nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES HABITAT

Llg C.A. de Valparaíso.

Valparaíso, veintinueve de agosto de dos mil veinticinco.

Visto:

A folio 1, comparece nombre reservado, de nacionalidad venezolana, domiciliado en Viña del Mar, quien, representado por el abogado Pablo Daniel Peñaloza Parra, deduce acción constitucional de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Hábitat S.A., representada por nombre reservado, fundada en el acto ilegal y arbitrario consistente en el rechazo de su solicitud de retiro de fondos previsionales para extranjero.

Expone que, mediante el portal web de la administradora, solicitó la devolución de sus fondos previsionales conforme a la Ley N° 18.156, acompañando, entre otros antecedentes, contrato de trabajo y anexo previsional, certificado de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), declaración jurada autorizada ante notario y título profesional apostillado.

Indica que, con fecha 23 de junio de 2025, la administradora le comunicó el rechazo de su solicitud, fundado en que la constancia electrónica de cotizaciones emitida por el IVSS no contaba con la apostilla exigida por la normativa, y que la declaración jurada notarial acompañada no suplía dicho requisito.

Sostiene que tal exigencia resulta de imposible cumplimiento debido a la ausencia de representación diplomática de Venezuela en Chile, lo que constituye una situación de fuerza mayor y hecho público y notorio derivado del quiebre de relaciones diplomáticas. Añade que ello impide a los nacionales venezolanos obtener actualmente la legalización consular de certificados emitidos por el IVSS.

Destaca que la constancia electrónica presentada contiene un código único de verificación que permite comprobar en línea su autenticidad en el portal oficial del IVSS, por lo que constituye un documento válido para acreditar la afiliación previsional.

En virtud de lo anterior, sostiene que ha dado íntegro cumplimiento a los requisitos establecidos en la Ley N° 18.156, y que el rechazo de su solicitud constituye una interpretación formalista que le impide disponer de su propiedad, afectando su derecho a la igualdad ante la ley (artículo 19 N° 2 CPR) y su derecho de propiedad sobre sus fondos previsionales (artículo 19 N° 24 CPR).

Concluye solicitando que se acoja el recurso y se ordene a la recurrida emitir un nuevo pronunciamiento sobre su solicitud de devolución de fondos previsionales, reconociendo la validez de la documentación acompañada, y que se adopten las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho A folio 5, evacúa informe la Superintendencia de Pensiones, señalando en primer término que no registra reclamo alguno presentado por don nombre reservado en relación con los hechos que motivan la acción cautelar.

Indica que, conforme a la legislación chilena en materia de seguridad social, la regla general es la obligación de los trabajadores que prestan servicios en el país de efectuar cotizaciones previsionales, sin distinción de nacionalidad. La Ley N° 18.156, que establece exención de cotizar y devolución de fondos, constituye una norma de excepción aplicable solo a trabajadores extranjeros que tengan calidad de técnicos o profesionales y cumplan copulativamente los requisitos del artículo 1° de dicho cuerpo legal.

En este marco, precisa que para acceder a la devolución de fondos conforme a la letra a) del artículo 1° de la Ley N° 18.156, el trabajador debe acreditar cobertura previsional en el extranjero mediante certificación de la autoridad previsional competente, debidamente legalizada o apostillada, la cual debe consignar en forma específica que el trabajador contó efectivamente con protección por vejez, invalidez, sobrevivencia y enfermedad durante todo el tiempo que prestó servicios en Chile.

En cuanto al caso concreto, expone que el recurrente acompañó una constancia electrónica de cotizaciones del IVSS y una declaración jurada notarial. Sin embargo, estima que ninguno de esos documentos resulta idóneo, toda vez que la declaración jurada no sustituye la certificación oficial y el certificado electrónico no se encuentra firmado ni apostillado, además de no consignar de manera específica las coberturas y período respectivo.

Agrega que la jurisprudencia uniforme de este Organismo ha sostenido que la Ley N° 18.156 debe aplicarse restrictivamente, y que el procedimiento de apostilla es el medio previsto para que los documentos extranjeros surtan efecto en Chile, razón por la cual, no cabe acoger la pretensión del recurrente sin cumplimiento de dicha exigencia.

Hace presente además jurisprudencia judicial reciente –incluyendo sentencias de la Corte Suprema y de la Corte de Apelaciones de Valparaíso– que han confirmado la exigencia de la apostilla para documentos previsionales extranjeros, descartando que un código de verificación electrónica pueda sustituir el cumplimiento de los requisitos legales.

Concluye reiterando que, no existiendo antecedentes en este Organismo respecto de la situación previsional del recurrente, no es posible sostener que cumpla con las exigencias de la Ley N° 18.156 para acceder a la devolución de sus fondos A folio 8, evacúa informe la Administradora de Fondos de Pensiones Hábitat S.A., representada por la abogada Nicole Jedinger Canales, solicitando el rechazo del recurso con costas, por estimar que no existe acto ilegal ni arbitrario que vulnere un derecho indubitado del recurrente. Sostiene que el recurso de protección es improcedente, toda vez que lo que se discute no es una privación o perturbación de derechos fundamentales, sino la aplicación de requisitos objetivos previstos en la Ley N° 18.156, cuyo cumplimiento no ha sido acreditado, citando jurisprudencia reiterada de Cortes de Apelaciones y de la Excma. Corte Suprema que ha rechazado acciones similares.

Expone que con fecha 10 de junio de 2025, don nombre reservado presentó una solicitud de devolución de fondos previsionales al amparo de la Ley N° 18.156, acompañando, entre otros antecedentes, cédula de identidad para extranjeros, copia apostillada de su título de Ingeniero Químico, anexo de contrato de trabajo con Empresa Torre S.A. en que manifiesta mantener afiliación a un régimen previsional extranjero, una constancia electrónica de cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) de 2 de junio de 2025 sin firma responsable ni apostilla, y una declaración jurada notarial de 22 de abril de 2025, apostillada, en que afirma su afiliación al sistema previsional venezolano.

Señala que el 26 de mayo de 2025, la Fiscalía de la administradora emitió informe legal desestimando la solicitud, por estimar que la documentación no acreditaba la cobertura previsional exigida en el extranjero. Posteriormente, con fecha 23 de junio de 2025, la AFP notificó formalmente al afiliado el rechazo de su solicitud, explicando que la constancia electrónica del IVSS era rechazada por carecer de legalización y apostilla, y que la declaración jurada acompañada no suplía el requisito legal de un certificado oficial debidamente apostillado. Precisa que la posibilidad de verificación mediante un código electrónico en la página web del IVSS solo produce efectos dentro de Venezuela, por lo que no cumple con las exigencias del ordenamiento jurídico chileno.

Añade que el 18 de julio de 2025 el recurrente interpuso la presente acción constitucional, sosteniendo que la exigencia de apostilla configuraba una interpretación formalista que vulneraba su derecho de propiedad y de igualdad ante la ley. La recurrida rebate tal planteamiento, señalando que el cierre de la Embajada de Venezuela en Chile no constituye caso fortuito ni fuerza mayor, pues no impide obtener directamente ante el IVSS el certificado requerido y proceder a su legalización o apostilla por las vías previstas en la Convención de La Haya.

En apoyo de su posición, cita oficios de la Superintendencia de Pensiones y jurisprudencia de diversas Cortes que han confirmado la necesidad de acreditar la afiliación previsional extranjera con documentos debidamente legalizados o apostillados, descartando que la verificación electrónica sea suficiente. Afirma que esta exigencia es igual para todos los afiliados, chilenos o extranjeros, y que no implica discriminación arbitraria.

Concluye afirmando que la documentación presentada es insuficiente para acreditar la cobertura previsional exigida por la Ley N° 18.156, que la exigencia de apostilla es general y uniforme para todos los trabajadores extranjeros, y que el recurrente no ha sido privado de sus fondos previsionales, los que permanecen íntegros en su cuenta individual bajo el régimen del D.L. N° 3.500, disponibles para las prestaciones que la normativa contempla. Solicita, en definitiva, que se rechace íntegramente el recurso de protección, con costas Se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, el artículo 20 de la Constitución Política de la República establece la acción constitucional de protección, destinada a amparar el legítimo ejercicio de los derechos y garantías que enumera, frente a actos u omisiones arbitrarios o ilegales que los priven, perturben o amenacen.

Segundo: Que, el asunto sometido al conocimiento de esta Corte consiste en determinar si el rechazo por parte de AFP Hábitat S.A. de la solicitud de devolución de fondos previsionales del recurrente, fundado en la falta de apostilla del certificado de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, constituye un acto ilegal o arbitrario que vulnere las garantías constitucionales invocadas.

Tercero: Que, la Ley N°18.156 establece un régimen de excepción a la obligación general de cotizar en el sistema previsional chileno, aplicable a trabajadores técnicos o profesionales extranjeros que cumplan con los requisitos copulativos señalados en su artículo 1°. En su artículo 7° contempla la posibilidad de solicitar la devolución de los fondos enterados, siempre que se acredite haber contado con cobertura previsional en el país de origen.

Cuarto: Que, en ejercicio de sus facultades legales, la Superintendencia de Pensiones ha regulado esta materia en el Título XI del Libro II del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, disponiendo expresamente que la acreditación de la afiliación a un régimen previsional extranjero debe efectuarse mediante certificación oficial de la institución respectiva, debidamente legalizada o apostillada, y que dicha constancia debe consignar de manera específica las coberturas y el período de protección.

Quinto: Que, la interpretación de la normativa previsional efectuada por la Superintendencia de Pensiones es, por mandato del artículo 94 del D.L. N° 3.500, de 1980, de carácter obligatorio para las Administradoras de Fondos de Pensiones. En consecuencia, al exigir la presentación del certificado debidamente apostillado, la recurrida AFP Hábitat S.A. no ha actuado por capricho o discrecionalidad, sino en estricta observancia de las normas que rigen su funcionamiento y de las instrucciones vinculantes de su ente fiscalizador, el que precisamente dictó el oficio ordinario N° 12954 de 17 de julio de 2025, que, pronunciándose al respecto, señala que “conforme a la sistemática jurisprudencia administrativa de este servicio y la normativa ya indicada referida al valor probatorio en Chile de los documentos expedidos en el extranjero, resulta evidente que las certificaciones electrónicas (Constancias Electrónica de Cotizaciones) emitidas por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales que no hayan sido legalizadas o apostilladas por la autoridad previsional competente venezolana y sin que señalen las coberturas con que cuenta el afiliado y respecto de las cuales no se pueda inferir un determinado período de cobertura, cuando se limitan a mencionar de forma genérica las coberturas que otorga el sistema previsional venezolano no sirven para acreditar debidamente el cumplimiento del requisito de cobertura previsional en el extranjero exigido en la letra a) de la citada ley N° 18.156”.

Sexto: Que, si bien la recurrente alega la imposibilidad material de cumplir con dicha exigencia por circunstancias de fuerza mayor, no corresponde a esta sede cautelar alterar los requisitos establecidos en la normativa administrativa vigente ni crear una vía de excepción no contemplada por el legislador ni por el órgano regulador. Ello implicaría desconocer el principio de legalidad que rige a los órganos de la Administración y a las entidades fiscalizadas por estos.

Séptimo: Que, el acto impugnado, además, no constituye una decisión definitiva que genere una situación de indefensión para la recurrente. Como ha sostenido la Excma. Corte Suprema en casos análogos (Rol N°54.783-2024), el rechazo fundado en la falta de documentación idónea es un acto administrativo subsanable, conservando el afiliado la posibilidad de presentar nuevamente su solicitud una vez que obtenga los documentos conformes a las exigencias legales y administrativas. Por tanto, no existe una privación, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de sus derechos que amerite el amparo de esta acción cautelar.

Octavo: Que, en consecuencia, no habiéndose acreditado un actuar ilegal o arbitrario por parte de la recurrida, sino más bien una aplicación estricta de la normativa que la rige, el presente recurso de protección no podrá prosperar.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación del recurso de protección, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto por don nombre reservado en contra de AFP Hábitat S.A.

Regístrese, comuníquese y archívense los antecedentes en su oportunidad.

N°Protección-4075-2025.