Protección contra Corporación Educacional nombre reservado

C.A. de Valparaíso Valparaíso, uno de julio de dos mil veintiséis.

Visto:

A folio 1, comparece don nombre reservado, quien deduce recurso de protección en representación de su hijo menor de edad, nombre reservado, en contra de la Corporación Educacional nombre reservado, por la privación y afectación de sus derechos fundamentales.

Sostiene que el 9 de abril pasado su hijo participó en una pelea al interior del Colegio, en la que resultó golpeado por un compañero, razón por la cual pidió al colegio que llamaran a su madre para retirarlo.

Señala que los días siguientes su pupilo acudió a clases normalmente hasta que el 13 de abril se le notificó a los padres el inicio de un procedimiento por Violencia Escolar invocando la Ley N° 21.128, imputándosele al alumno el porte de un arma corto punzante, proceso durante el cual evacuó los descargos pertinentes explicando que dicho elemento correspondía a los cubiertos que su hijo emplea para almorzar.

Reclama que el Colegio no recabó los antecedentes suficientes ni permitió su debida defensa, afectando también la presunción de inocencia de su hijo y otros derechos de fondo, pues no consideró atenuantes, a la vez que sí amplificó las agravantes.

Precisa que el 24 de abril del presente le notificaron la resolución final que dispuso la expulsión de su hijo, por el cargo de afectar gravemente la convivencia escolar al portar arma blanca o elemento corto punzante al interior del colegio, tipificado como falta gravísima.

Añade que es el Ministerio Público el órgano facultado para determinar la efectividad de los hechos y la participación de su hijo en los mismos.

Manifiesta que todo lo expuesto ha significado una afectación a sus derechos fundamentales consagrados en los numerales 2, 3 inciso quinto del artículo 19 de la Constitución Política.

Solicita en definitiva se deje sin efecto la sanción aplicada al alumno.

A folio 14, evacúa informe la Superintendencia de Educación, dando cuenta en lo pertinente que el 24 de abril, el recurrente dedujo una denuncia en contra del Colegio nombre reservado, que el 14 de mayo del presente año el Colegio nombre reservado ingresó un expediente de expulsión correspondiente al estudiante materia del presente recurso, iniciando un proceso de revisión que fue finalizado el 18 de mayo siguiente por dicha autoridad mediante el Ordinario que cita y que concluye, en síntesis, que el procedimiento de aplicación de la medida disciplinaria se ajusta a la normativa educacional, desde que el Reglamento Interno del establecimiento contempla expresamente como causal de expulsión el uso, porte, posesión o tenencia de armas, circunstancia que se encuentra debidamente acreditada y configurada así una falta gravísima del estudiante, de modo tal que la medida adoptada se encuentra plenamente habilitada desde el punto de vista normativo, descartándose arbitrariedad. Finaliza dicho informe señalando que no se advierten vulneraciones al debido proceso ni a los derechos educacionales del estudiante.

A folio 17, evacúa informe la Corporación nombre reservado, solicitando el rechazo del recurso.

Defiende en primer lugar que la medida expulsiva del alumno fue adoptada de conformidad a la normativa vigente, particularmente la Ley N° 21.128 y el Reglamento Interno del Colegio, descartando la existencia de cualquier acto ilegal o arbitrario.

Añade que el adolescente, de actuales 15 años, ingresó al establecimiento en 2024 y desde entonces presentó diversas dificultades escolares y conductuales, consistentes en conflictos de convivencia, baja motivación académica y episodios de desregulación emocional, por lo que el Colegio implementó diversas medidas de apoyo pedagógico, psicológico y psicoeducativo, manteniendo entrevistas permanentes con el alumno y su familia, sin que existiera una adecuada adherencia a los tratamientos externos sugeridos, situación que habría persistido durante los años 2025 y 2026, razón por la cual incluso interpusieron una denuncia ante el Juzgado de Familia de Viña del Mar, por vulneración de derechos del adolescente.

Afirma que el 9 de abril el alumno protagonizó una disputa física con un compañero, contexto en el que una docente lo observó dirigirse a su mochila y extraer un objeto, y que luego diversos estudiantes informaron haber visto al alumno expulsado sacar un cuchillo desde su mochila, lo que al ser consultado, fue reconocido por el propio estudiante, procediendo voluntariamente a abrir su mochila, verificándose la existencia de un cuchillo que fue requisado por razones de seguridad.

Indica que por ello activaron el procedimiento contemplado en la Ley N° 21.128, notificándose a la familia e iniciándose la investigación correspondiente, en la que se recibieron los descargos de sus apoderados, se entrevistó a funcionarios, estudiantes y testigos presenciales, recabándose informes técnicos, todo lo cual llevó a acreditar suficientemente los hechos.

Añade que los hechos fueron correctamente ponderados y se consideraron las respectivas agravantes y atenuantes, todo lo cual determinó calificar la conducta del estudiante como gravísima al generar un riesgo concreto e inminente para la integridad física de la comunidad educativa.

Puntualiza que la familia dedujo los recursos respectivos en contra de la expulsión, los que fueron conocidos por un Consejo Extraordinario de Profesores, lo que fue rechazado finalmente, y no obstante los apoderados dedujeron una denuncia ante la Superintendencia de Educación, esta concluyó que el procedimiento aplicado se ajustó a derecho.

Concluye que la expulsión constituye una medida proporcional y legítima, fundada en los antecedentes expuestos, por lo que solicita el rechazo del recurso, con costas.

A folio 19, se traen los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, la acción constitucional de protección, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido establecida a favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio algunos de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19 de la Carta Fundamental.

Segundo: Que, el recurrente hace consistir las actuaciones ilegales o arbitrarias denunciadas en la medida de expulsión aplicada al estudiante por parte del Colegio.

Tercero: Que, en tal contexto, el análisis que corresponde efectuar a esta Corte no consiste en sustituir al establecimiento educacional en la valoración del mérito disciplinario de los antecedentes reunidos, sino en determinar si la medida impugnada fue adoptada con infracción de la normativa aplicable, sin fundamento racional o prescindiendo de las garantías básicas del procedimiento.

Cuarto: Que, de los antecedentes acompañados aparece que el establecimiento recurrido activó un procedimiento disciplinario conforme a la Ley N° 21.128, imputándosele al alumno el porte de un arma corto punzante en dependencias del colegio, hecho que, por su naturaleza, no puede ser estimado como una mera infracción ordinaria de convivencia, sino como una conducta objetivamente grave, apta para alterar la seguridad, tranquilidad y normal funcionamiento de toda la comunidad educativa.

Quinto: Que, la recurrida calificada como gravísima, fundó la medida disciplinaria en lo dispuesto en el Cap. III, Nº5, Letra C, Inc. 9 del Reglamento Interno del establecimiento, que expresamente la contempla como tal “Portar y/o hacer uso de armas al interior del establecimiento”, en consonancia con la regla prevista en la Ley N° 21.128, que considera siempre como afectaciones graves a la convivencia escolar “el porte, posesión y tenencia de armas, sin requerir la materialización de un daño efectivo.” En este sentido, la sanción aplicada no aparece desconectada del marco normativo interno del establecimiento, sino expresamente prevista para hechos de la entidad del investigado.

Sexto: Que, tampoco se advierte ilegalidad en el procedimiento seguido. En efecto, consta que se comunicó a los apoderados el inicio del procedimiento, se informó la conducta atribuida, se otorgó oportunidad para presentar descargos, se recibieron antecedentes de la familia, se practicaron entrevistas a todos los testigos, se elaboró informe técnico, se notificó la medida, se concedió la posibilidad de reconsideración, se ejercieron los recursos administrativos internos y externos, y finalmente se convocó a un Consejo Extraordinario de Profesores a fin de tratar en detalle específicamente la impugnación interpuesta, manteniéndose la sanción.

Séptimo: Que, lo anterior fue, además, revisado por la Superintendencia de Educación, órgano técnico competente en la materia, que mediante Ordinario N° NUM000 informó el cierre del expediente concluyendo que el procedimiento de aplicación de la medida disciplinaria se ajusta a la normativa educacional, desde que el Reglamento Interno del establecimiento contempla expresamente como causal de expulsión el uso, porte, posesión o tenencia de armas, circunstancia que se encuentra debidamente acreditada, configurando así una falta gravísima del estudiante, de modo tal que la medida adoptada se encuentra plenamente habilitada desde el punto de vista normativo, descartándose arbitrariedad. Como corolario, dicho informe afirma que no se advierten vulneraciones al debido proceso ni a los derechos educacionales del estudiante.

Octavo: Que, en cuanto a la proporcionalidad de la medida, debe tenerse presente que la resolución recurrida se sustentó en una conducta de alta gravedad y atendida su impacto en la comunidad educativa, reviste una entidad suficiente para justificar la activación de las medidas disciplinarias más gravosas previstas en el Reglamento Interno.

Noveno: Que la recurrida, al ponderar la medida, tuvo además a la vista todos los antecedentes particulares del estudiante, tanto agravantes como atenuantes, particularmente respecto a su trayectoria personal, académica y conductual. Tales elementos, sin constituir por sí solos la causa de la expulsión, resultan pertinentes para valorar si una medida menos intensa era idónea para resguardar la convivencia escolar y prevenir la reiteración de conductas similares.

Décimo: Que, desde esa perspectiva, la expulsión no aparece como una medida carente de razonabilidad o desmedida, sino como una medida adoptada frente a una conducta gravísima, expresamente tipificada en el Reglamento Interno, que produjo una alteración concreta del funcionamiento escolar.

Undécimo: Que, por consiguiente, no se advierte la existencia de un acto arbitrario o ilegal imputable a la recurrida, toda vez que la sanción de expulsión se fundó en una causal expresa del Reglamento Interno, fue precedida de un procedimiento en que se otorgó oportunidad de descargos y reconsideración, contó con consulta al Consejo de Profesores, fue fundada en antecedentes reunidos durante la investigación y, además, fue revisada por la Superintendencia de Educación, que estimó ajustado el procedimiento a la normativa educacional.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto por don nombre reservado, en contra de la Corporación Educacional nombre reservado.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-3903-2026.