nombre reservado con ADMINSTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CUPRUM S.A.

I.C.A. de Valparaíso Valparaíso, doce de agosto de dos mil veinticinco.

Visto:

A folio 1, se interpone acción de protección en favor de nombre reservado, en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Cuprum S.A., por haber rechazado la solicitud de retiro de fondos previsionales de conformidad a la Ley N°18.156, actuación que considera ilegal y arbitraria, vulnerando con ello las garantías fundamentales de los numerales 2° y 24° del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Expone que el recurrente, de nacionalidad venezolana, solicitó a la recurrida la devolución de fondos previsionales conforme a la Ley N°18.156, siéndole comunicado el rechazo de su petición mediante notificación de fecha 1 de julio de 2025, en que se le indicó “No se acompañó documentación que acredite que el afiliado se ha encontrado cubierto durante toda su estadía en Chile por un sistema de seguridad social extranjero. Se requiere acreditar que la cobertura de dicho sistema de seguridad social cubre ante las contingencias de vejez, enfermedad, invalidez y muerte. Además, en el caso de la contingencia de enfermedad, debe especificar que comprende prestaciones médicas y pecuniarias”.

Sostiene que cumple íntegramente con los requisitos establecidos en los artículos 1° y 7° de la Ley N°18.156, encontrándose afiliado al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales y habiendo manifestado su voluntad de mantener dicha afiliación en el contrato de trabajo.

Argumenta que la recurrida realiza una interpretación formalista de la norma, desatendiendo su finalidad, toda vez que la constancia electrónica de afiliación es verificable a través del portal web oficial del IVSS mediante código de verificación.

Refiere que se le ha otorgado un trato desigual respecto de otros solicitantes en iguales circunstancias, invocando jurisprudencia de la Corte Suprema que establece que no debe constreñirse la Ley N°18.156 únicamente a interpretaciones excesivamente literales y formalistas, y se ha conculcado su derecho de propiedad, al impedir la disposición de fondos previsionales propios mediante la imposición de requisitos no establecidos expresamente en la ley.

Solicita que se acoja el presente recurso y se reconozca como válida la documentación acompañada, procediendo a realizar nuevo pronunciamiento sobre la solicitud y efectuar la devolución de los fondos previsionales solicitados dentro de 5 días.

A folio 6, evacúa informe la Administradora de Fondos de Pensiones Cuprum S.A., solicitando el rechazo del recurso de protección en todas sus partes.

Explica que la Superintendencia de Pensiones, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 3° del DFL N°101, de 1980 (Estatuto Orgánico de la Superintendencia), y el artículo 47 de la Ley 20.255 (Ley que establece Reforma Previsional), se encuentra habilitada para dictar normas e instrucciones de carácter general, las que, sistematizadas en el Compendio de Normas de Pensiones, revisten carácter obligatorio para todas las Administradoras.

Refiere que, mediante la Circular N°553, la Superintendencia de Pensiones estableció el procedimiento aplicable para ejercer el derecho a la devolución de fondos previsionales, conforme a la cual los afiliados interesados deben suscribir ante la respectiva Administradora el formulario titulado “Solicitud de devolución de fondos previsionales Ley N° 18.156”, debiendo la Administradora exigir la presentación de documentación que acredite fehacientemente el cumplimiento de los requisitos legales, la cual deberá encontrarse debidamente legalizada.

Indica que, con fecha 7 de julio de 2025, la Administradora rechazó la solicitud de devolución de fondos previsionales del recurrente por incumplimiento del requisito establecido en la letra a) del artículo 1° de la Ley 18.156, toda vez que, el recurrente no acompañó documentación que acredite que se encuentra cubierto por un sistema de seguridad social extranjero que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte.

Respecto de la Constancia Electrónica de Cotizaciones otorgada por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), sostiene que esta no indica que, en caso de enfermedad, el recurrente cuenta con una cobertura que incluya prestaciones médicas y pecuniarias, siendo que el artículo 1 letra a) de la Ley 18.156, exige que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen que le otorgue este tipo de prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, requisito que se encuentra establecido por la Superintendencia, conforme al Oficio Ordinario N° 23.241, de 13 de septiembre de 2016.

Por otro lado, sostiene que la Constancia Electrónica de Cotizaciones no se encuentra debidamente legalizada ni apostillada, lo cual constituye un requisito esencial para su validez en Chile, citando el Oficio Reservado N° 25.057, de fecha 29 de diciembre de 2023, emitido por la Superintendencia de Pensiones, que establece que “(…) la documentación pertinente que sirva para acreditar los requisitos copulativos establecidos en las letras a) y b) del artículo 1° de la Ley N° 18.156, debe presentarse debidamente legalizada o apostillada, según corresponda”. Indica que el recurrente ha acompañado únicamente una Constancia Electrónica de Cotizaciones, no legalizada ni apostillada, por lo que no sirve para acreditar el cumplimiento del requisito.

Niega haber obstaculizado el proceso de solicitud de retiro de fondos mediante una interpretación errónea de la normativa, sosteniendo que actuó conforme a lo instruido por la Superintendencia de Pensiones mediante diversos oficios.

Pide el rechazo del recurso y acompaña respuesta a solicitud de devolución de fondos.

A folio 7, se ordenó traer los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

Segundo: Que, en la especie, la recurrente solicita la devolución de los fondos acumulados en su cuenta de capitalización individual conforme a lo dispuesto por el artículo 7° de la Ley N°18.156, disposición que la autoriza respecto de quienes cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 1° del cuerpo normativo ya expresado.

Tercero: Que, conforme se desprende del informe evacuado por la recurrida, la petición de la actora fue rechazada teniendo en consideración que la recurrente únicamente acompañó una constancia de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales que se encuentra vencida según las instrucciones impartidas por la Superintendencia de Pensiones, sin la debida legalización exigida por la normativa aplicable.

En tal sentido, indica que se ha exigido acompañar un Certificado de Afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, debidamente legalizado, conforme a las instrucciones impartidas por la Superintendencia de Pensiones.

Cuarto: Que, el artículo 1° de la Ley N°18.156, establece que "Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones: a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte [...]".

A su vez, el Libro II, título XI, del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, establece que el cumplimiento del requisito anteriormente indicado, "debe acreditarse mediante certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte." Quinto: Que, teniendo presente la normativa que regula la exención de cotizar en el país a los técnicos extranjeros y del análisis del documento denominado "Constancia Electrónica de Cotizaciones" acompañado por la actora, es posible constatar que este carece de la debida legalización exigida por la normativa vigente, toda vez que se encuentra vencido según las instrucciones de la Superintendencia de Pensiones, de manera que no es efectivo lo argumentado por esta, en cuanto a que cuenta con la documentación pertinente para que su petición sea acogida.

En efecto, el hecho que el instrumento contenga un código de verificación electrónica no sustituye los requisitos legales formales vigentes, más aún cuando el ordenamiento jurídico exige expresamente la legalización de los instrumentos públicos extranjeros para que surtan efectos en el territorio nacional, lo que reviste especial relevancia cuando se trata de antecedentes que inciden en el cumplimiento sustancial de los requisitos exigidos para acceder a un beneficio excepcional como el impetrado.

Sexto: Que, en dicho contexto, no puede estimarse ilegal ni arbitraria la conducta de la institución recurrida, en tanto ha circunscrito su actuación a exigir el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios para acceder al beneficio impetrado, actuando conforme a las instrucciones de la Superintendencia de Pensiones y a la normativa vigente, por lo que el presente arbitrio será desestimado.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación del recurso de protección, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de nombre reservado, en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Cuprum S.A.

Regístrese, notifíquese y archívense los antecedentes en su oportunidad.

N° Protección-4155-2025.