nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES CUPRUM S.A.

Llg C.A. de Valparaíso Valparaíso, tres de noviembre de dos mil veinticinco.

Vistos:

A folio 1 comparece don Pablo Daniel Peñaloza Parra, abogado, en representación de doña nombre reservado, interponiendo acción constitucional de protección en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Cuprum S.A., fundada en los artículos 20 y 19 N° 2 y N° 24 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección.

Expone que el acto ilegal y arbitrario que motiva esta acción consiste en la decisión de la recurrida notificada el 25 de junio de 2025, que rechaza la solicitud de retiro de fondos previsionales para extranjero presentada al amparo de la Ley N° 18.156, sosteniendo la AFP que no se habría acreditado que la recurrente se encuentre cubierta por un sistema de seguridad social extranjero que contemple prestaciones médicas y pecuniarias en caso de enfermedad.

“No se acompañó documentación que acredite que el afiliado se ha encontrado cubierto durante toda su estadía en Chile por un sistema de seguridad social extranjero. Se requiere acreditar que la cobertura de dicho sistema de seguridad social cubre ante las contingencias de vejez, enfermedad, invalidez y muerte. Además, en el caso de la contingencia de enfermedad, debe especificar que comprende prestaciones médicas y pecuniarias..”

Refiere que dicha conclusión desconoce el contenido del certificado acompañado, que remite expresamente al artículo 1 de la Ley del Seguro Social venezolana, la que contempla protección en casos de maternidad, vejez, sobrevivencia, enfermedad, accidentes, invalidez, muerte, retiro y cesantía o paro forzoso, cumpliendo así —sostiene— con lo exigido por el artículo 1 de la Ley 18.156.

Agrega que la condición de cesante no extingue la afiliación y que la AFP incurre en una interpretación restrictiva, exigiendo requisitos no previstos, vulnerando los derechos de igualdad ante la ley y de propiedad (artículos 19 N° 2 y N° 24).

Sostiene que se acompañó certificado electrónico de afiliación y que la normativa no exige apostilla ni legalización, lo que haría imposible su cumplimiento atendida la inexistencia de representación diplomática venezolana en Chile, lo que —afirma— constituye supuesto de fuerza mayor.

Finalmente, expone que el actuar descrito vulnera su igualdad ante la ley y su derecho de propiedad, ambos consagrados en los artículos 19 N° 2 y 19 N° 24 de la Constitución Política, solicitando que esta Corte ordene a la AFP recurrida reconocer como válida la documentación presentada y proceder a autorizar el retiro de fondos previsionales solicitado conforme a la Ley N° 18.156.

A folio 5 consta Oficio Ordinario OF-FIS-25-4378, emitido “por orden del señor nombre reservado”, suscrito por nombre reservado, Jefa Departamento Derecho de Seguridad Social, mediante el cual se evacúa informe requerido por resolución de 17 de julio de 2025.

Expone que la reclamante no registra ante ese Servicio reclamo alguno relativo a los hechos materia del recurso.

Indica que la Ley N° 18.156 es un régimen de excepción, aplicable sólo en caso de cumplimiento copulativo de las exigencias del artículo 1°, y que por ser norma excepcional debe interpretarse en forma restrictiva.

Transcribe los artículos 1° y 7° de la Ley N° 18.156 y cita el Título XI del Libro II del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, señalando que para acreditar la cobertura extranjera se requiere certificación emitida por la autoridad previsional competente, debidamente legalizada o apostillada y que conste cobertura efectiva y específica en los riesgos de vejez, invalidez, sobrevivencia y enfermedad, esta última “comprendiendo prestaciones médicas y pecuniarias”.

Señala que la constancia electrónica acompañada por la recurrente no acredita la cobertura exigida, que no está firmada por quien la emite, que no se encuentra apostillada o legalizada, y que no permite inferir período efectivo de cobertura, pues sólo menciona genéricamente las prestaciones del sistema venezolano.

Cita jurisprudencia administrativa y judicial uniforme, señalando que la Excma. Corte Suprema —causa Rol 239.773-2023— y esta Iltma. Corte —autos Rol N° 522-2025 y Rol N° 1431-2025— han confirmado que no basta un documento electrónico sin apostilla, y que no existe derecho indubitado si no se acredita la cobertura en los términos exigidos por la normativa especial.

Concluye señalando que no existen antecedentes que permitan tener por acreditado el cumplimiento de los requisitos de la Ley N° 18.156 en la especie, solicitando tener por cumplido lo ordenado.

A folio 15 evacúa informe la abogada Valentina Lagos Sánchez, en representación de Administradora de Fondos de Pensiones Cuprum S.A., solicitando el rechazo del recurso, fundado —en primer término— en la improcedencia de la acción constitucional, por cuanto el conflicto presentado no se vincula con la existencia de derechos indubitados, sino con una controversia respecto de la aplicación de la Ley N° 18.156, relativa al retiro de fondos previsionales de trabajadores extranjeros. Sostiene que tal materia corresponde ser resuelta por la Superintendencia de Pensiones, en los términos del artículo 3° del DFL N° 101 de 1980, órgano competente para conocer y resolver reclamos de afiliados contra AFPs, de manera que el recurso no constituye la vía idónea, citando jurisprudencia reciente que concluye que este tipo de controversias debe canalizarse por vía administrativa: “No puede soslayarse que el ordenamiento prevé un procedimiento ante la misma AFP recurrida y ante la Superintendencia para conocer y solucionar reclamos como los que fundan la presente acción constitucional, procedimiento que parece el adecuado al caso.” (C.A. Santiago, 25 febrero 2025, Rol N° 21.391-2024).

Luego expone que la Ley N° 18.156 tiene carácter excepcional, y que —conforme a la jurisprudencia administrativa sistemática de la Superintendencia— solo procede el retiro cuando el trabajador acredita los requisitos del artículo 1° de dicha norma, siendo vinculantes para las Administradoras las instrucciones del organismo fiscalizador, conforme al literal i) del artículo 3° del DFL N° 101 de 1980, al N° 8 del artículo 47 de la Ley N° 20.255, y al N° 3 del artículo 94 del DL N° 3.500.

Indica que, con fecha 25 de julio de 2025, Cuprum resolvió rechazar la solicitud de devolución por cuanto —a juicio de la Administradora— la documentación aportada no acredita que la recurrente se encuentre cubierta por un sistema extranjero que otorgue prestaciones médicas y pecuniarias en caso de enfermedad, según exige el artículo 1 letra a) de la Ley N° 18.156. Agrega que la Constancia Electrónica de Cotizaciones del IVSS no se encuentra apostillada ni legalizada, conforme a los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil y al Convenio de La Haya, afectando su valor probatorio.

Asimismo, afirma que la Superintendencia de Pensiones se pronunció en este caso, informando que los certificados acompañados no permiten determinar con claridad las coberturas previsionales ni el período específico de cobertura, y que dichos documentos carecen de firma y no se encuentran apostillados.

Refiere diversos oficios del organismo fiscalizador (Oficios N° 21.480/2017, N° 23.208/2023 y N° 3.141/2024), que han establecido que no basta la descripción genérica del sistema previsional extranjero, sino que se requiere certificación específica que acredite que el trabajador contó —durante toda la prestación de servicios en Chile— con cobertura en los riesgos exigidos por la Ley N° 18.156.

Concluye que no procede acceder a la devolución de fondos previsionales, al no haberse acreditado el cumplimiento de los requisitos legales.

Se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando.

Primero: Que, la acción constitucional de protección, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido establecida a favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19 de la Carta Fundamental.

Segundo: Que, se impugna la decisión de la Administradora de Fondos de Pensiones Cuprum S.A., notificada a la recurrente el día veinticinco de junio de dos mil veinticinco, que rechaza su solicitud de retiro de fondos previsionales formulada al amparo de la Ley 18.156, sosteniendo la actora haber acompañado documentación suficiente para acreditar los requisitos que dicha normativa exige.

Tercero: Que, la Superintendencia de Pensiones informó que para acreditar la cobertura previsional extranjera del artículo 1 letra a) de la Ley N° 18.156, se requiere certificación emanada de la autoridad previsional del país de origen o de representación consular actuando como tal, debidamente legalizada o apostillada, que certifique específicamente la cobertura en enfermedad (prestaciones médicas y pecuniarias), invalidez, vejez y muerte durante todo el período de prestación de servicios en Chile; y que la “Constancia Electrónica de Cotizaciones” acompañada en autos no cumple con dichas exigencias por no estar firmada, carecer de apostilla o legalización y no precisar período de cobertura efectivo.

A su vez, AFP Cuprum sostiene que la documentación acompañada no constituye medio idóneo para acreditar la cobertura extranjera exigida por la letra a) del artículo 1 de la Ley N°18.156, citando oficios recientes de la Superintendencia, que han descartado expresamente tanto constancias electrónicas sin apostilla como declaraciones juradas suscritas en Chile.

Cuarto: Que, para resolver, es necesario tener presente que el artículo 1 de la Ley N° 18.156, que establece exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros y a las empresas que los contraten bajo las condiciones que se indican y deroga la Ley N° 9.705, regula las siguientes condiciones que deben reunirse para acogerse a este beneficio: “a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte; y b) Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida”. A su turno, el artículo 7 de la citada Ley, señala que: “En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1 de esta Ley.”

Por otra parte, el Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones, en el Libro II, Título XI, sobre Exención de pago de cotizaciones previsionales a técnicos extranjeros y las empresas que los contraten, indica de forma textual lo siguiente: “b) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte.

El cumplimiento de este requisito debe acreditarse mediante certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte.”

Quinto: Que, del mérito de los antecedentes, aparece que el documento denominado “Constancia Electrónica de Cotizaciones”, del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), carece de firma autorizada y no se encuentra apostillado ni legalizado conforme a la normativa vigente. En tal sentido, el hecho de contener un código de verificación electrónica no sustituye los requisitos legales formales vigentes, más aún cuando el ordenamiento jurídico exige expresamente la legalización de los instrumentos públicos extranjeros para que surtan efectos en el territorio nacional, y la concurrencia de caso fortuito o fuerza mayor no exime al recurrente del cumplimiento de las obligaciones que le impone la ley, salvo que el legislador establezca expresamente lo contrario.

Sexto: Que, respecto a la Declaración Jurada Notarial acompañada por el recurrente, en la que manifiesta que se encuentra afiliado y cubierto por el sistema de Seguridad Social Venezolana, en el Instituto Venezolano de Seguros Sociales (IVSS), no es idónea para acreditar la cobertura previsional en el extranjero exigida por el artículo 1 letra a) de la Ley N° 18.156, ya que dicha certificación debe ser emitida por la autoridad previsional competente del país correspondiente, quien es la única facultada legalmente para certificar dicha circunstancia Séptimo: Que, cabe destacar que la exención establecida en la Ley N° 18.156 es de carácter excepcional, ya que modifica la regla general del sistema chileno en cuanto a la obligatoriedad de cotizar para todos los trabajadores dependientes, por lo que dicha normativa debe ser interpretada restrictivamente, debiendo las Administradoras aplicar estrictamente los criterios establecidos por la Superintendencia de Pensiones, organismo técnico facultado para interpretar la legislación con carácter obligatorio.

Octavo: Que, por lo demás, el rechazo de la petición de la recurrente no impide que posteriormente pueda volver a presentarla, acompañando la documentación que cumpla con los requisitos legales y administrativos vigentes, tratándose por tanto de un acto administrativo subsanable y no de una decisión definitiva que genere indefensión.

Noveno: Que, en dicho contexto, no puede estimarse ilegal ni arbitraria la conducta de la institución recurrida, en tanto ha circunscrito su actuación a exigir el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley y en la normativa administrativa para acceder al beneficio impetrado, aplicando de manera uniforme los criterios establecidos por la Superintendencia de Pensiones a todos los solicitantes, sin que se configure trato discriminatorio alguno.

Décimo: Que, por lo demás, no se cumple el requisito del artículo 1 de la Ley N° 18.156, atendido que la recurrente se desempeña como recepcionista en Integramédica y no ejerce su título técnico, razón por la cual carece del derecho indubitado que la habilita para recurrir por esta vía.

Por estas consideraciones y de conformidad a lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado sobre la materia, se rechaza, sin costas, la acción de protección deducida en favor de nombre reservado, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Cuprum S.A.

Se previene que el Ministro Sr. Núñez estuvo por rechazar el recurso, solo por lo signado en el considerando décimo.

Regístrese, notifíquese, comuníquese por la vía más expedita y, en su oportunidad, archívese.

N°Protección-4029-2025.