nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES MODELO SOCIEDAD ANÓNIMA

C.A. de Valparaíso Valparaíso, trece de agosto de dos mil veinticinco.

Vistos:

A folio 1, comparece Pablo Peñaloza Parra, abogado, quien interpone acción constitucional de protección en favor de nombre reservado, licenciada en contaduría pública, de nacionalidad venezolana, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A., por el rechazo de la solicitud de retiro de fondos de la actora, actuación ilegal y arbitraria que vulnera sus derechos fundamentales, garantizados en los numerales 2 y 24 de la Constitución Política de la República.

Expone que la afectada solicitó a la recurrida la devolución de fondos previsionales de conformidad a las normas de la Ley 18.156, que establece exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros, adjuntando la documentación requerida y cumpliendo con lo solicitado por la AFP.

Agrega que, mediante correo electrónico de 12 de junio del presente año, la administradora informó las razones del rechazo de su solicitud, señalando que la constancia electrónica de cotizaciones, emitida por el Instituto Venezolano de Seguros Sociales, no cumple con los requisitos de la normativa vigente, ya que no es un certificado de afiliación, no señala las prestaciones cubiertas y no está firmado por quien lo emite ni se encuentra apostillado o legalizado. Además, el rechazo se funda en que la declaración jurada de 3 de junio de 2025 no corresponde a un certificado emitido por la entidad de seguridad social correspondiente y tampoco es un documento emitido por la Embajada o el Consulado correspondiente.

Reclama que el primer motivo del rechazo es incorrecto, pues la AFP desconoce el propio contenido del documento presentado, el cual remite expresamente a lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley del Seguro Social venezolana, que incluye protección en casos de maternidad, vejez, sobrevivencia, enfermedad, accidentes, invalidez, muerte, retiro y cesantía o paro forzoso, cumpliendo con el artículo 1° de la Ley 18.156. En este sentido, afirma que la afiliación al Instituto Venezolano de Seguros Sociales, aún en condición de cesante, mantiene la condición de “asegurado”, por tanto, posee cobertura de los beneficios asociados.

Respecto a la otra causal de rechazo, refiere que, si bien la constancia en cuestión no se encuentra legalizada, se debe tener en cuenta que la Embajada de Venezuela en Chile se encuentra cerrada y no presta funciones consulares, lo cual imposibilita dicho trámite. Sin embargo, sostiene que la actora cuenta con una constancia electrónica vigente de cotizaciones emitida por el IVSS, la cual es demostrable mediante código de verificación.

Alega que, negar la validez de esta constancia, sin siquiera verificarla por los canales oficiales disponibles, constituye un acto arbitrario e ilegal que no solo desconoce el contenido y espíritu de la ley, sino que además impone requisitos no contemplados en la normativa vigente, generando una afectación directa al derecho de propiedad de la recurrente sobre sus fondos previsionales, sin perjuicio de vulnerar su derecho a la igualdad ante la ley, al otorgar un trato discriminatorio frente a otras personas que, en la misma situación de la actora, han podido obtener el retiro de los fondos previsionales.

Solicita que se acoja el recurso, ordenando que se reconozca como válida la documentación acompañada, y se proceda a emitir un nuevo pronunciamiento conforme a derecho, dentro de un plazo razonable.

Acompaña carta de rechazo de AFP Modelo, constancia electrónica de afiliación previsional emitida por el IVSS, declaración jurada ante notario, título universitario apostillado y contrato de trabajo y anexo.

A folio 7, informa Natalia Arena Muñoz, abogada, en representación de la Superintendencia de Seguridad Social, quien refiere que la Sra. nombre reservado no registra reclamo alguno ante dicho organismo respecto de los hechos que motivan la presente acción cautelar, por lo que no existen antecedentes previos referentes a la acción de protección consultada.

Por otro lado, explica que la Ley 18.156 establece un régimen de excepción aplicable exclusivamente a trabajadores dependientes extranjeros técnicos o profesionales que cumplan requisitos copulativos específicos, entre ellos: encontrarse afiliado a un régimen previsional fuera de Chile que otorgue prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y expresar en el contrato de trabajo su voluntad de mantener dicha afiliación.

Afirma que, conforme a su jurisprudencia administrativa contenida en tres oficios que detalla, para acreditar la cobertura previsional en el extranjero se requiere certificación específica de la autoridad previsional competente que consigne expresamente la protección por todos los riesgos durante todo el período de servicios prestados en Chile por el trabajador respectivo.

En cuanto a la documentación presentada por la recurrente, se aprecia que la declaración jurada suscrita ante notario no resulta idónea para acreditar la cobertura previsional, toda vez que dicha certificación debe ser emitida por la autoridad previsional competente del país correspondiente.

En cuanto a la Constancia Electrónica de Cotizaciones del IVSS, señala que esta no contempla las coberturas específicas con que cuenta la recurrente, y se limita a mencionar genéricamente las coberturas del sistema venezolano. Además, no se encuentra firmada por quien emite el documento, y carece de apostilla o legalización, conforme a los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil.

Concluye que no procede acceder a la solicitud de devolución de fondos previsionales, toda vez que la documentación acompañada no acredita el cumplimiento de los requisitos copulativos establecidos en la letra a) del artículo 1° de la Ley 18.156, siendo dicha normativa de excepción y, por tanto, de interpretación restrictiva.

A folio 8, informa Rodrigo Montero Atria, abogado, en representación de la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A., quien explica que la recurrente presenta solicitud de devolución de fondos previsionales por el período cotizado entre noviembre de 2024 y mayo de 2025, las que fueron enteradas por el empleador Agua Soda Marina Limitada, RUT RUT reservado

Refiere que la solicitud de la actora fue rechazada por incumplimiento del requisito establecido en la letra a) del artículo 1° de la Ley 18.156. Respecto de la Constancia Electrónica de Cotizaciones del IVSS, refiere que este documento no constituye el certificado de afiliación requerido, pues no señala las prestaciones por las cuales la solicitante se encuentra cubierta, limitándose a mencionar de forma genérica las coberturas del sistema previsional venezolano, carece de la firma de la autoridad emisora y no se encuentra apostillada o legalizada conforme a los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil.

En lo relativo a la declaración jurada, refiere que esta no constituye el certificado emitido por la entidad de seguridad social extranjera, y no es un documento emitido por la Embajada o por el Consulado correspondiente, careciendo de idoneidad probatoria para acreditar la cobertura previsional en el extranjero.

En otro orden de ideas, sostiene que la Superintendencia de Pensiones ha dictado una serie de oficios destinados a regular el beneficio en cuestión, exigiendo acreditación específica de protección por todos los riesgos durante toda la prestación de servicios en Chile, y que el documento que acredite cobertura previsional esté debidamente legalizado o apostillado. Además, dispone que los certificados electrónicos venezolanos sin firma ni apostilla no sirven como medio de prueba, y que las declaraciones juradas no constituyen medios idóneos para acreditar cobertura previsional.

Pide el rechazo del recurso, con costas, y acompaña respuesta a solicitud de devolución de fondos, declaración jurada, constancia electrónica de cotizaciones, contrato de trabajo y anexo.

A folio 9, se trajeron los autos en relación.

Considerando:

Primero: Que, a través de la presente vía cautelar, se impugna el rechazo de parte de la recurrida AFP Modelo S.A., de la devolución de los fondos previsionales cotizados por la recurrente entre el mes de noviembre de dos mil veinticuatro y el mes de mayo del presente año, fundando la acción en que la actora sí cumpliría con los requisitos contemplados en el artículo 1° de la Ley 18.156, al haber acompañado los documentos requeridos al momento de hacer la solicitud, exigiéndose antecedentes que ya ha sido acompañados y otros que son imposibles de obtener.

Segundo: Que, la recurrida informa que su actuar no es arbitrario ni ilegal, dado que la solicitante no ha acreditado el cumplimiento de todos los requisitos legales establecidos en los artículos 1º y 7º de la Ley 18.156. En tal sentido, afirma que la Constancia Electrónica de Cotizaciones del Instituto Venezolano de Seguros Sociales no corresponde a un certificado de afiliación, no indica las prestaciones que se encuentran cubiertas, y no está firmado por quien lo emite ni se encuentra apostillado o legalizado. Además, funda el rechazo en que la declaración jurada no acredita que haya estado cubierta durante su estadía en Chile por el sistema de seguridad social extranjero.

Tercero: Que, el artículo 7º de la Ley 18.156, establece: “En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administración de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1 de esta ley.”.

A su turno, citado artículo 1 dispone: “Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones:

a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y, b) Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida. La exención que establece el inciso anterior no comprenderá los riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales previstos en la ley 16.744.”.

Cuarto: Que, atendido lo expuesto y al mérito de los antecedentes acompañados por las partes, se concluye que la recurrida no ha incurrido en acto ilegal o arbitrario alguno, toda vez que, la actora no ha dado cumplimiento a la totalidad de los requisitos copulativos establecidos en la normativa previsional aplicable al caso. En efecto, del análisis de la constancia electrónica acompañada emanada del Instituto Venezolano de Seguros Sociales, no resulta posible acreditar que la actora se encontraba protegida por el seguro social venezolano en el periodo en que cotizó los fondos previsionales cuya devolución pretende, y tal es así que en dicho documento se indica que tiene el estatus de “asegurado CESANTE en la empresa INST UNIV TECN EDO BARINAS (ME) inscrita bajo el Número Patronal K19830503 con Fecha de egreso 31/05/2018 (…)”, información que resulta poco clara para acreditar que la actora se encontraba cubierta por el seguro social durante el periodo de noviembre de dos mil veinticuatro a mayo del presente año.

Además, si bien la inclusión de un código de verificación electrónica podría permitir constatar la autenticidad del documento en el portal web de la entidad emisora, dicho mecanismo resulta insuficiente para satisfacer las exigencias formales establecidas en el artículo 345 del Código de Procedimiento Civil, norma que regula el valor probatorio de los instrumentos públicos otorgados en país extranjero.

Por su parte, la declaración jurada no tiene el mérito para subsanar el defecto del cual carece la constancia electrónica de cotizaciones, al no ser un medio apto para acreditar que la actora se encontraba cubierta por el seguro social venezolano durante el periodo en estudio, ni las prestaciones garantizadas.

Quinto: Que, respecto al argumento de la recurrente relativo a la imposibilidad de obtener la legalización consular apostillada, debido al quiebre de relaciones diplomáticas entre Chile y Venezuela, si bien podría configurar un caso fortuito en los términos del artículo 45 del Código Civil, corresponde a quien lo alega acreditar no sólo la existencia del impedimento, sino también la imposibilidad absoluta de obtener la documentación requerida por vías alternativas. En el caso de autos, no se ha demostrado que la recurrente haya agotado todas las vías posibles para cumplir con esta exigencia formal.

Sexto: Que, conforme a los antecedentes acompañados, la recurrente cuenta con residencia definitiva en Chile, circunstancia que reviste especial relevancia en el contexto del sistema previsional chileno. En efecto, autorizar el retiro de fondos previsionales en casos como el de autos, en que no se cumplen los requisitos legales establecidos para tal efecto, podría generar un eventual perjuicio al Estado, toda vez que, en virtud del principio de universalidad de la seguridad social y las disposiciones contenidas en la Ley 20.255 sobre Reforma Previsional, el erario nacional garantiza pensiones básicas solidarias a quienes cumplen los requisitos legales, entre ellos, contar con residencia permanente en el territorio nacional. De este modo, el retiro de fondos previsionales por parte de extranjeros con residencia definitiva podría significar que, en el futuro, el Fisco deba asumir el costo de garantizar una pensión a personas que, habiendo realizado cotizaciones en Chile, se les permitió retirar dichos fondos, generando una carga económica no prevista por el legislador al establecer el régimen excepcional contemplado en la Ley 18.156.

Séptimo: Que, en definitiva, de los antecedentes aportados se desprende que la actuación de la recurrida, al rechazar la solicitud de devolución de fondos previsionales presentada por la recurrente, se ha ajustado a la normativa vigente y a las instrucciones impartidas por la Superintendencia de Pensiones, sin que pueda calificarse como ilegal o arbitraria, motivos por los cuales el presente arbitrio no podrá prosperar.

Por estas consideraciones y de conformidad a lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado sobre la materia, se rechaza, sin costas, la acción de protección deducida en favor de nombre reservado, en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A.

Se previene que la Ministra Sra. Nancy Bluck Bahamondes, concurre a la confirmatoria pero en consideración a que el asunto sometido a conocimiento de esta Corte no puede ser dilucidado por medio de esta acción cautelar de derechos constitucionales, toda vez que, ello excede su naturaleza y finalidad, al no constituir una instancia de declaración de derechos individuales, requiriendo de una discusión dentro de un procedimiento laboral, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 420 letra c) del Código del Trabajo.

Regístrese, notifíquese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N°Protección-3962-2025.

En Valparaíso, trece de agosto de dos mil veinticinco, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.