nombre reservado con CONSEJO SUPERIOR DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALPARAISO

C.A. de Valparaíso djc Valparaíso, dieciocho de mayo de dos mil veinte.

VISTO:

A folio 1, comparece Andrés Said Hassen Rosales, abogado, en representación de nombre reservado (nacionalidad chilena) o nombre reservado, nombre reservado (nacionalidad noruega), e interpone acción e protección en contra del Consejo Superior de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, representada por el rector don nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, en atención a que el referido Consejo ha cometido una acción ilegal y arbitraria, consistente en la expulsión de su representado del Doctorado en Acuicultura que imparte dicha casa de estudios.

Indica que con fecha 5 de noviembre de 2019, su representado recibió un correo electrónico enviado por el Secretario General de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, en el cual le notificaba la resolución del Consejo Superior de la Universidad, contenida en el Acuerdo N°58/2019, adjuntando además el Informe de la Comisión de Asuntos Normativos de la referida Universidad, que contiene los fundamentos de la resolución del Consejo. El señalado Acuerdo, de fecha 8 de octubre de 2019, del Consejo Superior de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, rechazó el recurso de apelación interpuesto por nombre reservado, a la sanción que se le impuso en Investigación Sumaria N°9/17 seguida ante el nombre reservado Secretario General de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, manteniendo a firme la resolución de expulsión de su representado del Programa de Doctorado en Acuicultura.

Refiere que el recurrente, ingresó el año 2011 a cursar el Programa de Doctorado en Acuicultura que imparte conjuntamente la Universidad de Chile, la Universidad Católica del Norte y la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, habiendo sido seleccionado por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Por razones personales, debió congelar al término del primer semestre de 2011 y retomar sus estudios en 2014, efectuando un reingreso, y en el cual fue becado por la PUCV, para finalizar todos los ramos del doctorado el 2015. Desde marzo de 2016, y dado que aprobó los exámenes correspondientes, su patrocinado tenía la calidad de “doctorando”, en preparación de su tesis de Doctorado, hasta la fecha de su expulsión. Indica que es del caso que el primer semestre de 2014, le correspondió cursar asignaturas en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso; y debido a la baja calidad de algunos profesores del doctorado y la escasa oferta de ramos electivos ofrecidos, unido a una actitud poco colaborativa para con los alumnos de algunos profesores, su representado presentó una serie de reclamos ante las autoridades de Doctorado pertenecientes a la PUCV.

Indica que luego de aprobar el examen de calificación en el mes de Julio de 2016, su patrocinado se abocó a desarrollar su trabajo de Tesis. En un principio, dada la especificidad de su tema y habiendo sido autorizado por la PUCV, tenía el acuerdo de tener como director de tesis el reconocido investigador noruego Atle Guttormsen, pero luego fue negada esa posibilidad y, para efectos formales, tuvo que aceptar trabajar con el director de Tesis nombre reservado y co director nombre reservado, ambos chilenos. En el mes de Abril de 2015, la PUCV señaló que nombre reservado no podía seguir trabajando con el experto noruego; y que debía trabajar y reportar avances exclusivamente con los profesores de tesis chilenos. El problema que surgió fue que el director de Tesis de su representado nombre reservado, derechamente no manejaba el tema que estaba investigando, por lo que se hizo muy difícil avanzar en la investigación exclusivamente con el codirector nombre reservado. En definitiva, los directores de Tesis nombre reservado y nombre reservado adujeron problemas personales, y presentaron su renuncia para dirigir su tesis, con fecha 11 de abril de 2017. Así, sin profesores guías chilenos, e imposibilitado de trabajar con el experto noruego, su representado solicitó la designación de otro profesor guía, para seguir con su tesis, ante lo cual la PUCV nombró al profesor nombre reservado. Lamentablemente, éste tampoco manejaba el tema, por lo que se hizo muy difícil avanzar y además tenía problemas con su representado debido a las críticas al nivel del doctorado de la PUCV. Simultáneamente, y debido a que nombre reservado al parecer estaba ocasionando muchos problemas en el doctorado, el Director del Programa nombre reservado, mediante Memo 33/2017 de 22 de junio de 2017, solicitó una investigación sumaria en contra de su patrocinado por supuestas descalificaciones que habría proferido en su contra; y luego, por Memo 38/2017 de 2 de agosto de 2017, solicitó otra investigación sumaria en contra de nombre reservado por supuestas descalificaciones nuevamente en su contra y además en contra del anterior director de programa nombre reservado. Los anteriores Memos dieron origen a la investigación sumaria ordenada por Resolución N°9/2017, de fecha 14 de agosto de 2017, del nombre reservado Secretario General de la PUCV. En este contexto, recién el 19 de diciembre de 2018, la Fiscal Tamara Arancibia Madriaga, formuló los siguientes cargos: 1- Realizar actos que comprometen el prestigio de la Universidad y de sus miembros 2- Desobedecer las disposiciones emanadas de las autoridades de la universidad 3- Realizar conductas que atentan contra el respeto mutuo 4- Menoscabar la dignidad de los miembros de la comunidad universitaria.

Expresa que dichos cargos son sumamente vagos, que atentan contra los principios básicos de todo proceso disciplinario, y que nada tienen que ver con los supuestos hechos concretos que se debía investigar. Para presentar descargos, la PUCV designó como asesor de su representado a la abogada Andrea Pinto Bustos y, luego que su representado formulara sus descargos, con fecha 6 de mayo de 2019, el nombre reservado Secretario General de PUCV resolvió aplicar la medida disciplinaria de expulsión de la universidad, por: 1- Haber menoscabado la dignidad de los miembros de la comunidad universitaria 2- Haber realizado conductas que atentan contra el respeto mutuo 3- Haber desobedecido las disposiciones emanadas de las autoridades de la universidad 4-Haber realizado actos que comprometen el prestigio de la Universidad y de sus miembros. Con fecha 10 de julio de 2019, presentó recurso de apelación a la sanción que se la había impuesto y, con fecha 8 de octubre de 2019, mediante el Acuerdo N°58/2019, adoptado en Sesión Ordinaria N°13/2019, el Consejo Superior de la PUCV rechazó la apelación interpuesta, manteniendo a firme su expulsión del programa de Doctorado en Acuicultura.

Señala que el Acuerdo N°59/2019, es un acto ilegal y arbitrario toda vez que al rechazar la apelación, valida y ratifica una serie de actos arbitrarios, ilegales e injustos, a saber: 1- El Doctorado en Acuicultura que imparte conjuntamente la Universidad de Chile, La Universidad Católica del Norte y la PUCV, encuentra su normativa especial en el Reglamento del Doctorado en Acuicultura. El artículo 22 del Reglamento, señala como causas taxativas de eliminación del Programa de Doctorado: reprobar asignaturas, reprobar el examen de calificación o reprobar el examen de defensa de tesis. Es del caso que su representado no ha incurrido en ninguna de las causas de eliminación, por lo que no procede que sea eliminado mediante la aplicación de una medida disciplinaria en virtud del Reglamento de Disciplina de los Alumnos de la PUCV.

Añade que las medidas disciplinarias establecidas en el señalado Reglamento de Disciplina deben ser aplicadas en armonía con la normativa especial del Programa de Doctorado. Por su parte el Reglamento de Disciplina de los Alumnos de la PUCV, en sus artículos 6 y 7, establece las hipótesis de faltas menos graves y graves, respectivamente. En este sentido los actos enumerados del 2 al 4, en la sentencia de la Investigación Sumaria, constituyen faltas menos graves; y la enumerada en el número 1 una falta grave. En este orden de ideas, el artículo 8 del Reglamento establece que las faltas menos graves contenidas en la resolución del nombre reservado Secretario de la PUCV antes referidas, sólo pueden cometerse dentro del recinto universitario; es decir se refiere actos presenciales y, ninguna de las faltas menos graves que vagamente se imputan a su representado, fueron cometidas dentro del recinto universitario. La Investigación Sumaria sólo hace referencia a correos electrónicos enviados por su patrocinado, los que ciertamente fueron remitidos desde su computador en su residencia, y no revisten el carácter de actos presenciales dentro del recinto universitario.

Seguidamente señala que según el inciso segundo del artículo 13 del Reglamento de Disciplina, en caso que concurran atenuantes, como ocurre con la irreprochable conducta anterior de su representado, la autoridad deberá aplicar cualquiera de las sanciones de su artículo 11, el que establece las sanciones de amonestaciones, matrícula y suspensión temporal, para las faltas menos graves. Por tanto, existiendo una supuesta falta grave, y una atenuante reconocida, se debió haber aplicado el señalado artículo 11, y no el artículo 12, que contempla las sanciones para las faltas graves, entre ellas la más grave que es la expulsión, como ocurrió en autos.

Señala que el artículo 23 del Reglamento de Disciplina, en su letra b) establece como causal que impide seguir desempeñando el cargo de fiscal tener enemistad manifiesta con el investigado. Como se podrá apreciar en el Informe de la Comisión de Asuntos Normativos, se destacan pasajes del sumario para fundamentar la decisión de expulsión, que contiene opiniones del Fiscal que evidentemente reflejan una animadversión con su representado equiparable a la señalada causal. Luego indica que el artículo 25 del Reglamento de Disciplina señala que el plazo para la investigación sumaria no podrá ser inferior a 10 días ni superior a 20; y que en todo caso, las prórrogas de la investigación en su conjunto no podrán superar los 90 días. Pero, la investigación sumaria de su representado duró más de 2 años.

Refiere luego, que el artículo 34 del Código de Disciplina, en su inciso segundo señala que si vencido el plazo no se han formulado cargos, la investigación se tendrá por cerrada y se pondrá fin al procedimiento. La investigación que se realizó en contra de su representado no dio cumplimiento a lo anterior; no se formularon cargos transcurridos los 90 días y no se puso fin al procedimiento.

Finalmente, en cuanto a las garantías conculcadas, señala el numeral 24 del artículo 19 de la Constitución, indicando que la expulsión de su representado, priva y perturba el derecho de propiedad que éste tiene sobre los derechos y beneficios que conlleva la calidad de alumno matriculado por la PUCV en el referido Doctorado, toda vez que no se han respetado los Reglamentos antes referidos. Y el numeral 1 del artículo 19 de la Constitución, toda vez que su representado se encuentra atravesando por una severa depresión producto de su expulsión.

Por tanto, en mérito de lo expuesto, solicita se ordene a la recurrida dejar sin efecto el Acuerdo N°58/2019, de fecha 8 de octubre de 2019; reintegrar a nombre reservado al Programa de Doctorado en Acuicultura que imparte la Universidad De Chile, la Universidad Católica del Norte y la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso; y, restablecer la calidad de doctorando de nombre reservado, con costas.

A folio 10, evacua informe el Consejo Superior de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, solicitando su rechazo, con costas.

Indica que el recurrente tuvo la calidad de alumno regular del Programa de Doctorado de Acuicultura, impartido en conjunto por la Universidad de Chile, Universidad Católica del Norte y la Pontifica Universidad Católica de Valparaíso. En concreto, el estudiante quedó matriculado en la PUCV. Con fecha 14 de agosto de 2017, el señor nombre reservado dispuso la instrucción de un sumario para determinar la efectividad de determinados hechos que se pusieron en su conocimiento y que relata el entonces Director del Programa de Doctorado de Acuicultura, señor nombre reservado, y que consistirían en “descalificaciones en contra del director actual y del Director anterior del programa acusando la conformación de una mafia al interior de la Universidad.”

Hace presente que el sumario respectivo se instruyó en virtud de lo dispuesto en el artículo 20 del Decreto de rectoría orgánico Nº 561/2017, de 23 de febrero de 2017, que estableció el Reglamento de Disciplina de los Alumnos. Y para la sustanciación se designó como fiscal a la abogada Tamara Arancibia Madriaga. Al respectivo proceso se adjuntó abundante prueba, teniendo el señor nombre reservado la posibilidad de declarar y de ofrecer los medios que estimara pertinentes. Es más, según consta a fojas 393 del expediente, con fecha 1º de octubre de 2018, se designó como asistente del estudiante, a la abogada y profesora de derecho señorita nombre reservado. Con fecha 19 de diciembre de 2018, la fiscal, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 34 del Reglamento de Disciplina de los Alumnos, formuló los siguientes cargos al señor nombre reservado: “1.- Realizar actos que comprometen el prestigio de la Universidad y de sus miembros; 2.- Desobedecer las disposiciones emanadas de las autoridades de la Universidad; 3.- Realizar conductas que atentan contra el respeto mutuo y la sana convivencia universitaria; y, 4.- Menoscabar la dignidad de los miembros de la comunidad universitaria.”

Precisa que el alcance de dicha formulación de cargos se encuentra abundantemente justificada y argumentada (41 páginas y 83 considerandos), a lo que se suma que los hechos comprobados eran de la mayor gravedad. Indicando que en este contexto, el recurrente ofreció como única prueba, 5 documentos.

Luego, refiere que con fecha 1º de marzo de 2019, se dictó resolución agregada de fojas 487 a 512, proponiendo que se aplique al recurrente la sanción de expulsión de la Universidad, contemplada en la letra b) del artículo 12 del Reglamento de Disciplina de los Alumnos, por los hechos señalados en la formulación de cargos, todos debidamente acreditados. Y con fecha 6 de mayo de 2019, el nombre reservado Secretario General de la Universidad, dictó sentencia agregada de fojas 513 a 523, aprobando la propuesta de la fiscal y decretando la expulsión de la Universidad -del señor nombre reservado- por haber incurrido en faltas graves a la disciplina de los alumnos consistentes en 1.- Haber menoscabado la dignidad de los miembros de la comunidad universitaria. 2.- Haber realizado conductas que atentan contra el respeto mutuo y la sana convivencia universitaria; 3.- Haber desobedecido las disposiciones emanadas de las autoridades de la Universidad; y 4.- Haber realizado actos que comprometen el prestigio de la Universidad y de sus miembros.”

Explica que la sentencia da por acreditada una serie de hechos constitutivos de imputaciones deshonrosas en contra de miembros de la comunidad universitaria, insultos, conducta verbalmente agresiva, además de reiteradas faltas de respeto. La referida fue notificada el día 4 de julio de 2019, presentando el recurrente oportuno recurso de apelación y, con fecha 8 de octubre de 2019, por un resultado de 15 votos a favor y una abstención, el Consejo Superior rechazó la apelación, confirmando la sentencia en todas sus partes.

Indica que como se puede observar, el proceso se ajustó íntegramente a la regulación interna de esta casa de estudios. Es más, el estudiante tuvo la oportunidad, en todo momento, de defenderse y aportar sus pruebas, no pudiendo dejar de mencionar que la propia institución le proveyó un asistente para su defensa.

En cuanto a las garantías supuestamente conculcadas, respecto al artículo 19 Nº 24 de la Constitución Política de la República, el recurrente indica la actuación del Consejo Superior le perturba en “los derechos y beneficios que conlleva la calidad de alumno matriculado por la PUCV en el referido Doctorado…” Explicando que lo que no se considera en este punto es que la calidad de estudiantes y los derechos y obligaciones que ella conlleva, emanan de un contrato de prestación de servicios educacionales que ha terminado. Dicho contrato ya no está vigente, precisamente porque la Universidad, luego de un procedimiento válidamente tramitado, le puso término unilateralmente en base a las propias conductas del recurrente. Luego, en cuanto a la integridad física y psíquica, evidentemente su parte no puede ser responsable de la supuesta depresión que estaría sufriendo el recurrente.

Por lo expuesto, solicita rechazar el recurso de protección íntegramente, con costas.

A folio 16, se ordenó traer los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

Primero: Que la acción de protección garantiza a toda persona que ilegalmente sufra cualquier privación, perturbación o amenaza en sus Derechos, la posibilidad de recurrir ante la respectiva magistratura, para que dicte en tal caso las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

Segundo: Que, en mérito de los antecedentes, consta que la resolución que impuso la sanción que se reclama con esta acción cautelar, fue notificada al recurrente mediante correo electrónico con fecha 5 de julio del año 2019, tomando por tanto conocimiento de aquélla en dicha fecha. De manera entonces, que a contar de ese día es que debió recurrir de protección, por cuanto el acto que provoca el agravio es precisamente la decisión que adoptó la sanción de expulsión.

En consecuencia, la presente acción resulta ser extemporánea, considerando que entre la fecha del acto que causa efectivamente agravio – sentencia que impone sanción- y la data de interposición del arbitrio, han transcurrido con creces los treinta días corridos que el Auto Acordado sobre la materia prevé.

Tercero: Que en cuanto al fondo de la acción, lo que se reclama por esta vía es la decisión del órgano que conoció del recurso de apelación y mantuvo la decisión impugnada; advirtiéndose entonces, que lo que se pretende por esta vía es una segunda revisión, lo que se aparta de los fines de la acción cautelar. Esto queda en evidencia, porque además se pretende la corrección de supuestos vicios del procedimiento, junto con la revisión antes mencionada; razones por las cuales el presente arbitrio será rechazado.

Por estas consideraciones y lo establecido en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se rechaza, el recurso de protección deducido a folio 1 a favor de nombre reservado o nombre reservado, nombre reservado, en contra de la Consejo Superior de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-40.301-2019.-