nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PROVIDA S.A.

edp C.A. de Valparaíso Valparaíso, veintiocho de agosto de dos mil veinticinco.

Visto:

A folio 1 comparece don Pablo Peñaloza Parra, abogado, en favor de nombre reservado, ingeniero de petróleo, de nacionalidad venezolana, quien interpone acción de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A por el rechazo de su solicitud de retiro de fondos para extranjeros, vulnerando con ello sus garantías fundamentales del articulo 19 N°2 y 24 de la constitución Política de la República.

Refiere que el 24 de junio de 2025 el recurrente es notificado mediante correo electrónico, por medio de la cual se le informa que su solicitud de retiro de fondos de pensión está “detenido”, señalando lo siguiente: “De acuerdo con su consulta le comento que la respuesta al requerimiento número 1284571 se encuentra en estado “detenido” por solicitud de retiro de fondos como técnico extranjero teniendo el siguiente detalle: “Falta Constancia de afiliación el cual debe estar Apostillado en el país extranjero en que fue otorgado o legalizado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile”. Siendo confirmado de manera verbal que su solicitud se encuentra rechazada por el motivo antes indicado.

Hace presente lo dispuesto en los articulo 1 y 7 de la Ley N°18.156 y que ha dado íntegro cumplimiento con los requisitos establecidos en la ley 18.156, siendo procedente realizar el retiro de fondos de la AFP, sin embargo, se encuentra con una obstaculización de su proceso, donde la recurrida realiza una interpretación formalista de la norma, desatendiendo a la finalidad del legislador, esto es, disponer de sus ahorros previsionales, entendiendo que los documentos presentados cuentan con la validez necesaria de procedencia, tanto el contrato de certificado de relación laboral y la validez de sus documentos.

Agrega que, mediante internet es posible acceder a la página oficial a fin de descargar la respectiva constancia electrónica de cotizaciones con un respectivo código, el que permite acceder al documento original.

A folio 6 evacua informe la Superintendencia de Pensiones, dando cuenta que el recurrente no ha presentado reclamo alguno respecto de los hechos que motivan la presente acción cautelar, por lo que no existen antecedentes referentes a la acción de protección consultada.

Hace presente que, la ley N°18.156 faculta a ciertos extranjeros para eximirse de la obligación de cotizar o para obtener la devolución de los fondos previsionales que hubieran enterado en una AFP, siempre y cuando acrediten el cumplimiento de todos los requisitos copulativos exigidos en el artículo 1° de ese cuerpo legal. De este modo, siendo la mencionada ley una norma de excepción, debe ser interpretada en forma restrictiva y aplicada sólo en el supuesto que se cumplan las exigencias copulativas que establece.

A folio 12 evacua informe don Daniel Santoni, abogado en representación de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A.

En primer término, hace presente que la acción de protección no es la vía idónea para resolver materias de lato conocimiento, no existe un derecho indubitado, sino que existe un derecho controvertido, motivo por el cual, no puede solucionarse vía recurso de protección.

En cuanto al fondo, refiere que, el 24 de junio de 2025, la recurrida rechazó la solicitud del recurrente, por cuanto la constancia de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales se encuentra vencida de acuerdo a las instrucciones que imparte la Superintendencia de Pensiones.

Agrega que, de debe precisar que, conforme a la sistemática jurisprudencia administrativa de la Superintendencia de Pensiones referida al valor probatorio en Chile de los documentos expedidos en el extranjero, resulta evidente que las certificaciones electrónicas (Constancias Electrónica de Cotizaciones) emitidas por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales que no hayan sido legalizadas o apostilladas por la autoridad previsional competente venezolana y sin que señalen las coberturas con que cuenta el afiliado y respecto de las cuales no se pueda inferir un determinado período de cobertura, cuando se limitan a mencionar de forma genérica las coberturas que otorga el sistema previsional venezolano no sirven para acreditar debidamente el cumplimiento del requisito de cobertura previsional en el extranjero exigido en la letra a) de la citada ley N°18.156, asi lo ha resuelto esta misma Corte en causal Rol 1431-2025 confirmado por la Excma Corte Suprema Rol N°17866-2025.

A folio 13 se ordena traer autos en relación Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, la acción constitucional de protección, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido establecida a favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio algunos de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19 de la Carta Fundamental.

Segundo: Que, en la especie, el recurrente, ciudadano venezolano, solicitó la devolución de los fondos acumulados en su cuenta de capitalización individual, conforme a lo dispuesto por el artículo 7° de la Ley N° 18.156, disposición que la autoriza respecto de quienes cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 1° del cuerpo normativo ya expresado.

Tercero: Que, conforme se desprende del informe evacuado por la recurrida, la petición del actor fue rechazada teniendo en consideración que el recurrente acompañó una constancia electrónica de cotizaciones del Instituto Venezolano de Seguridad Social que se encuentra vencida, toda vez que en el instrumento se consigna que tendrá vigencia hasta el 31 de julio de dos mil veinticinco, además, sin la debida cadena de legalización exigida por la normativa aplicable.

Cuarto: Que, el artículo 1° de la Ley 18.156, establece que "Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones:

a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte [...]".

Quinto: Que, teniendo presente la normativa que regula la exención de cotizar en el país a los técnicos extranjeros y del análisis de la documentación acompañada por el actor, es posible constatar que la "Constancia Electrónica de Cotizaciones" no da cuenta del cumplimiento de los requisitos para acoger la petición, atendido que a la fecha en que fue solicitado el beneficio extraordinario el antecedente acompañado para dar cuenta de la afiliación respectiva no se encontraba vigente y el documento no se encuentra debidamente apostillado.

Sexto: Que, cabe destacar que la exención establecida en la Ley N°18.156 es de carácter excepcional, ya que modifica la regla general del sistema chileno en cuanto a la obligatoriedad de cotizar para todos los trabajadores dependientes, por lo que dicha normativa debe ser interpretada restrictivamente, debiendo las Administradoras aplicar estrictamente los criterios establecidos por la Superintendencia de Pensiones, organismo técnico facultado para interpretar la legislación con carácter obligatorio.

Séptimo: Que, por lo demás, el rechazo de la petición del recurrente no impide que posteriormente pueda volver a presentarla acompañando la documentación que cumpla con los requisitos legales y administrativos vigentes, al tratarse de un acto subsanable y no de una decisión definitiva que genere indefensión.

Octavo: Que, en dicho contexto, no puede estimarse ilegal ni arbitraria la conducta de la institución recurrida, en tanto ha circunscrito su actuación a exigir el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley y en la normativa administrativa para acceder al beneficio impetrado, aplicando de manera uniforme los criterios establecidos por la Superintendencia de Pensiones a todos los solicitantes, sin que se configure trato discriminatorio alguno.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación del recurso de protección, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de nombre reservado, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-4041-2025.

En Valparaíso, veintiocho de agosto de dos mil veinticinco, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.