nombre reservado con EMPRESA PORTUARIA DE VALPARAÍSO
- Fecha
- 5 de septiembre de 2025
- Sala
- Quinta
- Resultado
- Rechazada
- Cita
- Corte de Apelaciones de Valparaiso, Rol N° 3924-2025, sentencia de 5 de septiembre de 2025
Resumen
Se rechaza la protección de los lancheros contra la Empresa Portuaria de Valparaíso por el retiro de sus embarcaciones del Muelle Prat: la empresa actuó dentro de sus facultades reglamentarias y la autorización de operación no constituía un derecho indubitado.
Texto íntegro
I.C.A. de Valparaíso Valparaíso, cinco de septiembre de dos mil veinticinco.
Vistos:
En el folio 1 comparece el abogado Jorge Ignacio Valenzuela García, en representación de doña nombre reservado y don nombre reservado, interponiendo recurso de protección en contra de la Empresa Portuaria de Valparaíso, representada por su gerente general don nombre reservado, por estimar ilegal y arbitrario el acto consistente en impedirles ejercer su actividad económica como lancheros, armadores y patrones de nave menor, al no autorizar la operación de sus embarcaciones en el Muelle Prat de Valparaíso y al disponer el desalojo forzoso de éstas, vulnerando con ello las garantías constitucionales de libertad de trabajo, libertad económica y derecho de propiedad, aseguradas en el artículo 19, numerales 16° incisos 1° y 3°, 21° inciso primero y 24° de la Constitución Política de la República.
Expone que los recurrentes son lancheros con más de veinte años de experiencia en servicios de fletes y turismo marítimo. Señala que doña nombre reservado es propietaria de la embarcación “La venganza del pirata” (matrícula N° 5962), mientras que don nombre reservado posee la embarcación “Sam Wha Uno” (matrícula N° 1), ambas debidamente registradas en la Capitanía de Puerto de Valparaíso y que operaban regularmente en el Muelle Prat bajo la administración de la Empresa Portuaria de Valparaíso (EPV).
Relata que la lancha “Sam Wha Uno” perteneció hasta enero de 2020 al padre del recurrente y que, el 29 de ese mes, un día después de transferida la propiedad, su antecesor recibió dos cartas contradictorias de EPV: una prohibiéndole utilizar la infraestructura del Muelle Prat y otra autorizando la sustitución de dicha embarcación por la lancha “San Wha”. Sostiene que tales sanciones eran inoponibles al nuevo propietario, quien, pese a contar con matrícula vigente y cumplir los reglamentos, fue objeto de hostigamientos, perdiendo la autorización para operar.
En cuanto a la embarcación “La venganza del pirata”, de propiedad de doña nombre reservado, señala que ésta operaba en el Muelle Prat utilizando el cupo N° 26 correspondiente a la lancha “La Titina” (actualmente siniestrada), también de los recurrentes. Sin embargo, al solicitar formalmente la sustitución de una embarcación por otra, recibieron una negativa injustificada, siendo obligados a retirar la nave sin explicación sobre eventuales incumplimientos normativos.
Añade que, pese a estas negativas, mantuvieron sus lanchas en la poza del Muelle Prat, con el propósito de obtener sustento para sus hogares. Como consecuencia, en la madrugada del 10 de junio de 2025, alrededor de las 01:30 horas, fueron informados del desalojo de sus embarcaciones por parte de EPV, con apoyo de la Armada, Carabineros y Policía de Investigaciones. El operativo fue ejecutado por la empresa MG Servicios Marítimos, que trasladó las embarcaciones hasta un terreno en el camino La Pólvora, en Valparaíso.
Solicita que se declare que la recurrida ha incurrido en una vulneración flagrante de los derechos constitucionales de sus representados, disponiéndose todas las medidas necesarias para restablecer el imperio del Derecho, con expresa condena en costas. Acompaña documentos.
En el folio 9 evacúa informe la Empresa Portuaria de Valparaíso, solicitando el rechazo del recurso, con costas.
Sostiene, en primer término, que la acción constituye un intento de impugnar decisiones adoptadas desde los años 2020 y 2022, cuando se notificó a los recurrentes que las embarcaciones “Sam Wha Uno” y “La venganza del pirata” carecían de autorización para operar en el Muelle Prat. Alega, en consecuencia, la extemporaneidad del recurso, pues los actores conocían desde hace años su situación, excediendo con creces el plazo de 30 días que establece el Auto Acordado.
En segundo lugar, hace presente que esta Corte ya se pronunció sobre el caso de doña nombre reservado en causa Rol N° 61.233-2022, rechazando un recurso idéntico y declarando expresamente que “la autorización de funcionamiento de las naves de la recurrente no tiene el carácter de derecho indubitado”.
Seguidamente, denuncia imprecisiones en el recurso, afirmando que los actores no cuentan con autorización vigente ni cumplen la normativa, destacando que el señor nombre reservado ha sido sancionado reiteradamente por la Autoridad Marítima y enfrenta procesos penales, además de que posee otra embarcación (“Papillon III”) con autorización en Muelle Prat.
En cuanto a los fundamentos jurídicos, desarrolla que la Ley N° 19.542 confiere a EPV la potestad de administrar, explotar y conservar el puerto, dictando en ejercicio de ello el Reglamento de Uso de Frentes de Atraque y el Reglamento de Coordinación, que regulan el ingreso y permanencia de naves. Subraya que los puertos bajo su administración son de uso público, sujetos a un funcionamiento continuo y permanente, lo que justifica el ejercicio de facultades regulatorias.
Respecto de los recurrentes, indica que el señor nombre reservado operó sin autorización desde 2020, cometiendo infracciones reiteradas, mientras que la señora nombre reservado intentó en 2022 reemplazar unilateralmente una nave inexistente, lo que motivó un recurso de protección previamente rechazado.
Finalmente, refiere que, ante el incumplimiento persistente, EPV solicitó el auxilio de la fuerza pública, dictándose las Resoluciones Exentas N° 636 y 652 de la Delegación Presidencial Regional, que reconocieron la ocupación ilegal del bien fiscal y ordenaron el desalojo, operativo que culminó con el traslado de las embarcaciones a ZEAL, donde quedaron a disposición de sus propietarios.
Concluye que no existe acción u omisión ilegal o arbitraria, pues EPV actuó dentro de sus facultades legales, sin vulneración de derechos indubitados. Acompaña documentos.
En el folio 10 se trajeron los autos en relación.
En el folio 11 se trajeron a la vista las causas Rol IC Protección N° 4225-2022, Protección N° 2141-2023, Protección N° 61.233-2022 y Protección N° 7183-2020 de esta Iltma. Corte.
En el folio 13 la Empresa Portuaria de Valparaíso acompañó informe en derecho del abogado y profesor don nombre reservado.
Con lo relacionado y considerando:
En cuanto a la extemporaneidad de la acción:
Primero: Que, del mérito de los antecedentes, se desprende que los actos que los recurrentes estiman ilegales y arbitrarios son las Resoluciones Exentas N° 636 y N° 652, de 3 y 6 de junio de 2025, dictadas por la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso, mediante las cuales se decretó la restitución administrativa con auxilio de la fuerza pública respecto de bienes fiscales bajo la administración de la Empresa Portuaria de Valparaíso. Por haberse deducido el recurso el 11 de julio del mismo año, dentro del plazo de treinta días establecido en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, corresponde rechazar la alegación de extemporaneidad.
En cuanto al fondo:
Segundo: Que la acción constitucional de protección, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido establecida en favor de quien, a causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías asegurados en el artículo 19 de la Carta Fundamental.
Tercero: Que, por esta vía cautelar, se denuncia como ilegal y arbitrario el impedir a los recurrentes ejercer su actividad económica como lancheros, armadores y patrones de naves menores, al no autorizar la operación de sus embarcaciones en el Muelle Prat de Valparaíso y al disponer su desalojo forzoso, conculcando con ello los derechos fundamentales de libertad de trabajo, libertad económica y derecho de propiedad, garantizados en el artículo 19, numerales 16°, incisos 1° y 3°; 21°, inciso primero; y 24°, de la Constitución Política de la República.
Cuarto: Que la recurrida solicita el rechazo del recurso, argumentando, en síntesis, que no ha existido acción ni omisión ilegal o arbitraria, puesto que ha obrado en pleno ejercicio de sus atribuciones legales. En particular, invoca las facultades de la Empresa Portuaria de Valparaíso para administrar el Puerto de Valparaíso, la que, al constatar que once embarcaciones —incluidas las de los recurrentes— ocupaban de manera ilegal el espacio portuario sin contar con las autorizaciones correspondientes, requirió la intervención de la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso y de la Armada de Chile, con auxilio de la fuerza pública, a fin de proceder al retiro y desalojo de dichas naves.
Quinto: Que, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 19.542, de Modernización del Sector Portuario Estatal, la Empresa Portuaria de Valparaíso es una persona jurídica de derecho público, con patrimonio propio, cuyo objeto es administrar, explotar, desarrollar y conservar el Puerto de Valparaíso y sus bienes. Conforme al artículo 8 N° 4 de dicha normativa, la entidad dictó un Reglamento de Uso de Frentes de Atraque y un Reglamento de Coordinación del Recinto Portuario de Puerto de Valparaíso, obligatorios para todos los usuarios, concesionarios y particulares. Dichas normas la facultan para gestionar el movimiento de naves, prohibiendo el ingreso, permanencia o fondeo de embarcaciones sin autorización escrita, y permitiéndole requerir a la autoridad marítima el desatraque de aquellas que incumplan tales disposiciones. Asimismo, se le reconocen facultades de supervigilancia, regulación y fiscalización respecto de todas las actividades desarrolladas en el recinto portuario y sus áreas periféricas.
Sexto: Que el Reglamento de Coordinación del Recinto Portuario de Valparaíso establece, en su artículo 65, que: “Corresponderá a la Empresa la regulación del uso de las áreas marítimas del Recinto Portuario.” Del mismo modo, en su artículo 67 dispone: “En uso de las facultades que otorga este Reglamento, EPV dictará y/o modificará, en su caso, procedimientos específicos respecto del fondeo, zarpe, recalada y el funcionamiento de las embarcaciones menores en la nombre reservado, en los Muelles Prat y Barón.”
Séptimo: Que, en consecuencia, la Empresa Portuaria de Valparaíso se encuentra facultada para ordenar el retiro de las naves que no cumplan la reglamentación referida, facultad que esta Corte ha reconocido, entre otros, en el Rol N° 61.233-2022, sobre acción de protección.
Octavo: Que, además, de los informes presentados, de la documentación acompañada y de los expedientes judiciales traídos a la vista, se desprende que el derecho de los recurrentes a operar las naves retiradas del Puerto de Valparaíso ha sido objeto de cuestionamientos desde hace varios años por parte de la Empresa Portuaria, en el marco de sucesivos procedimientos realizados en ejercicio de sus atribuciones administrativas.
Noveno: Que, en consecuencia, la autorización de funcionamiento de las naves desembarcadas no constituye un derecho indubitado de los recurrentes, y la empresa pública recurrida, al disponer y ejecutar su retiro del espacio portuario, actuó dentro de sus facultades, observando los principios de legalidad y coordinación interinstitucional, sin que se advierta arbitrariedad ni ilegalidad en sus decisiones o actuaciones. Por estas razones, la presente acción no puede prosperar.
Por estas consideraciones, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, y demás disposiciones legales pertinentes, se declara:
1.- Que se rechaza la alegación de extemporaneidad.
2.-Que se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto a favor de nombre reservado y nombre reservado en contra de la Empresa Portuaria de Valparaíso.
Regístrese, notifíquese, comuníquese por la vía más expedita y, en su oportunidad, archívese.
Redacción del abogado integrante Eduardo Morales Espinosa.
Se deja constancia que no firman, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y a su acuerdo, el ministro señor Rafael Corvalán autorizado de conformidad a lo dispuesto en el artículo 347 del Código Orgánico de Tribunales y el abogado integrante Eduardo Morales Espinosa, por no integrar Sala el día de hoy.
N°Protección-3924-2025.