nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES UNO S.A

Jbl C.A. de Valparaíso Valparaíso, dos de junio de dos mil veintiséis.

Vistos:

A folio 1, Pablo Daniel Peñaloza Parra, abogado, deduce acción de protección en favor de nombre reservado y en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Uno S.A. por el acto que considera ilegal y arbitrario, consistente en el rechazo de la solicitud de retiro de fondos para extranjero, lo que estima vulnera sus derechos fundamentales garantizados en el artículo 19 N°2 y N°24 de la Constitución Política de la República.

Expone que, la actora solicitó la devolución de sus fondos previsionales al amparo de la Ley N°18.156. Señala que, el 30 de abril de 2026, la recurrida le notificó el rechazo argumentando que no se acompañó el documento apostillado que acredite la afiliación al sistema previsional del país de origen. Alega que, el servicio incorpora requisitos de forma que no se encuentran expresamente establecidos en la ley, apartándose de ella.

Agrega que, resulta ser un hecho público la inexistencia de relaciones diplomáticas con Venezuela, lo que imposibilita acudir a la representación consular para legalizar o apostillar documentos, deviniendo en arbitrario exigir una condición imposible. Indica que, se acompañó la constancia electrónica del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, debidamente notariada, la cual es plenamente verificable en su portal web oficial a través de un código. Sostiene que, la decisión adoptada desatiende la finalidad del legislador y carece de sustento, afectando esencialmente su derecho de propiedad y privándola de igualdad ante la ley, habiendo dado íntegro cumplimiento a las exigencias normativas.

Concluye solicitando que se ordene a la recurrida reconocer la validez de la documentación acompañada y emitir un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud planteada, ajustado a derecho y dentro de un plazo razonable, disponiendo la devolución de los fondos previsionales requeridos por el recurrente o la suma que se estime procedente conforme al mérito del proceso; adoptándose, en general, todas las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del recurrente.

A folio 8, evacúa informe nombre reservado, Jefa del Departamento Derecho de Seguridad Social, en representación de la Superintendencia de Pensiones. Refiere que, la actora no registra reclamos ante dicha Superintendencia y que la Ley N°18.156 constituye una norma de excepción que se aplica restrictivamente.

Señala que, el cumplimiento del requisito de cobertura previsional en el exterior debe comprobarse mediante certificación de la institución de seguridad social correspondiente debidamente legalizada. Argumenta que, la declaración jurada y el certificado electrónico no apostillado o legalizado resultan inidóneos para este propósito bajo los preceptos de la Convención de La Haya y el Código de Procedimiento Civil.

Afirma que, la prueba adjuntada omite especificar la cobertura de los riesgos que la ley señala, siendo el actuar de la AFP acorde a la normativa.

A folio 9, evacúa informe nombre reservado en representación de la Administradora de Fondos de Pensiones Uno S.A. Aduce que, el recurso debe desestimarse ya que no se configura la existencia de un acto ilegal o arbitrario.

Sostiene que, el rechazo a la solicitud se apegó de forma irrestricta al artículo 345 del Código de Procedimiento Civil, a la ley y a las instrucciones impartidas por la Superintendencia de Pensiones y Relaciones Exteriores, normativas que prevén que los instrumentos foráneos se deban legalizar. Alega que, la ruptura de relaciones diplomáticas con Venezuela resulta en un hecho que no exime a su representada del deber normativo, no estando facultada para reemplazarlo mediante verificaciones web. Añade que, otorgar lo requerido afectaría a la igualdad de trato, vulnerando su marco rector sin afectación de garantías fundamentales del actor.

Finalmente pide rechazar en todas sus partes el presente recurso de protección con expresa condena en costas.

A folio 10, se ordena traer los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, la acción constitucional de protección, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido establecida a favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de algunos de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19 de la Carta Fundamental.

Segundo: Que, a través de esta vía cautelar se impugna el acto por el cual se rechaza la solicitud de retiro de fondos previsionales por no haberse acompañado el certificado de afiliación previsional debidamente apostillado. Por lo anterior, solicita que se ordene a la recurrida reconocer la validez de la documentación acompañada y emitir un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud planteada, ajustado a derecho y dentro de un plazo razonable, disponiendo la devolución de los fondos previsionales requeridos por el recurrente o la suma que se estime procedente conforme al mérito del proceso.

Tercero: Que, el recurrido informa, en síntesis, que la denegación se ajusta plenamente a las disposiciones de la Superintendencia de Pensiones y al artículo 345 del Código de Procedimiento Civil, argumentando que la actual falta de relaciones diplomáticas no exime legalmente del deber de apostilla y legalización para instrumentos extranjeros y tampoco autoriza la validación a través de sitios web, por lo cual no existe ilegalidad ni arbitrariedad.

Cuarto: Que no existe discusión alguna en cuanto a la ocurrencia del acto que motiva la interposición del recurso de protección, esto es, que la Administradora de Fondos de Pensiones Uno S.A. negó lugar a la petición de devolución de los fondos previsionales de la actora doña nombre reservado, mediante comunicación de 30 de abril de 2026.

Quinto: Que, para una adecuada comprensión del asunto planteado, conviene tener presente que la Seguridad Social, en palabras de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), es la protección que una sociedad proporciona a los individuos y a los hogares para asegurar el acceso a la asistencia médica y garantizar la seguridad del ingreso, en particular en caso de vejez, desempleo, enfermedad, invalidez, accidentes del trabajo, maternidad o pérdida del sostén de familia. En este contexto, Chile cuenta con un sistema que tiene por finalidad proteger a los ciudadanos frente a diferentes contingencias, como la salud, la vejez, el desempleo y los accidentes laborales, el que funciona a través de una estructura mixta, que incluye tanto entidades públicas como privadas, y que se financia principalmente mediante las cotizaciones previsionales de los trabajadores y empleadores, además de aportes del Estado.

Sexto: Que, por otra parte, es útil señalar que el sistema de seguridad social resulta aplicable a todos los trabajadores, cualquiera que sea su nacionalidad. Sin perjuicio de lo anterior y tratándose de ciertos trabajadores extranjeros —personal técnico— existe una normativa especial que establece una exención a la obligación de efectuar imposiciones en los organismos chilenos bajo determinadas condiciones.

En efecto, la Ley N°18.156 le permite al personal técnico extranjero y a las empresas que los contraten marginarse del cumplimiento de las leyes de previsión y, por lo tanto, no están obligados a realizar imposiciones en los organismos de seguridad social chilenos, en la medida que cumplan con los siguientes requisitos: a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y, b) Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida.

Complementando lo anterior, la Circular N°553 de la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones establece que se entenderá por técnico, para estos efectos, a los trabajadores que posean conocimientos de una ciencia o arte, que puedan ser acreditados mediante documentos justificativos de estudios especializados o profesionales debidamente legalizados y, en su caso, traducidos oficialmente por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Séptimo: Que, reseñado el sistema de exención para ciertos trabajadores extranjeros, corresponde ocuparse de aquellos que pudiendo acogerse a este sistema excepcional igualmente registren cotizaciones en una AFP, los que tienen derecho a solicitar la devolución de los fondos que hubieren depositado en la medida que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 1° de la Ley N°18.156, ya citado.

Octavo: Que la recurrente presenta las siguientes circunstancias relevantes para el análisis del asunto debatido:

a) Se trata de una persona de nacionalidad venezolana, cuya condición de técnico extranjero fue acreditada mediante título de Licenciada en Administración expedido por la Universidad Dr. Rafael Belloso Chacín, apostillado el 19 de marzo de 2025, y que cuenta con residencia definitiva en el país, según cédula de identidad para extranjeros con vencimiento en julio de 2027.

b) Dicha persona extranjera celebró contrato de trabajo con el Banco Santander Chile, suscrito con fecha 7 de junio de 2021.

c) Por contrato de trabajo y sus anexos, la recurrente expresó su voluntad de mantener su afiliación al régimen previsional extranjero.

d) La recurrente solicitó la devolución de sus fondos previsionales y la recurrida rechazó tal petición mediante comunicación de 30 de abril de 2026, fundándose en que el certificado de la institución de seguridad social extranjera no cumple los criterios de aceptación por no encontrarse apostillado o legalizado, haciendo presente que la declaración jurada acompañada tampoco es documento apto para acreditar la afiliación.

Noveno: Que, previo a determinar si la recurrente cumple las exigencias que prescribe el artículo 1 de la Ley N°18.156, en cuyo caso la negativa de la recurrida sería ilegal, resulta importante reiterar que la normativa sectorial examinada constituye un sistema de excepción que le permite a ciertos trabajadores extranjeros y a sus empleadores sustraerse de la obligación de efectuar cotizaciones en los organismos previsionales chilenos, y en su carácter de especial debe ser interpretada de forma restrictiva ya que establece un derecho —la devolución de fondos previsionales— del que carecen los trabajadores chilenos.

Por otra parte, el sentido de la devolución de los fondos previsionales, en el contexto de extranjeros que llegan a Chile como personal técnico y por períodos acotados de tiempo, consiste en evitar una cobertura duplicada de las mismas contingencias, tanto en Chile como en el país de origen del trabajador extranjero —o aquel donde registre cotizaciones de seguridad social—, razón por la cual resulta fundamental establecer la equivalencia entre las coberturas reconocidas en nuestro país y aquellas que proporciona el país de origen del extranjero y, además, la coincidencia temporal entre unas y otras, es decir, que todo el período cotizado en Chile tenga su correlato en el país del extranjero.

Décimo: Que, de acuerdo con lo relacionado y a los documentos que obran en la carpeta electrónica, se puede concluir que la recurrente posee conocimientos de una ciencia o arte, acreditados mediante título profesional apostillado, y que por lo tanto puede ser considerada como técnico extranjero en los términos de la Ley N°18.156.

Undécimo: Que, en relación con los restantes requisitos para acceder a la devolución solicitada, consta que la recurrida reprocha el contenido del documento acompañado para acreditar afiliación previsional extranjera, su falta de autenticidad y el no haber sido emitido por la autoridad competente de forma debidamente legalizada o apostillada, estimando que no se acreditó la concurrencia de las restantes exigencias previstas en la Ley N°18.156. En efecto, la Constancia Electrónica de Cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales el 9 de marzo de 2026 no reviste utilidad suficiente, en tanto dicho documento solo da cuenta de la afiliación al sistema previsional extranjero y de la calidad de asegurada de la recurrente, con estatus "cesante", pretendiendo acreditar la cobertura que tal condición genera mediante una referencia general al derecho extranjero, sin consignar de manera específica la existencia de prestaciones médicas y pecuniarias en materia de enfermedad, ni permitir establecer la concurrencia de los demás requisitos exigidos por la normativa aplicable.

El documento carece de firma autorizada y no ha sido legalizado ni apostillado; el hecho de incorporar un código de verificación electrónica alfanumérico y un código QR no sustituye los requisitos formales que la ley actualmente exige para los instrumentos otorgados en el extranjero, sin perjuicio de recordar que el derecho extranjero debe ser probado en Chile por los medios legales, lo que no ha ocurrido. En igual sentido, la declaración jurada extendida ante notario el 10 de marzo de 2026, no emana de la autoridad previsional competente del país de origen y, por ende, no resulta idónea para acreditar la cobertura previsional exigida por la ley.

Dëcimo segundo: Que, en cuanto a la alegación sobre la imposibilidad material de legalizar y apostillar los documentos desde Chile, atendida la ruptura de relaciones consulares entre este país y Venezuela, cabe señalar que si bien dicha circunstancia dificulta el cumplimiento del requisito contemplado en la normativa, no lo hace imposible de cumplir, ya que el trámite puede realizarse en las sedes consulares de países que mantienen relaciones con Venezuela, como Colombia o Perú, o a través del portal web del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores de Venezuela, presentando los documentos físicos a través de terceras personas.

Décimo tercero: Que, a mayor abundamiento, cabe considerar la calidad de la recurrente como titular de residencia definitiva en Chile, circunstancia que le confiere los mismos derechos y obligaciones que se aplican a los trabajadores chilenos, de manera que no resulta procedente la restitución solicitada una vez adquirido dicho estatus migratorio, rigiendo plenamente, a contar de su adquisición, la obligación de cotizar en el sistema previsional chileno.

Pretender lo contrario transforma la norma de excepción que permite, en determinadas situaciones, la devolución de fondos previsionales, en una condición de privilegio para trabajadores extranjeros que han decidido avecindarse de manera definitiva en el país, permitiéndoles sustraerse de obligaciones previsionales y utilizar el régimen de AFP como un mecanismo de ahorro de libre disposición, lo que resulta improcedente y supone, además, una eventual carga previsional para el Estado de Chile, que deberá atender, al menos parcialmente, las contingencias de seguridad social de dichos trabajadores en caso de no contar con ahorro previsional suficiente.

Décimo cuarto: Que, en consecuencia, no se advierte la concurrencia de un acto ilegal o arbitrario susceptible de ser corregido por esta vía cautelar, en los términos expuestos, ni la afectación de garantías constitucionales en la forma denunciada.

Por estas consideraciones y de conformidad a lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado sobre la materia, se rechaza, sin costas, la acción de protección deducida en favor de nombre reservado en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Uno S.A.

Se previene que la Ministra Nancy Bluck Bahamondes concurre al rechazo del recurso, teniendo únicamente presente que, a su entender, el asunto planteado es de lato conocimiento y de competencia de los tribunales laborales conforme a lo dispuesto en el artículo 420 letra c) del Código del Trabajo.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-3865-2026.