nombre reservado con nombre reservado

Jevp.

C.A. de Valparaíso.

Valparaíso, veinticinco de enero de dos mil veintiuno.

Vistos:

PRIMERO: Que comparece nombre reservado, ingeniero, domiciliado para estos efectos en domicilio reservado, quien deduce recurso de protección en contra de nombre reservado, Secretaria Regional Ministerial del Ministerio de Vivienda y Urbanismo de Valparaíso y de nombre reservado, Secretaria Regional Ministerial (S) de la misma Secretaría de Estado, ambas domiciliadas, para estos efectos, en domicilio reservado, quienes mediante las Resoluciones Exentas N°s. 1764 de 16 de septiembre de 2020 y 2150 de 13 de noviembre del mismo año, de manera ilegal y arbitraria, han vulnerado, perturbado, atentado y amenazado el legítimo ejercicio de las garantías consagradas en los numerales 2, 3, 16, 21 y 24 de la Constitución Política de la República, al imponerle una sanción administrativa respecto de hechos en los que no tuvo participación, sin haberlo citado ni formulado cargo alguno y, menos aún, notificado de la medida aplicada. Solicita acoger la presente acción, se dejen sin efecto las mencionadas Resoluciones Exentas y se restablezca el imperio del derecho, con expresa condena en costas.

En cuanto a los hechos explica que por medio de la Resolución Nº 23 de 2017 se aprobaron las bases administrativas y antecedentes técnicos para la licitación pública Nº 08/2017 denominada “Programa Vialidad Urbana, proyecto Mejoramiento domicilio reservado”, la que se adjudicó a la empresa Inversiones y Construcciones Felipe De Paz S.A. (en adelante, “empresa”), mediante Resolución Nº 53 de 3 de julio de 2017, del Servicio de Vivienda y Urbanización de la Región de Valparaíso (en lo sucesivo, “SERVIU”). En el numeral 11 letra d) de las bases en comento, se estableció que el contrato que se origine con ocasión de la licitación deberá celebrarse dentro del plazo de 15 días hábiles contados desde la fecha en que se comunique por intermedio de carta certificada el fin de la tramitación de la resolución que acepta la oferta y dispone su contratación. En concreto, a través de oficio Nº 5374 de 26 de julio de 2017 se notificó a la empresa la total tramitación de la citada Resolución Nº 53, por lo que el contrato debió suscribirse el 27 de agosto de dicho año, formalidad que nunca acaeció; lo que conllevó a que por medio de la Resolución Exenta Nº 31 de 5 de enero de 2018, la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de Valparaíso (en adelante, “SEREMI”) diera inicio a un procedimiento sancionatorio en contra de la empresa, por haber infringido lo dispuesto en los artículos 39 y 45 del Decreto Nº 236 de 2002 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo -que Aprueba Bases Generales Reglamentarias de Contratación de Obras para los Servicios de Vivienda y Urbanización-; así como el artículo 45 letra g) del Decreto Nº 127 de 1977 de la misma Secretaría de Estado, que contiene el Reglamento del Registro Nacional de Contratistas del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

Añade que mediante la Resolución Afecta Nº 4 de 3 de febrero de 2020, tomada razón por la Contraloría Regional de Valparaíso el 26 de igual mes y año, se puso término al mencionado procedimiento y se sancionó a la empresa con la medida de suspensión por 3 años del Registro Nacional de Contratistas del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. En el resuelvo segundo de dicho acto administrativo se indicó: “extiéndase la sanción impuesta a las personas naturales que integran la empresa Inversiones y Construcciones Felipe De Paz S.A., conforme lo dispuesto en el artículo 46 del D.S. Nº 127 (V. y U.), de 1977, Reglamento del Registro Nacional de Contratistas del Ministerio de Vivienda y Urbanismo”.

Ahora bien, precisado el contexto descrito, la recurrente explica que el 28 de agosto de 2020 presentó ante la SEREMI una solicitud de inscripción en el Registro Nacional de Constructores de Viviendas Sociales, Modalidad Privada, regulado en el Decreto N° 63 de 1997 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, la cual fue rechazada por medio de la de la Resolución Exenta Nº 1764 de 16 de septiembre de 2020 por cuanto la autoridad del ramo estimó que el solicitante, al registrar una inscripción en el Registro Nacional de Contratistas del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, como administrador de la empresa Inversiones y Construcciones Felipe De Paz S.A., por mandato inscrito a fojas 1650 Nº 1645 del Registro de Documentos del año 2013 del Conservador de Bienes Raíces de Viña del Mar, se le extiende la sanción de 3 años de suspensión anteriormente aludida.

Luego, el actor afirma que el día 1 de octubre de 2020 dedujo un recurso de reposición en contra de la anotada Resolución Exenta Nº 1764, el que fue desestimado por la medio de la Resolución Exenta Nº 2150 de 13 de noviembre de 2020, por considerar, en síntesis, que el artículo 12 inciso segundo del ya citado Decreto Nº 63 de 1997, dispone expresamente que las sanciones que se apliquen al constructor en el Registro Nacional de Contratistas del Ministerio de Vivienda y Urbanismo se harán extensivas a las inscripciones en el Registro Nacional de Constructores que regula la norma en comento y las aplicará el Secretario Ministerial de Vivienda y Urbanismo de la región en que éste está inscrito.

Al efecto, reclama que la recurrida pretende aplicarle una sanción de suspensión, pese a que no fue parte del procedimiento sancionatorio ni se le formularon cargos para ejercer el derecho a la defensa y, menos aún, se le notificó la resolución que impuso la sanción en comento. Ello, toda vez que la medida le fue aplicada a la Empresa de Inversiones y Construcciones Felipe De Paz S.A. mediante la ya citada Resolución Afecta N° 4, extendiéndosele a su persona, sin un procedimiento previo y en virtud de una norma administrativa y no una ley, como acontece con el aludido Decreto N° 127.

Sobre el particular, el actor afirma que la reseñada medida es ilegal, por los siguientes fundamentos:

a) No se ha respetado el debido procedimiento administrativo (artículo 19 N° 3 de la Constitución y artículo 10 de la Ley N° 19.880), pues no fue parte en el procedimiento sancionador, no se le formularon cargos, no tuvo oportunidad para ejercer su derecho a defensa (descargos, prueba, alegaciones y recursos), ni menos se le notificó de manera personal la resolución que aplicó dicha sanción.

b) No se ha respetado el principio de responsabilidad personal (artículo 19 N° 3 de la Constitución), ya que la sanciones administrativas sólo se pueden aplicar a las personas que han tenido participación directa en los hechos, no siendo posible que se puede atribuir una responsabilidad administrativa por el hecho de terceros, ya sea de forma solidaria o subsidiaria.

Al respecto, afirma que sólo es posible imputar responsabilidad a los directores, representantes o administradores de una sociedad anónima en la medida que: i) se inicie un procedimiento administrativo sancionado en su contra y se les garantice el debido proceso y el derecho a la defensa; ii) que se acredite su participación en los hechos constitutivos de la infracción; y iii) que la responsabilidad quede claramente establecida en un acto administrativo formal, en el cual se indique la persona del sancionado, los hechos infraccionales que se le imputan y el grado de participación que ha tenido.

Además, las sociedades anónimas son sociedades de capital. Por tal razón, no es posible imputar responsabilidad a los accionistas, que sólo tienen una participación en el capital de la sociedad, más no les corresponde la administración de la misma. Por tal razón, el artículo 46 del Decreto N° de 1997, establece que las sanciones contempladas en dicho Reglamento se harán extensivas “a los directores, a los administradores o representantes de sociedades anónimas” y no a los accionistas, como erróneamente se indica en la recurrida Resolución Exenta N° 1764.

Por otra parte, el actor afirma que tampoco se le puede imputar responsabilidad a un director, administrador o representante, si aquellos no han participado en los hechos infraccionales. En su caso, si bien la empresa le otorgó un mandato por escritura pública de 18 de julio 2013, tal poder de representación nunca lo asumió. A su vez, si bien integró el directorio, no estaba ejerciendo dicho cargo y, por tal razón, el 21 de enero de 2020 dejé de formar parte del mismo. Asimismo, destaca, tampoco participó de las decisiones o acuerdos que dieron lugar a la sanción que la SEREMI le aplicó a la empresa. De modo tal que el referido acto sancionatorio le es inoponible.

c) La sanción que se ha impuesto no se encuentra contenida en una norma legal, sino que en un Decreto Supremo. Luego, conforme a la Constitución y la jurisprudencia, las sanciones sólo se pueden establecer en virtud de una norma legal, aplicando los artículos 6, 7 y 19 N° 3 de la Carta Fundamental, por lo que la resolución impugnada carece de motivos de derecho.

d) El Decreto N° 127 de 1977 se encuentra derogado tácitamente en este punto, por la entrada en vigencia de la Constitución Política de la República, pues contiene disposiciones que son contrarias a la Carta fundamental, al establecer una sanción sin norma que le brinde cobertura legal, no respeta el principio de responsabilidad personal y no garantiza un justo y racional procedimiento.

e) No existe norma alguna que establezca la prohibición de inscripción en el Registro Nacional de Constructores de Viviendas Sociales, Modalidad Privada, a personas naturales que mantengan vigente una sanción de suspensión del Registro Nacional de Contratistas MINVU.

En cuanto a las garantías presuntamente vulneradas, afirma que la conducta ilegal y arbitraria de la recurrida implica un tratamiento diverso al dispensado a otras personas que han sido imputadas por similares infracciones, incluyendo a la Empresa de Inversiones y Construcciones Felipe De Paz S.A., respecto de la cual se han respetado todas las garantías del debido procedimiento administrativo. Luego, la decisión cuestionada de extender una sanción administrativa sin respetar las normas del debido proceso y sin norma legal alguna que le otorgue competencias sobre la materia, se traduce en arrogarse las atribuciones jurisdiccionales otorgadas al juez natural. Asimismo, la garantía contemplada en el artículo 19 N° 21 de la Constitución Política de la República se ve en la especie seriamente privada, perturbada y amenazada, porque se intenta obstaculizar la actividad económica que es lícita, como es la de participar en los procesos de licitación para realizar obras públicas con el Estado, el MINVU y los SERVIU. A su vez, el desarrollo de actividades económicas está estrechamente unido con la garantía de la libertad de trabajo que en este caso resulta afectada. Por último, también se infringe el derecho de propiedad, porque en su patrimonio estaba el derecho de poder inscribirse en el Registro de que se trata.

Acompaña documentación a su recurso.

SEGUNDO: Que informa José Luis Varas Muñoz, abogado, por las recurridas quien solicita el rechazo del presente arbitrio, con costas.

En primer término, afirma que este recurso es extemporáneo porque no fue presentado dentro del plazo fatal de 30 días corridos, considerando que la existencia de una supuesta amenaza a las garantías fundamentales se verificó al momento de notificarse al infractor la Resolución Afecta Nº 4 de 3 de febrero de 2020, acto administrativo terminal a través del cual se le aplicó a la empresa -en donde el recurrente al día de hoy es administrador- la sanción de suspensión en el Registro Nacional de Contratistas del Ministerio de Vivienda y Urbanismo por el término de tres años y, además, en el resuelvo segundo del mismo acto administrativo se le hizo extensiva la sanción a las personas naturales que integran aquella sociedad.

En este sentido, conforme consta en el código de seguimiento Nº 999074676017 de la empresa Correos de Chile, la citada Resolución Afecta Nº 4 fue notificada el 7 de febrero de 2020 en el domicilio informado por la empresa (ubicado en domicilio reservado). De este modo, a juicio de la recurrida, el actor tomó conocimiento de la conducta que cuestiona, al menos, diez meses antes de la interposición de esta acción, y no al ser notificado de las Resoluciones Exentas Nºs. 1764 y 2150, ambas de 2020, que rechazaron su solicitud de inscripción en el Registro Nacional de Constructores de Viviendas Sociales, Modalidad Privada, como afirma en su libelo.

Corrobora lo anterior, a juicio de la recurrida, el hecho que el actor, al momento de presentar el 1 de octubre de 2020 el recurso de reposición en contra de la Resolución Exenta Nº 1764 ya citada, reconoce expresamente en su acápite II Nº 7 que “Mediante solicitud de 3 de febrero de 2020, la Empresa Inversiones y Construcciones Felipe De Paz S.A., solicitó a la SEREMI MINVU la modificación del Directorio de la sociedad en el Registro Nacional de Contratistas del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, conforme a lo señalado en la escritura pública aludida precedentemente. Dicha solicitud fue aprobada mediante Oficio Ordinario Nº 901, de 9 de abril del 2020, de la SEREMI MINVU, en la cual se señala que la modificación del Directorio y composición accionaria de la empresa fue ingresada y actualizada en el sistema de Registros Técnico, sin perjuicio de la sanción que allí se indica”.

De tal modo que el recurrente tomó conocimiento de la sanción aplicada al momento de ser notificado de la aludida Resolución Afecta Nº 4 o, en su defecto, al saber de la aprobación de la mencionada solicitud de modificación de directorio, según consta en el Oficio Ordinario Nº 901 de 9 de abril de 2020.

En segundo término, la recurrida afirma que el asunto aquí planteado es ajeno a la naturaleza cautelar del recurso de protección, porque lo pretendido por el actor estriba en definir si el Decreto Nº 127 de 1977 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que contiene el Reglamento del Registro Nacional de Contratistas del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, es inconstitucional o no, habida cuenta que a su juicio se encontraría tácitamente derogado, asunto que según la recurrida es propio de la acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, cuyo conocimiento y resolución le compete al Excmo. Tribunal Constitucional, de conformidad con el artículo 93 Nº 6 de la Constitución Política de la República.

En tercer lugar, la recurrida afirma que corresponde al actor demostrar que los actos administrativos son contrarios a derecho, como quiera que la citada Resolución Afecta N° 4, que aplicó la cuestionada sanción, fue tomada razón por la Contraloría Regional de Valparaíso. En este punto recuerda, que el artículo 3º inciso final de la Ley N° 19.880 señala que “Los actos administrativos gozan de una presunción de legalidad, de imperio y exigibilidad frente a sus destinatarios, desde su entrada en vigencia, autorizando su ejecución de oficio por la autoridad administrativa, salvo que mediare una orden de suspensión dispuesta por la autoridad administrativa dentro del procedimiento impugnatorio o por el juez, conociendo por la vía jurisdiccional”.

Cita al efecto la sentencia pronunciada por la Iltma. Corte de Apelaciones de Concepción en causa Rol Nº 3941-2009, confirmada por la Excma. Corte Suprema en su fallo Rol Nº 2217-2009, que dispuso: “la Administración no necesita probar la legitimidad de sus actos. Se trata de una presunción juris tantum, con arreglo a la cual los actos administrativos han de tenerse por ajustados a Derecho, hasta tanto su invalidez no haya sido declarada formalmente por otro acto posterior o por una sentencia judicial. Corresponderá a quien alegue que el acto no se conforma a derecho, demostrarlo”.

En cuarto término, la recurrida sostiene en su informe que en la especie no se advierte ninguna ilegalidad o arbitrariedad, desde que los actos por los cuales se reclama fueron dictados por autoridad competente en el ejercicio de sus atribuciones legales, sin que se presenten vicios del acto administrativo que autorizarían su anulación. En efecto, afirma que tales resoluciones fueron precedidas de la aplicación de una sanción derivada de un procedimiento administrativo tramitado según las normas y principios establecidos en las leyes vigente sobre la materia, en donde el particular pudo ejercer en todo momento el derecho a defensa jurídica en la forma que la ley señala (descargos, prueba, alegaciones y recursos), cumpliendo con el debido procedimiento administrativo establecido los artículos 10 de la Ley N° 19.880 y 19 Nº 3 de la Constitución Política de la República.

En quinto lugar, en cuanto a la eventual alegación del actor, consistente en que la sanción aplicada por la Resolución Afecta N° 4 le sería inoponible, toda vez que aunque formó parte del directorio de la empresa, en los hechos “no estaba ejerciendo dicho cargo”, dejando de formar parte de la misma el 21 de enero de 2020; sostiene que dicho reclamo es errado desde una doble perspectiva. Por una parte, si bien es efectivo el 21 de enero citado -dos semanas antes de ser notificado de la Resolución Afecta Nº 4-, el recurrente dejó de ser accionista y director de la empresa ya individualizada, por la venta de la totalidad de sus acciones, lo cierto es que aquel sigue siendo administrador de la misma, según consta en el mandato inscrito a fojas 1650 Nº 1645 del Registro de Documentos del año 2013 del Conservador de Bienes Raíces de Viña Del Mar, el cual hasta el día de hoy no ha sido revocado. En este punto, destaca, el propio artículo 46 inciso primero del Decreto Nº 127 de 1977, dispone expresamente que las sanciones contempladas en el presente Reglamento que afecten a personas jurídicas (Inversiones y Construcciones Felipe de Paz S.A.), se harán extensivas a los directores, administradores o representantes de sociedades anónimas (nombre reservado).

Por otro lado, la sanción se aplicó al recurrente en su calidad de administrador de la empresa al momento en que ocurrieron los hechos que motivaron el inicio del procedimiento administrativo. En este sentido la División Técnica de Estudio y Fomento Habitacional del Ministerio de Vivienda y Urbanismo ha señalado por medio del Oficio Nº 388 de 26 de marzo de 2020, previa consulta de la SEREMI, que “los socios accionistas o directores que se encontraban vigentes al momento en que ocurrió el hecho sancionado, se encuentran afectos a la misma sanción”.

Finalmente, la recurrida sostiene que en el caso de autos no se ha conculcado ninguna de las garantías esgrimidas por el actor.

Acompaña documentación a su informe.

TERCERO: Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

I.- En cuanto a la extemporaneidad:

CUARTO: Es extemporáneo atendido a lo dispuesto en el numeral 1° del Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales exige accionar en un “plazo fatal de 30 días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos, lo que se hará constar en autos”.

Al respecto, cabe tener presente que si bien el recurso de protección presentado está dirigido en contra de las resoluciones exentas N° 1764 de 16 de septiembre de 2020 y 2150 de 13 de noviembre de 2020, lo cierto es que de sus términos se advierte que lo que se impugna es la resolución afecta N°4, tomada razón por la Contraloría Regional de Valparaíso con fecha 26 de febrero de 2020, que aplica a la empresa la sanción de suspensión por el término de tres años del Registro Nacional de Contratistas y que en lo pertinente señala ”extiéndase la sanción impuesta a las personas naturales que integran la empresa Inversiones y Construcciones Felipe de Paz S.A.., conforme lo dispuesto en el art.46 del D.S. N° 127 (V.y U), de 1977, Reglamento del Registro Nacional de Contratistas del Ministerio de Vivienda y Urbanismo”.

En lo concreto, y de acuerdo a lo expuesto por la parte recurrente, la existencia de una supuesta amenaza a las garantías fundamentales se verificó al momento de notificarse al infractor la Resolución Afecta Nº 4, de fecha 3 de febrero de 2020, acto administrativo terminal a través del cual se le aplicó a la Empresa -en donde el señor nombre reservado hasta el día de hoy es administrador- la sanción de suspensión en el Registro Nacional de Contratistas del Ministerio de Vivienda y Urbanismo por el término de tres años y, además, en el resuelvo segundo del mismo acto administrativo se le hizo extensiva la sanción a las personas naturales que la integran, conforme lo dispuesto en el artículo 46 del D.S. Nº 127 (V. y U.), de 1977, Reglamento del Registro Nacional de Contratistas del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

La notificación anterior se practicó según consta en el código de seguimiento Nº 999074676017, de la empresa Correos de Chile; la Resolución Afecta Nº 4 fue notificada con fecha 7 de febrero de 2020.

A mayor abundamiento, corrobora lo anterior el hecho que el señor nombre reservado, con fecha 1 de octubre del 2020, al momento de presentar el recurso de reposición en contra de la Resolución Exenta Nº 1764 de 2020 - que negó la inscripción en el Registro - reconoce expresamente en el acápite II Nº 7 que “Mediante solicitud de 3 de febrero de 2020, la Empresa Inversiones y Construcciones Felipe de Paz S.A., solicitó a la SEREMI MINVU la modificación del Directorio de la sociedad en el Registro Nacional de Contratistas del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, conforme a lo señalado en la escritura pública aludida precedentemente. Dicha solicitud fue aprobada mediante Oficio Ordinario Nº 901, de 9 de abril del 2020, de la SEREMI MINVU, en la cual se señala que la modificación del Directorio y composición accionaria de la empresa fue ingresada y actualizada en el sistema de Registros Técnico, sin perjuicio de la sanción que allí se indica”.

Por lo anterior, el recurrente tomó conocimiento de la sanción aplicada al momento de ser notificado de la aludida Resolución Afecta Nº 4 o, en su defecto, al saber de la aprobación de la mencionada solicitud de modificación de directorio, según consta en el Oficio Ordinario Nº 901 de 9 de abril de 2020, esto es, con una antelación que con creces excede el plazo de treinta días estatuido en el Auto Acordado.

Es innegable el derecho que le asiste de solicitar reposición de la resolución exenta N° 1764 de 16 de septiembre de 2020, como también lo es la facultad que el órgano competente tiene de revisar y, en su caso, modificar el criterio que haya sostenido en resolución exenta número 1764, pero ello no es fundamento para que el cómputo del plazo del recurso de protección, en los términos establecidos en el Auto Acordado sobre la materia, se realice desde la fecha en que se obtuvo el pronunciamiento de la solicitada reposición, esto es, con una antelación que con creces excede el plazo de treinta días establecido en el Auto Acordado.

Es así como se ha sostenido invariablemente por esta Corte que el plazo de 30 días para la interposición de la presente acción cautelar debe contabilizarse desde la fecha en que quien recurre tomó conocimiento efectivo del acto que estima arbitrario e ilegal. En el caso que nos convoca, a lo menos, el día 01 de octubre de 2020, cuando presenta su reposición.

Que esperar la resolución de la reposición presentada conlleva tornar en incierto el plazo de interposición del recurso de protección, lo que atenta en contra del principio de certeza jurídica y además vulneraría el derecho a la igualdad para recurrir respecto de otras acciones u omisiones, que por su ilegalidad o arbitrariedad, infringen las garantías constitucionales a que se refiere el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

II.- En cuanto al fondo de la acción deducida:

QUINTO: Que, sin perjuicio de lo anterior, el recurso de protección interpuesto no puede prosperar y debe ser desestimado puesto que, conforme a lo establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, el mismo no constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deban tomar ante un acto u omisión arbitraria o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

SEXTO: Que atendida la especial naturaleza del recurso de protección, para que pueda prosperar es indispensable que quien lo intente acredite la existencia de un derecho actual que le favorezca, que esté claramente establecido y determinado y que corresponda a uno de aquellos a que se refiere el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

SÉPTIMO: Que igualmente es sabido que para que el recurso de protección sea acogido, es necesario que los hechos en que se hace consistir la arbitrariedad o ilegalidad, estén comprobados y que con estos hechos se haya sufrido perturbación, privación o amenaza en el ejercicio legítimo de las garantías y derechos que la Constitución asegura y que son los enumerados taxativamente en el artículo 20 de este cuerpo legal.

OCTAVO: Que, conforme con los antecedentes:

El recurrente, quien a la fecha de ocurrencia de los hechos era socio accionista y administrador, esta última condición la mantiene según da cuenta informe adjunto (ficha de contratista completa, folio 8 de fecha 28 de diciembre de 2020) hasta la fecha en que se evacua el referido por la recurrida. Al respecto, cabe tener presente que el D.S. N°127 (V. y U.) de 1977, en su artículo 21, letra b) numeral II, establece que: en el caso de tratarse de una persona jurídica, también el contratista debe registrar a los socios y al personal directivo superior, lo que consta en la ficha de contratista ya referida (sujeto registrado con nombre y apellido).Es responsabilidad de la Empresa mantener actualizado el domicilio, ya que es el único canal de comunicación legalmente válido que existe entre ésta y la SEREMI, por lo que todas las resoluciones y actos administrativos que se dicten mientras esté vigente la inscripción son notificados por carta certificada a esa dirección. En este caso, el domicilio informado por la Empresa es el ubicado en domicilio reservado, lugar en donde se le notificaron todos los actos administrativos que se dictaron en el contexto del procedimiento administrativo sancionador, incluyendo la Resolución Afecta Nº 4, según consta en la ficha de inscripción que se acompañada al evacuar el informe solicitado a las recurridas.

La Resolución Afecta Nº 4, de fecha 3 de febrero de 2020, en el resuelvo segundo del mismo acto administrativo se le hizo extensiva la sanción a las personas naturales que la integran, conforme lo dispuesto en el artículo 46 del D.S. Nº 127 (V. y U.), de 1977, Reglamento del Registro Nacional de Contratistas del Ministerio de Vivienda y Urbanismo que señala. “Artículo 46. - (81) Las sanciones contempladas en el presente Reglamento que afecten a personas jurídicas, se harán extensivas a los socios de sociedades colectivas o de responsabilidad limitada, a los directores, a los administradores o representantes de sociedades anónimas, a los socios gestores de sociedades en comandita simple, a los gerentes de sociedades en comandita por acciones, a los agentes o representantes de empresas extranjeras y a los directores, administradores o representantes de otro tipo de sociedades o personas jurídicas, y se harán extensivas asimismo a otras personas jurídicas que las integren “, sin perjuicio del conocimiento adquirido al saber de la aprobación de la mencionada solicitud de modificación de directorio, según consta en el Oficio Ordinario Nº 901 de 9 de abril de 2020.

NOVENO: En relación a la inconstitucionalidad alegada se debe considerar que el recurso de protección es un procedimiento rápido y eficaz a través del cual no corresponde sustituir las funciones que el Capítulo VIII de la Constitución Política de la Republica le otorga al Excmo. Tribunal Constitucional. Así, el artículo 93 Nº 6 de la Carta Fundamental dispone expresamente que es facultad del Tribunal Constitucional “Resolver, por la mayoría de sus miembros en ejercicio, la inaplicabilidad de un precepto legal cuya aplicación en cualquier gestión que se siga ante un tribunal ordinario o especial, resulte contraria a la Constitución”.

La jurisprudencia nacional ha señalado que el recurso de protección no es la vía idónea para revisar la constitucionalidad de preceptos legales. Así, la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, en causa Rol Nº 4576-2007, confirmada posteriormente por la Excma. Corte Suprema, señala que “(…) no es el recurso de protección la vía por la cual se puede declarar la inconstitucionalidad de preceptos legales, lo que por lo demás constituye una atribución exclusiva y excluyente del Tribunal Constitucional (…)

Que ambas recurridas han actuado dentro de las facultades que les ha otorgado la ley por lo que no existe ilegalidad en su actuar así como tampoco arbitrariedad toda vez que ha existido la tramitación de un procedimiento administrativo, han actuado en todo momento con estricto apego al principio de legalidad que rige a los órganos de la Administración del Estado, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6º y 7º de la Constitución Política de la República y artículo 2º de la Ley Nº 18.575, de Bases Generales de la Administración del Estado.

A la SEREMI no corresponde determinar la derogación por inconstitucionalidad sobreviniente, respecto de las normas que rigen el actuar de esta cartera ministerial, principalmente considerando para estos efectos como ya se mencionó, que los órganos administrativos deben actuar dentro de la esfera de sus competencias y de acuerdo al principio de legalidad, según lo dispuesto en los artículos 6º y 7º de la Carta.

DÉCIMO: En lo que concierne a la solicitud de inscripción en el Registro Nacional de Constructores de Viviendas Sociales, Modalidad Privada, el recurrente, nombre reservado, a la fecha de ocurrencia era socio accionista y administrador de la sociedad, lo cual consta en informe adjunto (ficha de contratista completa folio número 8 de fecha 28 de diciembre de 2020) y fue rechazada con ocasión de lo dispuesto en el artículo 12 inciso segundo del D.S. Nº 63 (V. y U.), de 1997, según el cual, “las sanciones que se apliquen al constructor en el Registro Nacional de Contratistas del Ministerio de Vivienda y Urbanismo se harán extensivas a las inscripciones en el Registro que regula el presente reglamento y las aplicará el Secretario Ministerial de Vivienda y Urbanismo de la región en que éste está inscrito”.

El mismo señala en el inciso segundo del referido artículo “Las sanciones que se apliquen al constructor en el Registro Nacional de Contratistas del Ministerio de Vivienda y Urbanismo se harán extensivas a las inscripciones en el Registro que regula el presente reglamento y las aplicará el Secretario Ministerial de Vivienda y Urbanismo de la región en que éste está inscrito.”

Al efecto, los actos recurridos se encuentran suficientemente fundamentados y motivados, tanto en los hechos como en el derecho, de modo que fueron dictados cumpliendo con la legalidad vigente, y en ningún caso pueden ser considerados como arbitrarios, como erróneamente sostiene el recurrente.

Que, dada la naturaleza y fines extraordinarios del recurso de protección hacen que el mismo no pueda emplearse como sustituto de una controversia en que debe decidirse acerca de la procedencia de derechos que fueron discutidos y resueltos oportunamente a través de los procedimientos respectivos tal como se observa en el caso actual, en que lo pretendido es invalidar la sanción aplicada.

Por estas consideraciones y conforme con lo preceptuado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por nombre reservado, en contra de nombre reservado, Secretaria Regional Ministerial del Ministerio de Vivienda y Urbanismo de Valparaíso y de nombre reservado, Secretaria Regional Ministerial (S) de la misma Secretaría de Estado.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción de la Ministro (S) Sra. Alvial.

No firma la Ministra Sra. Alvial, por haber cesado en el ejercicio de sus funciones, no obstante, haber concurrido a la vista y acuerdo del fallo.

N°Protección-40374-2020.

En Valparaíso, veinticinco de enero de dos mil veintiuno, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.