Protección contra Servicio Nacional de Migraciones

C.A. de Valparaíso tacc Valparaíso, tres de septiembre de dos mil veintiséis.

VISTOS:

A folio 1, comparece doña Carolina Hidalgo Fiol, abogada, en representación y a favor de doña nombre reservado, doña nombre reservado, doña nombre reservado, doña nombre reservado, doña nombre reservado, doña nombre reservado, doña nombre reservado, doña nombre reservado, doña nombre reservado, doña nombre reservado, doña nombre reservado, doña nombre reservado, doña nombre reservado, doña nombre reservado, doña nombre reservado, doña nombre reservado, doña nombre reservado, doña nombre reservado, doña nombre reservado, doña nombre reservado, doña nombre reservado y doña nombre reservado, todas de nacionalidad venezolana, deduciendo acción constitucional de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones, por la omisión ilegal y arbitrario de la recurrida, consistente en la negativa sistémica y bloqueo informático en su Plataforma de Trámites Digitales que impide la recepción, ingreso y tramitación formal de sus solicitudes de Permiso Especial para Mujeres Extranjeras en Situación de Embarazo.

Explica que las amparadas son madres de menores de edad o se encuentran en estado de gestación, habiendo ingresado de manera irregular al territorio nacional por pasos no habilitados debido a la crisis humanitaria de su país de origen. Denuncia que, a pesar de que el permiso especial de embarazo está consagrado en el artículo 43 del Decreto Supremo N° 177 de 2022 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública como una categoría fundada en razones humanitarias, la plataforma tecnológica del Servicio restringe el trámite únicamente a extranjeras que cuenten con cédula chilena, residencia previa o permanencia transitoria regular, excluyendo de plano a quienes registran ingreso irregular.

Añade que el Servicio Nacional de Migraciones habilitó formalmente a mediados de julio de 2025 la opción digital de "ingreso por paso no habilitado" para postular a este visado humanitario, dictando resoluciones favorables en favor de otras ciudadanas en idénticas circunstancias —tales como las Resoluciones Exentas N° NUM000 de fecha 10 de marzo de 2026 y N° NUM001 de fecha 7 de abril de 2026—, pero que de manera intempestiva y arbitraria la autoridad recurrida desactivó dicha opción sistémica, impidiendo a las recurrentes regularizar su estatus. Estima vulneradas las garantías constitucionales de integridad física y psíquica, igualdad ante la ley, el debido proceso y la protección especial a la maternidad e infancia, consagrados en el artículo 19 de la Carta Fundamental y en el artículo 13 de la Ley N° 21.325. Solicita que se ordene a la recurrida habilitar el canal digital, recepcionar sus solicitudes y otorgar los correspondientes certificados de residencia en trámite.

A folio 13, evacua el informe de rigor el Servicio Nacional de Migraciones, solicitando el rechazo absoluto del recurso. Expone que, tras revisar el Registro Nacional de Extranjeros, no fue posible verificar la existencia de solicitudes de residencia temporal por razones humanitarias asociadas a las recurrentes. Argumenta que el Servicio ha actuado con estricto apego al principio de legalidad, puesto que el artículo 43 del Decreto Supremo N° 177 de 2022 exige de manera copulativa que la solicitante del Permiso Especial de Embarazo se encuentre en el territorio nacional "en virtud de algún permiso de permanencia transitoria o de residencia temporal". Por consiguiente, al haber ingresado las recurrentes de forma clandestina al país por pasos no habilitados, no cumplen con el presupuesto fáctico del reglamento, existiendo a su respecto denuncias vigentes por ingreso clandestino de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI). En relación con la desactivación de la casilla digital en la plataforma de trámites, aclara mediante escrito complementario que dicha funcionalidad correspondió a una parametrización de gestión administrativa interna temporal, la cual fue pausada debido a la detección de múltiples casos de falsificación de certificados de embarazo por parte de usuarios, descartando con ello la existencia de omisión ilegal o arbitraria de su parte.

A folio 21, Se ordena como tramite previo e indispensable que Atendida la documentación acompañada por la parte recurrente que daba cuenta de la concesión de permisos temporales a embarazadas en situación de ingreso irregular, la Sala ordenó ampliar el informe al Servicio Nacional de Migraciones a fin de que se pronunciara específicamente sobre la tramitación de estas solicitudes de residencia por razones humanitarias para mujeres con ingreso por paso no habilitado, otorgándole un plazo de ocho días hábiles bajo apercibimiento legal.

A Folio 45, en cumplimiento de lo ordenado, comparece el abogado don Miguel Najle Ramírez en representación del Servicio Nacional de Migraciones evacuando el informe complementario. Admite expresamente que la opción de acceso a postulaciones por razones humanitarias para personas con ingreso por "paso no habilitado" y en situación de embarazo efectivamente estuvo incluida en la plataforma electrónica de trámites institucionales del Servicio en el pasado, aclarando que fue eliminada definitivamente en el mes de octubre de 2025. Explica que dicha funcionalidad correspondió a una parametrización de gestión administrativa interna implementada de manera temporal bajo la administración anterior para abordar casos residuales de mujeres gestantes en situación irregular debido al carácter humanitario y excepcional de las circunstancias. Agrega que esta habilitación temporal de la plataforma no implica eludir la facultad de análisis y otorgamiento de residencia que el artículo 37 de la Ley N° 21.325 confiere de manera exclusiva al Servicio, insistiendo en que las recurrentes no cumplen con los presupuestos del reglamento vigente y reiterando la solicitud de rechazo del recurso.

A folio 14, se ordenó traer los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

Primero: Que, la acción constitucional de protección ha sido instituida con el objeto de evitar posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones, sean estos ilegales o arbitrarios, que produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que el artículo 20 de la Carta Fundamental detalla, exigiéndose, para que esta vía prospere, la existencia de una acción u omisión, que dicha conducta sea ilegal o arbitraria y, finalmente, que se conculque una de las garantías protegidas.

Segundo: Que, en la especie, el acto que se reprocha a la recurrida consiste en la omisión y negativa sistémica mediante el bloqueo en su Plataforma de Trámites Digitales, impidiendo a las recurrentes, todas mujeres extranjeras que ingresaron por pasos no habilitados y que se encuentran embarazadas o son madres de menores, la sola presentación, ingreso y tramitación formal de sus solicitudes para optar al "Permiso Especial para Mujeres Extranjeras en Situación de Embarazo", contemplado en el Decreto Supremo N° 177 de 2022.

Tercero: Que, de los informes evacuados por la recurrida y en especial de aquel complementario rolante a folio 45, fluye como hecho pacífico que el Servicio Nacional de Migraciones efectivamente habilitó en su plataforma digital la opción de postulación a este visado para mujeres con ingreso por paso no habilitado, otorgando permisos en idénticas circunstancias a otras extranjeras. Asimismo, el ente recurrido reconoce haber eliminado o pausado unilateralmente dicha opción de la plataforma bajo el argumento de estar frente a "una parametrización de gestión administrativa interna" y por la supuesta "detección de múltiples casos de falsificación de certificados de embarazo".

Cuarto: Que tal proceder de la administración constituye una vía de hecho que deviene en arbitraria. En efecto, el argumento esgrimido relativo a la presunta falsificación de antecedentes por parte de terceros no resulta idóneo ni razonable para justificar la supresión de un canal de tramitación oficial, castigando anticipadamente y de plano a ciudadanas que, asistiéndoles el derecho a formular peticiones a la autoridad, se ven impedidas siquiera de someter sus antecedentes al escrutinio del Estado.

Si la autoridad detecta irregularidades en casos particulares, su deber es ejercer sus facultades fiscalizadoras y de rechazo fundado en la resolución de término respectiva, pero jamás puede erigir un "bloqueo informático" como una barrera de entrada que elude el procedimiento administrativo.

Quinto: Que, a mayor abundamiento, el actuar del Servicio Nacional de Migraciones vulnera derechamente la garantía de igualdad ante la ley, consagrada en el artículo 19 N° 2 de la Carta Fundamental. Al reconocer la propia recurrida que durante un periodo temporal sí permitió la tramitación y otorgamiento de residencias a mujeres embarazadas en situación de irregularidad migratoria, la decisión intempestiva de cerrar dicha vía para las recurrentes se torna en una discriminación carente de racionalidad, toda vez que, frente a idéntica situación fáctica y jurídica, la Administración ha dado un trato diametralmente opuesto.

Sexto: Que, la Ley N° 21.325 en su artículo 13 impone al Estado el deber de proteger a la mujer, a los niños, niñas y adolescentes, directriz que guarda estricta concordancia con la protección a la integridad física y psíquica asegurada en el artículo 19 N° 1 de la Constitución, así como con los compromisos internacionales adquiridos por Chile. Negar de plano el inicio de un trámite migratorio diseñado precisamente por razones humanitarias a mujeres gestantes, so pretexto del ingreso irregular que motivó su éxodo, desnaturaliza el fin superior de protección que inspira la normativa y deja a las recurrentes y a sus hijos en una situación de extrema vulnerabilidad y desamparo institucional.

Séptimo: Que, de este modo, habiéndose constatado que el actuar del ente recurrido resulta arbitrario y vulneratorio de las garantías constitucionales previstas en los numerales 1° y 2° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, el presente recurso deberá ser acogido, debiendo la Administración retrotraer su obrar, habilitar la plataforma para que las recurrentes puedan ingresar formalmente sus requerimientos y dar estricto cumplimiento a la Ley N° 19.880, emitiendo los pronunciamientos fundados que en derecho correspondan, tal como se declarará en lo resolutivo.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República, la Ley N° 19.880, los artículos 3 y 13 de la Ley N° 21.325 y el Decreto N° 177 de 2022, se acoge, sin costas, la acción constitucional de protección interpuesta en representación de doña nombre reservado, doña nombre reservado, doña nombre reservado, doña nombre reservado, doña nombre reservado, doña nombre reservado, doña nombre reservado, doña nombre reservado, doña nombre reservado, doña nombre reservado, doña nombre reservado, doña nombre reservado, doña nombre reservado, doña nombre reservado, doña nombre reservado, doña nombre reservado, doña nombre reservado, doña nombre reservado, doña nombre reservado, doña nombre reservado, doña nombre reservado y doña nombre reservado, en contra del Servicio Nacional de Migraciones. En consecuencia, se ordena a la institución recurrida, habilitar en su Plataforma de Trámites Digitales, o de contingencia que estime idóneo, una vía formal que permita a las recurrentes ingresar a tramitación sus solicitudes de Permiso Especial para Mujeres Extranjeras en Situación de Embarazo.

Regístrese, notifíquese, certifíquese una vez ejecutoriada, y en su oportunidad archívese.

N° Protección-4057-2026.