nombre reservado con SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS DIRECCIÓN REGIONAL

Edp C.A. de Valparaíso Valparaíso, treinta de noviembre de dos mil veintiuno.

VISTOS:

Que, en folio 1, la Corporación de Asistencia Judicial recurre de protección en favor de las siguientes personas naturales y jurídicas, con domicilio en la Isla de Pascua: nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, Yarhena nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, Guillermo Rodrigo Teao Lucero Turismo Deportivo EIRL., Operador Turístico de Actividades Acuáticas Cultural y Deportiva Carl, Productora de Bodas y Eventos SPA., Restaurant Bárbara Luz Escobar Vega EIRL., y Turismo Aventura Alejandra Rojas EIRL; y en contra del Servicio de Impuestos Internos, porque ilegal y arbitrariamente no ha autorizado sus solicitudes de “Bono de alivio a la Mypes”, con lo cual vulnera sus garantías consagradas en los numerales 2, 22, 23 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Solicita se acoja la presente acción, ordenando a la recurrida “cumpla con lo establecido en la ley y se les otorgue el bono correspondiente, o bien las providencias que esta Corte estime en derecho.

Explica que todos los recurrentes se dedican a actividades comerciales en la Isla de Pascua y cuentan con iniciación de actividades de fecha anterior al 31 de marzo de 2020. Agrega que la principal actividad en Rapa Nui es el turismo, el cual se ha visto disminuido por la emergencia sanitaria derivada del Covid-19. Añade que el 17 de junio de 2021, en dependencias del Centro de Negocios SERCOTEC de Rapa Nui, se realizó un webinar para explicar a la comunidad local respecto de los alcances del beneficio estatal denominado “Bono Alivio MYPEs”, instancia a la cual asistieron los recurrentes. Señala que en dicha ocasión se les explicó la aplicación de la Ley Nº 21.354 que, en términos generales, consiste en beneficiar a las micro y pequeñas empresas con un bono de un millón de pesos, variable de conformidad a las características prescritas en la misma norma. Además, en dicha actividad se enunció que una de las formas de calificar para tal beneficio, de conformidad con el artículo 11, consistiría en tener iniciación de actividades en primera categoría antes del 31 de marzo de 2020 y pertenecer a unos de los rubros más afectados por la pandemia, por lo cual no se exigiría contar con Formulario 29 o Declaración de Compras.

Añade que el 23 de junio de 2021 se publicó el Diario Oficial el Decreto Nº 240 del Ministerio de Hacienda, que contiene la nómina de los 56 rubros más afectados por la pandemia, listado que incluye los códigos 477396, 492130, 492240, 559009, 561000, 7911000, 931909 y 932909, que engloban a los actores.

Reclama que el 2 de Julio de 2021 los afectados solicitaron el beneficio, pero fue rechazado en base al siguiente detalle “-Condiciones: Empresa con actividad comprobada e ingresos anuales por ventas y servicios del menores a $726.758.250 en 2020 -Detalle: $0 -Fuente de Información: Formulario 29 y Registro de Compras y Ventas (sic)”. Refiere que ese mismo día muchos de sus patrocinados le comunicaron a diversas autoridades la información mencionada, a pesar que de acuerdo con lo señalado por Secretario Regional de Economía, Fomento y Turismo de Valparaíso dicha condición no les aplicaba, porque no están obligados a declarar impuestos ni completar el formulario 29.

Alega, además, que ante las consultas formuladas en su oportunidad, luego de generarse por las autoridades un listado con los casos rechazados, se les respondió de modo diversos. Así, a algunos se les informó que el rechazó se fundó en un “error” en el sistema; a otros, que obedecía a una descoordinación entre el Ministerio de Economía y el Servicio de Impuestos Interno. Destaca que, no obstante existir una vía de reclamación a través de la plataforma digital dispuesta al efecto, muchos de los afectados no pudieron completar el reclamo, porque se requería adjuntar una documentación y, como ellos no tienen obligación de pagar IVA, no pudieron efectuar dicho reclamo.

Por último, afirma que de la lectura de los artículos 1 y 11 de la ley en referencia, se colige que la situación de cada uno de sus representados califica para ser beneficiarios del “Bono de Alivio para Rubros Especiales”, que se puede solicitar de acuerdo al mismo procedimiento que el “Bono de Alivio MYPEs”.

Que, en folio 2, se dispuso traer a la vista la causa protección N° 38.164-2021.

Que, en folio 8, informa el recurrido Servicio de Impuestos Internos, quien solicita el rechazo del presente arbitrio. Señala al respecto que los recurrentes registran ante dicho Servicio domicilio en Isla de Pascua e inicio de actividades, en las fechas y rubros que detalla. Añade que las actividades desarrolladas en la Rapa Nui gozan de ciertas franquicias tributarias que les favorecen, como por ejemplo, las ventas efectuadas y los servicios prestados por personas domiciliadas o residentes en la isla se eximen del Impuesto al Valor Agregado (IVA), pero tal exención, en caso alguno, las libera de sus obligaciones accesorias, como son la presentación de sus declaraciones de impuestos respectivas o llevar los registros que correspondan.

Precisado ello, indica que los recurrentes solicitaron el bono de autos, el que se rechazó porque, tal y como se les señaló en la plataforma dispuesta al efecto, acorde con la información que obraba en poder de la recurrida, aquellos no cumplían con todos de los requisitos exigidos en el artículo 11 de la Ley N° 21.354. Por ello, afirma, 11 recurrentes dedujeron reclamación administrativa, los cuales están pendientes de resolución; ello con anterioridad a la fecha de presentación de esta acción constitucional interpuesta en su favor el 1 de septiembre del año en curso.

Ahora bien, en cuanto a este arbitrio, afirma que esta no es la vía idónea, porque los actores persiguen que se declare a su favor que tienen derecho al bono de autos. Sin embargo, la aludida Ley N° 21.354 consagra un procedimiento especial de reclamo, al tenor siguiente: “En caso de que alguno de los bonos que otorga la presente ley sea denegado u otorgado por un monto inferior al solicitado por el beneficiario, éste podrá reclamar ante el Servicio de Impuestos Internos, quien resolverá sobre la base de los antecedentes que proporcionare el propio reclamante y los organismos públicos que correspondan, en la forma que establece el artículo 123 bis del Código Tributario. El procedimiento al que alude el presente inciso deberá efectuarse preferentemente por vía electrónica y de manera expedita”.

Aclara que en virtud de dicho precepto, se dictó la Resolución Ex. Nº 68 de 30 de junio de 2021 que “Habilita plataforma, instruye sobre requisitos, fija procedimiento para solicitar y reclamar del bono de alivio a Mypes establecido en la Ley N°21.354 de fecha 17-06-2021”, en cuyos numerales 10º y 11º se fijó el procedimiento administrativo de reclamación. En base a lo anterior, invoca la sentencia pronunciada por la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, Rol N° 36.823-2021, que declaró inadmisible un recurso de protección sobre la materia de que se trata: “Que de los hechos expuestos en la presentación, en relación con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, se colige que la acción impetrada no reúne los requisitos que permitan declarar su admisibilidad, toda vez que la Ley N° 21.354, que gobierna el bono estatal que reclama, contempla en su artículo 5° un procedimiento específico de reclamación administrativa, por lo que ésta no resulta ser la vía idónea al efecto”. Agrega que la declaración que por esta vía pretende la recurrente es que se resuelva su derecho al beneficio, lo que escapa a la naturaleza cautelar de esta acción, tal y como lo ha resuelto la Iltma. Corte de Apelaciones de San Miguel, en los autos ROL Nº 9643-2020.

A lo anterior, alega que en los hechos no existe ninguna actuación ni ilegal ni arbitraria. Al respecto y tras citar la normativa aplicable al caso, afirma que la recurrente efectivamente se encuentra clasificada dentro de los rubros especiales que dan derecho al bono en comento. Sin embargo, al momento de solicitarlo, no cumplía con lo dispuesto en la parte final del artículo 11 de la Ley N° 21.354, pues el SII no contaba con antecedentes que permitieran determinar que se trataba de una micro y pequeña empresa correspondiente a aquellas con ventas inferiores a 25.000 unidades de fomento.

Para verificar dicho requisito, aclara, se procedió a constatar si los reclamantes registraban los siguientes antecedentes: - Ingresos por ventas y servicios del giro declarados en Formulario 29, al 23 de junio de 2021. - Información actualizada del Registro de Compras y Ventas, al 23 de junio de 2021. - Declaración Jurada 1887, presentada hasta el 22 de junio de 2021. - Información de Actividades Económicas y Régimen vigente, al 23 de junio de 2021. - Municipalidades: Permisos municipales al día de microempresarios pertenecientes al rubro de ferias libres informados desde el 25 de junio de 2021.

Como resultado del proceso de validación reseñado, se comprobó que los actores no habían presentado declaraciones de impuestos durante el periodo analizado ni mantenía los respectivos registros, de modo tal que el servicio recurrido no tiene una forma para comprobar sus ingresos atingentes al año 2020.

Además, la recurrida da cuenta de otras consideraciones respecto de la presente acción. Al efecto, sostiene la improcedencia de que se le ordene que se establezca un canal de comunicación eficaz, no solo para la naturaleza cautelar de este procedimiento, sino porque la Dirección Regional estableció un protocolo de atención a través de la Delegación Presidencial Provincial de Isla de Pascua, que se canaliza con un funcionario de este último organismo.

Luego, en cuanto a la petición de información relativa a la nómina de los favorecidos con el bono de que se trata, la recurrida afirma que tal solicitud es imposible de cumplir, porque contiene datos personales, que no pueden ser tratados sin la autorización del titular de la información, conforme con la Ley N° 19.628.

Por último, sostiene la inexistencia de afectación a los derechos que invoca la actora.

Que, en folio 9, se ordenó traer los autos en relación.

Que, en folio 19, se dispuso como trámite previo que la recurrida acompañe los antecedentes relativos al reclamo presentado por la recurrente en contra de la denegatoria del bono previsto en la Ley N° 21.354.

Que, en folio 20, la recurrida acompañó la documentación antes solicitada.

Que, en folio 21, se tuvo por cumplido lo ordenado y se ordenó regir el decreto autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

Primero: Que la acción constitucional de protección, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido establecida a favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19 de la Carta Fundamental.

Segundo: Que atendida la especial naturaleza del recurso de protección, para que pueda prosperar es indispensable que quien lo intente acredite la existencia de un derecho actual que le favorezca, que esté claramente establecido y determinado y que corresponda a uno de aquellos a que se refiere el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Tercero: Que igualmente es sabido que para que el recurso de protección sea acogido, es necesario que los hechos en que se hace consistir la arbitrariedad o ilegalidad, estén comprobados y que con estos hechos se haya sufrido perturbación, privación o amenaza en el ejercicio legítimo de las garantías y derechos que la Constitución asegura y que son los enumerados taxativamente en el artículo 20 de este cuerpo legal.

Cuarto: Que, en las condiciones descritas en los motivos que anteceden, este recurso no constituye una vía idónea para declarar derechos. Precisamente, su carácter sumarísimo, implica que los recurrentes acrediten la titularidad de un derecho no dubitado, lo que no acontece en la especie, por cuanto el Servicio de Impuestos Internos, en ejercicio de la potestad extraordinaria de validación de requisitos que le otorgó el artículo 9 de la citada Ley N° 21.354 -que otorga bono de cargo fiscal para apoyar a las micro y pequeñas empresas, por la crisis generada por la enfermedad covid-19-, estimó que los actores no cumplían con las condiciones para acceder a dicho beneficio pecuniario.

Quinto: Que, además, de los antecedentes de autos consta que al menos doce recurrentes reclamaron contra la negativa anterior, conforme a lo establecido en el inciso quinto del artículo 5 de la Ley N° 21.354, los que se encuentran en tramitación, según dio cuenta documentada la recurrida, por lo que existiendo un procedimiento específico de reclamación administrativa, esta no resulta ser la vía idónea al efecto.

Sexto: Que, en mérito de lo expuesto, se concluye que el Servicio de Impuestos Internos ha actuado dentro del ámbito de sus facultades al desestimar el beneficio de que se trata, por lo que no se advierte un actuar contrario a derecho, a lo que cabe añadir que aún se encuentra pendiente de tramitación las reclamaciones administrativas deducidas por algunos de los afectados, lo que refuerza la inexistencia de un derecho indubitado en esta sede.

Séptimo: Que, así las cosas, no reuniéndose en el caso concreto que nos ocupa, las exigencias contenidas en el artículo 20 de la Constitución Política del Estado, el recurso de protección intentado no puede prosperar.

Por estas consideraciones y lo establecido en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza el recurso de protección interpuesto en favor de nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, Yarhena nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, Guillermo Rodrigo Teao Lucero Turismo Deportivo EIRL., Operador Turístico de Actividades Acuáticas Cultural y Deportiva Carl, Productora de Bodas y Eventos SPA., Restaurant Bárbara Luz Escobar Vega EIRL., y Turismo Aventura Alejandra Rojas EIRL; en contra del Servicio de Impuestos Internos.

Regístrese, notifíquese, comuníquese y archívese.

N°Protección-40943-2021.