nombre reservado con TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

C.A. de Valparaíso Valparaíso, diecisiete de junio de dos mil veinticuatro.

Vistos:

A folio 1, comparece doña nombre reservado, Cédula de identidad Nº RUT reservado, debidamente representada, quien interpone recurso de protección en contra de la TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, por haber retenido y compensado el 100% de su acreencia por concepto de pago de una sentencia laboral ejecutoriada adeudada por el Fisco de Chile, con una deuda que registraba por concepto del CREDITO UNIVERSITARIO AVAL DEL ESTADO “CAE, siendo un acto ilegal y arbitrario vulnerándose las garantías consagradas en el artículo 19 numerales 2 y 24 de la Constitución Política de la República.

Indica, que inició en contra del FISCO DE CHILE - CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO, demanda laboral por diferencias en el cálculo del feriado legal y por no pago de interés y reajuste a las demás prestaciones pagadas en finiquito emitido por su ex empleadora, la SEREMI DE SALUD REGIÓN DE VALPARAÍSO, oficina de Quillota, demanda que fue conocida por el 2° Juzgado de Letras del Trabajo de Quillota, bajo el RIT O-18-2023.

Agrega que la acción incoada fue fallada por sentencia definitiva de fecha 03 de julio del año 2023, la cual fue acogida, y en síntesis, condeno a la parte demandada, a pagar a la actora: a) la suma de $594.777.- por concepto de 27,5 días feriado legal, con reajustes e intereses conforme al artículo 63 del Código del Trabajo devengados entre el 17 de octubre de 2022 y la fecha de pago efectivo; b) reajustes e intereses sobre los montos percibidos por concepto de indemnización sustitutiva de aviso, indemnización por dos años de servicios y 26 días de feriado legal, en los términos de los artículos 63 y 173 del Código del Trabajo, devengados entre el 17 de octubre de 2022 y el 28 de febrero de 2023; y se condenó en costas a la parte demandada, las que fueron reguladas en un 10% de las sumas ordenadas pagar.

Además, con fecha 20 de julio de 2023 se certificó la ejecutoria de la referida sentencia, y en virtud de que la recurrida no pagó las sumas ordenadas, se derivó la causa a cumplimiento ante el 2° Juzgado de Cobranza Laboral de Quillota, tramitada bajo el RIT C-47-2023.

Añade que la liquidación realizada en la causa de cobranza laboral referida, con fecha 02 de enero de 2024, fue la suma de $1.093.671, empero, el FISCO DE CHILE, a través de la TESORERIÁ GENERAL DE LA REPUBLICA, NO realizó el pago, indicando que se le iba a retener el 100% de su acreencia para ser compensado con una deuda que registra por concepto de CREDITO UNIVERSITARIO AVAL DEL ESTADO “CAE”, refiriendo causa legal ni fecha efectiva en que ello ocurriría.

Refiere además, que la actora concurrió a la Oficina de la Tesorería General de la República de la comuna de Quillota con fecha 17 de mayo del año 2024, a fin de insistir en que se procediera a efectuar el pago ordenado, pero mediante un documento denominado “comprobante de compensación” se le informó que “El tesorero que suscribe certifica que con fecha 18/04/2024, se han compensado las deudas pendientes de pago que se indican con el excedente de la declaración correspondiente al año 2024, formulario 72-A folio número 385775”. El documento luego indica que el monto compensado asciende a $1.025.612.- mediante fecha liquidación 19/04/2024.

Asimismo, junto con el “comprobante de compensación”, se le entregó a la recurrente un “CERTIFICADO DE PAGO”, indicándose que con fecha 19/04/2024, origen COMPENSACIÓN se pagó la suma de $1.025.612.

Que, en razón de lo anterior, la actora recién con fecha 17 de mayo de 2024 tomó conocimiento efectivo y definitivo de que no se le pagaría lo ordenado por el Juez de Cobranza Laboral, sin fundamento legal, al respecto.

Alega que la retención y/o compensación que ha practicado la Tesorería constituye un acto arbitrario e ilegal que atenta contra su derecho de igualdad ante la ley y el derecho de propiedad, ya que se ha efectuado una compensación respecto de una suma que no es una devolución de impuesto, pues el monto a pagar nace de un crédito laboral, correspondiente a remuneraciones de la recurrente.

Solicita en definitiva, se acoja el recurso, declarando que la retención y compensación ha sido ilegal y/o arbitraria, disponiendo a la Tesorería General de la República o a quien corresponda restituyan íntegramente y debidamente reajustadas las remuneraciones y cualquier otro concepto retenido o compensado por la recurrida en favor de la actora, por la cifra de $1.093.671.-, con reajustes e interés hasta la fecha de su efectivo reintegro, además de la expresa condena en costas.

Acompaña documentos a su recurso.

A folio 4, informa el Sr. Tesorero Regional de Valparaíso, solicitando el rechazo del recurso.

Indica que la recurrente ha presentado simultáneamente la calidad de deudora del fisco del Crédito con Aval del Estado (CAE, crédito regulado por la Ley 20.027 de 2005) y la calidad de beneficiario de un pago que debía realizar la Tesorería Regional de Valparaíso, por la suma de $1.093.671.-, por concepto de prestaciones laborales, correspondientes a la causa caratulada “nombre reservado con Fisco”, Rol N° RIT O-18-2023, del 2° Juzgado del Trabajo de Quillota, según consta en Resolución Exenta N° 964 de fecha 26 de marzo de 2024 expedida por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Explica que la compensación realizada por la Tesorería General de la República, no adolece de ilegalidad ni puede ser considerada como una retención arbitraria, en los términos que utiliza la recurrente, pues tiene como fundamento el artículo 6 del DFL N°1 de 1994, que fija el texto refundido, coordinado, sistematizado y actualizado del Estatuto Orgánico del Servicio de Tesorerías.

Además, la norma citada debe concordarse con los demás elementos que, según el Código Civil, son de la esencia de la compensación como modo de extinguir las obligaciones. De acuerdo al artículo 1.656 del Código Civil, la compensación opera por el sólo ministerio de la ley y aún sin conocimiento de los deudores, siempre que se cumplan los siguientes requisitos: 1) Que dos personas sean deudoras una de otra; 2) Que ambas deudas sean de dinero; 3) Que ambas deudas sean líquidas y 4) Que ambas sean actualmente exigibles; requisitos que se cumplen en caso de marras.

Agrega, que existe una reiterada jurisprudencia de los Tribunales Superiores de Justicia que ha sostenido que no existe ilegalidad o arbitrariedad en la facultad conferida a Tesorería para compensar deudas de contribuyentes con créditos que éstos tengan contra el Fisco, para ello acompaña en su informe Sentencia dictada por la Iltma. Corte de Apelaciones de Temuco y por la Excma. Corte Suprema.

Por último, señala que la compensación realizada respecto de la recurrente está regulado por la ley, y por ello no puede ser calificado como un acto ilegal o arbitrario pues su fundamento y razonabilidad emana directamente de la normativa vigente aplicable al caso concreto. De ello se sigue la imposibilidad jurídica de que la compensación alegada por la actora pueda ser un acto constitutivo de vulneración a la garantía constitucional relativa al derecho de propiedad, solicitando que en definitiva que no se dé lugar al presente arbitrio.

Acompaña documentos a su informe.

A folio 5, se trajeron los autos en relación.

A folio 7, la recurrente presenta escrito, solicitando en síntesis que se tenga presente que en cuanto a la jurisprudencia acompañada por la recurrida, si bien algunas Cortes de Apelaciones insisten en negar lugar a recursos de protección idénticos a la especie, la Excma. Corte Suprema durante los últimos años se inclina decididamente a que el término contribuyente utilizado por el artículo 6 ° del Estatuto Orgánico del Servicio de Tesorerías, se refiere única y exclusivamente a aquel deudor de impuestos y no al deudor de CAE.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

Primero: Que, el recurso de protección tiene por objeto restablecer el imperio del derecho cuando se han visto conculcadas, aun en grado de amenaza, las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 de la Constitución Política de la República, según lo dispone el artículo 20 de la Carta Fundamental. En tales casos, la Corte de Apelaciones respectiva puede adoptar todas las medidas conducentes a lograr que cese la perturbación de tales garantías.

Segundo: Que, atendido el mérito de los antecedentes que obran en autos y documentación acompañada, aparece que la recurrente detenta la calidad de deudora del Crédito con Aval del Estado, garantizado en conformidad a la Ley Nº 20.027 y, que a su vez es beneficiaria de un pago que debía realizar la Tesorería Regional de Valparaíso, con motivo de una sentencia judicial, emanada de un juzgado, laboral debidamente ejecutoriada.

Tercero: Que, sobre este punto, la circunstancia de ser acreedora la recurrente de una suma de dinero en virtud de lo obtenido en una causa laboral, por diferencias en el cálculo del feriado legal y por no pago de interés y reajuste a las demás prestaciones pagadas en el finiquito emitido por su ex empleadora, la SEREMI DE SALUD REGIÓN DE VALPARAÍSO, no se enmarca dentro de las hipótesis del DFL N° 1 de 1994, en su artículo 6°, toda vez que el origen del pago que debía realizar la Tesorería, obedece a una deuda por prestaciones laborales de la recurrente y no a un crédito que corresponda a lo que la disposición del citado DFL permite, esto es “… deudas de contribuyentes con créditos de éstos contra el Fisco…”.

En efecto, a juicio de estos sentenciadores, esta deuda a favor de la recurrente, emanada de prestaciones laborales, no puede ser compensada estimándosela como un crédito de la actora contra el Fisco, dado que esta suma de dinero tiene una naturaleza jurídica distinta de aquélla que el citado DFL permite compensar, por cuanto emana de una orden judicial, que habiendo constatado el incumplimiento de leyes laborales por el ex empleador, debe de ir ordenado subsanar dicha situación, mediante el pago de la respectiva prestación debida a la trabajadora.

Cuarto: Que, por último, es necesario agregar además, que era obligación de la Tesorería pagar dicha prestación, conforme lo ordena el artículo 752 del Código de Procedimiento Civil, “… dentro de los sesenta días siguientes a la fecha de recepción…” de la respectiva orden de pago, por lo que ha incumplido un precepto legal y por ello el acto efectuado por la recurrida debe ser calificado de ilegal.

Por las consideraciones expuestas, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se acoge, sin costas, el recurso de protección deducido por doña nombre reservado, en contra de la Tesorería General de la República, y en consecuencia la referida Tesorería General de la República, deberá proceder al pago de las remuneraciones y cualquier otro concepto retenido o compensado por la recurrida en favor de la actora, por la cifra de $1.093.671 (un millón noventa y tres mil seiscientos setenta y un pesos), con reajustes e intereses hasta la fecha de su efectivo reintegro.

Regístrese, comuníquese, y archívese, en su oportunidad.

Redacción de la Ministra suplente señora Covarrubias.

N°Protección-4170-2024.