Protección contra Resolución de solicitud de reconsideración de multa administrativa Nº 7971/19/77

C.A. de Valparaíso Valparaíso, diecinueve de febrero de dos mil veinte.

VISTOS:

A folio 1, comparece Emma Isabel Rivera Gatica, abogada, en representación de Inmobiliaria Parques y Jardines S.A., RUT Nº RUT reservado, sociedad del giro de su denominación, representada legalmente por nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado, e interpone recurso de protección en contra de la Resolución de solicitud de reconsideración de multa administrativa Nº 7971/19/77 de 21 de octubre de 2019, dictada por la Inspectora Provincial del Trabajo Marga Marga, doña nombre reservado, atendido que al dictar la referida resolución, ha cometido un acto ilegal y arbitrario que perturba y amenaza el legítimo ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución Política de la República, en su artículo 19 Nº 3, inciso 5º y Nº 24.

Expone que se sancionó a su representada por no exhibir los comprobantes de pago de remuneraciones del período 05/2018 a 04/2019, respecto de la ex trabajadora nombre reservado y por no pagar la semana corrida a la misma, habiéndose constatado que se remunera por comisión, respecto de los siguientes períodos 05/2018-04/2019. En virtud de lo constatado, se le sancionó al pago de una multa por dos supuestas infracciones, siendo la primera de un ingreso mínimo mensual y la segunda de 10 UTM. Posteriormente, su parte ingresó reclamo administrativo ante la Inspección Provincial del Trabajo Marga Marga, alegando error de hecho por ambos hechos, el que es resuelto mediante la dictación de la resolución 7971/19/77.

Explica que su parte presenta este recurso respecto de la segunda sanción individualizada como 7971/19/77-2 relativa al supuesto pago de la semana corrida, en virtud que sobre la multa 7971/19/77-1 la Dirección del Trabajo admitió que el funcionario de dicha institución, había cometido error de hecho en la aplicación de la sanción toda vez que no se había constatado el hecho que constituye la infracción sancionada.

Señala que para el pronunciamiento de la resolución que reclama, el fiscalizador revisó el tipo de remuneraciones de la ex trabajadora, doña nombre reservado, indicando que por el solo hecho de existir comisiones, debería pagarse el concepto de semana corrida a ella por el período mayo 2018 a abril 2019, lo que su parte controvierte, ya que no toda comisión lleva la obligación de pagar semana corrida, en especial debido a que éstas no se devengan día a día por la trabajadora, sino que corresponden a comisiones por procesos complejos de venta, de duración superior y que puede tomar varias semanas cada operación, lo que está señalado en reclamación administrativa de multa, en procedimiento de ventas de la empresa, debidamente estipulado en el contrato individual de trabajo y en la cláusula 29º del contrato colectivo de ventas que estipula un finiquito de obligaciones, respecto a cualquier conflicto, pretensión o alegación que pudiera haber existido o en lo sucesivo pueda generarse por semana corrida y otros rubros.

Argumenta que de esta forma, la resolución por la cual se recurre condenó a su representada al pago de la multa señalada, basándose en que toda comisión lleva aparejada la obligación de pago de semana corrida, lo que su parte niega, ya que la semana corrida tiene una serie de requisitos, entre los cuales se encuentra que ésta se devengue día a día, que no es el caso de su representada.

Considera que el fiscalizador ha excedido sus atribuciones legales al invadir el ámbito de conocimiento de los tribunales de justicia, a quienes corresponde el conocimiento de estas materias, imponiendo a su representada una multa ilegal y arbitraria, actuando como tribunal, rechazando pruebas y calificando, interpretando y dando aplicación concreta a los contratos, los anexos y las comisiones, resolviendo aplicar multa por corresponder el pago de semana corrida a pesar de ser una materia controvertida y de interpretación de fondo.

Pide se deje sin efecto la Resolución Nº 7971/19/77 de 21 de octubre de 2019.

En folio 14, comparece Chris Schofield Ríos, abogada, en representación de la Inspección Provincial del Trabajo de Mar Marga, informando el recurso de autos, solicitando su rechazo.

En primer término alega la improcedencia de la acción cautelar, atendida la naturaleza del acto recurrido, toda vez que las resoluciones de la Dirección del Trabajo relativas a multas administrativas poseen un procedimiento especial de impugnación establecido en el Código del Trabajo en sus artículos 503 y siguientes del Código del ramo ante los tribunales de justicia en un procedimiento de lato conocimiento.

En cuanto al fondo, sostiene que el proceso llevado a cabo en sede administrativa, consistente en la realización de un comparendo de conciliación, a solicitud de la trabajadora afectada, que derivó en la aplicación de la multa administrativa recurrida y que llevó a interponer al recurrente de autos la respectiva solicitud de reconsideración administrativa de multa, cumplió estrictamente con los procedimientos establecidos por la propia Dirección del Trabajo, apegándose irrestrictamente a la legalidad vigente, por lo que ni el fiscalizador ni la Inspección Provincial del Trabajo de Marga Marga, actuaron de forma arbitraria e ilegal.

Aduce que la infracción Nº 7971/19/77-2 por “no pagar semana corrida a la ex trabajadora doña nombre reservado, habiéndose constatado que se remunera por comisión, respecto de los períodos 05.2018 a 04.2019”, fue cursada conforme a derecho y en tal sentido es confirmada por la Resolución Nº 245 recurrida en autos, atendido que las remuneraciones variables, comisiones en este caso, cumplen con la totalidad de los requisitos que la ley exige para ser considerados en la base de cálculo de la semana corrida, es decir, son de carácter principal y ordinaria, y son devengadas diariamente, independiente de que se paguen mensualmente o que no puedan cuantificarse diariamente, atendidas las características del proceso de venta y atención al cliente descritos en el contrato de trabajo y como lo señala el empleador en su propia reconsideración de multa. Conforme a lo anterior, no existe error de hecho en la aplicación de la multa.

De lo expuesto, concluye la carencia de arbitrariedad en la actuación del funcionario del Servicio, sosteniendo que la resolución de multa cursada y que ha sido objeto de este recurso, en caso alguno ha privado, perturbado o amenazado el ejercicio de los derechos constitucionales a que alude la recurrente.

Añade que tampoco la multa cursada puede ser calificada de ilegal, ya que ha existido irrestricto respeto y cumplimiento al principio de legalidad por parte de la Dirección del Trabajo, ya que ha fiscalizado el cumplimiento de los derechos que establece la legislación laboral, en ejercicio de la función pública que el ordenamiento jurídico le ha encomendado, que en ningún caso significa un juicio o interpretación de las clásulas contractuales, sino que solo una apreciación de los hechos.

Por resolución de fecha tres de febrero de dos mil veinte, se ordenó traer los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

Primero: Que la acción de protección tiene por objeto restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, mediante un procedimiento extraordinario, rápido y concentrado, cuando por causa de una acción ilegal o arbitraria, se ha amenazado, perturbado o vulnerado alguna de las garantías indicadas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, lo que supone la existencia de una vía de hecho o de un acto ilegal que de manera evidente vulnere derechos indubitados del afectado.

Segundo: Que del mérito de los antecedentes que obran en la causa y los hechos expuestos por las partes se desprende que esta acción no es la vía idónea para su conocimiento, puesto que se trata sobre la procedencia del pago de la semana corrida, aspecto sobre el cual tienen competencia tanto la Inspección del Trabajo como los Juzgados de Letras del Trabajo.

Tercero: Que, en tal sentido existiendo procedimientos y organismos competentes para fiscalizar y analizar si el empleador ha cumplido o no con su deber de pagar la semana corrida, la presente acción no puede prosperar al apartarse de su finalidad cautelar. Lo anterior redunda en que para establecer si existe dicho incumplimiento y adoptar alguna medida como la solicitada por la actora, se requiere de un juicio de lato conocimiento que contemple las etapas de discusión, probatorias y de decisión, lo que no se corresponde con este tipo de recurso, sin perjuicio de las acciones ordinarias que las partes puedan deducir con tal finalidad.

Por estas consideraciones y lo establecido en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se rechaza el recurso de protección deducido por Inmobiliaria Parques y Jardines S.A., en contra de la Inspección Provincial del Trabajo Marga Marga.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

N° Protección-38885-2019.

En Valparaíso, diecinueve de febrero de dos mil veinte, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.