nombre reservado con nombre reservado

C.A. de Valparaíso.

Valparaíso, tres de febrero de dos mil veintiuno.

VISTO:

Que, a folio uno, comparece el abogado Remberto Valdés Hueche, en favor de nombre reservado, deduciendo recurso de protección en contra del Instituto de Previsión Social y en contra de nombre reservado, director regional de la primera, por el acto arbitrario e ilegal consistente en la dictación de la resolución exenta N° 172, de 23 de noviembre de 2020, que confirmó el rechazo de solicitud como beneficiaria del seguro de vida de su padre fallecido, por encontrarse divorciada.

Expone que el Instituto de Previsión Social mediante Resolución Exenta N° 3705-CB de 17 de febrero de 2020, rechazó su solicitud de beneficiaria del seguro de vida de su padre don nombre reservado, fallecido el 18 de enero de 2020, pensionado de la ex Caja de Previsión de la Marina Mercante Nacional, en razón de que al momento del fallecimiento tenía el estado civil de divorciada y no de soltera o viuda como lo exige el Decreto Ley N° 606, en sus artículos 29, 30 y 35. Dicha resolución, se interpuso recurso de reposición administrativa y jerárquico ante el Director Regional de Valparaíso de dicho organismo, impugnaciones que fueron rechazadas mediante resolución exenta que por este arbitrio se impugna.

Sostiene que el acto es arbitrario e ilegal. En primer lugar, porque en las normas que se fundamenta la decisión, solo se excluye a las mujeres casadas y no se establece el requisito ser soltera o viuda. Y, en segundo lugar, ya que el Decreto Ley N° 606, es anterior a la Ley N° 19.947, que incorporó el estado civil de divorciada, desprendiéndose que lo que se pretendía asegurar era que la mujer no tuviera un vínculo matrimonial vigente.

Alega que con la conducta descrita, se afecta su derecho a la igualdad ante la ley y su derecho de propiedad, consagrados en el artículo 19 N° 2 y 24 de la Constitución Política de la República. El primero de ellos, porque al denegar el derecho por detentar el estado civil de divorciada, se está incurriendo en una interpretación arbitraria y errónea de la ley. Y, en cuanto al derecho de propiedad, se vulnera toda vez que deniega que se incorpore a su patrimonio una prestación devengada.

Solicita que se declare que el acto recurrido es arbitrario e ilegal, ordenado a los recurridos, de forma conjunta o separadamente, según corresponda, dejen sin efecto la resolución exenta N° 172 de fecha 23 de noviembre de 2020, acogiendo el recurso de reposición administrativa en contra de la resolución exenta N° 3705-CB, concediendo el seguro de vida correspondiente por la muerte de su padre y, de forma subsidiaria, que se tomen todas las medidas pertinentes para restablecer el imperio del derecho, con costas.

Que, a folio ocho, evacua informe el Instituto de Previsión Social y nombre reservado, solicitando el rechazo del recurso, con costas.

Sostiene que efectivamente se rechazó el beneficio al seguro de vida solicitado por la recurrente mediante Resolución Exenta N° 3705-CB de 17 de febrero de 2020, por no tener derecho a pensión de orfandad, puesto que a la fecha de fallecimiento del padre, la solicitante tenía el estado civil de divorciada, lo que no resulta equivalente al estado civil de soltera o viuda, que permiten el derecho al beneficio. Asimismo, el 23 de noviembre de 2020 se dictó Resolución Exenta N° 172 por el Director Regional de Valparaíso, quien rechazó el recurso de reposición interpuesto por la Sra. nombre reservado, en base a lo dispuesto en artículo 35 del Decreto Supremo N° 606 del año 1944 que establece que los únicos estados civiles que habilitan para ser beneficiaria de montepío u orfandad en la Ex caja de Previsión de la Marina Mercante Nacional son el de soltera y el de viuda. Agrega que para ser titular del Seguro de Vida establecido en el artículo 29, inciso tercero del Decreto Supremo N° 606 hay que detentar la condición de beneficiaria de montepío u orfandad, o sea, ser hija soltera o viuda del imponente causante.

Alega la improcedencia del recurso de protección en el caso de autos, toda vez que es una materia de lato conocimiento, citando el artículo 420 letra e) del Código del Trabajo, que señala que es competente el Juzgado de la materia para conocer las reclamaciones que procedan en contra de resoluciones dictadas por autoridades administrativas en materias laborales, previsionales o de seguridad social.

También sostiene la inexistencia de un acto arbitrario e ilegal, señalando que ha actuado dentro de sus competencias y de acuerdo con la legislación vigente, citando el artículo 35 del Decreto Supremo N° 606 y 59 de la Ley N° 19.947. Indica que los únicos estados civiles que habilitan para ser beneficiaria de montepío u orfandad de la ex Caja de Previsión de la Marina Mercante Nacional, son el de soltera y el de viuda conforme al artículo 29, inciso tercero, del Decreto Supremo N° 606. Posición que encuentra respaldo en jurisprudencia administrativa y judicial.

Finalmente, sostiene que no existe vulneración a las garantías constitucionales invocadas, puesto que no existe discriminación ya que solo se ha aplicado la normativa vigente, como tampoco se vulnera el derecho de propiedad, puesto que no existe acto declaratorio por parte de la Administración Pública que le conceda pensión de orfandad y/o Seguro de Vida a la recurrente y que haya ingresado a su patrimonio como derecho indubitado, sino que solo existe una mera expectativa.

Que, a folio trece, se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

Primero: Que la acción constitucional de protección, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido establecida a favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19 de la Carta Fundamental.

Segundo: Que lo que se busca mediante el presente arbitrio, es que se le conceda a la recurrente el derecho al seguro de vida dejado al fallecimiento de su padre, puesto que goza del estado civil de divorciada que la habilita acceder a dicho beneficio.

Tercero: Que los recurridos sostienen que la recurrente no cumple con los requisitos para acceder al beneficio solicitado, toda vez que no es una mujer soltera o viuda como lo exige la normativa que lo regula, en los artículos 29, 30 y 35 del Decreto Ley N° 606.

Cuarto: Que de los antecedentes expuestos y los argumentos vertidos por los intervinientes, se puede apreciar que la materia que se somete al conocimiento de esta Corte, no resulta ser indubitada, toda vez que dice relación con la interpretación de determinadas normas de carácter previsional, que por sus características técnicas, resulta pertinente que se sometan a una acción de lato conocimiento ante los Tribunales Ordinarios del Trabajo competentes, sede en la que las partes se encuentran en mejores condiciones de aportar sus argumentos y presentar las pruebas que correspondan, razones todas que importan rechazar la acción que se ha intentado.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se declara que se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de doña nombre reservado en contra del Instituto de Previsión Social y de nombre reservado.

Acordada con el voto en contra de la Ministra Sra. Donoso quien fue de la opinión de acoger el recurso de protección por las siguientes razones:

1°) Que de conformidad con el artículo 35 del Decreto Ley N° 606 que establece que: “No tendrán derecho a montepío las mujeres casadas, y lo perderán las que se casaren después de deferida la pensión; pero lo recuperarán si quedan viudas más tarde y desde el momento de la viudez” y lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley N° 19.947 que prescribe que: “Efectuada la subinscripción, la sentencia será oponible a terceros y los cónyuges adquirirán el estado civil de divorciados, con lo que podrán volver a contraer matrimonio”.

2) Que, en consecuencia, en los artículos citados no se advierte la exigencia de que la hija beneficiaria del seguro de vida, sea viuda o soltera como lo sostienen los recurridos en su informe, sino que ésta no deba tener el estado civil de casada, por lo que no se puede extender aquella prohibición aquellas mujeres divorciadas como ocurre en la especie.

3) Que, de esta forma, la interpretación sostenida en la resolución que por esta vía se impugna, es arbitraria e ilegal, puesto que excede el marco normativo aplicable, imponiendo requisitos que no se encuentran establecidos en la ley.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-40740-2020.

En Valparaíso, tres de febrero de dos mil veintiuno, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.