidas por la funcionaria, las cuales fueron entregadas en el año 2016 y hechos ocurridos en 2018, habiendo prorrogado 2 veces el contrato desde aquella fecha.

Entiende que la autoridad si bien no está obligada a renovar su contrato, si lo está a fundar la decisión de poner término al mismo, cuestión que considera incumplida en el presente caso.

Sostiene que el actuar institucional ha vulnerado sus garantías constitucionales del artículo 19 N° 2, 3, 16 y 24 por lo que solicita se restablezca el imperio del Derecho, dejando sin efecto la resolución N°015/1657 de fecha 29 de noviembre; ordenar el reintegro de la funcionaria a sus labores; y disponer el pago de las remuneraciones devengadas desde su desvinculación.

Acompaña a su recurso los documentos que dan cuenta del acto administrativo que impugna y aquellos que sustentan sus alegaciones al respecto.

Que, evacua informe la Junta Nacional de Jardines Infantiles -Junji-, quien solicita el rechazo del recurso presentado.

En primer término, sostiene que el recurso de protección no es la vía idónea para abordar la temática que se presenta en autos, existiendo acciones especiales contenidas en nuestra legislación para aquello, en particular, la acción de invalidación del artículo 53 de la Ley 19.880.

Sostiene además que la recurrente no ha citado de manera expresa cual sería la acción arbitraria o ilegal que ocasionaría la vulneración de garantías alegada y, menos aún, de qué forma se han afectado estas últimas.

Con todo, señala que los hechos expuestos en la comunicación son efectivos y fueron recogidos de antecedentes al interior del servicio, en que se ventiló que la actitud de la funcionaria ocasiona problemas con el equipo de trabajo en sala y afectaba en el clima laboral, hechos que además trajeron consigo un traslado pretérito de lugar en que la recurrente prestaba sus servicios, manteniendo en su nuevo establecimiento de trabajo los mismos problemas presentados con anterioridad, presentando especiales problemáticas en la comunicación que afectaron a la nueva comunidad educativa.

Por último, sostiene que en el año 2017 se inicia un proceso disciplinario a partir de la existencia de una página en redes sociales denominada “La Junji la hacemos todos”, en dicho proceso, la recurrente fue sancionada por haber vulnerado políticas de seguridad de la información, realizar publicaciones que pusieron en riesgo el interés de la institución, afectando nuevamente el clima laboral.

Todas las dificultades comentadas se reafirman durante el año 2019, lo que condiciona la decisión de no renovar su contrata para el año 2020.

Sostiene por tanto que no hay acto que pueda sostener el recurso presentado, pareciendo la actual acción una demanda por despido injustificado, lo que resulta evidentemente improcedente. Recuerda, por último que la modalidad de servicios a contrata es de carácter esencialmente transitorio y tiene una duración legal hasta el 31 de diciembre de cada año, lo que refuerza la inexistencia de acto arbitrario o ilegal alguno.

Solicita por tanto el rechazo del recurso de protección, con costas.

Que, se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Considerando:

Primero: Que, como se ha advertido por la jurisprudencia y la doctrina nacional, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar frente a un acto u omisión ilegal o arbitrario que impida, amague o perturbe ese ejercicio. En concordancia con lo anterior, corresponde a esta Corte dilucidar si el acto impugnado por la presente acción existe, luego si es ilegal o arbitrario, para por último examinar si dicho acto afecta o conculca alguna de las garantías constitucionales que se denunciaron como vulneradas por el recurrente. Siendo por ende vía legítima para debatir la pretensión solicitada.

Segundo: Como se advierte, es requisito indispensable de la acción constitucional de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1 del Código Civil o arbitrario producto del mero capricho de quien incurre y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión de cualquier recurso como el que se ha planteado.

Tercero: No existe discusión sobre la existencia del acto que da origen a estos autos, esto es la dictación de la Resolución Exenta N°15/1657, de 29 de noviembre del año 2019, por don nombre reservado, Director Regional de la JUNI de la Región de Valparaíso, que determina no prorrogar la contrata de la recurrente, expirando sus servicios en la Dirección Nacional Regional de Valparaíso de la Junta Nacional de Jardines Infantiles. En dicha resolución se consigna que a la luz del criterio de un desempeño deficiente en sus labores, incide de una manera negativa en el clima laboral, generando conflictos y que motivo que en el pasado del lugar donde se desempeñaba, unido a conductas que determinaron un sumario administrativo el año 2018 con la medida aplicada de censura y que según su jefatura aún tiene problemas con materia de comunicación efectiva, lo cual es importante para su labor, infringiendo según la resolución las letras a, b y d del artículo 61 del Estatuto Administrativo según indica e su numeral 11, y además haciendo referencia a la jurisprudencia administrativa contenido en los Dictámenes N°s 23.158, 22.766, y 85700 todos del 2016 emitidos por la Contraloría General de la República donde se expresa que la decisión de la autoridad de no renovar una contrata, debe materializarse en un acto administrativo que contenga la decisión formal, con indicación de los hechos, fundamentos de derecho y razonamiento en que se sustenta, unido a lo que señala la propia resolución en orden a que el desempeño deficiente quebranta por ende la confianza legítima como principio, siendo ello causal suficiente para fundar la no renovación.es decir mantiene una motivación suficiente, que cumple con los estándares de exigencia para un acto administrativo como ha señalado dicha jurisprudencia administrativa.

Cuarto: Que la vigencia anual de los nombramientos a contrata está en armonía con el carácter transitorio que el ordenamiento jurídico asigna a dicha categoría. En efecto, el artículo 3° de la Ley Nº 18.834 sobre Estatuto Administrativo, luego de definir la planta del personal de un servicio público como: “el conjunto de cargos permanentes asignados por la ley a cada institución”, al tratar los empleos a contrata señala que “son aquellos de carácter transitorio que se consultan en la dotación de una institución”. Enseguida, el mismo texto legal dispone, en su artículo 10, en relación con la permanencia de esta última clase de cargos, que los empleos a contrata durarán, como máximo, sólo hasta el 31 de diciembre de cada año y quienes los sirvan expirarán en sus funciones en esa fecha por el sólo ministerio de la ley.

Quinto: Que es importante consignar que el acto impugnado se relaciona exclusivamente con la decisión de no renovar la contrata de la parte recurrente según se indica en su acción, la cual se enmarca en el ejercicio de una facultad que atiende a la naturaleza transitoria de los servicios y a los efectos propios de las vinculaciones a contrata, esto es, que llegado el plazo previsto para su término, éstas se extinguen naturalmente, sin que sea procedente imponer a la autoridad administrativa la obligación de renovarla para un período posterior.

Sexto: Que, en consecuencia, sólo cabe concluir que la autoridad recurrida se encontraba legalmente facultada para no renovar los servicios a contrata de la parte recurrente, puesto que, como se dijo, la principal característica de este tipo de vinculación es la precariedad en su duración, supeditada a las necesidades temporales de la entidad administrativa, razón por la que el acto impugnado no puede ser tildado de ilegal o arbitrario, donde la documentación acompañada en nada hace variar lo ya establecido.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección se rechaza, sin costas el recurso de protección interpuesto por don Santiago Trincado Moreno, en representación de doña nombre reservado en contra de la JUNJI.

Acordada con el voto en contra del Ministro Suplente Sr. Espinoza Cerda, quien fue de la opinión de acoger la presente acción constitucional, atendido, conforme a los antecedentes acompañados al recurso, que la recurrente fue nombrada en el cargo a contrata desde el 12 de marzo de 2012, esto es ha sido nombrada en el cargo a contrata por más de dos anualidades (7 años y 8 meses), generando a su respecto la confianza legítima de mantenerse vinculada con la Administración Pública, de modo tal que sólo se puede terminar esa relación estatutaria por sumario administrativo derivado de una falta que motive su destitución, o por una calificación anual ejecutoriada que así lo permita, supuestos fácticos que no ocurren en la especie, por cuanto un informe de desempeño no suple aquello, unido a que no se ha establecido que su última calificación haya sido tal que de pie a la máxima sanción como lo es la desvinculación con el servicio donde presta labores la recurrente.

Notifíquese, regístrese y archívese en su oportunidad.

Redacción del fallo del Ministro Suplente Sr. Espinoza.

N°Protección-41772-2019.