ENAP REFINERÍAS S.A. con nombre reservado

Jbl C.A. de Valparaíso Valparaíso, catorce de enero de dos mil veintiuno.

VISTOS:

A folio 1, recurre de protección Marcelo Aguilar Bailey, en representación de Enap Refinerías S.A., contra nombre reservado, por el acto ilegal y arbitrario consistente en construir un camino de atravieso en una franja de su terreno destinada al ejercicio de derechos de servidumbre de oleoducto y de instalación y mantención de una línea eléctrica, inscritas a nombre de su parte, hecho que perturbó y amenazó el derecho de propiedad que tiene el recurrente sobre sus derechos de servidumbre así como el de desarrollar cualquier actividad económica licita, conforme a lo consagrado en los artículos 19 números 24 y 21 de la Constitución Política de la República.

Indica que la recurrente forma parte del conglomerado de empresas pertenecientes a la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) y que en cumplimiento de sus cometidos sociales, los hidrocarburos deben ser transportados por oleoductos desde la planta ubicada en el Terminal Marítimo de Quintero a la Planta de Refinería de Concón. A efectos de cumplir con esta labor, la actora construyó una red de cañerías subterráneas u oleoductos y de transmisión de línea eléctrica que da protección catódica a dichos oleoductos y que une las localidades antes referidas. Para ello se constituyeron sobre la totalidad de dicho trayecto dos tipos de servidumbre: i.-Servidumbre de oleoducto, según artículo 8 de la Ley N 9.618 de junio de 1950, y conforme a los artículos 86 y 91 del Código de Minería de la época. Destaca que aquel no se requería de la inscripción del derecho de servidumbre en algún registro conservatorio para su validez, sobre todo para oponer el gravamen a terceros distintos de las partes; ii.- Servidumbre según Ley General de Servicios Eléctricos para la instalación y mantención de una línea de transmisión de energía eléctrica. Incluyéndose además una servidumbre de tránsito para efectos de la custodia, conservación y reparación de la línea. La servidumbre que grava a la recurrida consta de fojas 269 número 256 y su modificación a fojas 487 vuelta, número 461, ambos del Registro de Hipotecas y Gravámenes del Conservador de Bienes Raíces de Quillota de 1956, reinscrito en el Conservador de Bienes Raíces de Quintero.

Indica que el predio Mantagua sobre el cual se constituyeron las servidumbres, fue objeto de numerosas subdivisiones generándose nuevas inscripciones las que siguieron gravadas con la servidumbre, de acuerdo al artículo 826 del Código Civil.

Es así, que la parcela del recurrido, que es la Parcela 13 de Mantagua, inscrita a fojas 920, número 1832 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Quillota de 1986, reinscrito a fojas 4093 número 2936 del mismo Registro del año 2008. Luego el recurrido procedió a subdividir y lotear su parcela, originándose 5 lotes, signados con letras A, B, C, D y E, todos inscritos a nombre de él.

Sucede que, el recurrido construyó un camino de atravieso que pasa sobre el trazado en el cual se encuentran instalados los oleoductos del sector, no habiendo respetado dichos trabajos las exigencias legales ni reglamentarias requeridas para ello, por lo que se ha producido la vulneración de derechos denunciada al inicio de este recurso, Señala que el recurrido no cumplió con las medidas de seguridad ni con la profundidad exigida por Decreto Supremo N° 160 de 2008 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, referente al Reglamento de Seguridad para la instalaciones y operaciones en producción, refinación, transporte, almacenamiento, distribución y almacenamiento y combustibles líquidos. En su artículo 13 se establece el deber de mantener las instalaciones de oleoductos en buen estado y en condiciones de impedir o reducir cualquier filtración, emanación o residuo que pueda causar peligro, molestia o daño a las personas, lo que obliga a mantener un plan de mantenimiento e inspección y seguridad según articulo 18 y 24 del mismo cuerpo reglamentario. Además, el artículo 22 indica que si una construcción u obra civil afecta la seguridad del oleoducto deben ejecutarse las acciones necesarias para mantener un estándar de seguridad establecido en el presente Reglamento. Además el artículo 216 señala que el trazado y construcción del oleoducto deberá considerar una franja de protección destinada a cautelar la seguridad y funcionamiento, franja que solo se puede utilizar para realizar el mantenimiento e inspección del ducto. Se prohíbe desarrollar en ella cualquier otra actividad que impida mantener libre la faja de obstáculos o el acceso de la misma. Esta franja tiene un ancho variable de 4 a 20 metros. Además el artículo 221 indica que en cada cruce de vías férreas o caminos principales, el oleoducto debe estar instalado de tal manera que soporte adecuadamente las fuerzas dinámicas ejercidas por el peso de trenes o vehículos. El artículo 220 indica las profundidades específicas, que en el caso de autos no puede ser menor a 1,2 metros tomados desde la superficie de la tubería hasta el nivel del terreno.

Indica que por escritura pública de servidumbre firmada por quien era en su constitución dueño del predio sirviente, el terreno sujeto a servidumbre es de 5 metros a cada lado de los oleoductos donde no puede plantar árboles ni hacer ninguna clase de construcciones.

Además de ello en mayo del 2020 las partes suscribieron una carta de compromiso de información de obras o trabajos y aceptación de estándares de ENAP para la realización de ellos que pueden afectar la integridad de la red de oleoductos. En esta declaración el mismo recurrido declara conocer los derechos de servidumbre que gravan su propiedad, sus características y normas legales y reglamentarias que las regulan. Además se obligó a variadas cosas, entre ellas, informar cualquier trabajo que quiera hacer en la franja de protección, con anticipación de 5 días hábiles además de cumplirlos con los estándares definidas por ENAP Refinerías S.A, para cada tipo de obra, a no iniciar obras sino cuando estas hayan sido aprobadas por el área técnica respectiva de ENAP Refinerías S.A., además de permitir el acceso a personal técnico de ENAP, informar de cualquier dificultad y efectuar todos las adecuaciones que el personal de ENAP le sugiera.

Luego indica que en el marco de revisiones y seguridad periódicas de la red de oleoductos, la actora detectó en septiembre de 2020 la presencia de maquinarias en el sector de la franja de oleoductos y dado que no se había informado de ello, se le envió carta certificada al recurrido requiriéndole detención inmediata de las obras así como acordando una visita inspectiva, la que se hizo el 28 de septiembre del 2020 cuando se conoció las características de las obras que ejecutaba el recurrente. Indica que ENAP Refinerías S.A. efectuó mediciones constatando que si bien en la zona media de atravieso las profundidades de enterramiento de los oleoductos son mayores a la mínima exigida en el DS 160/2008 esto es, de 1,2 metros existen sectores en los extremos a la franja de seguridad donde no se cumple con ella. Además, por tratarse de un camino, sobre la franja de servidumbre transitarán, en definitiva, vehículos de distintos pesos, lo que causa una amenaza permanente a la seguridad de los oleoductos. En concreto, señala que la vibración sucesiva del terreno y de los mismos oleoductos puede generar a la larga una fatiga de material que redunde en una pérdida de contención, exponiendo lo ductos a nivel de superficie de camino.

Por todo ello, es que se afirma que la conducta del recurrido es ilegal y arbitraria, pues obedece a su mero capricho.

Indica que todo ello ha perturbado y amenazado el derecho de propiedad de ENAP Refinerías S.A. con respecto a su derecho real de servidumbre, así como también la integridad material de los oleoductos de propiedad de ENAP. También se ha perturbado y amenazado el derecho a desarrollar cualquier actividad económica, en este caso la que está llamado a por ley a realizar.

Pide que se ordene al recurrido propietario del predio sirviente cumplir lo siguiente: i.-Dé cabal cumplimiento a exigencias legales y reglamentarias para los atraviesos de los oleoductos, permitiendo que ENAP pueda seguir desarrollando su actividad económica; ii.-Que efectué a su costa los trabajos de destrucción del atravieso realizado o en su defecto, rellenar y compactar debidamente los materiales conforme a la intervención que realizó en la franja de seguridad de la servidumbre de oleoducto, de forma tal que el camino de atravieso tenga a todo lo ancho de este la profundidad de enterramiento que exige la ley; iii.-Se abstenga en lo sucesivo, de proyectar, trazar y construir cualquier obra sobre la faja de servidumbre antes referida, así como realizar movimiento de tierra sobre ella sin la debida autorización de la recurrente; iv,-Permitir tanto a ENAP como a sus contratistas el pleno ejercicio de la servidumbre, el acceso a la extensión territorial comprendida en ella, así como la operación segura del oleoducto en comento; v.- Acatar toda otra medida que imponga esta Corte para restablecer el imperio del derecho, obrando con auxilio de la fuerza pública en caso de ser necesario; vi.-Las costas de la causa.

A folio 15 informa el recurrido y solicita el rechazo del presente recurso de protección por las siguientes razones:

En primer lugar niega que esté construyendo un nuevo camino. Señala que lo que sí está haciendo es instalar ductos/cañerías para proveer de agua a un loteo que se encuentra desarrollando dentro de su predio, de lo cual se dio oportuno aviso a ENAP, firmándose un breve texto de colaboración con la recurrente, además de enviarle correos electrónicos requiriendo la entrega de los planos de instalación de los oleoductos, cuestión que la recurrida no ha cumplido.

Indica que a propósito de este aviso ENAP se percata que sus instalaciones de oleoductos no respetan la profundidad que corresponden por ley, es decir, no ha supervigilado este requisito, como tampoco ha delimitado el espacio necesario ni entregado los planos que grafiquen la trayectoria de los oleoductos. Señala que le ha pedido que señalice los trazados de atravieso de los oleoductos y haga entrega formal de los planos que grafiquen esa ubicación, por 10 años, y no lo han cumplido.

Indica que ello es una clara trasgresión al artículo 214 del DS 160/2008 que indica que el trazado del oleoducto debe ser reconocible, ubicando hitos de señalización en todo el trayecto además el propietario del oleoducto deberá mantener un archivo de planos y registros actualizados, con detalle de instalación y ubicación espacial.

Luego el artículo 216 se refiere a la franja de protección que debe ser considerada en el trazado y construcción de un oleoducto donde no se puede desarrollar ninguna actividad que no sea mantenimiento e inspección del ducto.

Luego, el artículo 220 indica que los oleoductos deben tener una profundidad mínima de enterramiento, y de no ser esto posible se puede tener una profundidad menor pero se requiere autorización previa, de la Superintendencia.

En su artículo 230 se indican una serie de requisitos que debe cumplir la operación como comunicar a las autoridades locales, con entrega de los planos respectivos controlar permanentemente la profundidad que deben cumplir los oleoductos, entregar anualmente, una comunicación escrita a cada uno de los propietarios u ocupantes a cualquier titulo de los predios sujetos a servidumbre, que indique la ubicación de las tuberías y su franja de protección, y debe coordinar con aquel cualquier trabajo que pueda afectar la integridad del oleoducto.

Luego se refiere a los artículos 235 y 236 señala que el uso de los oleoductos debe llevar registros de las inspecciones hechas, además de informar a la Superintendencia antes del 31 de enero de cada año, de las actividades relevantes realizadas para garantizar la seguridad del oleoducto.

Afirma el recurrido, que esta trasgresión a los deberes antes referidos por parte del actor pone en grave peligro la salud y seguridad de su parte, sus vecinos y todos aquellos que viven o transitan por el atravieso.

Indica que dado que ENAP no ha informado debidamente sobre la demarcación exacta de la franja de protección colindante a la servidumbre, teniendo la sospecha que en muchos tramos es superior a los 10 metros que autoriza la ley, cuestión que constituiría una usurpación de propiedad de su parte.

Señala que jamás ha obstaculizado el uso del derecho de servidumbre de ENAP pero este debe cumplir con los deberes y obligaciones que le impone la ley y los propios reglamentos.

En cuanto al camino: indica que no es efectivo que esté en construcción, sino que existe hace 20 años, incluso se encuentra graficado en el Registro de Documentos de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Quintero, lo que hace que el recurso sea extemporáneo. Indica que existe desde 1986 y es el que ocupan todos los habitantes de la parcela para acceder a la ruta F-30 convirtiéndose en la única salida de la parcela hacia la ruta.

En cuanto a la profundidad en que están las cañerías, si estas están a menos de lo que exige el DS 160/2008 es entera responsabilidad de ENAP la que debe velar de forma peramente el cumplimiento de la profundidad en que deben ir enterradas dichas tuberías.

Por otro lado indica que es cierto que firmó un compromiso de comunicar con tiempo, las actividades en el sector de la servidumbre, autorizando ENAP todos los trabajos realizados en dicha zona.

Dice por último que el recurso es “poco concreto”, pues cuál sería el acto ilegal y arbitrario, la fecha de comisión del mismo y por qué vulneraria derechos constitucionales del actor.

Indica que además existe derecho indubitado que se tenga que proteger vía recurso de protección y lo que debe hacer ENAP es mejorar los protocolos de sus propios cuidados y obligaciones con respecto a los propietarios de los predios sujetos a servidumbres a su favor.

Pide declarar inadmisible el recurso o en subsidio, extemporáneo, o en subsidio, rechazarlo por las argumentaciones de fondo expuestas, con condena en costas a la recurrente.

Que a Folio 16 se ordenó traer los autos en relación para conocer de la presente acción constitucional.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

Primero: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deban tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Segundo: Que, atendida la especial naturaleza del recurso de protección, para que pueda prosperar es indispensable que quien lo intente acredite la existencia de un derecho actual que le favorezca, que esté claramente establecido y determinado y que corresponda a uno de aquellos a que se refiere el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Tercero: Que igualmente es sabido que para que el recurso de protección sea acogido, es necesario que los hechos en que se hace consistir la arbitrariedad o ilegalidad, estén comprobados y que con estos hechos se haya sufrido perturbación, privación o amenaza en el ejercicio legítimo de las garantías y derechos que la Constitución asegura y que son los enumerados taxativamente en el artículo 20 de este cuerpo legal.

Cuarto: Que en la especie, el arbitrio fue interpuesto bajo la certeza de ser la recurrente titular de un derecho de servidumbre, cuestión que no fue discutida por la recurrida, sino que el cuestionamiento y supuesta arbitrariedad o ilegalidad se funda en limitaciones a dicho derecho al construir el recurrido – a juicio de la actora- un camino de atravieso que pasa por sobre el trazado donde se encuentran instalados los oleoductos, sin respetarse las exigencias legales ni reglamentarias afectándose a las garantías constitucionales anunciadas por la recurrente, trasgresiones que latamente se expresan en la parte expositiva precedente.

Quinto: Que, del informe del recurrido contrastado por cierto con el recurso presentado y las alegaciones efectuadas en estrados, es posible plantearse diversas dudas e interrogantes tales como: de existir algún incumplimiento, ¿de quién sería este?, por cuanto de las presentaciones efectuadas se puede concluir que existe controversia de la correcta instalación en ciertos tramos de los oleoductos.

Asimismo, resulta dificultoso a lo menos con la documentación y fotografías acompañadas poder determinar si el camino que motiva la presente acción, se trata de un trazado antiguo o de un camino que efectivamente fue recientemente construido por el recurrido.

Sexto: Que de esta forma, con la documentación acompañada por la recurrente, consistente en antecedentes de índole técnicos, correos electrónicos dando cuenta de diversos trabajos sin reparo de su parte, fotos aéreas del supuesto lugar en conflicto en meses distintos y una serie de planos, sólo dan cuenta de una de las versiones en conflicto, máxime que todos los antecedentes son obra de personal de la misma actora resultando con ello imposible de arribar a una decisión como la pretendida por la recurrente.

Séptimo: Que de esta forma aparece evidente que la materia en que incide el reclamo no es una que corresponda ser abordada por medio de la presente acción cautelar de urgencia, por cuanto la acción de protección fue concebida para la protección de ciertos derechos que, siendo preexistentes e indubitados, se encuentren afectados por alguna acción u omisión ilegal o arbitraria, presupuesto que en la especie no se advierte, desde que resulta indispensable dilucidar -de manera previa- el sitio preciso en que los actos de que se reclama tuvieron lugar, así como precisar en terreno de las diversas alegaciones esgrimidas tanto por la actora como por la recurrida, para a continuación discernir si en la especie se está o no ante una vulneración al derecho de propiedad de la recurrente como el impedimento a desarrollar cualquier actividad económica licita, cuestiones todas que ameritan ser debatidas en la sede ordinaria correspondiente, con pleno respeto a la garantía de un procedimiento racional y justo.

Por estas consideraciones y lo establecido en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se declara que se RECHAZA, la acción constitucional presentada por el abogado don Marcelo Aguilar Bailey, en representación de ENAP Refinerías S.A., en contra de nombre reservado, sin costas.

Regístrese, notifíquese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del Ministro Señor Rafael Corvalán Pazols.

N°Protección-39.341-2020.

Pronunciada por la Primera Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Valparaíso, integrada por los Ministros Sr. Raúl Mera Muñoz, Sra. María del Rosario Lavín Valdés y Sr. Rafael Corvalán Pazols.