nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CUPRUM S.A.

I.C.A. de Valparaíso Valparaíso, veintidós de julio de dos mil veintiséis.

Vistos:

A folio 1 comparece don Pablo Daniel Peñaloza Parra, abogado, en favor de don nombre reservado, quien deduce recurso de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Cuprum S.A., por el acto que califica de ilegal y arbitrario, consistente en la decisión comunicada mediante carta de 30 de abril de 2026, que rechazó su solicitud de devolución de fondos previsionales formulada al amparo de la Ley N°18.156.

Expone que el recurrente, de nacionalidad venezolana y poseedor de un título profesional debidamente apostillado, solicitó la devolución de los fondos existentes en su cuenta de capitalización individual, acompañando una constancia electrónica de cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, así como su contrato de trabajo y un anexo en que manifestó su voluntad de mantener su afiliación al sistema de seguridad social de su país de origen.

Señala que la recurrida rechazó la solicitud sosteniendo que no se acreditó que el recurrente hubiese estado cubierto durante toda la prestación de sus servicios en Chile por un sistema de seguridad social extranjero que contemplara las contingencias de enfermedad, invalidez, vejez y muerte; que la constancia electrónica no se encontraba debidamente legalizada o apostillada; y que el anexo que contenía la voluntad de mantener la afiliación previsional extranjera fue celebrado con posterioridad al término de la relación laboral.

Alega que la constancia emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales es verificable electrónicamente mediante el código incorporado en ella, por lo que provendría de la autoridad competente y permitiría acreditar la afiliación del recurrente. Añade que la Ley N°18.156 no exige expresamente que dicho documento sea legalizado o apostillado, de manera que la recurrida habría incorporado requisitos no previstos por el legislador, efectuando una interpretación excesivamente formalista de la normativa.

Sostiene, además, que la falta de representación diplomática venezolana en Chile dificulta o imposibilita la obtención de documentos apostillados, circunstancia ajena a su voluntad que no podría impedir el ejercicio del derecho invocado.

Estima vulneradas las garantías contempladas en el artículo 19 N°2 y N°24 de la Constitución Política de la República y solicita que se reconozca la validez de los documentos acompañados, se ordene emitir un nuevo pronunciamiento y se disponga la devolución de sus fondos previsionales.

A folio 6 informa la Superintendencia de Pensiones, señalando, en primer término, que el recurrente no registra reclamo administrativo ante ese organismo respecto de los hechos que motivan la acción.

Explica que la regla general del sistema previsional chileno es la obligatoriedad de efectuar cotizaciones respecto de todo trabajador que presta servicios en el país, con independencia de su nacionalidad, y que la Ley N°18.156 constituye un régimen excepcional que debe aplicarse únicamente cuando se acredite el cumplimiento copulativo de sus requisitos.

Indica que, para acreditar la cobertura prevista en la letra a) del artículo 1° de la citada ley, el trabajador debe acompañar una certificación expedida por la autoridad previsional extranjera competente, debidamente legalizada o apostillada, en que conste específicamente que estuvo cubierto durante toda la prestación de sus servicios en Chile frente a las contingencias de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, debiendo la cobertura por enfermedad comprender prestaciones médicas y pecuniarias.

En cuanto al caso concreto, expresa que la constancia electrónica acompañada sólo da cuenta de determinadas cotizaciones efectuadas ante el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, sin acreditar de manera específica la existencia de cobertura durante el período trabajado en Chile ni las prestaciones exigidas por la ley. Agrega que el documento carece de firma autorizada y no se encuentra legalizado ni apostillado, por lo que no resulta idóneo para producir efectos en Chile. Precisa, asimismo, que la declaración jurada otorgada por el propio recurrente tampoco permite acreditar una circunstancia que debe ser certificada por la autoridad previsional extranjera.

Respecto del requisito establecido en la letra b) del artículo 1° de la Ley N°18.156, informa que el contrato de trabajo celebrado con Arteaga y Rebolledo Distribuidora Automotriz Limitada fue suscrito el 1 de junio de 2023, con vigencia hasta el 31 de julio del mismo año, y establecía la afiliación del trabajador al sistema previsional chileno. Sin embargo, el anexo en que manifestó su voluntad de mantener la afiliación a la seguridad social venezolana fue suscrito el 2 de febrero de 2026, esto es, una vez extinguida la relación laboral, por lo que dicho instrumento no puede modificar retroactivamente un contrato terminado.

A folio 9 informa la recurrida, solicitando el rechazo de la acción. Alega, primeramente, que el recurso no sería la vía idónea para resolver una controversia de carácter técnico previsional, desde que el ordenamiento contempla procedimientos de reclamación ante la propia Administradora y la Superintendencia de Pensiones.

En cuanto al fondo, sostiene que actuó en cumplimiento de las instrucciones obligatorias impartidas por el organismo fiscalizador. Señala que la constancia electrónica del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, de 1 de abril de 2026, no acredita que el recurrente hubiese contado durante todo el período trabajado en Chile con cobertura efectiva frente a las contingencias exigidas por la Ley N°18.156, ni que, respecto de la enfermedad, tuviera derecho a prestaciones médicas y pecuniarias. Añade que dicho instrumento tampoco se encuentra legalizado o apostillado.

Reitera que el contrato de trabajo celebrado el 1 de junio de 2023 tenía duración hasta el 31 de julio de ese año y contemplaba la afiliación al sistema previsional chileno, mientras que el anexo que expresó la voluntad de conservar la afiliación extranjera fue suscrito recién el 2 de febrero de 2026, cuando la relación laboral ya se encontraba extinguida.

Afirma que la decisión impugnada no es ilegal ni arbitraria, pues responde a la aplicación estricta de la normativa vigente y de las instrucciones técnicas de la Superintendencia de Pensiones.

A folio 11 se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, el recurso de protección constituye una acción cautelar destinada a restablecer el imperio del derecho frente a actos u omisiones ilegales o arbitrarios que ocasionen privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de alguna de las garantías expresamente protegidas por el artículo 20 de la Constitución Política de la República, siempre que se trate de derechos preexistentes e indubitados y que las medidas requeridas puedan ser adoptadas en esta sede de urgencia.

Segundo: Que, el acto reprochado consiste en la decisión comunicada por AFP Cuprum S.A. mediante carta de 30 de abril de 2026, por la cual rechazó la solicitud presentada por el recurrente para obtener la devolución de sus fondos previsionales conforme a la Ley N°18.156.

El rechazo se sustentó en que no se acreditó que el solicitante hubiese contado, durante toda la prestación de sus servicios en Chile, con cobertura de seguridad social en el extranjero frente a las contingencias de enfermedad, invalidez, vejez y muerte; que la constancia electrónica acompañada no se encontraba legalizada o apostillada; y que la manifestación de voluntad de mantener la afiliación extranjera fue incorporada a un anexo suscrito con posterioridad a la terminación del contrato de trabajo.

Tercero: Que, el artículo 1° de la Ley N°18.156 dispone que las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y dicho personal estarán exentos del cumplimiento de las leyes de previsión chilenas, siempre que se reúnan las siguientes condiciones:

“a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida”.

Por su parte, el artículo 7° del mismo cuerpo normativo establece que los trabajadores extranjeros que registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones podrán solicitar su devolución, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1°.

Cuarto: Que, corresponde a la Superintendencia de Pensiones, de conformidad con las facultades que le confieren la Ley N°20.255, el Decreto Ley N°3.500 y el Decreto con Fuerza de Ley N°101, interpretar administrativamente las normas que regulan el Sistema de Pensiones e impartir instrucciones obligatorias a las Administradoras de Fondos de Pensiones.

En ejercicio de tales atribuciones, dicho organismo ha regulado en el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones la forma en que deben acreditarse los presupuestos contemplados en la Ley N°18.156, exigiendo que la afiliación y cobertura extranjera consten en una certificación emanada de la institución de seguridad social competente, debidamente legalizada o apostillada, en la cual se indique específicamente que el trabajador contó durante la prestación de sus servicios en Chile con protección frente a las contingencias de enfermedad, invalidez, vejez y muerte.

Tratándose de la contingencia de enfermedad, la certificación debe dar cuenta de una cobertura integral, comprensiva de prestaciones médicas y pecuniarias.

Quinto: Que, las exigencias anteriores no constituyen requisitos creados discrecionalmente por la recurrida, sino que corresponden a la forma de acreditar el cumplimiento de las condiciones sustantivas establecidas por la propia Ley N°18.156.

En efecto, la devolución solicitada constituye una excepción a la regla general de obligatoriedad de las cotizaciones previsionales respecto de quienes prestan servicios en Chile, motivo por el cual corresponde al solicitante demostrar que, durante el período trabajado, se encontraba efectivamente protegido por otro sistema de seguridad social que cubriera todas las contingencias previstas por el legislador.

Del mismo modo, la legalización o apostilla no altera el contenido de la exigencia legal, sino que permite reconocer en Chile la autenticidad y eficacia probatoria de un instrumento público otorgado en el extranjero, conforme a los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil y a la Convención de La Haya sobre la Apostilla.

Sexto: Que la documentación presentada por el recurrente no satisface suficientemente tales exigencias.

La denominada “Constancia Electrónica de Cotizaciones”, emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales el 1 de abril de 2026, da cuenta de 125 semanas cotizadas, señala como primera fecha de afiliación el 7 de febrero de 2011 e indica que el recurrente se encuentra en condición de asegurado cesante, con fecha de egreso de 27 de junio de 2013.

Dicho instrumento no certifica que el recurrente hubiese estado cubierto por el sistema previsional venezolano durante la relación laboral iniciada en Chile el 1 de junio de 2023, ni especifica que hubiese gozado durante ese período de protección efectiva frente a la enfermedad, invalidez, vejez y muerte. En particular, tampoco acredita que la cobertura por enfermedad comprendiera prestaciones médicas y pecuniarias.

La referencia genérica que el documento efectúa a las contingencias reguladas por la legislación venezolana no permite concluir que tales prestaciones hayan correspondido efectivamente al recurrente durante el tiempo trabajado en Chile.

A ello se agrega que la constancia no fue acompañada con la legalización o apostilla requerida para que un instrumento otorgado en el extranjero pueda producir efectos probatorios en el territorio nacional.

Séptimo: Que, la posibilidad de verificar electrónicamente la existencia de la constancia mediante un código incorporado al documento no permite arribar a una conclusión diferente.

Tal mecanismo puede permitir comprobar que el instrumento fue generado en determinado portal electrónico, pero no sustituye la certificación específica de las coberturas previsionales exigidas ni las formalidades previstas por el ordenamiento para acreditar la autenticidad y eficacia en Chile de los documentos expedidos en el extranjero.

Tampoco resulta suficiente la declaración jurada otorgada por el propio recurrente, aun cuando haya sido autorizada ante notario, por cuanto la existencia, extensión y vigencia de una cobertura de seguridad social constituye una materia que debe ser certificada por la autoridad previsional extranjera competente y no por el propio interesado.

Octavo: Que, además, tampoco se acreditó el cumplimiento del requisito previsto en la letra b) del artículo 1° de la Ley N°18.156.

En efecto, el contrato de trabajo celebrado con Arteaga y Rebolledo Distribuidora Automotriz Limitada el 1 de junio de 2023 estableció una duración a plazo fijo hasta el 31 de julio del mismo año y consignó expresamente que el trabajador se encontraba afiliado al sistema previsional chileno.

El anexo mediante el cual el recurrente manifestó su voluntad de mantener la afiliación al sistema de seguridad social de su país de origen fue suscrito recién el 2 de febrero de 2026, esto es, más de dos años después del vencimiento del contrato.

En tales condiciones, dicho anexo no pudo modificar una relación laboral ya extinguida ni otorgar efecto retroactivo a una manifestación de voluntad que, conforme al claro tenor de la ley, debía constar en el contrato respectivo o incorporarse durante su vigencia.

Noveno: Que, en cuanto a la alegación relativa a la dificultad de legalizar o apostillar documentos venezolanos como consecuencia de las relaciones diplomáticas existentes entre ambos países, cabe señalar que, aun cuando dicha circunstancia pueda dificultar la obtención de determinados antecedentes, no permite prescindir de los requisitos establecidos para acceder a un beneficio previsional excepcional.

Por lo demás, la apostilla de documentos venezolanos puede gestionarse mediante los mecanismos electrónicos dispuestos por la autoridad del país de origen o por medio de terceros y sedes consulares habilitadas en otros países, por lo que no se ha demostrado una imposibilidad absoluta de cumplir la exigencia.

En todo caso, aun prescindiendo de dicha formalidad, la constancia acompañada seguiría siendo insuficiente, por cuanto no acredita la cobertura efectiva durante la prestación de servicios en Chile ni el cumplimiento del requisito contemplado en la letra b) del artículo 1° de la Ley N°18.156.

Décimo: Que, asimismo, consta de los antecedentes acompañados que el recurrente es titular de residencia definitiva en Chile, circunstancia que da cuenta de la estabilidad y vocación de permanencia de su residencia en el país. Si bien dicha calidad migratoria no constituye, por sí sola, una causal legal para denegar la devolución solicitada, sí constituye un antecedente que abona a la conclusión alcanzada, desde que no se advierten elementos que permitan sostener que el actor mantenga una expectativa cierta de regresar a su país de origen y continuar allí sujeto al régimen previsional cuya afiliación invoca.

Lo anterior resulta coherente con el carácter excepcional del beneficio contemplado en la Ley N°18.156, destinado a trabajadores extranjeros que mantienen efectivamente su afiliación y cobertura previsional fuera de Chile. En consecuencia, la residencia definitiva del recurrente, unida a la falta de acreditación de una cobertura vigente durante toda la prestación de servicios en el país, refuerza la conclusión de que no concurren los presupuestos necesarios para disponer la devolución de los fondos previsionales solicitada.

Undécimo: Que, de lo expuesto, se desprende que la recurrida no ha incurrido en ilegalidad, puesto que se limitó a exigir el cumplimiento de los presupuestos contemplados en los artículos 1° y 7° de la Ley N°18.156 y de las instrucciones impartidas por el organismo legalmente facultado para interpretar y fiscalizar el sistema previsional.

Tampoco puede calificarse de arbitraria su decisión, desde que ésta expresa las razones concretas por las cuales los antecedentes acompañados no resultaban suficientes, referidas tanto a la falta de acreditación de la cobertura extranjera como a la oportunidad en que se manifestó la voluntad de conservar dicha afiliación.

En consecuencia, al no configurarse un acto ilegal o arbitrario que vulnere alguna de las garantías invocadas, la acción constitucional deberá ser desestimada.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Fundamentales, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por don nombre reservado en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Cuprum S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N°Protección-4108-2026.