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Derecho público chileno

ProtecciónRol N° 3888-202629 jul 2026

nombre reservado con TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

Fecha
29 de julio de 2026
Corte
Corte de Apelaciones de Valparaiso
Resultado
Rechazada
Cita
Corte de Apelaciones de Valparaiso, Rol N° 3888-2026, sentencia de 29 de julio de 2026

Resumen

Se rechaza el recurso de protección contra la Tesorería General de la República: la retención de la devolución de impuestos para imputarla a la deuda del Crédito con Aval tiene sustento en el artículo 17 de la Ley N° 20.027, por lo que no es ilegal ni arbitraria.

Texto íntegro

I.C.A. de Valparaíso Valparaíso, veintinueve de julio de dos mil veintiséis.

Visto:

A folio 1, comparece don nombre reservado, estudiante y trabajador, quien deduce recurso de protección en contra de la Tesorería General de la República, por el acto ilegal y arbitrario consistente en efectuar una compensación unilateral sobre su devolución de impuestos del año tributario 2026 y que se ejecutó por un monto superior al crédito a su favor, lo que estima vulneratorio de sus garantías fundamentales consagradas en los numerales 3, 24 y 26 de la Constitución Política de la República.

Expone que el 29 de abril del corriente, mediante la plataforma del Servicio de Impuestos Internos, tomó conocimiento que su devolución de impuestos, previamente autorizada por la suma de $1.275.793 fue retenida e imputada unilateralmente por la Tesorería General de la República al pago de una supuesta deuda derivada de Crédito con Aval del Estado.

Añade que la recurrida realizó dicha compensación por la suma de $1.291.103, vale decir, un monto superior a la devolución a que tenía derecho, generando un saldo deudor en su contra.

Refiere que según la información oficial de la Tesorería contenida en su certificado de deuda fiscal, de 5 de mayo de 2026, su deuda total corresponde a $62.568 solamente, lo que produce una contradicción entre las sumas informadas y aquellas retenidas y finalmente compensadas, lo que revela la arbitrariedad de la actuación de la recurrida, vulnerando así los principios de juridicidad, razonabilidad y transparencia de toda actuación administrativa.

Agrega que el banco acreedor de su deuda por Crédito con Aval nunca gestionó el cobro en su contra, sino que accionó directamente contra la Tesorería y esta, de manera ilegal procedió a compensar automáticamente sin permitirle al deudor participar en el control previo de tales actos, lo que se traduce en una delegación fáctica del cobro en la Tesorería, sustituyendo el procedimiento racional de cobro por un mecanismo de ejecución inmediata sin control, contradicción ni transparencia.

Arguye que el 29 de abril del presente año dedujo un reclamo administrativo contra la decisión de la recurrida, el que fue rechazado mediante una respuesta genérica y estandarizada invocando facultades de modo abstracto y sin analizar su situación particular.

Reclama que tales actuaciones conculcan sus derechos fundamentales contenidos en los numerales 3, 24 y 26 del artículo 19 de la Carta Constitucional, e infringen además el deber de motivación de los actos administrativos consagrado en la Ley 19.880, así como también el régimen de cobro especial del Crédito con Aval del Estado consagrado en el artículo 17 de la Ley N° 20.027.

Solicita se declare la ilegalidad y arbitrariedad del actuar de la Tesorería General de la República y en definitiva se deje sin efecto la compensación practicada por la suma de $1.291.103, restituyendo la suma de $1.275.793 a su patrimonio; y en subsidio, se ordene a la recurrida suspender los efectos de la compensación practicada hasta que se efectúe el procedimiento regular de cobro; todo ello con costas.

A folio 9, evacua informe don nombre reservado, abogado de la Tesorería General de la República, solicitando el rechazo del recurso de protección deducido.

Expone que conforme a la Ley N° 20.027, una vez hecha efectiva la garantía estatal y radicada la acreencia en el Fisco, la deuda es incorporada a la Cuenta Única Tributaria mediante Formularios 34, pasando a constituir un crédito fiscal o del sector público cuya cobranza corresponde legalmente a la Tesorería General de la República.

Precisa que el recurrente efectivamente es deudor de Crédito con Aval del Estado, según da cuenta el movimiento girado el 7 de noviembre de 2025 y luego de ello, estando vigente la deuda y sin convenio, el 29 de abril de 2026 se procedió a compensarla con el pago de la devolución de impuestos.

Declara que, conforme a lo anterior, estando girada y cargada en su cuenta única tributaria la deuda por concepto de dicho Crédito; y siendo deber del Servicio proceder al pago de la devolución, la Tesorería General se encuentra plena y legalmente facultada para compensar la deuda, de conformidad con el artículo 6 del D.F.L. N° 1 -Estatuto Orgánico de la Tesorería- en consonancia con el artículo 34 del D.L. N° 1263, sin que se haya excedido tales potestades, lo que lleva a descartar toda ilegalidad o arbitrariedad en su actuar, y que con ello se hayan afectado los derechos constitucionales invocados por el recurrente.

Solicita que, por tales motivos, se rechace el recurso.

A folio 10, se traen los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, la acción constitucional de protección, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido establecida a favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio algunos de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19 de la Carta Fundamental.

Segundo: Que, mediante la presente acción constitucional el recurrente impugna el actuar de la Tesorería General de la República, consistente en efectuar una compensación unilateral sobre su devolución de impuestos del año tributario 2026 por una deuda proveniente de Crédito con Aval del Estado.

Tercero: Que, la recurrida informa, en síntesis, que el recurrente mantiene deuda por concepto de Crédito con Aval del Estado, la que de conformidad con la Ley N° 20.027, una vez hecha efectiva la garantía estatal prevista en dicha norma legal, dicha deuda pasó a constituir un crédito fiscal, cuya cobranza corresponde legalmente a la Tesorería General de la República de acuerdo con los procedimientos legales. Añade que, en tal contexto, encontrándose vigente la deuda del recurrente el 29 de abril de 2026 se compensó con la devolución anual de impuestos, actuación que afirma se encuentra expresamente amparada por las facultades conferidas en el artículo 6 del D.F.L. N° 1, Estatuto Orgánico del Servicio de Tesorerías, y en el artículo 34 del Decreto Ley N° 1.263, descartando que su proceder sea ilegal o arbitrario o que vulnere las garantías constitucionales invocadas.

Cuarto: Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley N° 20.027, tratándose de deudores del Crédito con Aval del Estado respecto de los cuales el Fisco haya efectuado el pago de la garantía estatal, la Tesorería General de la República se encuentra expresamente facultada para retener, total o parcialmente, las sumas que correspondan al deudor por concepto de devolución anual de impuestos, imputándolas al pago de la deuda respectiva. Se trata, por consiguiente, de una atribución conferida directamente por el legislador, cuyo ejercicio no constituye una actuación discrecional, sino el cumplimiento de un mandato legal expresamente previsto para la recuperación de los créditos garantizados por el Estado.

Quinto: Que, en consecuencia, no resulta posible calificar de ilegal ni arbitraria la actuación impugnada, desde que la retención practicada por la Tesorería General de la República encuentra sustento en una habilitación legal expresa contenida en el artículo 17 de la Ley N° 20.027 ya citado. En tales condiciones, al haberse ejercido una potestad conferida por la Ley y no advertirse antecedentes que permitan concluir que esta se hubiere ejecutado al margen de las atribuciones del órgano recurrido o con vulneración de las garantías constitucionales invocadas, la presente acción cautelar no podrá prosperar, debiendo ser desestimada.

Por estas consideraciones y, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por nombre reservado en contra de la Tesorería General de la República.

Regístrese, notifíquese, comuníquese por la vía más expedita y, en su oportunidad, archívese.

N°Protección-3888-2026.