nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PROVIDA S.A.

Jbl C.A. de Valparaíso Valparaíso, veintinueve de agosto de dos mil veinticinco.

Visto:

A folio 1, comparece el abogado Pablo Daniel Peñaloza Parra, deduciendo recurso de protección en favor de nombre reservado contra de la Administradora de Fondos de Pensiones ProVida S.A., el rechazo de su solicitud de devolución fondos previsionales conforme a lo dispuesto en la Ley N° 18.156.

Expone que la actora, en su calidad de trabajadora extranjera de nacionalidad venezolana, solicitó a la recurrida la devolución de fondos previsionales conforme a la Ley N° 18.156, acompañando para ello la documentación exigida en el formulario respectivo, consistente en contratos de trabajo, anexos de contrato, constancia electrónica de cotizaciones ante el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), declaración jurada de afiliación y título profesional apostillado, sin embargo, el 18 de junio de 2025, la recurrida le comunicó por correo electrónico el rechazo de la solicitud, fundado en la ausencia de legalización consular de la declaración jurada de afiliación al sistema previsional extranjero.

Sostiene que tal exigencia constituye un acto ilegal y arbitrario, por cuanto implica imponer un requisito no contemplado en la Ley N° 18.156 ni en la normativa aplicable, desatendiendo la finalidad de permitir que los trabajadores extranjeros dispongan de sus fondos previsionales en Chile al acreditar afiliación a un régimen de seguridad social en su país de origen. Alega que se trata de un formalismo documental imposible de cumplir, dada la ruptura de relaciones diplomáticas entre Chile y Venezuela, lo que impide obtener la legalización consular correspondiente. Añade que el documento acompañado permite verificación electrónica directa en la plataforma oficial del IVSS.

Refiere que, en consecuencia, la actuación de la recurrida vulnera sus derechos constitucionales de igualdad ante la ley y de propiedad sobre los fondos previsionales, al negarle injustificadamente la devolución solicitada.

Por lo expuesto, solicita que se reconozca como válida la documentación acompañada, y se proceda a realizar un nuevo pronunciamiento sobre la solitud planteada dentro de un plazo de cinco días o lo que esta Corte estime conforme al mérito de autos y, en general, se adopten las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho.

A folio 6 informa la Superintendencia de Pensiones, precisando que la Ley N° 18.156 constituye un régimen de excepción, aplicable solo a trabajadores extranjeros técnicos o profesionales, siempre que se cumplan copulativamente los requisitos de su artículo 1°, esto es, afiliación a un régimen previsional en el extranjero que cubra enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y la manifestación de voluntad de mantener dicha afiliación en el contrato de trabajo. Agrega que, por ser una norma excepcional, debe interpretarse restrictivamente y aplicarse únicamente si se acreditan todos los requisitos legales.

Explica que, conforme a la normativa contenida en el Compendio de normas del Sistema de Pensiones y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 345 bis del Código de Procedimiento Civil, en relación con el artículo 1° del Convenio de la Apostilla, o Convención de la Haya que Suprime la Exigencia de Legalización de Documentos Públicos Extranjeros, la indicada constancia electrónica emanada del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales aportado por la recurrente, no es apto para acreditar el cumplimiento del requisito de cobertura previsional en el extranjero previsto en la letra a) del artículo 1° de la ley N°18.156, ya que no está firmada por quien lo emite ni se encuentra apostillada por la autoridad competente venezolana –entidad que es la única que posee las facultades legales para dar fe sobre dicha circunstancia conforme al ordenamiento jurídico del Estado en que se emite la certificación- ni legalizada; cuestión que impide que pueda producir efectos en nuestro país, y no sirve para acreditar el cumplimiento de la cobertura previsional en el extranjero prevista en la letra a) del artículo 1°de la ley N°18.156 y el Compendio de Normas del Sistema. Agregando que, incluso el documento no señala las coberturas con que cuenta la recurrente ni de este se puede inferir un determinado periodo de cobertura, sino que se limita a mencionar de forma genérica las coberturas que otorga el sistema previsional venezolano.

A folio 12 evacúa informe la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A., solicitando el rechazo del recurso con costas.

Alega, en primer lugar, que la acción cautelar de protección no constituye la vía idónea para resolver materias de lato conocimiento y contradictorias, pues lo planteado excede los márgenes de esta acción constitucional, existiendo un derecho controvertido y no indubitado.

En cuanto al fondo, reconoce que el 18 de junio de 2025 rechazó la solicitud de devolución de fondos presentada por la recurrente, fundada en la Ley N° 18.156, por cuanto la constancia de afiliación acompañada no cumplía con las exigencias de validez que derivan de la normativa vigente y de las instrucciones de la Superintendencia de Pensiones. Precisa que el documento carecía de legalización o apostilla y no señalaba expresamente las coberturas ni el período de vigencia, por lo que no resultaba idóneo para acreditar la afiliación a un régimen previsional extranjero en los términos de la ley.

Sostiene que su actuar no ha sido ilegal ni arbitrario, sino que se ha limitado a aplicar las disposiciones legales pertinentes, en particular el artículo 1° de la Ley N° 18.156, el D.L. N° 3.500 y el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, que exigen cumplir copulativamente con todos los requisitos para la devolución de fondos a técnicos extranjeros.

A folio 13 se ordenó traer los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que la acción constitucional de protección, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido establecida a favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19 de la Carta Fundamental.

Segundo: Que el acto que la recurrente califica de ilegal y arbitrario consiste en la respuesta contenida en correo electrónico de 18 de junio de 2025, mediante la cual se le informó el rechazo de su solicitud de devolución de fondos de capitalización individual, argumentando que el documento presentado -constancia electrónica de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS)- no era suficiente para acreditar el cumplimiento de los requisitos legales, al no encontrarse debidamente legalizado ni apostillado. Sostiene que dicho acto vulneraría las garantías constitucionales contenidas en los numerales 2° y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, por cuanto importa la exigencia de un requisito no contemplado por el legislador y que, además, resulta de imposible cumplimiento en la situación actual.

Tercero: Que, por su parte, la recurrida sostiene que el recurso es improcedente, y que su actuación se ajustó plenamente a las disposiciones de la Ley N° 18.156 y de la normativa de la Superintendencia de Pensiones, al rechazar la solicitud por no haberse acompañado el certificado de afiliación al régimen previsional extranjero debidamente legalizado o apostillado.

Cuarto: Que, la Superintendencia de Pensiones indicó que la Ley N° 18.156 constituye un régimen excepcional que, por tanto, debe interpretarse restrictivamente, y cuya aplicación requiere el cumplimiento copulativo de las condiciones señaladas en su artículo 1°. En particular, en cuanto a la acreditación de la afiliación previsional extranjera, esta debe efectuarse mediante certificación de la institución competente, debidamente legalizada o apostillada. Precisó que la constancia electrónica de afiliación emanada del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, acompañada por la recurrente, carece de legalización o apostilla y no acredita en forma suficiente la cobertura requerida, por lo que no resulta apta para dar cumplimiento a lo dispuesto en la citada ley.

Quinto: Que, por su parte, el artículo 7° de la Ley N° 18.156 establece que: “En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta Ley”. A su turno, el artículo 1° prescribe que: “Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones: a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte; y b) Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida”.

Sexto: Que, del análisis de los antecedentes allegados, consta que el documento acompañado por la actora corresponde a una constancia electrónica de afiliación emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), la que no se encuentra apostillada ni legalizada, por lo que no cumple con las exigencias normativas vigentes de los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil.

Séptimo: Que, si bien la Ley N° 18.156 no explicita la exigencia de apostilla, ello no exime del cumplimiento de las normas generales sobre valor probatorio de documentos otorgados en el extranjero.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación del recurso de protección, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de nombre reservado en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A.

Regístrese, notifíquese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-4030-2025.