Protección contra JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

Sfg C.A. de Valparaíso Valparaíso, treinta de septiembre de dos mil veintiséis.

VISTOS:

A folio 1, el abogado don PATRICIO MANUEL MUÑOZ CASTILLO, en representación de doña nombre reservado, funcionaria pública, educadora de párvulos, acciona de protección en contra de la JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES (JUNJI), representada legalmente por su Vicepresidenta Ejecutiva doña nombre reservado, persona jurídica de derecho público, funcionalmente descentralizada, por el acto ilegal y arbitrario consistente en dictar la Resolución Afecta N° NUM000 de abril de 2026, que rechazó el recurso de reposición deducido por esta parte y mantuvo la sanción de destitución aplicada mediante Resolución Exenta N° NUM001 de 3 de febrero de 2026, lo que estima vulnera las garantías constitucionales: de los numerales 2, 3, 16 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Expone que, desde el año 2020 su mandante es Educadora de Párvulos, funcionaria de JUNJI, con trayectoria funcionaria intachable, sin anotaciones de demérito ni sanciones disciplinarias previas, ejerciendo sus labores en Jardín Infantil “Los nombre reservado”, con domicilio en domicilio reservado, de esa comuna, donde comenzó a realizar reemplazos y fue contratada definitivamente el 4 de Abril de 2022, con una excelente conducta, siempre calificada en Lista 1 con Distinción, sin ser considerada esa circunstancia como atenuante en ningún caso al momento de resolver.

Argumenta que se atribuyó pleno valor probatorio a las declaraciones de quienes, en definitiva, son las denunciantes, y una errónea apreciación de la prueba documental presentada por la recurrente, o derechamente, la no consideración de ésta. Y que a la fecha de los hechos y de la dictación de la sanción, se encontraba amparada por fuero maternal, siendo madre de una lactante de NUM002 meses, circunstancia que impone a la Administración un deber reforzado de protección, ponderación y motivación, conforme a la Constitución, la legislación nacional y los tratados internacionales ratificados por Chile.

En cuanto a los hechos expone que en febrero de 2024 su representada adquirió pasajes para un viaje familiar a Brasil, programado entre el 24 y el 31 de octubre de 2024, informando oportunamente dicha planificación a sus superiores y pares desde el mes de marzo del mismo año.

En junio de 2024 realizó la compra de los alojamientos correspondientes al viaje, reiterando nuevamente la información de este a su jefatura. En septiembre de 2024, presentó la solicitud de descanso complementario para el período comprendido entre el 24 y el 31 de octubre de 2024, la cual fue debidamente firmada y aprobada. El 18 de octubre de 2024, su abuelo —figura paterna relevante para ella— fue sometido a una cirugía cerebral con graves complicaciones, quedando en coma inducido, situación que le afectó profundamente en el ámbito emocional y psicológico. Producto de lo anterior, acudió a atención médica y se le otorgó licencia médica por 7 días, correspondiente al período entre el 21 y el 27 de octubre de 2024, indicándosele tratamiento farmacológico. Durante el período de licencia, su abuelo fue intervenido quirúrgicamente por segunda vez, presentando posteriormente una evolución favorable, siendo dado de alta para continuar su recuperación en el domicilio familiar. Desde el 18 de octubre de 2024 mantuvo comunicación permanente con la directora, informando tanto la situación familiar como la existencia de la licencia médica, recibiendo apoyo y la indicación de que la licencia médica prevalecía sobre el permiso de descanso complementario, quedando este último sin efecto.

Por motivos ajenos a su voluntad, la aerolínea modificó el vuelo de salida del 24 al 25 de octubre de 2024, lo que implicó realizar ajustes en las reservas de alojamiento.

Considera que la Resolución impugnada califica erróneamente los hechos como falta grave a la probidad administrativa, sin que concurran los elementos exigidos por el artículo 125 del Estatuto Administrativo. Sin considerar que se efectuó la restitución íntegra y voluntaria de los dineros percibidos, una vez notificada del rechazo de la licencia médica, con lo que descarta de manera absoluta cualquier perjuicio fiscal o ánimo de lucro, constituyendo una manifestación inequívoca de buena fe funcionaria. El Derecho Administrativo Sancionador, conforme a la doctrina y jurisprudencia constitucional, prohíbe la responsabilidad objetiva, exigiendo la concurrencia de culpabilidad. La propia resolución sancionatoria reconoce expresamente que no resulta relevante la intención o conocimiento de la suscrita, lo que constituye una infracción directa al principio de culpabilidad, particularmente grave tratándose de la sanción más severa del ordenamiento administrativo: la destitución.

La resolución impugnada resulta ilegal y arbitraria, toda vez que aplica la máxima sanción disciplinaria sin efectuar una ponderación racional, proporcional e individualizada de los hechos. La resolución recurrida descarta absolutamente toda consideración relativa a:

Ausencia de dolo; Circunstancias personales; Maternidad;

Proporcionalidad; Historial funcionario; Inexistencia de daño concreto; Principio de razonabilidad. La propia resolución reconoce expresamente que la recurrente mantiene fuero maternal vigente. Contiene una fundamentación aparente y estandarizada, limitándose a reproducir extensamente normativa y dictámenes, sin efectuar un análisis individualizado del caso concreto.

Presumiendo automáticamente la gravedad, elimina toda posibilidad de graduación sancionatoria y desconoce circunstancias particulares relevantes.

Tomás Carpo Joustra, abogado, en representación de la parte recurrida Junta Nacional de Jardines Infantiles evacúa informe indicando que mediante la Resolución Exenta N° NUM003 de 23 de mayo de 2025, de la Dirección Regional de Valparaíso de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, se dispuso la instrucción de un Sumario Administrativo, destinado a investigar los casos de viajes al extranjero de personas que gozaban de licencia médica, de conformidad al Informe N°9 Consolidado de Información Circularizada de la División de Fiscalización de la Contraloría General de la República. Luego mediante Resolución Exenta N° NUM004 de 9 de junio de 2025, de la Dirección Regional de Valparaíso de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, se dispuso la desacumulación del proceso respecto de la funcionaria recurrente.

Refiere que luego de realizadas las diligencias investigativas pertinentes el fiscal designado procedió a formular cargos en contra de la recurrente doña nombre reservado en el siguiente tenor: “En su calidad de funcionario público, faltar gravemente a la probidad, al haber salido del país con fecha 25 de octubre del año 2024 encontrándose con licencia médica signada bajo el folio N°NUM005, la cual se extendió por el médico tratante desde el 21 de octubre del año 2024 hasta el 27 de octubre del año 2024”. Indicando las diligencias que dio por acreditado lo anterior; conforme se desprende de la declaración depuesta el 27 de junio de 2025, rolante a fojas 45 y 46 del expediente sumarial; así como de aquellos documentos que rolan de fojas 17, 18, 19 y 20 consistente en Oficio N° E82804 de Informe Consolidado de Información Circularizada (CIC) N° 9 de 2025 sobre funcionarios y trabajadores que habrían salido del país estando con licencia médica de la Contraloría General de la República. La funcionaria recurrente presento su descargos, no logrando desvirtuar los cargos y la autoridad dio por acreditado que doña nombre reservado infringió los deberes funcionarios que le correspondían, particularmente, el infringir gravemente el principio de probidad administrativa que debe de tener todo funcionario público observando una conducta intachable y una entrega honesta y leal en el desempeño de su cargo; tal como lo establece la Ley 18.834 y la Ley 19.653, lo cual se origina en cuanto haber realizado un viaje al extranjero estando con licencia médica tipo 1 (enfermedad común) con indicación expresa de reposo total en su domicilio y sin autorización de viajar para realizarse un tratamiento médico en el extranjero.

Agrega que por Resolución Exenta N° NUM001 de 3 de febrero de 2026, de la Vicepresidencia Ejecutiva de JUNJI, y por lo motivos consignados en ella, se tuvo por aprobado el proceso disciplinario y se aplicó a doña nombre reservado, la medida disciplinaria de destitución. La funcionaria nombre reservado, dedujo recurso de reposición el 12 de febrero de 2026 en contra de la Resolución Exenta N° NUM001 de 3 de febrero de 2026. Al conocer y resolver el recurso de reposición de la funcionaria sancionada, la autoridad administrativa se hizo cargo de las alegaciones vertidas por la funcionaria señalando que en cuanto se invoca el desconocimiento normativo, el error de derecho o el desconocimiento de la normativa vigente no constituye una causal eximente de responsabilidad administrativa. En el ordenamiento jurídico nacional, rige la presunción de derecho de conocimiento de la ley, consagrada en los artículos 7° y 8° del Código Civil, la cual impide invocar la ignorancia de la norma como una defensa válida, al efecto citó dictámenes de la Contraloría General de la República; respecto a modificación unilateral de la fecha del viaje por la aerolínea, este se hubiese verificado igual dentro de la vigencia de la licencia médica, por lo que no es una eximente de responsabilidad administrativa. En efecto, la vigencia de la Licencia Médica comprende el periodo que inició el 21 de octubre de 2024 hasta el 27 de octubre de 2024, por lo que la modificación de la fecha no tiene relevancia, ya que el viaje original estaba fijado para el 24 de octubre de 2024 y se modificó en un día; sobre que la conducta desplegada fue sin dolo: indica que aquí no se cuestiona la efectividad de la enfermedad, como tampoco la validez de la licencia médica. Tampoco se cuestiona si hubo dolo o culpa, toda vez que la responsabilidad que se persigue es puramente infraccional, la infracción al cumplimiento de un precepto que regula el uso de una licencia médica importa una infracción a la ley que la rige, vulnerando el principio de legalidad que es parte del deber funcionario y que es considerado dentro de la Probidad Administrativa. En otras palabras, siendo el principio de legalidad un elemento que conforma la probidad administrativa, cualquier contravención importa una vulneración que compromete gravemente a la probidad y eso está establecido por mandato expreso de ley. Respecto de la desproporcionalidad de la sanción, manifestó que sin perjuicio de los antecedentes que indica la recurrente para considerarlos atenuantes de la responsabilidad administrativa, no hay que olvidar que, tal como lo reitera la misma jurisprudencia de Contraloría General de la República en su Oficio N°E89569/2025 de 2 de junio de 2025, en donde se señala que al estar asignada por la ley una sanción específica respecto de quienes incurren en infracciones graves al principio de probidad administrativa, quien ejerce la potestad disciplinaria se encuentra en el imperativo de disponerla, sin que pueda aplicar otra medida correctiva, ni analizar las circunstancias que eventualmente, podrían aminorar la responsabilidad funcionaria (aplica el criterio contenido en los dictámenes N°53.223 de 2012 y 13.576 de 2013 del órgano contralor). Es preciso indicar que el reproche es la falta grave al principio de probidad administrativa, operando la causal legal establecida en el artículo 125 del D.F.L 29 del año 2004 del Ministerio de Hacienda, que tiene una sanción específica para estos casos, y habiéndose establecido la gravedad de la infracción sólo compete aplicar la sanción específica contemplada en la Ley.

A folio 16, se ordena traer los autos en relación.

Se decretaron medidas para mejor resolver y una vez cumplidas éstas, se ordenó regir el estado de acuerdo.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, la acción constitucional de protección, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido establecida a favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías expresamente previstas en el artículo 19 de la Carta Fundamental.

Segundo: Que, mediante esta vía cautelar se solicita se deje sin efecto la resolución que dispuso la destitución de la recurrente por haber salido del país el 25 de octubre de 2024, estando con licencia médica. Se considera vulneradas las garantías constitucionales de los números 2, 3, 16 y 24 del artículo 19 de la carta fundamental.

Tercero: Que, la recurrida informa que la remoción se ajustó a derecho, al establecerse en el sumario administrativo ordenado por la Contraloría General de la República, que la educadora de párvulos recurrente, salió del país estando con licencia médica, lo que constituye falta de probidad grave que debe ser sancionada con la destitución, según se detalla en la parte expositiva.

Cuarto: Que, analizados los antecedentes que la actora acompañó a su recurso, consta la declaración que efectuó en el sumario y la prueba documental con la que pretendió acreditar la veracidad de la enfermedad que generó la atención médica por la enfermedad grave de su abuelo, las intervenciones quirúrgicas a las que él se sometió y el otorgamiento de la licencia producto del estrés que ese hecho le provocó. También acompañó en ese evento, antecedentes que daban cuenta de la compra de los pasajes aéreos en el mes de febrero de 2024, con los que proyectó un viaje familiar al extranjero y la reserva de alojamiento en el mes de junio de ese mismo año.

Asimismo, señaló que para ese viaje había solicitado en el mes de septiembre días de permisos complementarios a que tenía derecho, y copia de pantallazos de conversación con su jefa directa, quien le señaló que se dejaría sin efecto los dos días que se le habían concedido al comienzo del viaje porque quedaban comprendidos por la licencia.

Quinto: Que, de la documental acompañada por ambas partes, consistentes en piezas del sumario administrativo, específicamente del informe del Fiscal de 20 de agosto de 2025, donde se colacionan una serie de antecedentes como resoluciones, oficios, memorándum y dictámenes, relativos a la instrucción del sumario en contra de la actora, en el numeral 7, se detalla la prueba que habría logrado reunir el fiscal investigador, no figura el numeral 8 y en el noveno, se indican los cargos que se hicieron a la sumariada, la notificación a la inculpada y la referencia a sus descargos. Respecto de estos descargos se indica que la inculpada expuso que: “… efectivamente salió del país debido a un viaje familiar planificado desde febrero de ese mismo año y había solicitado permiso de descanso complementario para cubrir dichas vacaciones. Asimismo, señala que su abuelo (quien representa una figura paterna para ella), habría sido operado de emergencia y, como consecuencia de una complicación, habría sido inducido en coma lo cual, habría generado mucha aflicción en su persona, lo que la obligaría a asistir al doctor, quien le emitiría licencia médica, periodo de tiempo que coincidiría con su permiso solicitado, en tan solo dos días. Por último, la inculpada arguye que, no hubo intención de fraude ni mala fe, además de un desconocimiento del impedimento en salir del país estando con licencia médica y confianza en lo indicado por su superior jerárquico (quien le señala que los 2 días de permiso quedarían sin efecto debido a la licencia médica)”. Ahí también se deja constancia de lo siguiente: “Parece importante destacar que presenta historial laboral sin sanciones y buena conducta profesional”.

Al pronunciarse sobre los descargos se limitó a señalar que: “éstos no son suficientes para desvirtuar los cargos imputados, puesto que reconoció efectuar este viaje al extranjero estando con licencia médica”, junto a esa declaración se tuvo en consideración únicamente la licencia médica y la nómina de los funcionarios que salieron del país con ese permiso médico.

Sexto: Que, de conformidad a lo previsto en el artículo 135 de la Ley N° 18.834, o Estatuto Administrativo, el fiscal tendrá amplias facultades para realizar la investigación, a lo que debe añadirse que hasta la formulación de los cargos el sumario es secreto o reservado.

La ley de procedimientos administrativos, N°19.880, en su artículo 11 establece que de acuerdo al principio de imparcialidad la Administración debe actuar con objetividad y respetar el principio de probidad consagrado en la legislación, tanto en la substanciación del procedimiento como en las decisiones que adopte. Esa norma no define el principio de objetividad, sin embargo, otras normas se han abocado a su descripción, y es así que el artículo 3° de la Ley Orgánica del Ministerio Público prescribe que: “En el ejercicio de su función, los fiscales del Ministerio Público adecuarán sus actos a un criterio objetivo, velando únicamente por la correcta aplicación de la ley. De acuerdo con ese criterio, deberán investigar con igual celo no sólo los hechos y circunstancias que funden o agraven la responsabilidad del imputado, sino también los que le eximan de ella, la extingan o la atenúen”. Lo mismo se reitera en el artículo 77 del Párrafo 2° del Código Procesal Penal, donde se indica que dentro de sus facultades: “Los fiscales ejercerán y sustentarán la acción penal pública en la forma prevista por la ley. Con ese propósito practicarán todas las diligencias que fueren conducentes al éxito de la investigación y dirigirán la actuación de la policía, con estricta sujeción al principio de objetividad consagrado en la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público”. En el mismo sentido el artículo 109 del Código de Procedimiento Penal, consagraba: “Art. 109. (130) El juez debe investigar, con igual celo, no sólo los hechos y circunstancias que establecen y agravan la responsabilidad de los inculpados, sino también los que les eximan de ella o la extingan o atenúen”.

El artículo 34 de la Ley N°19.880, se refiere a los “Actos de instrucción”, señalando que son aquéllos necesarios para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales deba pronunciarse el acto. Se realizarán de oficio por el órgano que tramite el procedimiento, sin perjuicio del derecho de los interesados a proponer aquellas actuaciones que requieran su intervención, o constituyan trámites legal o reglamentariamente establecidos. El artículo 35, dispone que “los hechos relevantes para la decisión de un procedimiento, podrán acreditarse por cualquier medio de prueba admisible en derecho, apreciándose en conciencia. Cuando a la Administración no le consten los hechos alegados por los interesados o la naturaleza del procedimiento lo exija, el instructor del mismo ordenará la apertura de un período de prueba, por un plazo no superior a treinta días ni inferior a diez, a fin de que puedan practicarse cuantas juzgue pertinentes”.

Asimismo, el artículo 17, de dicho cuerpo normativo señala que las personas, en sus relaciones con la Administración, tienen derecho a:…. “ g) Formular alegaciones y aportar documentos en cualquier fase del procedimiento anterior al trámite de audiencia, que deberán ser tenidos en cuenta por el órgano competente al redactar la propuesta de resolución”.

Séptimo: Que, del informe del Fiscal, no obstante que se admite haber tomado conocimiento de circunstancias que podrían eximir o atenuar la responsabilidad de la sumariada, no consta que se hayan efectuado diligencia alguna para establecer las alegaciones de la investigada; en efecto, se acompañaron documentos que acreditan que un tiempo previo incluso a otorgársele la licencia médica, ella habría solicitado permisos complementarios a que tenía derecho y que se le habrían concedido, tanto es así que de los chats cuyas copias se adjuntaron a su declaración, figura que su jefa directa, la Directora del Jardín Infantil, le indicó que dejarían sin efecto los dos días que había pedido y que coincidían con los últimos días de la licencia médica, textualmente le señala: “Quedarían dos días que habías solicitado cubiertos con la licencia”, agregando: “nos vemos a la vuelta de tu viaje. Un abrazo”. Sin embargo, no consta que haya citado a la directora del Jardín Infantil para acreditar la veracidad de los mensajes y tampoco que haya requerido las solicitudes de esos permisos complementarios. Por otra parte, no solicitó informe al médico que otorgó la licencia, o la ficha clínica para establecer si el diagnóstico “TRASTORNO MIXTO DE ANSIEDAD Y DEPRESION”, requería, obligatoriamente, reposo en el domicilio; de la misma manera, no solicitó los antecedentes al COMPIN para establecer si la licencia médica se había autorizado o rechazado, teniendo en consideración que la recurrente debió reembolsar el total de las remuneraciones percibidas por la licencia según consta de la liquidación de sueldo acompañada al recurso, lo que también pudo ser considerado para determinar una atenuación de la responsabilidad ante la falta de perjuicio producto del hecho investigado.

Octavo: Que, en conocimiento del recurso y de lo alegado por la actora en la audiencia de rigor, esta Corte estimó necesario, para mejor resolver, requerir a la recurrida que adjuntara los permisos solicitados y anulados a raíz de la existencia de la licencia médica y al COMPIN o Secretaría Regional Ministerial de Salud, respecto de la anulación de la licencia médica, lo que se cumplió a folios 37 y 40. En el primero, La Secretaría Regional aludida, informó acerca del rechazo de la licencia médica, adjuntando antecedentes. En el Folio 40, doña nombre reservado, subdirectora de la Subdirección de Gestión y Desarrollo de las Personas de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, certificó que no existe acto administrativo ni documento alguno que haya autorizado descanso complementario en favor de la funcionaria respecto del período comprendido entre el 24 y el 27 de octubre de 2024, afirmando en forma categórica que no existe acto administrativo, ni documento alguno que haya dejado sin efecto, suspendido o modificado permiso alguno de la funcionaria recurrente de protección.

Respecto de lo aseverado por doña nombre reservado, a folio 43, el abogado de la recurrente, hizo presente lo siguiente: “…de acuerdo a los documentos que se acompañan, consistentes en permisos de descansos complementarios originales anteriores a la licencia médica de mi representada, y que por dicha licencia quedaron nulos, lo que es congruente con lo alegado por esta parte que la Srta. nombre reservado mi mandante se encontraba autorizada con días de descanso complementario pedidos el día 14 de Octubre de 2024, desde el día 24 de Octubre hasta el día 25 de Octubre de 2024 y luego desde el día 28 de Octubre hasta el día 30 de octubre de 2024 (ORIGINALMENTE ESTE PERMISO DE DESCANSO COMPLEMENTARIO ERA DESDE EL 24 AL 31 DE OCTUBRE de 2024). Si bien estos permisos quedaron nulos por la licencia médica, en definitiva, se mantuvo vigente el permiso desde el 28 al 30 de Octubre de 2024, autorizado mediante Resolución Exenta N°NUM006, de 14 de abril de 2025, de la Dirección Regional de Valparaíso, es decir 6 meses después de la fecha de la solicitud”.

Efectivamente, de los documentos acompañados a esa solicitud se desprende que si existieron los permisos que la subdirectora negó en su informe, y en ellos consta que sobre ellos se escribió la palabra “Nulo”.

Noveno: Que, el artículo 7º de la Constitución Política de la República establece que: “Los órganos del Estado actúan válidamente previa investidura regular de sus integrantes, dentro de su competencia y en la forma que prescriba la ley”. En el inciso tercero dispone que: “Todo acto en contravención a este artículo es nulo y originará las responsabilidades y sanciones que la ley señale”.

De esa norma, la doctrina y la jurisprudencia han extraído los requisitos del acto administrativo, así lo ha resuelto la Excma. Corte Suprema en múltiples sentencias: “Séptimo: Que siendo cinco los elementos del acto administrativo, esto es, la competencia, la forma, el fin, los motivos y el objeto, puede existir ilegalidad del acto administrativo en relación a cualquiera de ellos. (CS. 1344-2011, en sentido similar Roles 5120- 2016, 1119-2015, 35.490-2015 y 20.383-2015).

nombre reservado, sostiene: “La Administración no tiene una vida personal propia, su voluntad es una voluntad normativa, no psicológica y, en consecuencia, su actuación se dirige exclusivamente al cumplimiento de los mandatos del ordenamiento jurídico, de donde se deriva que el motivo de sus acciones debe ser siempre el cumplimiento del fin público señalado en cada caso por la norma habilitante de la competencia” (Bocanegra, R. 2002.

Lecciones sobre el acto administrativo. Madrid, Editorial Civitas, pág. 73”, citado a fojas 33, en Estudio Sobre la Motivación del Acto Administrativo, nombre reservado

Fajardo, Cuadernos del Tribunal Constitucional • NÚMERO 65, AÑO 2018). nombre reservado en el texto citado concluye. “De esta forma, podemos ver por qué la exigencia de una motivación resulta tan primordial ya que ella viene, en definitiva, a concentrar en un único instrumento final todas las otras exigencias de los requisitos del acto administrativo que permiten asegurar su juridicidad.” ( Op. Citada, pág.33).

Décimo: Que, de lo que se ha venido analizando, se aprecia diáfanamente que en el sumario efectuado en contra de nombre reservado, el instructor actuó ilegalmente al no respetar el principio de objetividad que la legislación establece en favor de los sumariados o afectados con el acto administrativo, de lo que se colige que no actuó imparcialmente en la tramitación del sumario porque arbitrariamente renunció a averiguar los elementos o presupuestos fácticos que podían eximir o atenuar la responsabilidad de la educadora de párvulos nombre reservado, no obstante que, el mismo, dejó constancia que se trataba de una funcionaria que presentaba un historial laboral sin sanciones y buena conducta profesional.

De este modo, el acto administrativo que se materializó en el informe del fiscal de 20 de agosto de 2025, adolece de ilegalidad en relación a sus motivos, en la forma descrita en el considerando precedente, al haberse violentado un principio tan importante como la objetividad, lo que implica a su vez, que infringió el principio de imparcialidad, apreciándose que sólo buscaba sancionar a la funcionaria, sin averiguar lo alegado por ésta, que podría eventualmente eximirla de responsabilidad o atenuar ésta, de ahí que debe concluirse que deberá sancionarse ese acto administrativo en la forma prevista en el inciso tercero del artículo 7° de la Constitución Política de la República.

Atendido que las Resoluciones recurridas tuvieron como base y fundamento el informe del Fiscal que se ha considerado nulo, debe concluirse, necesariamente, que ha transmitido a ellas el vicio que le afecta, por lo que se acogerá el recurso de protección en contra de las mismas, retrotrayendo el sumario a la etapa que se dirá en lo resolutivo.

Undécimo: Que, en cuanto a la garantía constitucional amagada por el acto ilegal, es la igualdad ante la Ley, porque se puso a la actora en una situación más desventajosa que otros funcionarios públicos en que se ha procedido de conformidad a la norma legal antes referida.

Por estas consideraciones, disposiciones legales citadas, y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se acoge el recurso de protección deducido en favor de doña nombre reservado y en contra de la JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES (JUNJI), en consecuencia, se deja sin efecto todo lo obrado en el sumario administrativo dirigido en contra de la educadora de párvulos indicada, desde la formulación de cargos en adelante y se retrotrae dicha investigación a la etapa que un Fiscal no inhabilitado realice todas las diligencias que se deriven del mérito del sumario y los antecedentes y alegaciones que formule la investigada, respetando el principio de objetividad establecido en el artículo 11 de la Ley N°19.880.

Sentencia redactada por el ministro Vicente Hormazábal Abarzúa.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Rol N°4101-2026.

Se deja constancia que no firma la ministra señora Fierro Reyes, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo de la causa, por encontrarse ausente, con licencia médica.