SOCIEDAD ARAYA PREVENCIÓN Y SEGURIDAD S.A. "ARPREN S.A." CONTRA INSPECCIÓN PROVINCIAL DEL TRABAJO PETORCA (LA LIGUA)

Foja: 168 Ciento Sesenta y Ocho Vim.

C.A. de Valparaíso Certifico: Que se anunciaron para alegar los abogados Sr. Sebastián Gómez Toro, 15 minutos por el recurso y Sr. nombre reservado, 10 minutos contra el recurso, quienes ejercieron su derecho en estrados, después de escuchar relación pública. Valparaíso, diecisiete de diciembre de dos mil quince.

Rol N° 4032-2015.

nombre reservado

Relator Suplente Valparaíso, diecisiete de diciembre de dos mil quince.

Vistos:

Que a fs. 40 comparece don nombre reservado, Abogado, con domicilio en domicilio reservado, en representación convencional, de "Sociedad Araya Prevención y Seguridad S.A.", denominada en adelante indistintamente "Arpren S.A.", persona jurídica del giro prestación de Servicios de Seguridad y Otros, con domicilio en domicilio reservado, quien deduce acción de protección en contra Inspección Provincial del Trabajo de Petorca (La Ligua), representada por su Inspector Provincial Jefe, don nombre reservado, ambos con domicilio en domicilio reservado, a fin de que se ampare a su mandante en sus derechos constitucionales garantidos en los números 3 y número 24 en relación al 26, todos del artículo 19 de la Constitución Política del Estado.

Funda su recurso en la visita inspectiva realizada el día 11 de Septiembre del presente, en la cual se habrían constatado hechos susceptibles de ser multados, siendo citada la recurrente para presentar la documentación que acreditara la inexistencia o corrección de las infracciones. Expone que el mismo día su defendida presentó toda la documentación de rigor, siendo eliminados 9 de los 11 hechos que habrían constituido infracciones. No obstante la Inspección del Trabajo mantuvo su criterio en el sentido de infraccionar a la inspeccionada por "Pagar sueldo base inferior al mínimo mensual". Alega que dicha cuestión ha sido zanjada por el propio superior jerárquico de la recurrida y que ello implica una vulneración a la garantía del Juez natural contemplado en el artículo 19 N° 3 de la Carta Fundamental, pues la institución recurrida, al cursar la multa está efectuando una interpretación de los contratos de los trabajadores. Cita el artículo 420 del Código del Trabajo, en virtud del cual se otorga competencia sobre esta materia a los Juzgados del Trabajo, el artículo 5° del Código Orgánico de Tribunales y el artículo 76 de la Constitución Política de la República, e invoca jurisprudencia que ha resuelto el conocimiento de dichos asuntos es de competencia exclusiva de los órganos jurisdiccionales.

Considera que el actuar de la recurrida constituye una amenaza y una privación a su derecho de propiedad contemplado en el artículo 24 de la Constitución Política de la República al imponer multas administrativas de elevada cuantía y al ordenar cancelar a cada trabajador diferencias de remuneraciones inexistentes o improcedentes.

Estima que la recurrida ha actuado de forma ilegal y arbitraria, al haberse constituido en una comisión especial, al atribuirse la facultad de interpretar los contratos de trabajo, haciéndolo incluso contra los instructivos y directrices impartidas por su superior jerárquico, lo que evidencia la arbitrariedad de su actuar y de lo cual daría cuenta el oficio Ordinario N°3152/063 del 25 de julio de 2007.

Pide por tanto, tener por interpuesta acción de protección en contra de la Inspección del Trabajo de Petorca, representada por Inspector Provincial don nombre reservado, y, acogiéndolo, restablecer el imperio del derecho, ordenando cesar de manera definitiva la conducta de la recurrida, según se ha explicado en el cuerpo de este recurso dejando sin efecto el proceso de sanción impuesto o la sanción que se imponga y/o, adoptando cualquier otra medida que esta Corte estime procedente para asegurar la debida protección de los derechos constitucionales de su mandante.

A fojas 71, evacua el informe la recurrida y expresa que la acción intentada es improcedente, ya que las resoluciones de la Dirección del Trabajo que apliquen multas administrativas pueden impugnarse a través de dos procedimientos: en concreto, a través del procedimiento de reclamación de multas en sede judicial y en sede administrativa, ambos contemplados en el Código del Trabajo, en los artículos 503 y siguientes. Alega la recurrida que la expresión “será” utilizada en el artículo 503 del referido cuerpo legal, indica cuál es el camino procesal que se debe seguir para recurrir a la autoridad judicial ordinaria e impugnar la resolución administrativa. Estima que a idéntica conclusión es posible arribar atendiendo a que la materia que fue objeto de sanción, es justamente, propia de un juicio de lato conocimiento como es el de reclamación judicial de multa administrativa, cuya competencia se encuentra radicada en los Tribunales del Trabajo competentes. Agrega que el propio ordenamiento jurídico le franquea al afectado opción de reclamar administrativamente ante el superior jerárquico de la Inspección del Trabajo que aplicó la sanción, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 511 del Código del ramo y que incluso del resultado de ella, puede reclamar judicialmente.

Manifiesta que si no se utiliza ese procedimiento, no puede emplearse el recurso de protección, puesto que esta acción no constituye un sustituto jurisdiccional de cualquier acción o recurso cuando las leyes contemplan instancias y recursos específicos y determinados. Concluye el recurrido que la materia del presente recurso de protección es propia de un juicio de lato conocimiento, lo que acarrea su inadmisibilidad, motivo por el cual pide el rechazo del mismo.

Agrega que al realizar la visita inspectiva, constatar la infracción y cursar la multa, se ha cumplido estrictamente con los procedimientos establecidos por la propia Dirección del Trabajo y, además, se ha ceñido irrestrictamente a la legalidad vigente. Alega la inexistencia de arbitrariedad y el apego al principio de legalidad conforme al cual la recurrida actuó y expresa que la Dirección del Trabajo debe velar por el cumplimiento de la ley laboral. En el caso de autos, la Inspección ha obrado ejerciendo facultades expresamente previstas en la ley. Considera que la fiscalizadora en su calidad de ministro de fe, mediante la revisión de los comprobante de remuneraciones que los trabajadores individualizados en la resolución de multa N° 1749/15/17, constató que efectivamente eran remunerados con un sueldo inferior al ingreso mínimo mensual establecido en julio de 2015, por un valor de $241.000.- pesos.

Respecto a la vulneración a la garantía del artículo 19 N°3 de la Constitución Política de la Répública, explica que la actuación del Servicio debe entenderse acotada a sus facultades fiscalizadoras, sin perjuicio de la eventual impugnación de las mismas ante los Juzgados de Letras del Trabajo. Pide tener presente que una fiscalización, la constatación de un hecho infracción y la eventual aplicación de una resolución de la multa, no tienen una naturaleza jurisdiccional (de lo contrario la ley hubiera entregado directamente dichas facultades a los tribunales de justicia), por lo que, ni se ha estado en presencia de una comisión especial, ni se ha ejercido jurisdicción, por consiguiente la garantía del artículo 19 N° 3 inciso cuarto de la Constitución, en el caso que nos ocupa, no se ha visto siquiera amenazada por el acto que motiva este recurso.

Respecto a la garantía contemplada en el artículo 19 N°24 de la Carta Fundamental, considera que resulta errado buscar su protección a través de este recurso, toda vez que la dictación de una eventual resolución de multa deviene del ejercicio de facultades estrictamente legales, no generándose un perjuicio económico directo e inmediato en el ejercicio de dichas facultades. Señala que la recurrente en su libelo no indica de forma concreta y precisa cómo se vio o puede verse afectada dicha garantía, por lo que a su parte le resulta imposible asumir que por el mero hecho de realizarse una fiscalización y constatarse un hecho infraccional se haya afectado la garantía constitucional en comento, más aún cuando en su libelo la recurrente ni siquiera menciona directamente la aplicación de la multa administrativa N° 1749/15/17 como fundamento para explicar una eventual vulneración del derecho a propiedad.

Pide por tanto tener por informado el recurso de protección y rechazarlo en todas sus partes, por improcedente, con costas.

A fojas 79 se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que la actora reclama por la vía de protección en contra de la constatación de hechos que derivan en la impugnación de una multa aplicada por la Dirección del Trabajo, que tuvo por motivo el pagar una cantidad como remuneración inferior al mínimo legal, lo que importaría interpretar contratos y afectar el derecho de propiedad y el debido proceso que corresponden el recurrente.

Segundo: Que corresponde a la Dirección del Trabajo fiscalizar el cumplimiento de la legislación laboral de manera que no se aprecia ilegalidad o arbitrariedad en su actuar, sin perjuicio de que las garantías constitucionales del recurrente no pueden verse afectadas por un acto no sólo legítimo, del ente administrativo, sino además reclamable mediante procedimientos especialmente establecidos al efecto por el legislador, de suerte que la presente acción no viene sino a sustituir aquellos procedimientos de manera inadecuada, pues esta instancia de urgencia no tiene por objeto revisar el mérito de resoluciones legítimamente adoptadas por un ente fiscalizador, que de manera alguna se constituye en comisión especial por cumplir su misión, aún si se equivoca en su parecer de fondo. La fiscalización que compete a la Dirección del Trabajo no podría realizarse si se restringe en la forma que pretende el actor. En suma, la jurisdicción obra soberanamente, sin ser invadida por la Dirección del Trabajo, desde que le corresponde, precisamente, conocer de las acciones que se entablen para impugnar el mérito de la decisión fiscalizadora.

Tercero: Que, en consecuencia, el recurso intentado no podrá prosperar.

Y visto lo dispuesto en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo de los recursos de protección se rechaza el intentado por don nombre reservado, en representación convencional, de "Sociedad Araya Prevención y Seguridad S.A.", y en contra de la Inspección Provincial del Trabajo de Petorca.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N° Protección-4032-2015.

Pronunciada por la Quinta Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Valparaíso, integrada por los Ministros Señor Raúl Mera Muñoz, Señora. Rosa Aguirre Carvajal y Señora nombre reservado.

Incluida la presente resolución en el Estado Diario del día de hoy.