Protección contra Superintendencia de Seguridad Social

Llg C.A. de Valparaíso.

Valparaíso, once de agosto de dos mil veinticinco.

Vistos:

A folio 1, comparece nombre reservado, chileno, cédula nacional de identidad N°NUM000, domiciliado en la comuna de Quilpué, transportista camionero, 68 años, quien interpone acción constitucional de protección en contra de la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO), por la dictación de la Resolución Exenta N° NUM001 de 19 de junio de 2025, que confirma el rechazo de las licencias médicas NUM002, NUM003, NUM004, NUM005, NUM006, NUM007 y NUM008, extendidas a partir del día 14 de octubre de 2024, por un total de 195 días, por reposo no justificado, lo que conculca sus garantías fundamentales reconocidas en el artículos 19 N°1 y 19 N°24 de la Constitución Política.

Sustenta el recurso explicando que en abril de 2018 sufrió un accidente cerebrovascular debido a hipertensión arterial y extensas jornadas laborales, resultando en múltiples secuelas graves: pérdida de visión del ojo izquierdo, hiperacusia bilateral, parálisis cocleo-vestibular, tinnitus permanente, artrosis cervical severa, y vértigo secundario y síndrome de Méniere. Añade que como consecuencia del accidente vascular, es portador de artrosis cervical severa con discopatías y artrosis moderada en su cadera izquierda y escoleosis.

Sostiene que debido a lo anterior solicitó 7 licencias médicas por 195 días, desde el 14 de octubre de 2024, las que fueron rechazadas por COMPIN de la Región Metropolitana y la Superintendencia de Seguridad Social confirmó este rechazo mediante resolución del 29 de mayo de 2025. Aduce que solicitó reconsideración de esta resolución, la que fue rechazada dictando la resolución que impugna por esta vía, calificando su diagnóstico como "irrecuperable”.

Arguye que dicha resolución es ilegal y arbitraria, por evidenciar argumentaciones contradictorias que impiden concluir que la resolución recurrida esté debidamente fundada. Así, asevera que la resolución recurrida es ilegal y arbitraria, puesto que falta al deber de fundamentación de los actos de la administración, limitándose a establecer argumentos genéricos y vagos en orden a afirmar la irrecuperabilidad de su padecimiento, basándose únicamente en el dictamen de la Superintendencia de Pensiones que rechazó su solicitud para obtener una pensión de invalidez.

En efecto, explica que solicitó pensión de invalidez ante la Superintendencia de Pensiones el año 2024, cuya Comisión Médica resolvió el 22 de abril de 2024 el rechazo de la pensión de invalidez solicitada, por sólo contar con un porcentaje de 25% de menoscabo de su capacidad laboral. Sin embargo, a pesar de dicha decisión, la recurrida se ha basado en ello para concluir contradictoriamente que tiene incapacidad laboral de carácter permanente y crónico, lo que impide que proceda la autorización de las licencias médicas.

Alude a un certificado emitido por el Dr. nombre reservado, del Hospital Gustado Fricke de Viña del Mar, de 23 de julio de 2024 que indica: "Si bien hay expectativa de recuperación visual en ojo derecho, esto depende de tratamiento prolongado (al menos 3 a 6 meses) con antiangiogénicos intravítreos." Dice que lo anterior, desvirtúa la tajante afirmación del ente administrativo de que su diagnóstico es irrecuperable; para luego citar otro certificado médico de 20 de febrero de 2025, extendido por el Dr. nombre reservado del Hospital Dr. Gustavo Fricke, en que se informa que su situación visual es irreversible, en los siguientes términos: "lamentablemente a pesar de los tratamientos disponibles no recuperará la visión suficiente para realizar su trabajo de conductor de camiones por un daño irreversible en la retina”. Argumenta que, a la fecha de emitirse las licencias médicas en ningún caso podría haber existido algún resultado concluyente para haber tomado una decisión de esa naturaleza, toda vez que en octubre aún se encontraba en tratamiento con incerteza sobre las consecuencias definitivas de su padecimiento, sobre todo en el ámbito laboral.

Denuncia vulnerados sus derechos de integridad física y síquica y de propiedad, garantizados en los artículos 19 N°1 y 19 N°24 de la Constitución Política y en definitiva en definitiva solicita se acoja el recurso y se deje sin efecto la resolución impugnada, y que la recurrida ordene el pago de las licencias médicas o en subsidio se decrete el o los peritajes pertinentes para los efectos de determinar la procedencia o no de la licencia médica rechazada, dictando en su oportunidad una nueva resolución que cumpla con la debida fundamentación, o las providencias que la Corte estime conforme a derecho.

A folio 4, evacuó informe al tenor del recurso la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región Metropolitana, señalando que revisado expediente administrativo y el registro en sistema informático SIF, éstos dan cuenta que el actor presentó recurso de reposición por el rechazo de las licencias médicas N° NUM005, resolviendo “que paciente cuenta con tramite de pensión de invalidez (TPI) rechazado, por bajo porcentaje, y sin reintegro laboral. Por esta razón, se rechaza”. Agrega que, también presentó reposición por el rechazo de las licencias médicas N° NUM003 y NUM004 “Se mantiene criterio de rechazo, con dictamen de invalidez rechazado, sin reintegro. No ha lugar.”. Además presentó recurso de reposición por el rechazo de las licencias médicas N° NUM005 – NUM006: “Usuario con antecedente previamente descrito en cartola, sin adjuntar nuevos antecedentes que permitan justificar prolongación de reposo más allá del periodo que ya ha sido autorizado previamente. Informe médico sin argumentos que permitan evidenciar que reposo cumplía un rol terapéutico, sin recuperabilidad laboral. Se rechaza. Se puede apelar a SUSESO.”

Arguye que COMPIN R..M es un organismo eminentemente técnico, y que se rige según lo establecido en el D. 7/2013, que “Aprueba el Reglamento sobre Guías Clínicas Referenciales Relativas a los Exámenes, Informes y Antecedentes que deberán Respaldar la Emisión de Licencias Médicas”. Así refiere que sus actuaciones enmarcan en los parámetros objetivos que se han dispuesto por la Ley, y las Normativas vigentes, en la búsqueda de asegurar que el uso de las licencias médicas cumpla verdaderamente su finalidad terapéutica y de carácter transitorio mientras el trabajador recupera su salud para volver a ejercer sus funciones laborales.

Pide tener por evacuado el informe.

A folio 5, informa la recurrida Superintendencia de Seguridad Social.

Alega en primer término la improcedencia del recurso de protección a la materia objeto del presente recurso, desde que las materias propias de la Seguridad Social, como es la de la especie, no se encuentran dentro del catálogo de derechos que recoge el artículo 20 de la Carta Fundamental, con lo que no podría ser objeto de la misma.

En subsidio, solicita rechazar el recurso en todas sus partes con costas, por estar médico-administrativamente justificado el rechazo.

Ofrece un contexto regulatorio de las licencias médicas, explicando que estos certificados son para incapacidades temporales con posibilidad real de recuperación y reintegro laboral, conforme al artículo 1° del citado D.S N° 3 de 1980 del Ministerio de Salud. Sin embargo, añade para incapacidades permanentes existe el sistema de pensiones de invalidez.

En el caso del recurrente, informa que éste apeló 16 de abril de 2025, en contra la resolución de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) Región Metropolitana, que rechazó las licencias médicas N°s NUM002, NUM003, NUM004, NUM005 y NUM006 (5 licencias), extendidas por un total de 150 días, apelación que la SUSESO rechazó mediante resolución de 29 de mayo de 2025 por reposo no justificado, por presentar patologías de carácter crónico, no susceptibles de revertir con el reposo y con 570 días autorizados solo por esta patología, el reposo ya no contribuye a la recuperación ni se orienta el reintegro laboral del paciente y por haberse rechazado Pensión de Invalidez, con menoscabo de la capacidad de trabajo de 25%, dictado por la Superintendencia de Pensiones, ejecutoriado el 17 de mayo de 2024.

Agrega que el 03 de junio de 2025, el actor solicitó presentó solicitud reconsideración, al tiempo que reclamó por el rechazo de otras dos licencias médicas N° NUM007 y NUM008, extendidas por un total de 45 días, bajo la misma causal de rechazo. Expresa que dictó la resolución impugnada, porque en la especie, la Superintendencia de Pensiones, a través de su respectiva Comisión Médica, ha emitido la Resolución N° NUM009, de fecha 22-04-2024, ejecutoriada con fecha 17-05-2024, por medio de la cual se le ha reconocido al Sr. nombre reservado un 25% de menoscabo de su capacidad de trabajo, acordando, en consecuencia, rechazar solicitud de pensión de invalidez. Que, en tal sentido, es posible establecer que aunque la patología en cuestión no alcanza a configurar un grado de invalidez que otorgue derecho a obtener pensión por dicha causa, en este caso produce una incapacidad laboral de carácter permanente cuyas alteraciones son de curso crónico y no susceptibles de mejorar con reposo médico, situación en la que no procede la autorización de licencia médica por tratarse de un derecho esencialmente temporal, toda vez, que el trabajador era portador de una patología irrecuperable, pero no invalidante, como queda de manifiesto en la resolución de invalidez rechazada.

Alega que el derecho a licencia médica y consecuentemente al subsidio por incapacidad laboral, no reúnen la condición de un derecho preexistente, indubitado, cuyo ejercicio resulte legítimo, por el contrario, tras las sucesivas revisiones de la COMPIN y de esta Superintendencia, se llegó a la conclusión que no era procedente la autorización de sus licencias médicas.

Controvierte la conculcación de derechos denunciada y pide en definitiva se desestime el recurso, con costas.

A folio 18, se ordenó traer los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

I. En cuanto a la improcedencia del recurso:

Primero: Que, la Superintendencia de Seguridad Social, reclama la improcedencia de la acción, por cuanto el recurso dice relación con un derecho perteneciente al sistema de seguridad social, establecido en el numeral 18 del artículo 19 de nuestra Carta Fundamental, que no está amparado por la presente acción cautelar.

Segundo: Que, respecto de dicha alegación, se debe tener presente que si bien el conocimiento y resolución de las licencias médicas pertenece al campo de la Seguridad Social, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 149 del DFL N° 1 de 2005 del Ministerio de Salud y en el citado Decreto Supremo N° 3 de 1984, se advierte que se pueden estimar como derechos vulnerados los establecidos en los números 1 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, esto es, el derecho a la vida e integridad física y psíquica y, el derecho de propiedad, los que se encuentran dentro de los derechos amparados por la presente acción, según prescribe el artículo 20 de la Carta Fundamental, razón por la cual esta alegación será desestimada.

II. En cuanto al fondo:

Tercero: Que, lo que se reclama a través de la presente acción es la arbitrariedad o ilegalidad de la Resolución Exenta NUM001 de 19 de junio de 2025, que confirma el rechazo de las licencias médicas NUM002, NUM003, NUM004, NUM005, NUM006, NUM007 y NUM008, extendidas a partir del día 14 de octubre de 2024, por un total de 195 días, por diagnóstico irrecuperable y reposo no justificado.

Cuarto: Que, la recurrida Superintendencia de Seguridad Social solicitó el rechazo del arbitrio estimando que su decisión se encuentra médica y jurídicamente fundada porque los antecedentes particulares del recurrente dan cuenta que sus padecimientos son crónicos e irrecuperables, incompatibles con el derecho a obtener subsidio por incapacidad laboral.

Quinto: Que, no es un hecho controvertido que la Superintendencia de Pensiones rechazó la solicitud de pensión de invalidez del actor mediante resolución de 22 de abril de 2024, por contar con un grado de 25% de discapacidad laboral. Luego, tenemos, que la recurrida Superintendencia de Seguridad Social confirma el rechazo de las licencias médicas materia de autos por reposo injustificado, invocando la antes dicha resolución de la Superintendencia de Pensiones, esgrimiendo que la patología del actor produce incapacidad laboral de carácter permanente, que sus alteraciones son de curso crónico no susceptibles de mejorar con reposo médico.

Sexto: Que, de esta manera, el recurrente se encuentra en una situación evidentemente contradictoria, por cuanto por una parte no puede trabajar en razón de su diagnóstico de enfermedad crónica e invalidante, cuya cronicidad ha motivado el rechazo al pago del subsidio que las respetivas licencias generan, por considerar que se trata de una enfermedad irrecuperable. No obstante lo anterior, se ha resuelto que no tiene derecho a pensionarse por invalidez, por solo alcanzar un porcentaje de 25% incapacidad, impedimento o menoscabo.

De este modo un órgano del Estado no permite al paciente guardar reposo por padecer una patología irrecuperable, mientras que otro le impide jubilar por invalidez por la misma patología, argumentando que la incapacidad laboral no reviste la gravedad necesaria, de 50%, alcanzando solo el 25%.

Séptimo: Que, en relación con los argumentos expuestos por la recurrida, el artículo 16 del Reglamento de Autorización de Licencias Médicas, contenido en el Decreto Supremo Nº 3, del Ministerio de Salud, de 1984, señala que en caso de rechazo de una licencia, la resolución o pronunciamiento respectivo debe, en lo pertinente, dejar constancia de los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida. Del mismo modo, el artículo 11 de la ley 19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos, consagra el principio de imparcialidad que rige los procedimientos administrativos, prescribiendo que “la Administración debe actuar con objetividad y respetar el principio de probidad consagrado en la legislación, tanto en la substanciación del procedimiento como en las decisiones que adopte”, y los “hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio”, norma que es complementada y pormenorizada por los artículos 40 inciso final y 41 inciso cuarto de la misma ley. De lo anterior se colige que el órgano del Estado actuante debe fundamentar suficientemente su decisión, tanto en lo fáctico como en lo jurídico, explicitando al solicitante el porqué del acto, su sustento material y las normas jurídicas aplicables a la situación que debe resolver.

Octavo: Que, por lo anterior, teniéndose presente la contradictoriedad anotada y la situación de indefensión y vulnerabilidad en que ha quedado quien recurre, no cabe sino concluir que existe un acto ilegal y arbitrario de parte de la recurrida al decidir el rechazo de las licencias del actor, vulnerándose su derecho a la vida e integridad física y psíquica, así como su derecho de propiedad, por lo que corresponde acoger la acción intentada y disponer la protección solicitada como se dirá en lo resolutivo de esta sentencia, ordenando el pago del subsidio relacionado con las licencias médicas materia del presente recurso, desestimándose la petición subsidiaria.

Por estas consideraciones y lo establecido en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se resuelve:

I.- Que, se rechaza, sin costas, la alegación de improcedencia.

II.- Que, se acoge, sin costas, el recurso de protección deducido por nombre reservado, cédula nacional de identidad N°NUM000, en contra de la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO), en consecuencia se deja sin efecto la Resolución Exenta N° NUM001 de 19 de junio de 2025 que confirma el rechazo de las licencias médicas N°NUM002, NUM003, NUM004, NUM005, NUM006, NUM007 y NUM008, ordenándose la adopción de las medidas administrativas necesarias para el pago del subsidio correspondiente por incapacidad laboral que de ellas derivan.

Regístrese, comuníquese, notifíquese y archívese.

Sujeta a anonimización.

N°Protección-4102-2025.