nombre reservado con EMPRESA PORTUARIA SAN ANTONIO

Jbl C.A. de Valparaíso Valparaíso, veintiocho de abril de dos mil veintitrés.

Visto:

A folio uno, con fecha 7 de enero de 2023 comparece don nombre reservado, ingeniero en administración de empresas, quien de conformidad al artículo 20 de la Constitución Política de la República, interpone recurso de protección, en contra de la EMPRESA PORTUARIA SAN ANTONIO, empresa pública del Estado de Chile, del giro explotación de recintos portuarios, representada legalmente por su gerente general don nombre reservado, alegando vulneración al artículo 19 N°3 inciso quinto de la Constitución Política de la República, que establece que “Nadie podrá ser juzgado por comisiones especial, sino por el tribunal que señalare la ley y que se hallare establecido por ésta con anterioridad a la perpetración del hecho”. Por el acto ilegal y arbitrario consistente en la nota que le fuera enviada con fecha 7 de diciembre de 2022, toda vez que constituiría el origen de una Comisión Especial, establecida a su respecto, por lo que solicita se deje sin efecto.

Relata que desde el año 2001, es trabajador de la recurrida y actualmente, detenta el cargo de presidente del SINDICATO DE TRABAJADORES “PROFESIONALES, TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS” DE LA EMPRESA PORTUARIA SAN ANTONIO desde el 06 de diciembre de 2017. Que desde aquella fecha ha sido víctima y persecución laboral por parte de la recurrida.

Añade que la actuación de la recurrida sucede el 07 de diciembre de 2022, fecha en la cual el Gerente General, le informa que la Comisión de Conducta establecida en el Reglamento Interno, ante denuncias en su contra, por compañeros de trabajo, ha dispuesto la contratación del Estudio Jurídico Lizama Abogados, para que investiguen estos hechos, dicho Estudio Jurídico que designo a los Abogados Felipe Correa y doña Javiera Álvarez.

Afirma que dicha designación no se sujeta a las reglas establecidas en el Reglamento interno de la empresa ni al código de conducta, las cuales cita. En específico sostiene que en ningún caso establece una investigación por personas ajenas a la recurrida como sucede en la especie.

Solicita, en definitiva, dejar sin efecto la nota de fecha 07 de diciembre de 2022, y se adopten las demás medidas de protección y restablecimiento del imperio del derecho, con expresa condena en costas.

Que a folio 11, se evacua informe por el recurrido quien solicita el rechazo de la acción intentada. Expone que en el caso específico de la recurrida, el Reglamento nombre reservado, Higiene y Seguridad de la Empresa, contiene dentro de sus disposiciones el Capítulo XVII denominado “Código de Conducta”. En dicha norma figura el artículo 86: “Revelaciones de Comportamiento Ilegales o No Éticos”, que permiten a todo trabajador formular denuncias por eventuales infracciones, indistintamente a la denominada Comisión Código de Conducta, o al Directorio de la empresa.

Explica que, en ejercicio de esa facultad, el Comité de Auditoría del Directorio recibió una serie de denuncias que involucran al recurrente, informando lo resuelto al Gerente General mediante carta N°547, de 24 de noviembre de 2022. Si bien correspondería que el Comité Código de Conducta investigue y resuelva, dichas imputaciones, habida consideración que algunas de ellas han sido presentadas en contra de un trabajador que mantiene litigios pendientes relativos a materias ya resueltas por dicho Comité, se resolvió contratar al estudio jurídico Lizama Abogados, quien ha designado a los abogados Felipe Correa Bravo y Javiera Álvarez para realizar las diligencias investigativas, para la posterior resolución por el órgano competente.

Sostiene que la decisión adoptada por el Comité de Auditoría del Directorio no fue en absoluto arbitraria, sino destinada a otorgarle mayores garantías al recurrente, conforme se expresa en la nota, que cita.

Reitera que por tal motivo, el citado Comité de Directorio optó por contratar un estudio jurídico externo para llevar a cabo tal cometido, comisionando al efecto a Lizama Abogados, de innegable prestigio en materias laborales.

Dice que lo anterior fue comunicado directamente al recurrente mediante la carta en contra de la cual se endereza el recurso (N°584, de 7 de diciembre de 2022) y también a todos los demás trabajadores que tienen alguna vinculación con las mencionadas denuncias.

Asevera que según se aprecia de lo informado, no concurre ninguno de los presupuestos que se requiere existan copulativamente para configurar este recurso, especialmente el principal de ellos, existencia de una conducta, por acción u omisión, ilegal o arbitraria.

Por último, advierte que el recurrente ha recurrido en numerosas ocasiones a las normas señaladas sobre investigación de eventuales comportamientos ilegales o no éticos. Según consta del certificado emitido con fecha 24 de enero de 2023 por el Auditor Interno de la recurrida, don nombre reservado, el Sr. nombre reservado sólo durante 2022 ha interpuesto nueve denuncias ante el Comité de Auditoría del Directorio, solicitando investigar diversas materias. Por ello, siguiendo la denominada Teoría de los Actos Propios, a juicio de quien informa, no resulta lícito recurrir en contra de un procedimiento de investigación en circunstancias que en numerosas ocasiones quien recurre en estos autos ha invocado el mismo procedimiento investigativo.

Pide, en definitiva, tener por evacuado el informe ordenado y, en su mérito y de la documentación acompañada, rechazar el presente recurso de protección por cuanto no se configuran en la especie ninguno de los presupuestos establecidos en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, todo ello con expresa condenación en costas.

A folio 12, se trajeron los autos en relación.

A folio 18 se decretó medida para mejor resolver, la que se tuvo por cumplida a folio 25.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que la acción de protección garantiza a toda persona que ilegalmente sufra cualquier privación, perturbación o amenaza en sus Derechos, la posibilidad de recurrir ante la respectiva magistratura, para que dicte en tal caso las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

Segundo: Que, lo que se ataca a través de este recurso es la actuación de la recurrida consistente en la comunicación de 07 de diciembre de 2022, por la cual el Gerente General de la Empresa Portuaria de San Antonio, le informa que la Comisión de Conducta establecida en el Reglamento Interno, ante denuncias en su contra, por compañeros de trabajo, ha dispuesto la contratación del Estudio Jurídico Lizama Abogados, para que investiguen estos hechos, dicho Estudio Jurídico que designo a los Abogados Felipe Correa y doña Javiera Álvarez.

Tercero. La actuación de la recurrida es arbitraria, en opinión, del recurrente, por cuanto, ni el Reglamento interno de la empresa ni al código de conducta permiten que la investigación sea realizada por personas ajenas a la recurrida como sucede en la especie.

Cuarto: Para calibrar la corrección de la acción constitucional deducida, habrá que prestar especial atención al número 3) del artículo 86 del Código de Conducta de la Empresa Portuaria de San Antonio (Capítulo XVII) que al tratar sobre la tramitación de las denuncias, indica que: “Una vez recibida la denuncia en la forma señalada, dentro del plazo de 15 días hábiles la Comisión Código de Conducta deberá pronunciarse sobre su admisibilidad, en la sesión ordinaria más próxima o en una extraordinaria debidamente citada. Si la denuncia carece de uno o más de los requisitos señalados en el número 2 anterior, la Comisión deberá declararla inadmisible mediante resolución que será notificada al denunciante al correo electrónico señalado en su denuncia. La denuncia sea declarada admisible o no por la Comisión, sus antecedentes y la identidad del denunciante y denunciado tendrán el carácter de confidencial y reservada, quienes deberán dar cumplimiento a esta obligación de reserva bajo apercibimiento de ser sancionados por infracción a las normas del Código de Conducta. En caso de ser declarada admisible, la Comisión procederá a designar a un Investigador o más de entre sus miembros u otro funcionario de la empresa, quien será el encargado de tramitar la denuncia, recibir y recabar todos los antecedentes y medios de prueba que estimen procedente, encontrándose facultado para requerir información y entrevistar a los funcionarios de la empresa al tenor de la denuncia efectuada”

Quinto. Que la recurrida, al evacuar el informe requerido justifica un forma de proceder que se aleja de la disposición transcrita, argumentando que, que la decisión adoptada por el Comité de Auditoría del Directorio no fue en absoluto arbitraria, sino destinada a otorgarle mayores garantías al recurrente.

Sexto. Que este Tribunal decretó como medida para mejor resolver que se acompañe por la parte recurrida copia del acta directorio en que se adoptó la decisión comunicada por carta de 7 de diciembre de 2022, junto con un informe pormenorizado de la motivación de la decisión adoptada en dicha sesión. Sin embargo, la recurrida no cumple lo ordenado, toda vez que no acompaña el acta de directorio solicitada y se limita a informar, a través de la Presidenta del Comité de Auditoría del Directorio de la Empresa Portuaria de San Antonio, quien, bajo el título “Acta del Directorio en que se adoptó la decisión” no hace alusión a ella, sino a lo que se habría tratado y decidido por el mencionado Comité, acompañando resumen de las sesiones del Comité de los días 9, 17 y 23 de noviembre de 2022.

Séptimo. No obstante que los motivos que se indican por la recurrente pueden ser atendibles, lo cierto es que la regla del artículo 86 transcrito es bastante clara al establecer que “ la Comisión procederá a designar a un Investigador o más de entre sus miembros u otro funcionario de la empresa, quien será el encargado de tramitar la denuncia, recibir y recabar todos los antecedentes y medios de prueba que estimen procedente, encontrándose facultado para requerir información y entrevistar a los funcionarios de la empresa al tenor de la denuncia efectuada”. Mientras dicha disposición se encuentre vigente y no sea modificada en general o para el caso particular mediante un acto formal del Directorio de la Empresa Portuaria de San Antonio, este sentenciador entiende que la contratación de un estudio jurídico para llevar a cabo la investigación es una actuación arbitraria.

Octavo: Que, por tanto, atendidas las consideraciones anteriores, el nombramiento y contratación de un estudio jurídico externo para realizar una investigación que conforme el Código de Conducta de la recurrida debe llevarse a cabo por algún miembro del Comité o por cualquier funcionario de la Empresa Portuaria de San Antonio, deviene en arbitraria, afectando la garantía constitucional del artículo 19, No 3 que de la Constitución Política de la República, que garantiza que “nadie puede ser juzgado por comisiones especiales, sino por el tribunal que le señale la ley y que se halle establecido con anterioridad por ésta”.

Por estas consideraciones y lo establecido en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se resuelve;

I.- Que, se acoge el recurso de protección, dejándose sin efecto la designación de un investigador externo y, por lo mismo, la comunicación de 7 de diciembre de 2022, por lo que procede el restablecimiento del imperio del derecho, debiendo cumplirse con lo que dispone el artículo 86 del Código de Conducta y demás reglas internas que resulten aplicables.

II.- No se condena en costas a la recurrida por estimar que existían motivos plausibles para litigar.

Regístrese, notifíquese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del Abogado Integrante Álvaro Vidal Olivares, quien no firma, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo de la causa, por haber cesado en sus funciones en esta Iltma. Corte de Apelaciones.

N°Protección-401-2023.