nombre reservado con SOCIEDAD INMOBILIARIA E INVERSIONES LA FORESTA LIMITADA Y OTRO

I.C.A. de Valparaíso Valparaíso, veintiséis de junio de dos mil veinticuatro.

Visto:

A folio 1, se recurre de protección en favor de nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, Zelma nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, Dorich, Gutiérrez, Matus y Pérez SPA, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, Milenco nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, Familia Rodríguez Lugo Inversiones SPA, Inversiones e Inmobiliaria Kappa SPA, nombre reservado, nombre reservado nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, y en contra de Sociedad Inmobiliaria e Inversiones La Foresta Limitada y nombre reservado, por el acto arbitrario e ilegal, conculcatorio de los derechos consagrados en los numerales 1°, 2°, 3° y 24° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, que importaría la imposición a los recurrentes de sanciones consistentes en el impedimento de acceso a servicios básicos de electricidad, agua y disposición de residuos, así como el impedimento de acceso de vehículos al proyecto de parcelación “Vistas del Valle”, en el Fundo Cajón de Lebu, Limache del que los recurrentes son comuneros. Solicitan que esta Corte, restableciendo el imperio del derecho, ordene a las recurridas el cese de la aplicación de las sanciones señaladas, dar garantía de no repetición y exhortar a las autoridades competentes a la fiscalización de estas medidas, todo ello con costas.

Fundan su arbitrio, en que son 82 parceleros del proyecto de parcelación “Vistas del Valle”. Señalan que desde el año 2019, Sociedad inmobiliaria e inversiones La Foresta Limitada, dueña del proyecto, ha ofrecido, promocionado y exhibido las parcelas, servidumbres y bienes comunes de la parcelación, y con el fin de normar el régimen de copropiedad del proyecto Sociedad inmobiliaria e Inversiones La Foresta Limitada decidió afectar a cada una de las 84 parcelas del proyecto con un reglamento de copropiedad denominado “Reglamento de Normas Generales y Régimen de Servidumbres del proyecto Vistas del Valle”. De acuerdo a lo establecido en el artículo primero transitorio, cada tercero adquirente de una parcela o sitio o quien lo suceda en el dominio de la misma, deberá pagar a título de gastos comunes, una suma fija mensual equivalente a 2 Unidades de Fomento. Una parte de dicha suma, específicamente $15.000 pesos mensuales, será destinada a costear la mantención de caminos y seguridad del “Fundo Cajón de Lebu”, fundo al cual pertenece el proyecto de parcelación “Vistas del Valle”, dineros que deberán entregarse a la Administración del Fundo Cajón de Lebu, que se encarga del resto de Parcelas adyacentes al proyecto de parcelación. Señala que el administrador general del Fundo Cajón de Lebu, donde se encuentra ubicado el proyecto, es el jefe de post venta de dicha sociedad, don nombre reservado.

Indican que con fecha 21 de febrero de 2024, el administrador general del fundo cajón de Lebu mantiene una reunión con 16 parceleros de la comunidad del proyecto de parcelación “Vistas del Valle”, a fin de manifestar su molestia por el no pago de gastos comunes adeudados por algunos parceleros, amenazando a todos los parceleros de la comunidad con la aplicación de una serie de sanciones por el retraso en el pago de los gastos comunes de unos pocos, consistentes en el corte de suministro de luz y agua, restricción de uso del espacio de acumulación de basura, prohibición de acceso con vehículos al Fundo “Cajón de Lebu” a todo parcelero de la comunidad del proyecto de parcelación “Vistas del Valle”, los que deberán dirigirse a su respectiva parcela a pie, recorriendo una extensión de varios kilómetros; juicios por incumplimientos de contrato y reglamentos, entre otras.

Señalan que se sostuvieron diversas reuniones para regularizar la situación con la administración del fundo, en que se llegó a acuerdo de no aplicación de las sanciones indicadas, junto con un plan de regularización y plan de trabajo con la administración, el 19 de marzo de 2024; no obstante, la Inmobiliaria y la administración del fundo incumplen el mismo, el 6 de mayo de 2024; la Administración Cajón de Lebu, envía un correo a los recurrentes, miembros de la comunidad proyecto de parcelación “Vistas del Valle” en el que da un plazo de 5 días corridos para efectuar el pago de la deuda en su totalidad, bajo apercibimiento de cortar la energía eléctrica para todo el Proyecto en su conjunto, aplicando dicha sanción a las 84 parcelas que conforman el proyecto, a partir del día 13 de mayo del presente año, negándose la Inmobiliaria, a través de la Administración Cajón de Lebu, a recibir cualquier pago de carácter individual, sea parcial o total de la deuda que tenga el parcelero moroso interesado en pagar; basta con que uno de los 84 parceleros tenga deuda, aunque sea mínima, y todos se verán sancionados. La sanción que se aplicará contempla asimismo el corte consecuencial del suministro de agua para toda la comunidad del proyecto de parcelación “Vistas del Valle”, dado que la comunidad se surte de agua en pozos administrados por la Administración general del Fundo Cajón de Lebu, que sin energía eléctrica no puede funcionar. De esta forma, el administrador estará aplicando una sanción que puede provocar un grave daño a la integridad física y psíquica de los parceleros y su familia, dado que estará suspendiendo de forma absoluta los bienes más básicos para la vida humana, poniendo en riesgo la vida de las personas que habitan el proyecto de parcelación “Vistas del Valle”, Como sanción adicional, la Administración Cajón de Lebu y la inmobiliaria La Foresta Limitada contemplan prohibición de uso del espacio de acumulación de basura y la prohibición de acceso con vehículos al Fundo Cajón de Lebu, para todo parcelero miembro del proyecto de parcelación “Vistas del Valle”. El administrador nombre reservado indicó que la medida se aplicará a toda la comunidad, independiente de si el parcelero y su familia afectada con la medida, esté o no en mora, o bien existan recién nacidos, lactantes, niños, niñas, adolescentes, personas de tercera o cuarta edad, enfermos crónicos, personas discapacitadas o personas discapacitadas electrodependientes, cuyo es el caso de varias de las parcelas.

A folio 5, informan Sociedad Inmobiliaria La Foresta Limitada, y don nombre reservado, solicitando el rechazo del arbitrio.

Señalan que, de acuerdo al contenido de cada compraventa. La estructura de estos contratos se adecúa a la práctica generalizada al respecto, así, en las primeras cláusulas se individualiza a las partes, se singulariza el inmueble objeto del contrato, y se señala el precio. Luego, en la cláusula quinta, se regula de qué manera es que se vende el bien inmueble correspondiente, dando cuenta en dicha cláusula que “La referida Parcela [__] se vende ad corpus, en el estado en que se encuentra, con todo lo edificado y plantado en ella, con todos sus inmuebles por adherencia y destinación, con todos sus usos, costumbres, y servidumbres activas y pasivas, libre de gravámenes, prohibiciones, litigios, embargos, ocupantes a cualquier título, de acciones o condiciones resolutorias, arrendamientos, comodatos, derechos preferentes de terceros, y libres de deudas de cualquier clases que puedan afectarles, con sus contribuciones al día, y respondiendo en todo caso la vendedora del saneamiento por evicción de conformidad a la ley, salvo el Reglamento de Disposiciones Comunes y Servidumbres, otorgado con fecha veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve, ante Notario Público de Viña del Mar ..” La singularización de la parcela varía dependiendo del contrato de compraventa específico que se revise.

Argumenta que cada comprador, propietario de alguna parcela del proyecto al momento de celebrar el contrato de compraventa, contrajo todas las obligaciones comprendidas en el mismo, ya que se trata de una escritura pública inscrita en el Registro de Prohibiciones del Conservador de Bienes Raíces respectivo.

Reconoce, en cuanto a los hechos que el 6 de mayo de 2024, desde la casilla de correo electrónico de postventa de la administración del proyecto, se envió un correo electrónico, adjuntando una carta, en que se explicaba que, dada la morosidad persistente de varios parceleros, si tal situación no se solucionaba en cinco días, se cortaría el suministro eléctrico a todos los parceleros del proyecto: “en dicho contexto, dado que se están incumpliendo gravemente obligaciones de Reglamento y también directamente contractuales; así, la Administración general establece a partir de dicha fecha, un plazo de 5 días corridos para efectuar el pago de la deuda en su totalidad, bajo apercibimiento de cortar la energía eléctrica para el proyecto a partir del día 13 de mayo del presente año. Finalmente, el 13 de mayo de 2024, se realizó el corte de suministro eléctrico, pero solo respecto de las parcelas cuyos dueños estaban en situación de morosidad. Señala que el artículo 3° del Reglamento de Copropiedad establece la obligación de “Contribuir proporcionalmente a la mantención y conservación de los caminos interiores y vías de acceso comprendidos o que sirvan a una o más de las ochenta y cuatro marcelas objeto de este Reglamento, en las oportunidades que corresponda de acuerdo al procedimiento establecido en el artículo que sigue […]”, y el artículo 4° dispone, en lo que interesa, que “cada propietario acepta y autoriza expresa e irrevocablemente al Administrador, con el acuerdo del Comité de Administración, para que suspenda o requiera la suspensión del servicio eléctrico que se suministre a aquellas parcelas cuyos propietarios se encuentren morosos en el pago de tres o más cuotas, continuas o discontinuas, de los gastos comunes”. Señala que a la fecha de presentación de este informe, la morosidad de varios parceleros persiste.

Indica finalmente, que no existe ilegalidad o arbitrariedad, y que el corte de suministros, que ha sido solo respecto de los parceleros morosos, se ciñe a la legalidad vigente y a lo pactado en los contratos de compraventa de las parcelas.

A folio 7, se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que la acción constitucional de protección, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido establecida a favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19 de la Carta Fundamental.

Segundo: Que, en la especie, de acuerdo a lo señalado en el libelo y lo expuesto en estrados, los actores reclaman por la aplicación a modo de sanción del corte del servicio básico de electricidad que efectuaron los recurridos derivado de la mora en el pago de gastos comunes de algunos de los parceleros que conforman la comunidad.

Tercero: Que, por su parte, los recurridos justifican su obrar en que el corte de este suministro eléctrico se encuentra regulado contractualmente y se trata de una cuestión consentida entre las partes, sin que exista norma alguna que prohíba aquella circunstancia.

Cuarto: Que, conforme se desprende de los contratos de compraventa correspondientes a las parcelas en cuestión, al momento de adquirir aquellos inmuebles las partes aceptaron la aplicación a su respecto del Reglamento de Disposiciones Comunes y Servidumbres, Del Proyecto “Vistas del Valle” de fecha 28 de noviembre de 2019, instrumento en el que se establece el cobro de gastos comunes para la mantención de caminos y seguridad del Fundo Cajón de Lebu donde se emplaza el proyecto y que, en su cláusula Cuarta dispone en lo que importa, que: “Cada propietario acepta y autoriza expresa e irrevocablemente al Administrador, con el acuerdo del Comité de Administración, para que suspenda o requiera la suspensión del servicio eléctrico que se suministre a aquellas parcelas cuyos propietarios se encuentren morosos en el pago de tres o más cuotas, continuas o discontinuas, de los gastos comunes”.

Quinto: Que, por su parte, el artículo 1545 del Código Civil prescribe que: “Todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes, y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales”.

Sexto: Que, habiéndose pactado voluntaria y libremente por las partes tanto en los correspondientes contratos de compraventa, como a través de la cláusula cuarta del Reglamento de Disposiciones Comunes y Servidumbres, Del Proyecto “Vistas del Valle” (transcrita en el motivo cuarto), como sanción al incumplimiento en el pago de los gastos comunes el hecho que denuncian en su libelo, no se advierte por parte de los recurridos ilegalidad alguna, sin que su actuar devenga en una conducta de autotutela, por cuanto aquello fue convenido contractualmente. Asimismo, las cláusulas en cuestión tampoco contravienen normas de orden público, por lo que el presente recurso será desestimado.

Séptimo: Que, a mayor abundamiento, encontrándose controvertida por ambos recurridos la vulneración que se denuncia, en cuanto al número de quienes se habrían visto afectados, respecto de los servicios que se habrían suspendido y en relación con la privación del acceso al condominio, no puede estimarse la existencia de un derecho indubitado de los recurrentes, presupuesto esencial para recurrir por esta vía urgente y cautelar, debiendo éstos ser objeto de un juicio de lato conocimiento, lo que también conlleva el rechazo del arbitrio.

Por estas consideraciones y lo establecido en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto por el abogado Gerardo Ruiz Prato en favor de las personas individualizadas, y en contra de la Sociedad Inmobiliaria e Inversiones La Foresta Limitada y nombre reservado.

Déjese sin efecto la Orden de No Innovar decretada el catorce de mayo del presente año.

Se previene que el abogado Sr. Caballero concurre al presente acuerdo sin compartir el considerando séptimo.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-4008-2024.