nombre reservado con CORPORACIÓN MUTUAL NACIONAL DE TRABAJADORES PORTUARIOS DE CHILE

C.A. de Valparaíso Valparaíso, diecinueve de enero de dos mil veintiuno.

Visto:

Que a folio 1 comparece nombre reservado, individualizado en su recurso, quien recurre de protección en contra de la Corporación Mutual Nacional de Trabajadores Portuarios de Chile.

Señala que desde el año 2006 es socio de la Corporación recurrida. Sostiene asimismo que es pensionado a través del Instituto de Previsión Social, recibiendo un pago mensual de $410.683.

Comenta que hace al menos 5 años ha debido soportar una situación económica mermada, debido a enfermedades y otros factores, todo lo cual, ha hecho insostenible su permanencia en la Corporación recurrida, la cual descuenta $69.340 de su pensión.

Asegura que ha solicitado en varias oportunidades verbal y presencialmente su retiro de la institución recurrida, sin obtener respuesta favorable. En tal orden de cosas, con fecha 15 de mayo de 2020 remitió una carta certificada a la entidad formalizando su renuncia a la misma y, sin embargo, hasta la remuneración de septiembre de 2020 se ha mantenido el descuento comentado.

Entiende que la situación descrita es ilegítima por vulnerar lo dispuesto en el artículo 3° del Decreto N°285 de 1968 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, en relación a la libertad de renuncia de sus adherentes. Con lo anterior se vulneran además sus garantías constitucionales contenidas en el artículo 19, numerales 2 y 19 de la Carta Magna.

Solicita por tanto, se acoja el recurso y se ordene su desafiliación de la entidad recurrida Que, a folio 14 evacua informe la Corporación recurrida, solicitando el rechazo del recurso.

Señala en primer término que la acción de protección no es la vía idónea para conocer un conflicto jurídico como es expuesto en el recurso. Comenta que la entidad recurrida es una Corporación sin fines de lucro, regida por los artículos 545 a 564 del Código Civil, que dista absolutamente de las mutualidades de empleadores, cuya norma rectora se cita en el recurso, así como también de las Administradoras de Fondo de Pensiones, cuyo caso se cita en jurisprudencia por el recurrente.

Esta entidad se encuentra bajo la supervigilancia del Ministerio de Justicia, por lo que una eventual vulneración de derechos debe ser conocida por tal ente administrativo o, en su defecto, por los Juzgados ordinarios del grado, toda vez que es evidente que lo que se pretende resolver es un conflicto de intereses monetarios.

Por otra parte, sostiene que el recurso debe ser rechazado por cuanto no existe un acto arbitrario o ilegal. Por una parte, niega absolutamente cualquier intento verbal o presencial del recurrente por desafiliarse de la institución, lo cual en el recurso es tan vago que no se señala, lugar, fecha o instancia en que se habría intentado tal trámite. Además, niega absolutamente la recepción de la carta certificada en que se funda el recurso pues, producto de la pandemia sanitaria por Covid-19, sus oficinas debieron permanecer cerradas, prueba de ello es que la propia carta presentada en el recurso indica que fue devuelta al remitente, por lo que no pudo tomar noticia de las intenciones del recurrente.

Por último, agrega que en el recurso se omite convenientemente el detalle del descuento que se realiza al actor, el cual además de la cuota mensual, incluye el pago de cuota de préstamo que aún no es reembolsado totalmente a la entidad.

Concluye indicando que no hay un acto arbitrario e ilegal pues nunca tomó noticia de la solicitud de desafiliación, por lo que tampoco se pueden vulnerar las garantías constitucionales del recurrente en la forma descrita en su recurso por cuanto no hay un rechazo injustificado a su desafiliación –desconocida hasta ahora por la recurrida- y el descuento en sus remuneraciones se funda en una causa legal –su afiliación a la Corporación-.

A folio 15, se ordenó traer los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deban tomar ante un acto u omisión arbitraria o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Segundo: Que atendida la especial naturaleza del recurso de protección, para que pueda prosperar es indispensable que quien lo intente acredite la existencia de un derecho actual que le favorezca, que esté claramente establecido y determinado y que corresponda a uno de aquellos a que se refiere el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Tercero: Que igualmente es sabido que para que el recurso de protección sea acogido, es necesario que los hechos en que se hace consistir la arbitrariedad o ilegalidad, estén comprobados y que con estos hechos se haya sufrido perturbación, privación o amenaza en el ejercicio legítimo de las garantías y derechos que la Constitución asegura y que son los enumerados taxativamente en el artículo 20 de este cuerpo legal.

Cuarto: Que, el presente recurso se funda en el hecho de que la entidad recurrida se habría negado de manera ilegítima a la desafiliación del recurrente, manteniendo los descuentos pertinentes de su membresía.

Quinto: Que, para que el presente recurso pueda prosperar es condición sine qua non, que el recurrente acredite la manifestación formal e inequívoca de su solicitud de desafiliación, cuestión que ha sido negada por la recurrida.

Sexto: Que, en tal orden de cosas, el único documento con el que se pretendió acreditar tal situación fáctica es la carta certificada remitida con fecha 15 de mayo de 2020 a la recurrida, cuyo sobre mantiene un timbre con la glosa “devuelta al remitente”, por lo que en su virtud no es posible acreditar el conocimiento de la recurrida. Sin embargo, este hecho, sumado a los dichos de la propia recurrida, dan cuenta que durante el periodo de pandemia sanitaria no ha adoptado las medidas necesarias para recibir adecuadamente la correspondencia que le fuera remitida.

Séptimo: Que, sin perjuicio de lo anterior, no es menos cierto que la recurrida ha tomado conocimiento de la intención del recurrente de desvincularse de la institución, a través de la presentación de este recurso de protección y, sin embargo, nada ha señalado al respecto ni ha adoptada medida alguna a fin de permitirle poner término a su membresía, de conformidad a las normas que lo regulan cuestión que en si misma constituye una vulneración a la garantía contemplada en el artículo 19 N°15 de la Constitución Política de la Republica, esto es, el derecho a asociarse, razón por la cual será acogido el presente recurso para este sólo efecto a partir de la dictación de este fallo Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se acoge, sin costas, el recurso de protección deducido en estos autos para el solo efecto que la recurrida deba realizar, inmediatamente, el procedimiento administrativo para resolver la solicitud de desvinculación del recurrente, dando cuenta a esta Corte de Apelaciones del resultado de la gestión dentro de quinto día.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-38708-2020.

En Valparaíso, diecinueve de enero de dos mil veintiuno, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.