nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES UNO S.A.

Jbl C.A. de Valparaíso Valparaíso, uno de septiembre de dos mil veinticinco.

Visto:

A folio 1, se interpone acción de protección en favor de nombre reservado, de nacionalidad venezolana en contra de Administradora de Fondos de Pensiones UNO S.A., por haber rechazado la solicitud de retiro de fondos previsionales de conformidad a la Ley N°18.156, actuación que considera ilegal y arbitraria, vulnerando con ello las garantías fundamentales de los numerales 2° y 24° del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Expone que la recurrente, solicitó a la recurrida la devolución de fondos previsionales conforme a la Ley N°18.156, siéndole notificado con fecha 30 de junio de 2025, el rechazo de su solicitud, porque había documentos que no cumplían los criterios de aceptación, consistentes en Certificado de Instituto de Seguridad Social.

Sostiene que cumple íntegramente con los requisitos establecidos en los artículos 1° y 7° de la Ley N°18.156, encontrándose afiliado al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales y habiendo manifestado su voluntad de mantener dicha afiliación en el contrato de trabajo.

Argumenta que la recurrida realiza una interpretación formalista de la norma, desatendiendo su finalidad, toda vez que la constancia electrónica de afiliación es verificable a través del portal web oficial del IVSS mediante código de verificación, existiendo además certificación consular legalizada. Refiere que otras AFP como Cuprum han aceptado documentación similar.

Refiere que se le ha otorgado un trato desigual respecto de otros solicitantes en iguales circunstancias, invocando jurisprudencia de la Corte Suprema que establece que no debe constreñirse la Ley N°18.156 únicamente a interpretaciones excesivamente literales y formalistas, y se ha conculcado su derecho de propiedad, al impedir la disposición de fondos previsionales propios mediante la imposición de requisitos no establecidos expresamente en la ley.

Solicita que se acoja el presente recurso y se reconozca como válida la documentación acompañada, procediendo a realizar nuevo pronunciamiento sobre la solicitud y efectuar la devolución de los fondos previsionales solicitados dentro de un plazo razonable.

A folio 4, evacúa informe la Superintendencia de Pensiones, quien señala que si bien no cuenta con antecedentes sobre la situación previsional reclamada por la recurrente, que permitan concluir que cumple con las exigencias de la ley N°18.156 para acceder a la devolución de fondos previsionales, la declaración jurada no es un documento idóneo para probar el requisito de cobertura previsional fuera de Chile, toda vez que la certificación relativa a la cobertura previsional en el extranjero debe ser emitida por la autoridad previsional competente del país correspondiente.

A folio 11, evacúa informe la Administradora de Fondos de Pensiones UNO S.A., solicitando el rechazo del recurso de protección en todas sus partes.

Expresa que el 30 de junio de 2025, la recurrente presentó solicitud de devolución de fondos previsionales, acompañando diversos documentos entre ellos una Constancia Electrónica de Cotizaciones de fecha 2 de junio de 2025 y una declaración jurada. Posteriormente, se le comunicó el rechazo de la solicitud por no cumplir los documentos presentados con los criterios de aceptación establecidos por la Superintendencia de Pensiones.

Señala que las excepciones contempladas en la Ley N°18.156 requieren el cumplimiento estricto de requisitos legales, siendo de carácter excepcional y por tanto de interpretación restrictiva.

Refiere que el recurrente no logró acreditar el cumplimiento del requisito del artículo 1° letra a), porque que la constancia electrónica no cumple con la especificidad requerida según Oficio N°20.294 de la Superintendencia de Pensiones, carece de apostilla o legalización conforme Oficio N°25.057.

Por estas razones, solicita que se rechace el recurso de protección en todas sus partes, con expresa condenación en costas.

A folio 12, se ordenó traer los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

Segundo: Que, en la especie, el recurrente, ciudadano venezolano, solicitó la devolución de los fondos acumulados en su cuenta de capitalización individual, conforme a lo dispuesto por el artículo 7° de la Ley N° 18.156, disposición que la autoriza respecto de quienes cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 1° del cuerpo normativo ya expresado.

Tercero: Que, conforme se desprende del informe evacuado por la recurrida, la petición del actor fue rechazada teniendo en consideración que el recurrente acompañó una constancia electrónica de cotizaciones del Instituto Venezolano de Seguridad Social, de fecha 9 de junio de 2025, que no cumplía con los requisitos de especificidad y legalización.

En tal sentido, indica que se ha exigido acompañar documentación que acredite específicamente la cobertura previsional por todos los riesgos señalados en la norma, debidamente legalizada, conforme a las instrucciones impartidas por la Superintendencia de Pensiones en sus oficios N°20.294, N°25.057 y N°2.301.

Cuarto: Que, el artículo 1° de la Ley 18.156, establece que "Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones:

a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte [...]".

A su vez, el Libro II, título XI, del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, establece que, para el cumplimiento del requisito anteriormente indicado, "debe acreditarse mediante certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte." Quinto: Que, teniendo presente la normativa que regula la exención de cotizar en el país a los técnicos extranjeros y del análisis de la documentación acompañada por el actor, es posible constatar que la "Constancia Electrónica de Cotizaciones" carece de la especificidad requerida para demostrar la cobertura previsional de todos los riesgos que la norma menciona y, además, el documento no se encuentra legalizado y/o apostillado, de manera que no es efectivo lo argumentado por el actor, puesto que no cuenta con la documentación pertinente para que su petición sea acogida.

En efecto, el hecho que el instrumento contenga un código de verificación electrónica no sustituye los requisitos legales formales vigentes establecidos por la Superintendencia de Pensiones, más aún cuando el ordenamiento jurídico exige expresamente la legalización de los instrumentos públicos extranjeros para que surtan efectos en el territorio nacional, lo que reviste especial relevancia cuando se trata de antecedentes que inciden en el cumplimiento sustancial de los requisitos exigidos para acceder a un beneficio excepcional como el impetrado.

Sexto: Que, asimismo, la declaración jurada acompañada por el recurrente constituye un documento unilateral emitido por la propia parte interesada, que no cumple el estándar de exigencias requerido por la Superintendencia de Pensiones, debiendo la acreditación del cumplimiento de los requisitos emanar de la autoridad previsional competente, conforme lo establece la letra b) del N°1 del Título XI, Libro II del Compendio de Normas.

Séptimo: Que, cabe destacar que la exención establecida en la Ley N°18.156 es de carácter excepcional, ya que modifica la regla general del sistema chileno en cuanto a la obligatoriedad de cotizar para todos los trabajadores dependientes, por lo que dicha normativa debe ser interpretada restrictivamente, debiendo las Administradoras aplicar estrictamente los criterios establecidos por la Superintendencia de Pensiones, organismo técnico facultado para interpretar la legislación con carácter obligatorio.

Octavo: Que, por lo demás, el rechazo de la petición del recurrente no impide que posteriormente pueda volver a presentarla acompañando la documentación que cumpla con los requisitos legales y administrativos vigentes, según acertadamente le fue comunicado por la recurrida, tratándose de un acto administrativo subsanable y no de una decisión definitiva que genere indefensión.

Noveno: Que, en dicho contexto, no puede estimarse ilegal ni arbitraria la conducta de la institución recurrida, en tanto ha circunscrito su actuación a exigir el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley y en la normativa administrativa para acceder al beneficio impetrado, aplicando de manera uniforme los criterios establecidos por la Superintendencia de Pensiones a todos los solicitantes, sin que se configure trato discriminatorio alguno.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación del recurso de protección, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de nombre reservado, en contra de Administradora de Fondos de Pensiones UNO S.A.

Regístrese, notifíquese y archívense los antecedentes en su oportunidad.

N°Protección-4067-2025.