Protección contra Ilustre Municipalidad de Petorca

Jbl C.A. de Valparaíso Valparaíso, dos de julio de dos mil veintiséis.

Visto:

A folio 1, Libertad Carmona Santana, abogada, deduce acción de protección en favor de nombre reservado y en contra de la Ilustre Municipalidad de Petorca, representada legalmente por su Alcalde, don Gustavo Henríquez Toledo, por el acto que considera ilegal y arbitrario, consistente en el Decreto Alcaldicio S.R. N°NUM000, de 6 de abril de 2026, mediante el cual se rechazó el recurso de reposición interpuesto por el recurrente y mantuvo a su respecto la medida disciplinaria de destitución, lo que estima vulnera sus derechos fundamentales garantizados en el artículo 19 N°2, 3 y 4 de la Constitución Política de la República, con afectación consecuencial del artículo 19 N°24 de la Carta Fundamental.

Expone que, el actor, de profesión ingeniero agrónomo, fue sometido a un sumario administrativo instruido por Decreto Alcaldicio N°NUM001, en el que se le formularon cargos por realizar viajes a la República Argentina durante períodos en que se encontraba haciendo uso de licencias médicas. Señala que, si bien reconoció los desplazamientos, estos no correspondieron a vacaciones, sino a razones familiares, educacionales y personales urgentes para apoyar en la instalación habitacional de la hija de su pareja en la ciudad de La Plata, en un contexto de delicada salud mental del recurrente.

Alega que, el Decreto Alcaldicio S.R. N°NUM000 adolece de un grave vicio de juridicidad y falta de fundamentación, pues frente a alegaciones explícitas de falta de análisis individual, la autoridad municipal entregó una respuesta puramente remisiva a la Vista Fiscal.

Argumenta que el referido decreto citó erróneamente el "Considerando 57°" de dicha Vista Fiscal para desestimar sus agravios, el cual no corresponde a una valoración del caso de don nombre reservado, sino a los descargos de otra inculpada, configurando una motivación solo aparente.

Sostiene que la autoridad omitió ponderar de manera real la prueba médica, psicológica, familiar y documental acompañada y que aplicó la sanción expulsiva de forma colectiva y categorial, diluyendo la responsabilidad individual. Adicionalmente, acusa un manejo ilegal de datos sensibles en el expediente común, al ponerse a disposición copias íntegras del sumario a través de links o carpetas compartidas con otros inculpados sin medidas de tarja, segmentación o resguardo.

Concluye solicitando que se acoja el recurso, se declare ilegal y arbitrario el Decreto Alcaldicio S.R. N°NUM000, se deje sin efecto y se prive de eficacia actual la destitución aplicada; disponiéndose su reincorporación inmediata al cargo, grado y régimen estatutario, junto al pago de las remuneraciones y cotizaciones correspondientes por el tiempo separado del servicio; o, en subsidio, se ordene retrotraer el procedimiento administrativo para emitir un acto terminal debidamente fundado e individualizado. Asimismo, solicita ordenar medidas de resguardo y tarja respecto a sus datos personales sensibles en el sumario.

A folio 16, evacúa informe don Juan Luis Tobar Valdivia, abogado, en representación de la Ilustre Municipalidad de Petorca.

Indica que ni la Municipalidad, ni el Alcalde han incurrido en actos ilegales o arbitrarios que afecten garantías fundamentales.

Expone que, la medida disciplinaria de destitución deriva de un sumario administrativo regular instruido por Decreto Alcaldicio N°NUM001, en el cual se acreditó de forma irrefutable que el recurrente realizó viajes internacionales a la República Argentina mientras se encontraba haciendo uso de las licencias médicas N°NUM002 y N°NUM003, lo que constituye un quebrantamiento consciente al deber de reposo y una falta grave al principio de probidad y buena fe funcionaria. Sostiene que, la licencia médica no es un permiso de libre disposición, sino que tiene por fin exclusivo la recuperación de la salud, por lo que instrumentalizar dicho beneficio para realizar gestiones privadas fuera del país, mientras se perciben remuneraciones financiadas por la casa consistorial, lesiona gravemente la confianza pública y los caudales públicos municipales.

Argumenta que el error numérico en el considerando 10° del Decreto Alcaldicio S.R. N°NUM000 al citar el considerando 57° de la Vista Fiscal constituye un defecto puramente formal, accesorio e intrascendente, por lo que en virtud del principio de conservación del acto consagrado en el artículo 13 de la Ley N°19.880, este no tiene carácter invalidante ni generó indefensión, ya que el actor conoció de forma pormenorizada los cargos en su contra. Refuta la existencia de trato desigual, señalando que la sanción se aplicó de forma uniforme a todos los funcionarios del sumario común que incurrieron en las mismas inconductas.

Aduce que la determinación de la medida disciplinaria es una facultad privativa y discrecional del Alcalde respecto a la buena marcha municipal, y que la acción de protección no es la vía idónea ni una instancia jurisdiccional destinada a revisar el mérito, ponderar pruebas o calificar la proporcionalidad de las sanciones aplicadas en un procedimiento sumarial regular. Sostiene, asimismo, la improcedencia del recurso al existir una vía administrativa especial e idónea contemplada en el artículo 156 de la Ley N°18.883 y al ampararse la materia en el procedimiento de tutela laboral ante la judicatura del trabajo.

Finalmente pide que se tenga por evacuado el informe y que, en definitiva, se rechace el recurso de protección deducido en todas sus partes, con expresa condena en costas.

A folio 17, se ordena traer los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

Primero: Que, la acción constitucional de protección, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido establecida a favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de algunos de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19 de la Carta Fundamental.

Segundo: Que, mediante esta vía cautelar se impugna el Decreto Alcaldicio S.R. N°NUM000, de 6 de abril de 2026, dictado por la Ilustre Municipalidad de Petorca, que rechazó el recurso de reposición interpuesto por el recurrente y mantuvo la medida disciplinaria de destitución. El recurrente sostiene que dicho decreto adolece de fundamentación real, por cuanto se remite a un considerando de la Vista Fiscal correspondiente a otra inculpada, configura una motivación solo aparente y omite ponderar la prueba médica, psicológica, familiar y documental acompañada, aplicando la sanción de forma colectiva sin análisis de la responsabilidad individual. En consecuencia, solicita que se deje sin efecto la resolución impugnada, se ordene la reincorporación inmediata del actor y el pago retroactivo de sus estipendios, o, en subsidio, que se retrotraiga el procedimiento administrativo para la dictación de una resolución debidamente fundada.

Tercero: Que, el recurrido informa -en síntesis-, que el acto impugnado cumple con las exigencias legales y se encuentra plenamente fundado en un sumario regular donde se acreditó que el actor viajó a Argentina incumpliendo el reposo de dos licencias médicas, lo que infringe gravemente la probidad. Precisa que la remisión errónea al considerando 57° de la Vista Fiscal configura un error numérico puramente formal e intrascendente que no genera indefensión, debiendo mantenerse la validez del acto conforme al principio de conservación.

Sostiene que la acción de protección no es una instancia de revisión del mérito disciplinario y que el actor cuenta con vías específicas de impugnación técnica ante la Contraloría General de la República o la judicatura laboral, las cuales no ejerció.

Cuarto: Que para resolver es necesario considerar que no existe controversia entre las partes respecto de los hechos materia del recurso, esto es: a) Que la recurrida imputó dos cargos al recurrente: el primero, consistente en haber viajado a la República Argentina por el paso fronterizo Los Libertadores el día 31 de enero de 2024, afectando un día de reposo de la licencia médica N°NUM002, cuya vigencia comprendía desde el 16 de enero hasta el 5 de febrero de 2024; y el segundo, consistente en haber viajado a al mismo país, por idéntico paso fronterizo entre el 2 y el 9 de marzo de 2024, durante la vigencia de la licencia médica N°NUM003, que abarcaba desde el 27 de febrero hasta el 18 de marzo de 2024. b) Que, dichos viajes tuvieron por finalidad, según lo expuesto por el recurrente y no desvirtuado por la recurrida, apoyar en razones familiares, educacionales y personales relacionadas con la instalación habitacional de la hija de su pareja en la ciudad de La Plata, en un contexto de delicada salud mental del propio funcionario. c) Que, con motivo del Oficio de la Contraloría General de la República N°NUM004, de 2 de junio de 2025, que impartió instrucciones sobre procedimientos disciplinarios por uso de licencias médicas, se instruyó sumario administrativo en contra del actor mediante Decreto Alcaldicio N°NUM001. d) Que, el sumario culminó con el Decreto Alcaldicio S.R.

N°NUM005, de 27 de febrero de 2026, dictado por el Alcalde Subrogante don Marcelo Cruz Aguilera, que aplicó al recurrente la medida disciplinaria de destitución. e) Que, en contra de dicho decreto el actor presentó recurso de reposición el 6 de marzo de 2026, el que fue rechazado por Decreto Alcaldicio S.R. N°NUM000 de 6 de abril de 2026, notificado al recurrente el 10 de abril de 2026.

Quinto: Que el reproche disciplinario se funda exclusivamente en el supuesto incumplimiento del reposo médico prescrito. Sin embargo, conforme a la normativa vigente, específicamente el Decreto Supremo N°3, de 1984, del Ministerio de Salud, la facultad privativa y técnica para fiscalizar el correcto uso de la licencia médica, controlar el cumplimiento del reposo y sancionar su infracción mediante el rechazo o reducción del beneficio, radica en los organismos técnicos de salud competentes, esto es, la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) o la Institución de Salud Previsional (ISAPRE) correspondiente.

En la especie, no consta en el sumario administrativo que el organismo de salud competente haya cuestionado, rechazado o invalidado las licencias médicas del investigado por incumplimiento de reposo. Por el contrario, las licencias surtieron todos sus efectos legales y justificaron válidamente la ausencia laboral del funcionario desde el punto de vista estatutario.

En consecuencia, al no existir un pronunciamiento adverso de la autoridad sanitaria —que es el ente técnico llamado por ley a determinar si un viaje interrumpe o no la recuperación de la salud—, no es posible calificar los viajes como una infracción administrativa, pues ello implicaría invadir las competencias de fiscalización que el legislador ha entregado a otra autoridad.

Sexto: Que el principio de probidad administrativa se ha entendido que "consiste en observar una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con preeminencia del interés general sobre el particular", de acuerdo con lo que establece el artículo 52 de la Ley N°18.575, modificado por la Ley N°19.653.

Por su parte, el artículo 64 del mismo cuerpo legal consagra que "contraviene especialmente el principio de la probidad administrativa, las siguientes conductas: 1. Usar en beneficio propio o de terceros la información reservada o privilegiada a que se tuviere acceso en razón de la función pública que se desempeña; 2. Hacer valer indebidamente la posición funcionaria para influir sobre una persona con el objeto de conseguir un beneficio directo o indirecto para sí o para un tercero; 3.

Emplear, bajo cualquier forma, dinero o bienes de la institución, en provecho propio o de terceros; 4. Ejecutar actividades, ocupar tiempo de la jornada de trabajo o utilizar personal o recursos del organismo en beneficio propio o para fines ajenos a los institucionales; 5. Solicitar, hacerse prometer o aceptar, en razón del cargo o función, para sí o para terceros, donativos, ventajas o privilegios de cualquier naturaleza. 6.

Intervenir, en razón de las funciones, en asuntos en que se tenga interés personal o en que lo tengan el cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.

Asimismo, participar en decisiones en que exista cualquier circunstancia que le reste imparcialidad. Las autoridades y funcionarios deberán abstenerse de participar en estos asuntos, debiendo poner en conocimiento de su superior jerárquico la implicancia que les afecta; 7.

Omitir o eludir la propuesta pública en los casos que la ley la disponga, y 8. Contravenir los deberes de eficiencia, eficacia y legalidad que rigen el desempeño de los cargos públicos, con grave entorpecimiento del servicio o del ejercicio de los derechos ciudadanos ante la Administración." Asimismo, el artículo 125 del Estatuto Administrativo indica: "La destitución es la decisión de la autoridad facultada para hacer el nombramiento de poner término a los servicios de un funcionario. La medida disciplinaria de destitución procederá sólo cuando los hechos constitutivos de la infracción vulneren gravemente el principio de probidad administrativa, y en los siguientes casos: a) Ausentarse de la institución por más de tres días consecutivos, sin causa justificada; b)

Infringir las disposiciones de las letras i), j), k), l) y m) del artículo 84; c)

Condena por crimen o simple delito, y d) Presentar denuncias falsas de infracciones disciplinarias, faltas administrativas o delitos, a sabiendas o con el ánimo deliberado de perjudicar al o a los sujetos denunciados. e) Ejecutar acciones de hostigamiento en contra de cualquier persona que efectúe una denuncia de acuerdo a lo previsto en la ley, o declare como testigo en una investigación administrativa o ante la justicia, afectando su indemnidad o estabilidad en el empleo, su vida o integridad, su libertad o su patrimonio, o que produzca la misma afectación respecto de un miembro de su familia. f) En los demás casos contemplados en este Estatuto o leyes especiales." Séptimo: Que, en el presente caso, siendo el motivo de la destitución la falta de probidad administrativa, la que se funda en el uso malicioso de una licencia médica, lo que se produce cuando se demuestra mala fe en su obtención, ya sea simulando una situación de salud para obtenerla, sea sin presentar las patologías que en ella se señalan, caso en el cual la responsabilidad debe recaer sobre el facultativo que la otorgó, cabe considerar que ninguna de las dos circunstancias fue acreditada en el sumario.

En el presente caso, la imputación de falta de probidad administrativa formulada en contra del recurrente se relaciona con sus salidas del país mientras se encontraba con licencias médicas vigentes — el 31 de enero de 2024 y entre el 2 y el 9 de marzo de 2024—, pudiendo haber solicitado permisos administrativos para dichos viajes, lo que no hizo, hecho que reconoce el recurrente, explicando que los desplazamientos obedecieron a razones familiares urgentes relacionadas con la instalación habitacional de la hija de su pareja en la ciudad de La Plata y con su propia situación de salud mental, lo que, a juicio de esta Corte, no resulta suficiente para configurar la falta de probidad administrativa que conduzca a la destitución del funcionario.

Octavo: Que, en la especie, no se ha acreditado la existencia de mala fe en la obtención de las licencias que le fueran otorgadas al actor y, si bien es posible considerar reprochable el viajar al extranjero sin respetar el reposo, dicho acto no puede ser considerado como falta de probidad en los términos indicados en el considerando sexto de este fallo, por lo que la decisión de destitución recaída sobre el recurrente aparece desproporcionada y desde ahí constituye un acto arbitrario desplegado por la autoridad recurrida, el que ha vulnerado los derechos constitucionales consagrados en el artículo 19, numerales 2° y 3° de la Carta Fundamental del actor.

Noveno: Que, por otra parte, resulta importante recordar que el ius puniendi se rige por el principio de legalidad, el que ha sido soslayado por la recurrida, ya que la imputación infraccional en que se sustenta el decreto de destitución se ha construido sobre la base de una interpretación analógica que está proscrita por nuestro ordenamiento para el derecho sancionador. En efecto, se le imputa al recurrente haber incumplido su reposo médico al haber efectuado viajes a la República Argentina sin explicar cuál es la razón de tal reproche ni por qué la salida del país sería una conducta censurable, sobre todo teniendo presente que las licencias médicas no han sido cuestionadas por la autoridad sanitaria competente. Sobre todo, porque no existe en Chile ninguna norma que le prohíba a las personas que hacen uso de licencia médica salir al extranjero y, en este contexto, a falta de prohibición legal, resultaba imperioso que la recurrida explicara por qué entonces unos viajes que no están prohibidos podrían significar automáticamente un incumplimiento del reposo.

En la misma línea, la jurisprudencia administrativa emanada de la SUSESO sostiene que los viajes al extranjero vulneran el derecho que tiene la entidad respectiva para ejercer las facultades fiscalizadoras respecto de las licencias médicas. Sin embargo, la mencionada opinión no alcanza para satisfacer el principio de legalidad, no sólo por la jerarquía normativa de la misma, insuficiente para estos fines, sino porque, tal como se adelantó, implica el establecimiento de un ilícito administrativo por analogía, lo que está proscrito en nuestro derecho. En efecto, lo que se afirma es lo siguiente: como las entidades previsionales tienen derecho a fiscalizar el uso de las licencias médicas, si el paciente viaja al extranjero se impide dicha fiscalización, lo que lleva a la conclusión de que existiría una prohibición de salir al extranjero mientras la persona se encuentra con licencia médica.

Como puede fácilmente advertirse, ante la inexistencia de una prohibición legal para salir del país con licencia médica, se ha recurrido a esta especie de analogía. Esta propuesta, además de quebrantar el principio de legalidad, presenta otros problemas relacionados con la coherencia del planteamiento, partiendo por la distinción entre viajes al extranjero y desplazamientos dentro del territorio nacional. En efecto, si la base de este supuesto ilícito administrativo dice relación con la imposibilidad de fiscalizar al paciente, no se entiende que sólo se haya investigado a las personas que viajaron al extranjero, en circunstancias que dicha imposibilidad se aplicaría a todo aquel que no cumple el reposo en su domicilio.

Por otra parte, para que esta tesis tuviera alguna lógica, los organismos sectoriales tendrían que haber acreditado que concurrieron al domicilio del paciente y no lo encontraron, para poder tener por configurado el impedimento de fiscalización que se alega como justificación al reproche realizado para los viajes al extranjero, pero en este caso esos organismos ni siquiera ejercieron dichas facultades, razón por la cual esta Corte no comprende cómo reclaman ahora el supuesto impedimento. Más bien, parece una forma de aprovechamiento de la propia falta de diligencia.

Décimo: Que, para cerrar estos razonamientos, parece importante reforzar el principio de tipicidad, para decir que no basta con que una determinada conducta le parezca al juzgador —y a la opinión pública— poco prudente, irregular o indebida, para que surja responsabilidad penal, administrativa o disciplinaria, sino que resulta indispensable la existencia de una infracción a un deber o prohibición debidamente tipificado, y concurriendo los demás requisitos de dicha responsabilidad. De no respetar estos principios básicos que nos hemos impuesto como sociedad, quedamos entregados al prejuicio que es la antítesis de la justicia.

Undécimo: Que, por lo demás, tampoco se explica por la recurrida los motivos por los cuales se optó por aplicar al actor la medida disciplinaria más gravosa, sin considerar las circunstancias personales y de salud que rodearon los viajes, ni el contexto de delicada salud mental del funcionario que fue expuesto en los descargos y en el recurso de reposición sin recibir ponderación alguna, carencia argumentativa que convierte la decisión en arbitraria.

Decimosegundo: Que lo anterior resulta agravado por el hecho de que el Decreto Alcaldicio S.R. N°NUM000, que rechazó el recurso de reposición del actor, incurre en un vicio de fundamentación. En efecto, consta que en su considerando 10° dicho decreto se remite al considerando 57° de la Vista Fiscal para desestimar los agravios del recurrente; sin embargo, conforme lo reconoce expresamente en su informe el propio recurrido, tal considerando no contiene una valoración del caso de don nombre reservado, sino que alude a los descargos de otra funcionaria inculpada en el mismo sumario. En tales circunstancias, el acto terminal impugnado resulta igualmente ilegal, pues no da respuesta a las alegaciones que el recurrente planteó específicamente en su oportunidad, contrariando así el deber de motivación que los artículos 11 y 41 de la Ley N°19.880 imponen a todo acto administrativo decisorio, en cuanto exigen que éste exprese los hechos y fundamentos de derecho que sirven de base a la decisión adoptada.

Decimotercero: Que, por lo razonado, y estimando esta Corte que el actuar de la recurrida resulta ilegal y arbitrario, el recurso será acogido, en los términos que se señalarán en lo resolutivo de esta sentencia.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se acoge, sin costas, el recurso de protección deducido por la abogada Libertad Carmona Santana, en favor de don nombre reservado en contra de la Ilustre Municipalidad de Petorca, y se dejan sin efecto el Decreto Alcaldicio S.R. N°NUM005, de 27 de febrero de 2026, que aplicó la medida disciplinaria de destitución; y el Decreto Alcaldicio S.R. N°NUM000, de 6 de abril de 2026, que rechazó el recurso de reposición interpuesto en su contra.

Acordada con el voto en contra del Abogado Integrante señor Guillermo Oliver, quien estuvo por rechazar el recurso, atendidas las siguientes consideraciones: 1°) Que, lo impugnado corresponde a una reiteración de las alegaciones ya formuladas en sede administrativa mediante recurso de reposición en contra del Decreto Alcaldicio N°NUM001, de la Municipalidad de Petorca, las que cuestionan razones de mérito o de ponderación que no habrían sido consideradas por la autoridad previamente a determinar imponer la sanción de destitución. 2°) Que, el artículo 8° de la Constitución Política exige a autoridades y funcionarios públicos dar estricto cumplimiento al principio de probidad en todas sus actuaciones, debiendo, por tanto, observar una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con preeminencia del interés general sobre el particular, y el artículo 123 del Estatuto Administrativo para funcionarios municipales, prescribe que la medida disciplinaria de destitución procederá cuando los hechos constitutivos de la infracción vulneren gravemente el principio de probidad administrativa. 3°) Que, en el caso de autos, la conducta que determinó la infracción y la aplicación de la sanción, vale decir, hacer uso indebido de una licencia médica para fines particulares, como lo es un viaje fuera del territorio nacional, ajeno a la finalidad que el reposo contemplaba, a fin de obtener descansos y beneficios económicos por sobre los que otorga la ley estatutaria al resto de los funcionarios municipales, afectando el debido cumplimiento de las funciones del órgano y la satisfacción de las necesidades colectivas, de manera regular y continua, junto con el consecuente menoscabo del patrimonio municipal, constituyen elementos propios de una afectación de carácter grave a la probidad, y, por tanto, la autoridad municipal al aplicar la medida de destitución actuó dentro de la esfera de sus atribuciones y en resguardo del interés general. 4°) Que, consta, además, que el procedimiento administrativo disciplinario fue tramitado conforme a las normas legales aplicables, con pleno respeto al derecho a defensa de la recurrente, en el cual se analizaron cada uno de los argumentos en que se fundó sus descargos y el recurso de reposición, sin que esta Corte pueda evidenciar que se haya producido ilegalidad o arbitrariedad alguna durante la tramitación del procedimiento sancionatorio que justifique el otorgamiento del amparo solicitado, por lo que procede desestimar la acción constitucional de protección.

Comuníquese, notifíquese y regístrese.

Redacción de la Ministra Sra. Carolina Figueroa Chandía.

N° Protección-3917-2026.

Se deja constancia que no firma el Abogado Integrante señor Guillermo Oliver Calderón, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo de la causa, por no integrar sala el día de hoy.