nombre reservado con SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES

C.A. de Valparaíso Valparaíso, nueve de febrero de dos mil veintiséis.

Vistos:

A folio 1, comparece Pablo Peñaloza Parra, abogado, quien interpone recurso de protección en favor de nombre reservado, de nacionalidad venezolana, y en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Uno S.A., por el rechazo de su solicitud de devolución de sus fondos previsionales, lo que considera ilegal y arbitrario.

Expone que, señalando que, el 4 de diciembre de 2025, la AFP recurrida rechazó arbitraria e ilegalmente su solicitud de devolución de fondos previsionales conforme a la Ley N°18.156, que establece la exención de cotizaciones previsionales a técnicos extranjeros. Sostiene que, el rechazo se basó en que el certificado de afiliación al sistema previsional de su país de origen no cumplía con los criterios de aceptación, argumentando que acompañó una declaración realizada ante notario en Chile, la cual no constituiría un documento emitido por una entidad previsional extranjera.

La recurrente alega haber dado íntegro cumplimiento a los requisitos establecidos en los artículos 1° y 7° de la Ley N° 18.156, al encontrarse afiliada al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) y contar con cobertura por los riesgos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte. Afirma que, acompañó certificado electrónico de cotizaciones del IVSS, debidamente notariado y apostillado, el cual puede ser verificado y validado en el portal web de dicha institución mediante un código alfanumérico.

Sostiene que, la recurrida incorpora requisitos adicionales no establecidos expresamente en la ley, realizando una interpretación formalista de la norma que desatiende su finalidad. Argumenta que es de público conocimiento la imposibilidad de los nacionales venezolanos de acudir a la representación consular para estos efectos, dada la ausencia de relaciones diplomáticas entre Chile y Venezuela.

La recurrente denuncia vulneración de las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 N°2 y N°24 de la Constitución Política de la República, al impedírsele disponer de sus ahorros previsionales mediante una interpretación restrictiva carente de sustento normativo.

Finaliza solicitando que se adopten las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho, ordenando que se reconozca como válida la documentación acompañada y se proceda a realizar un nuevo pronunciamiento sobre su solicitud conforme a derecho, efectuando la devolución de los fondos previsionales solicitados dentro de un plazo razonable.

Para acreditar sus alegaciones, adjuntó los siguientes documentos: 1) Notificación de rechazo de retiro de fondos para técnico extranjero; 2) Cédula de identidad para extranjeros; 3) Constancia de afiliación previsional del país de origen; 4) Título universitario apostillado; 5) Contratos y anexos de contratos de trabajo; y 6) Declaración jurada de afiliación.

A folio 4, informa la Superintendencia de Pensiones. Expone que, la señora nombre reservado no registra ante ese organismo reclamo alguno respecto de los hechos que motivan la presente acción cautelar, por lo que no existen antecedentes referentes a la situación consultada.

Sin perjuicio de lo anterior, la entidad fiscalizadora expone que la normativa aplicable establece que la exención de cotizar y la devolución de fondos previsionales constituye un régimen de excepción aplicable únicamente a trabajadores dependientes extranjeros con calidad de técnicos o profesionales que cumplan copulativamente los requisitos del artículo 1° de la Ley N°18.156.

Destaca que, conforme al artículo 1° letra a) de dicho cuerpo legal y al Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, los trabajadores extranjeros deben encontrarse afiliados a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile que les otorgue prestaciones al menos en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte. Este requisito debe acreditarse mediante certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar tales prestaciones.

La Superintendencia señala que su jurisprudencia administrativa ha exigido, para acreditar el requisito de cobertura previsional, que el trabajador extranjero demuestre haber contado con un seguro por todos los riesgos exigidos durante toda la extensión del tiempo en que prestó servicios en Chile, debiendo el documento ser emitido por la entidad competente en materia de seguridad social del país respectivo y acompañarse debidamente legalizado o apostillado según corresponda.

Respecto de la situación específica de Venezuela, señala que hasta el cierre de su embajada en Chile, la delegación consular extendía las certificaciones necesarias para acreditar la cobertura previsional. Sin embargo, mediante Oficio Ordinario N°12954 de 17 de julio de 2025, esta Superintendencia aclaró que las certificaciones electrónicas emitidas por la autoridad previsional venezolana que no se encuentren firmadas por quien emite el documento ni apostilladas o legalizadas, no sirven como medio de prueba para la acreditación de la exigencia legal.

Agrega que, el certificado de la actora no señala las coberturas con que cuenta la recurrente, ni de este se puede inferir un determinado período de cobertura, sino que se limita a mencionar de forma genérica las coberturas que otorga el sistema previsional venezolano. Por otra parte, tampoco se encuentra firmado por quien emite el documento y no se encuentra apostillado o legalizado, según lo dispuesto en los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil, en relación con el artículo 1° del Convenio de la Apostilla, o Convención de la Haya que suprime la exigencia de legalización de documentos públicos extranjeros, por tanto no acredita el cumplimiento de la cobertura previsional en el extranjero prevista en la letra a) del artículo 1° de la ley N°18.156 y el Compendio de Normas del Sistema.

Adicionalmente, informa que respecto de los períodos correspondientes a servicios prestados durante el año 2020 en calidad de trabajadora de casa particular para el empleador don nombre reservado, no resulta aplicable el régimen de exención y devolución de la Ley N°18.156, por cuanto los trabajadores de casa particular prestan servicios a personas naturales o familias, no configurándose el supuesto de contrato con una "empresa" según lo establece el artículo 3° del Código del Trabajo.

Finaliza concluyendo que, no cuenta con antecedentes sobre la situación previsional reclamada que permitan concluir que la recurrente cumple con las exigencias de la Ley N°18.156 para acceder a la devolución de fondos previsionales.

A folio 5, informa la Administradora de Fondos de Pensiones Uno S.A. Expone que, el 30 de noviembre de 2025, la afiliada recurrente inició ante el trámite de devolución de fondos previsionales como técnico extranjero respecto de los empleadores La Fortuna SPA, Coca Cola Embonor SA, nombre reservado y nombre reservado, acompañando diversos documentos, entre ellos contratos de trabajo, anexos, título profesional apostillado, certificado de constancia electrónica de cotizaciones y declaración jurada ante notario.

La recurrida informa que, el 4 de diciembre de 2025, se le comunicó a la solicitante el rechazo de su solicitud N° 1846533, fundamentado en que los documentos presentados no cumplían con los criterios de aceptación establecidos para esta solicitud, específicamente el certificado de la institución de seguridad social y el contrato de trabajo.

La AFP recurrida señala que, conforme al artículo 1° de la Ley N°18.156, el artículo 345 del Código de Procedimiento Civil, la Circular N°553 de la Superintendencia de Pensiones, el Libro II Título XI del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones y el Oficio Reservado N°2966 de 3 de agosto de 2023 emitido por la División de Servicios Consulares del Ministerio de Relaciones Exteriores, los trabajadores extranjeros pueden estar exentos de cotizar en Chile siempre que cumplan requisitos copulativos.

Específicamente, destaca que deben encontrarse afiliados a un régimen previsional fuera de Chile que les otorgue prestaciones en materias de enfermedad, invalidez, vejez o muerte, acreditando tal calidad mediante documento debidamente legalizado conforme al artículo 345 del Código de Procedimiento Civil.

Respecto de la situación particular de Venezuela, si bien es efectivo que actualmente no existe representación diplomática venezolana acreditada ante el Gobierno de Chile, lo anterior no exime del cumplimiento de los requisitos de legalización establecidos en la ley. La ausencia de relaciones diplomáticas entre ambos países, por causas ajenas a esta Administradora, constituye una circunstancia de hecho que no nos habilita a prescindir de una exigencia legal expresa, cuya finalidad es garantizar la autenticidad y validez de los documentos emitidos en el extranjero.

Asimismo, señala que mediante Oficio Ordinario N°12954 de 17 de julio de 2025, la Superintendencia de Pensiones ratificó el criterio de que las certificaciones electrónicas emitidas por la autoridad previsional venezolana que no se encuentren firmadas por quien emite el documento ni apostilladas o legalizadas no sirven como medio de prueba para la acreditación de la cobertura previsional exigida por ley.

La recurrida sostiene que no ha actuado de forma arbitraria ni ilegal, sino que ha aplicado estrictamente la normativa vigente, destacando que el 24 de enero de 2025 consultó a la Superintendencia de Pensiones la posibilidad de evaluar soluciones alternativas para los extranjeros venezolanos, propuesta que fue rechazada por dicho organismo fiscalizador por exceder su ámbito de competencia.

Finaliza el rechazo en todas sus partes del presente recurso de protección con expresa condenación en costas, fundado en que la Administradora de Fondos de Pensiones Uno S.A. no ha desplegado una actitud arbitraria e ilegal.

Para acreditar sus alegaciones, adjuntó los siguientes documentos: 1) Contratos de trabajo con La Fortuna SPA, Coca Cola Embonor SA, nombre reservado y nombre reservado; 2) Anexos de contratos de trabajo; 3) Título de Licenciada en Administración y apostilla; 4) Certificado de constancia electrónica de cotizaciones; 5) Declaración jurada ante notario; 6) Extracto Oficio Reservado N°25057 de 29 de diciembre de 2023; 7) Extracto Oficio Ordinario N°2119 de 30 de enero de 2025; 8) Oficio Ordinario N°12954 de 17 de julio de 2025.

Se ordenó traer los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, la acción constitucional de protección, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido establecida a favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19 de la Carta Fundamental.

Segundo: Que, por la presente vía cautelar, se impugna el rechazo de la solicitud realizada por la recurrente a la Administradora de Fondos de Pensiones UNO S.A., por la que pretendía la devolución de sus fondos previsionales conforme a lo dispuesto en la Ley N° 18.156.

Tercero: Que, por su parte, la recurrida sostiene que el recurso de protección es improcedente y, que su actuación no ha sido ilegal ni arbitraria, sino que ha dado cumplimiento a sus obligaciones conforme al artículo 1° letra a) de la Ley N° 18.156 y la normativa e instrucciones de la Superintendencia de Pensiones, rechazando la solicitud por no haberse acompañado el certificado de afiliación al régimen previsional extranjero debidamente legalizado.

Por su parte, la Superintendencia de Pensiones, señala que, la “Constancia Electrónica de Cotizaciones” no señala las coberturas con que cuenta, ni se puede inferir un determinado período de cobertura, sino que se limita a mencionar de forma genérica las coberturas que otorga el sistema previsional venezolano, tampoco se encuentra firmado por quien emite el documento y no se encuentra apostillado o legalizado.

Cuarto: Que, para resolver la presente acción de protección, es necesario tener presente que el artículo 1° de la Ley N° 18.156, que establece exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros y a las empresas que los contraten bajo las condiciones que se indican y deroga la Ley N° 9.705, regula las siguientes condiciones que deben reunirse para acogerse a este beneficio: "a).- Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte; y b).- Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida". A su turno, el artículo 7° de la citada Ley, señala que: "En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta Ley".

Por otra parte, el Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones, en el Libro II, Título XI, sobre Exención de pago de cotizaciones previsionales a técnicos extranjeros y las empresas que los contraten, indica de forma textual lo siguiente: "b) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte.

El cumplimiento de este requisito debe acreditarse mediante certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte”.

Quinto: Que, del mérito de los antecedentes, aparece que el documento presentado por la actora "Constancia Electrónica de Cotizaciones" del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), carece de firma autorizada y no se encuentra apostillado ni legalizado conforme a la normativa vigente. En efecto, el hecho de contener un código de verificación electrónica no sustituye los requisitos legales formales vigentes, más aún cuando el ordenamiento jurídico exige expresamente la legalización de los instrumentos públicos extranjeros para que surtan efectos en el territorio nacional.

Además, no señala las coberturas con que cuenta la recurrente, no se establece un determinado período de cobertura, solo se limita a mencionar de forma genérica las coberturas que otorga el sistema previsional venezolano Sexto: Que, respecto a la declaración jurada notarial acompañada por la recurrente, en la que manifiesta que se encuentra afiliada y cubierto por el sistema de Seguridad Social Venezolana, en el Instituto Venezolano de Seguros Sociales (IVSS), se concluye que no es idóneo para acreditar la cobertura previsional en el extranjero exigida por el artículo 1° letra a) de la ley N° 18.156, ya que debe ser emitido por la autoridad previsional competente del país correspondiente, quien es la única facultada legalmente para certificar dicha circunstancia.

Séptimo: Que, si bien la Ley N° 18.156 no explicita la exigencia de apostilla, ello no exime del cumplimiento de las normas generales sobre valor probatorio de documentos otorgados en el extranjero, máxime cuando se trata de antecedentes que inciden directamente en el cumplimiento sustancial de los requisitos exigidos para acceder al beneficio solicitado.

Octavo: Que, en dicho contexto, no puede estimarse ilegal ni arbitraria la conducta de la institución recurrida, en tanto ha circunscrito su actuación a exigir el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley y en la normativa administrativa para acceder al beneficio impetrado, aplicando de manera uniforme los criterios establecidos por la Superintendencia de Pensiones a todos los solicitantes, sin que se configure trato discriminatorio alguno.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación del recurso de protección, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de nombre reservado, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones UNO S.A.

N°Protección-4-2026.