nombre reservado con ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO

C.A. de Valparaíso Valparaíso, cinco de mayo de dos mil veintidós.

Visto:

A folio 1, comparece la Confederación Nacional de Trabajadores de la Salud Municipalizada, en representación de sus asociados nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, e interpone acción constitucional de protección en contra de la I. Municipalidad de San Antonio, representada por su Alcaldesa doña María Constanza Lizana Sierra, y en contra del Ministerio de Salud, representado a la sazón por don nombre reservado, por la omisión arbitraria e ilegal, conculcatoria de los derechos consagrados en los numerales 2° y 24° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, que importaría el no pago de diferencias de recálculo asociados al incentivo al retiro voluntario previsto en la ley N° 20.919, que se otorgó a cada uno de los recurrentes para que cesaran en sus puestos de trabajo, por falta de recursos públicos, provenientes del Ministerio de Salud, que les fuera comunicado el 28 de julio de 2021. Solicita que esta Corte, restableciendo el imperio del derecho, ordene el pago inmediato de los referidos conceptos.

Funda su arbitrio en que todos los recurrentes fueron dependientes de la I. Municipalidad de San Antonio, regidos por el Estatuto Administrativo para funcionarios de la Atención Primaria Ley 19.378, bajo la siguiente situación:

1. Don nombre reservado, ingresó a prestar servicios para en la atención primaria de salud municipal en abril de 1976. El 19 de enero de 2017 postuló al incentivo previsto en la ley N° 20.919. Cesó en su cargo el 16 de agosto de 2018 y accedió al beneficio a través de un cupo otorgado por el Decreto N°7.634 del 09 de agosto de 2018. El monto por concepto de incentivo percibido fue de $80.038.109 y lo adeudado es de $7.058.560.- 2. Don nombre reservado, ingresó a prestar servicios para en la atención primaria de salud municipal el enero de 2006. El 19 de enero de 2017 postuló al incentivo previsto en la ley N° 20.919. Cesó en su cargo el 16 de agosto de 2018 y accedió al beneficio a través de un cupo otorgado por el Decreto N°7.635 del 09 de agosto de 2018. El monto por concepto de incentivo percibido fue de $17.283.736 y lo adeudado es de $1.447.629.- 3. Doña nombre reservado, ingresó a prestar servicios para en la atención primaria de salud municipal en enero de 1978. El 19 de enero de 2017 postuló al incentivo previsto en la ley N° 20.919. Cesó en su cargo el 16 de agosto de 2018 y accedió al beneficio a través de un cupo otorgado por el Decreto N°7.636 del 09 de agosto de 2018. El monto por concepto de incentivo percibido fue de $77.150.815 y lo adeudado es de $8.162.905.- 4. Don nombre reservado, ingresó a prestar servicios para en la atención primaria de salud municipal en octubre de 1991. El 19 de enero de 2017 postuló al incentivo previsto en la ley N° 20.919. Cesó en su cargo el 16 de agosto de 2018 y accedió al beneficio a través de un cupo otorgado por el Decreto N°7.637 del 09 de agosto de 2018. El monto por concepto de incentivo percibido fue de $18.794.886 y lo adeudado es de $1.850.329.- Prosigue señalando que según ha manifestado la Contraloría General de la República en Dictamen N° 65.061 de 2013 el término de la relación laboral del personal que se acoja a los beneficios otorgados en la citada ley N° 20.919, se producirá cuando el municipio entere íntegramente la bonificación contemplada en su artículo 1°, debiendo la correspondiente entidad administradora de salud, solucionar hasta esa fecha el total de las remuneraciones a los servidores respectivos. De ello se desprende que la base de cálculo para el beneficio de incentivo al retiro es el promedio de las remuneraciones mensuales imponibles que le haya correspondido al recurrente durante los doce meses inmediatamente anteriores a su retiro, actualizadas según el Índice de Precios al Consumidor, produciéndose diferencias por a favor de cada uno de los recurrentes, que no han sido solucionadas por las entidades recurridas a la fecha de esta presentación.

Señala que en lo concreto, el cálculo del incentivo al retiro de cada uno de los recurrentes fue realizado sobre la base de los doce meses anteriores al mes en cada uno de ellos cesó en su cargo público. Sin embargo, la desvinculación material se produjo con posterioridad al cálculo del referido bono. Con todo, el cálculo correcto debió considerar los doce meses anteriores al término efectivo de funciones, incluyendo el reajuste del IPC. En este período que media entre el cese jurídico del cargo y la cesación de funciones los demandantes continuaron trabajando, originándose las diferencias ya expuestas. Por tal razón, los recurrentes dejaron en sus finiquitos reserva expresa de derecho por los montos adeudados a su favor.

Indica que, en este sentido, se efectuaron innumerables presentaciones a la I. Municipalidad de San Antonio y al Ministerio de Salud, solicitando el pago de las diferencias de incentivo al retiro. La última solicitud que se le elevó fue el lunes 3 de julio de 2021, en que los representantes gremiales plantearon verbalmente la situación a los directores de la Municipalidad de San Antonio, a lo que se dio respuesta el 28 de julio de este año 2021, cuando la unidad de personal de la Dirección de Salud de San Antonio contactó telefónicamente a cada uno de los recurrentes para informarles que no podían pagarles las diferencias de recálculo asociados al incentivo al retiro voluntario previsto en la ley N° 20.919, por falta de recursos públicos, provenientes del Ministerio de Salud. De esta forma, las recurridas, no han cumplido con el artículo 1° de la Ley N° 20.919, que establece la base de cálculo antedicha, respecto de los funcionarios recurrentes, haciendo presente asimismo lo dispuesto en el artículo 6° de la misma ley, que indica que “El término de la relación laboral se producirá cuando el empleador pague la totalidad del beneficio, de lo que se dejará constancia formal”. Entiende que, a pesar de la negligencia del Ministerio de Salud, la Municipalidad de San Antonio carecía de facultades legales para negarse al pago, pues la Ley 20.919 emplea el vocablo “pago del beneficio”, imponiendo una obligación de hacer que se traduce en entregar la suma de dinero faltantes.

A folio 17, informa la I. Municipalidad de San Antonio, solicitando en rechazo del recurso, con costas. Indica que es efectivo todo lo señalado en cuanto a los recurrentes, sus fechas de ingreso y retiro que señala el arbitrio, y que el 9 de agosto del año 2018 se emite el Decreto Alcaldicio Nº 7633, que sanciona el pago de bonificación por incentivo al retiro voluntario de los funcionarios del Departamento de Salud Municipal que indica, por los montos que señala. Luego, los recurrentes hacen una presentación en que solicitan el recálculo ante el Servicio de Salud, lo que es remitido al entonces Alcalde de San Antonio, en razón que el servicio aludido carecía de facultades para ello.

El municipio de San Antonio da respuesta al oficio de Contraloría Nº 7497 –remitido con ocasión de denuncia de los ocurrentes ante dicha repartición-, indicándole que los postulantes al beneficio, en una primera oportunidad, presentaron su renuncia voluntaria firmando el documento respectivo, en la cual se señalan como fecha de retiro el 29 de noviembre de 2017. Que en ese mismo proceso, se suscribieron instrumentos de reserva de derechos que les otorga facultades para exigir el pago de diferencias producidas en el cálculo del bono.

Indica que para el cálculo de la bonificación del incentivo al retiro, la ley 20.919 y su reglamento disponen que se considere los últimos 12 meses trabajados a partir del mes anterior a la fecha del retiro, que en el caso de autos se calculó desde el mes de octubre del 2017 hacia atrás hasta completar las 12 mensualidades, no obstante, dado los plazos que otorgó el Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio para enviar el cálculo, sólo se pudo calcular hasta septiembre de 2017, ya que aún no aparecía el IPC de noviembre para haber considerado, también el mes de octubre de dicha anualidad.

El 31 de julio de 2018, el Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio efectúa la transferencia de los recursos para el pago del bono, tras lo cual el Decreto Alcaldicio N° 7633, de fecha 9 de agosto de 2019 dispone la cancelación del bono por incentivo el retiro voluntario y se dispuso como fecha de cese de funciones el 16 de agosto de 2018. De esta manera los beneficiarios debieron firmar una nueva renuncia voluntaria en la fecha que se canceló la bonificación de retiro voluntario y también una nueva reserva de derechos, para el recálculo en caso de existir diferencias. Así, la Municipalidad de San Antonio reconoce que se produjo una diferencia, por lo que el recálculo debe efectuarse a partir del mes de julio de 2018 hacia atrás 12 meses, y se mandata a la Dirección de Finanzas de Salud de la Municipalidad para hacer el recálculo, y realizar las gestiones ante el Ministerio de Salud para que se concrete el pago, información remitida a dicha repartición el 18 de octubre de 2019.

Señala la improcedencia del recurso, en primer lugar, por existir otras vías jurisdiccionales para el conocimiento de la petición de los recurrentes, a saber los Tribunales Laborales, desde que los funcionarios de la Ley N° 19.378 se rigen supletoriamente por el Código del Trabajo, y ha existido una reserva de derechos en tal sentido. Rechaza asimismo la procedencia por no existir acto arbitrario o ilegal alguno, gestionando adecuadamente el procedimiento administrativo, no siéndole imputable la falta de respuesta del Servicio de Salud para efectos del recálculo aludido.

Asimismo, alega la extemporaneidad del recurso, en razón de que el acto recurrido –el Decreto Alcaldicio que cursó el pago de los beneficios que las recurrentes estiman erróneos- es de agosto de 2018; sin embargo, indica que la acción no se encuentra prescrita, porque les ampara la reserva de derechos, pero ante los tribunales competentes, y no por la presente vía.

A folio 24, informa el Ministerio de Salud, señalando que, al no ser el empleador del recurrente, no tiene ninguna injerencia respecto de los procesos internos que son desarrollados por la I. Municipalidad de San Antonio en materia de incentivos al retiro, postulaciones, plazos y otros procesos que se han señalado en la acción interpuesta.

Indica que, recabados los antecedentes, señala que los recursos para el pago de los incentivos de los funcionarios aludidos fueron transferidos en julio de 2018. Refiere que en cuanto a las reliquidaciones, la División de Atención Primaria, de la Subsecretaria de Redes Asistenciales, procede a efectuarlas en los casos en que son requeridas mediante ordinario del Director de Servicio y también acompañando la explicación desde el Alcalde de la correspondiente comuna, indicando que por error se efectuó un mal cálculo. Señala que en el caso de las diferencias producidas por la demora entre la fecha en que se hace el cálculo y la fecha del pago, la División de Presupuesto y la División Jurídica de este Ministerio lo revisan y posteriormente lo remiten para visto bueno del Ministerio de Hacienda, transcurriendo un tiempo aproximado de 6 meses entre que se hace el cálculo y por ende el convenio correspondiente, y se transfieren los recursos a los municipios , por lo que siempre se producirán diferencias entre la fecha del cálculo y del pago, para todos los casos, por lo que la forma de solucionar este punto es que cada Municipio pague en el momento en que se efectúe el cálculo con recursos propios, los cuales pueden quedar presupuestados para estos efectos desde el año anterior, y los recupera en el momento en que estos sean enviados desde el Ministerio de Salud.

Destaca, además, que estos recursos del artículo 1° de la ley 20.919 son de aporte Municipal, los cuales son solicitados como préstamo al Estado, por ende si hubiese diferencias, ellas son de cargo Municipal, debiendo enterar sin mayor trámite esta diferencia.

A folio 25, se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

I. En cuanto a la extemporaneidad:

Primero. Que, en cuanto a la extemporaneidad alegada por la I. Municipalidad de San Antonio, fundada en que el acto recurrido sería el de agosto de 2018, que dispuso el pago de los incentivos señalados, ella deberá desestimarse, en atención a que la misma recurrente ha señalado que la arbitrariedad o ilegalidad se ha producido al momento en que el Municipio recurrido se niega al pago, junto con la comunicación del mismo, lo que ha sucedido el 28 de julio de 2021. Interpuesto el arbitrio el 24 de agosto de 2021, el mismo ha sido interpuesto dentro del plazo.

Por otra parte, siendo lo alegado el no pago de los incentivos al retiro de los actores, que en definitiva importa una afectación permanente de su derecho de propiedad que se ha extendido hasta hoy, no ha corrido plazo que incida en su fecha de interposición.

II. En cuanto al fondo:

Segundo. Que mediante el presente arbitrio, se denuncia como omisión arbitraria e ilegal el no pago por parte de la I. Municipalidad de San Antonio y del Ministerio de Salud a los recurrentes de la integridad de la bonificación por retiro voluntario que les corresponde en su calidad de funcionarios adscritos a la Ley N° 19.378, y que les fuera reconocida por el Decreto Alcaldicio Nº 7633 de 9 de agosto del año 2018, faltando precisamente el pago del recálculo del mismo en atención a la fecha de cese de funciones, en conformidad al artículo 6° de la Ley N° 20.919.

Tercero. Que, a efectos de resolver la controversia, preciso es señalar lo preceptuado por el artículo 1° de la Ley N° 20.919 ya citada, que en su inciso segundo señala “La bonificación por retiro voluntario, de cargo municipal, será equivalente…”

De la redacción anotada, se concluye, sin duda alguna, que la obligación de pago del estipendio anotado es de exclusiva responsabilidad de la entidad edilicia, la que, a mayor abundamiento, ha reconocido las faltas en el cálculo del bono y la deuda en referencia.

En este orden de cosas, no resulta atendible, como ha argumentado la Municipalidad recurrida, que los recursos para dicho pago no le han sido puestos a disposición por el Ministerio de Salud, desde que el pago de la obligación anotada es de su cargo y debe ser imputada al presupuesto municipal, no pudiendo imponérsele a los recurrentes la demora en el pago por la simple indisponibilidad de recursos, que en caso alguno les es imputable.

Cuarto. Que, estatuido lo anterior, se advierte entonces, a contrario sensu, que la obligación de autos no resulta de responsabilidad del Ministerio de Salud, por lo que en lo referente a dicho recurrido, el arbitrio será desestimado.

Por estas consideraciones y conforme con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, se acoge, sin costas, la acción constitucional de protección interpuesta en favor de nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, solo en cuanto se ordena que la recurrida I. Municipalidad de San Antonio, deberá pagar, desde arcas municipales, los dineros correspondientes al recálculo del incentivo al retiro de los recurrentes, dentro del término de 30 días.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-39715-2021.

En Valparaíso, cinco de mayo de dos mil veintidós, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.