PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALPARAÍSO con INSPECCIÓN DEL TRABAJO DE QUILLOTA

edp C.A. de Valparaíso Valparaíso, veintitrés de enero de dos mil veinte.

Vistos:

A folio 1, comparece Hugo Muñoz López, abogado, en representación de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, persona jurídica del giro de su denominación, ambos con domicilio para estos efectos en domicilio reservado, quien deduce acción de protección en contra de la Inspección Provincial del Trabajo de Quillota, representada por su Inspector Provincial, señor nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, región de Valparaíso, en virtud del acto arbitrario y/o ilegal dictado por ésta, consistente en el Ordinario Nº 608, de fecha 14 de octubre de 2019, y que fuera notificado a su representada mediante carta certificada el 25 de octubre del mismo año, atendido que priva y/o perturba a su defendida del legítimo ejercicio de los derechos reconocidos por la Constitución Política de la República en su artículo 19 Nºs 2, 3 y 24; solicitando se declare dejar sin efecto el acto recurrido y ordenando acoger a tramitación la reconsideración de multa interpuesta por esta parte ante la Inspección Provincial del Trabajo de Quillota con fecha 01 de octubre de 2019, con costas.

Indica que con fecha 25 de octubre de 2019, la recurrida notificó a su representada el acto administrativo ilegal y arbitrario consistente en el Ordinario Nº 608, de 14 de octubre del mismo año, dictado por el Inspector Provincial del Trabajo de Quillota, don nombre reservado, en virtud del cual no dio curso a una presentación realizada por su representada, pues supuestamente se habría efectuado fuera del plazo de “30 días hábiles, contados desde su notificación”.

Señala que dicho acto se pronunció sobre una presentación realizada por la recurrente el 01 de octubre de 2019, consistente en la petición de Reconsideración de Multa Nº 1750/19/48. Esta multa, de fecha 11 de julio de 2019, fue notificada a su representada el 16 de agosto del mismo año por carta certificada, de conformidad con lo señalado en el artículo 508 del Código del Trabajo; no obstante ello, la recurrida no dio curso a la reconsideración solicitada en virtud del acto que se recurre mediante esta acción.

Para efectos de contextualizar el presente recurso, diremos que la multa referida, ascendente a 198.25 UTM en total, fue impuesta por las siguientes infracciones: (i) No escriturar el contrato de trabajo respecto de las trabajadores nombre reservado y la trabajadora nombre reservado; (ii) No llevar correctamente el registro de asistencia y de horas trabajadas al no consignar la asistencia, con respecto a la trabajadora nombre reservado y nombre reservado; (iii) No entregar junto con el pago de las remuneraciones un comprobante con indicación del monto pagado, de la forma como se determinó y de las deducciones efectuadas, con respecto a la trabajadora nombre reservado y nombre reservado; (iv) No declarar oportunamente las cotizaciones previsionales en las AFP correspondientes, por los períodos y montos impositivos de los trabajadores que se individualizan en el anexo previsional adjunto, que forma parte integrante de esta resolución; y, (v) No declarar oportunamente las cotizaciones previsionales en la sociedad administradora del seguro de cesantía, respecto del trabajador, periodo y monto que se indican en el anexo previsional adjunto.

Refiere que dichas infracciones fueron consecuencia de una fiscalización llevada a cabo por la Inspección del Trabajo de Quillota a la Corporación Centro Ceres de dicha ciudad, ente que en el pasado era de su representada pero que hoy cuenta con personalidad jurídica propia, no obstante lo cual, las multas fueron impuestas respecto de ésta última, razón que explica su comparecencia.

Explica que la reconsideración presentada impugnó las multas impuestas solicitando, en primer lugar, éstas fueran dejadas sin efecto, puesto que la autoridad administrativa incurrió en un error de hecho al imponerlas; y, en segundo lugar, solicitando su rebaja, atendido que la cuantía de las multas asciende en total a 198,25 UTM, monto que aparece como absolutamente desproporcionado.

Precisa que el acto recurrido, es decir, el Ordinario Nº 608 de 14 de octubre de 2019, mediante el cual se declaró inadmisible la reconsideración administrativa, es ilegal y/o arbitrario, en virtud de que ha declarado inadmisible por extemporánea la solicitud de reconsideración presentada por su parte, estando dentro del plazo legal dispuesto para ello. En este sentido, el acto que viene en recurrir señala que la solicitud de reconsideración “no se presentó dentro del plazo legal de 30 días hábiles, contados desde su notificación”, en circunstancias que ésta fue efectivamente presentada dentro de dicho plazo.

En primer lugar, corresponde indicar que, el artículo 512 del Código del Trabajo, norma que fue utilizada como fundamento de la solicitud de reconsideración administrativa, dispone que: “El Director del Trabajo hará uso de esta facultad mediante resolución fundada, a solicitud escrita del interesado, la que deberá presentarse dentro del plazo de treinta días de notificada la resolución que aplicó la multa administrativa”.

Refiere que dicha norma no señala la forma en que debe computarse el plazo, pues sólo se limita a establecer que la solicitud debe realizarse dentro de 30 días. Agrega que no obstante lo anterior, tratándose de un plazo establecido para la interposición de un recurso administrativo, y no habiéndose determinado por el legislador una forma especial para el cómputo del mismo, ha de recurrirse a las normas generales y supletorias contenidas en la Ley Nº 19.880 sobre Procedimientos Administrativos, la cual, en su artículo 25, prescribe que los plazos administrativos “son de días hábiles, entendiéndose que son inhábiles los sábados, los domingos y los festivos”. A mayor abundamiento, éste ha sido precisamente el criterio que ha seguido, de manera reiterada y permanente, la jurisprudencia nacional de nuestros Tribunales de Justicia. En este sentido podemos citar, a modo ejemplar, las sentencias de la Excma. Corte Suprema recaídas en las causas ROL Nº 7973-2010, Nº 3537-2012, Nº 809-2014, Nº 8384-2014, Nº 4015-2015, Nº 18414-2015, Nº 16288-2016, Nº 17522-2016 y Nº 2208-2018, entre otras; además de aquéllas que ha dictado esta misma Ilustrísima Corte al respecto, tales como las sentencias dictadas en las causas ROL Nº 2742- 2016, Nº 716-2017, Nº 785-2017 y Nº 4756-2017.

Indica que de la redacción del acto recurrido, se desprende que la propia Inspección del Trabajo ha seguido este criterio, por cuanto, de manera textual, señala que el plazo para solicitar la reconsideración administrativa de la multa es de 30 días hábiles. Por ende, no siendo objeto de discusión la forma de computar el plazo, la única conclusión posible es que el ente no admitió a tramitación la reconsideración por considerar que, aun tratándose de un plazo de días hábiles, ésta se solicitó fuera de dicho plazo.

Expresa que la resolución de multa respecto de la cual se solicitó la reconsideración administrativa fue notificada a su representada por carta certificada, de conformidad con el artículo 508 del Código del Trabajo, con fecha 16 de agosto de 2019. Luego, si se cuentan 30 días hábiles a partir de dicha fecha, tenemos que el plazo para presentar la reconsideración expiraba el día 02 de octubre de 2019. Por tanto, habiendo sido ésta presentada con fecha 01 de octubre del corriente, no queda más que concluir que su interposición no fue extemporánea como erradamente sostiene la Inspección del Trabajo en el acto recurrido, sino que, muy por el contrario, fue presentada con 1 día hábil de anterioridad a la fecha de vencimiento del plazo.

Finalmente, precisa que el artículo 512 del Código del Trabajo, establece expresamente la facultad del Director del Trabajo para reconsiderar las multas administrativas impuestas por funcionarios de su dependencia. Es decir, sólo compete al Director del Trabajo pronunciarse sobre dichas solicitudes de reconsideración, facultad que la ley no ha atribuido a los inspectores provinciales. Pues bien, el acto que vienen en recurrir, emana de don nombre reservado, Inspector Provincial del Trabajo de Quillota, autoridad que, a la luz de la normativa citada, no tiene atribuciones suficientes para su dictación, toda vez que se trata de una facultad que la ley ha atribuido exclusivamente al Director del Trabajo. Así las cosas, sostienen que la autoridad que dictó el acto recurrido, además de errar en el cómputo del plazo para solicitar la reconsideración, también obró fuera del ámbito de sus competencias, de momento que la ley no lo habilita para pronunciarse sobre dicha materia, cuestión que compete única y exclusivamente al Director del Trabajo.

En cuanto a la vulneración alegada, en primer lugar menciona que la actuación de la recurrida ha vulnerado la garantía contemplada en el artículo 19 Nº 2 de la Constitución Política de la República, por cuanto un determinado órgano de la Administración del Estado, a saber, la Inspección Provincial del Trabajo de Quillota, desatendiendo el claro sentido y tenor del artículo 512 del Código del Trabajo, en forma arbitraria e ilegal, no dio curso a una solicitud de reconsideración de una multa administrativa, por estimar caprichosamente que ésta se realizó fuera de plazo, cuestión que no se condice con la realidad. La afectación a la igualdad ante la Ley viene dada porque, en el caso en comento, y sin ninguna justificación o razonabilidad, su representada se ha visto sujeta a un trato diferenciado, por cuanto se le está negando la posibilidad de recurrir de un acto administrativo, posibilidad que está expresamente contemplada en la legislación vigente.

En segundo lugar, se vulnera la garantía establecida en el artículo 19 Nº 3 de nuestra Carta Fundamental y que establece la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos, ya que no se ha permitido a su representada ejercer un derecho consagrado en el ordenamiento jurídico, cual es, el de solicitar la reconsideración de una resolución administrativa, y que ella sea conocida y resuelta en sus aspectos de fondo; y en definitiva acceder a un debido proceso administrativo. Además, no sólo se impide el acceso a una legítima defensa de los derechos de su representada ante la autoridad administrativa, sino que también ante los Tribunales de Justicia, pues de conformidad con lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 512 del Código del Trabajo, la resolución que se dicte respecto a la reconsideración solicitada es reclamable ante el Juez de Letras del Trabajo, reclamación que su representada se encuentra impedida de realizar, por la decisión ilegal y arbitraria de la Inspección Provincial del Trabajo de Quillota.

Por último, se vulnera también la garantía del artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, esto es, el derecho de propiedad de su representada, pues la privación o al menos la perturbación de los derechos anteriores, y en definitiva, la imposibilidad de acceder a una reconsideración de la multa administrativa impuesta, la priva de este derecho, o al menos lo perturba o amenaza, pues la multa en cuestión quedará firme y su representada deberá solventar el valor de la misma en su integridad, habiendo perdido la posibilidad de que ésta quede sin efecto o bien se rebaje su monto, ya sea por la vía de la reclamación administrativa o la vía judicial.

Por lo anterior, solicita se declare que debe restablecerse el imperio del derecho, dejando sin efecto el acto recurrido y ordenando acoger a tramitación la reconsideración de multa interpuesta por su parte ante la Inspección Provincial del Trabajo de Quillota con fecha 01 de octubre de 2019, con costas.

A folio 6, informa la recurrida Inspección Provincial del Trabajo de Quillota, solicitando desde ya su completo rechazo.

Que con fecha 11 de julio de 2019 cursó multa administrativa N1750/2019/48, 1-2-3-4-5, ascendente a la suma de 30 UTM, 60 UMT, 40 UTM, 29 UTM, 25 UTM Y 39 UF, respectivamente, las que fueran cursadas en términos generales por “No escriturar Contrato de Trabajo”, “No llevar correctamente registro de asistencia y determinación de horas de trabajo”, “No entregar comprobante de pago de remuneraciones”, “No declarar oportunamente las cotizaciones previsionales”, “No declarar oportunamente las cotizaciones previsionales del seguro de cesantía”, siendo esta notificada mediante carta certificada, la que fue depositada, como da cuenta la guía de despacho respectiva, en Correos Chile el día 02 de agosto de 2019, entendiéndose notificada el sexto día hábil desde su ingreso a oficina de Correos Chile, según lo indica el art 508 del Código del Trabajo, esto es, se entiende notificada el día 9 de agosto de 2019.

Posteriormente, la empresa solicitó la reconsideración administrativa de la multa cursada, depositando con fecha 01 de octubre de 2019, en las oficinas de la Inspección Provincial del Trabajo de Valparaíso, formulario respectivo, una nota con las descargas en relación a la multa cursada y la documentación que estimó pertinente, expediente que fue recepcionado en la Inspección Provincial de Quillota, con fecha 10 de octubre de 2019.

A raíz de lo anterior y habiéndose verificado que la solicitud de reconsideración administrativa fue presentada fuera del plazo legal de 30 días hábiles, el Inspector Provincial del Trabajo Quillota, mediante Ordinario N° 608, de fecha 14 de octubre de 2019, informó a la empresa que no se admitirá a tramitación tal solicitud por incumplimiento de requisitos legales, habida consideración que la solicitud no fue presentada dentro del plazo legal de 30 días hábiles, contados desde su notificación.

Señala que el rechazo de la reconsideración administrativa que hiciera esta Servicio informada mediante Ord. N608, de fecha 14 de octubre de 2019, se encuentra sustentado legal y administrativamente. En efecto, al emitir el Ordinario en cuestión, respecto del cual se recurre, el Inspector Provincial del Trabajo Quillota ha actuado conforme a las facultades que la propia ley le ha entregado en los artículos 511 y 512 del Código del Trabajo.

Explica que la Dirección del Trabajo actúa conforme al criterio establecido por Contraloría General de la República en su Dictamen N° 25891 del 16 de octubre de 2018, en virtud del cual indica que el plazo establecido en el artículo 512 del Código del Trabajo, para reclamar de las multas cursadas por los Inspectores del Trabajo, es de días hábiles administrativos, esto en atención a que resulta procedente considerar el citado artículo 512 en relación con el inciso primero del artículo 25 de la ley 19880, que los plazos de días son de días hábiles, siendo inhábiles los sábados, domingos y festivos.

Que en este contexto, la Inspección del Trabajo declaró inadmisible el recurso de reconsideración administrativo, si se tiene presente que la multa N1750/2019/48 fue depositada en Correos de Chile el día 02 de agosto de 2019, por lo que resulta que, por aplicación de la presunción del art 508 del Código del Trabajo, se entiende notificada al sexto día, contados desde su depósito en la oficina de correos, es decir, se colige que la empresa fue notificada el día 09 de agosto de 2019. De esta suerte, los 30 días hábiles administrativos para presentar la reconsideración de multa vencieron el día 26 de septiembre de 2019, por lo que evidentemente la presentación realizada por la empresa el día 01 de octubre de 2019 es de carácter extemporánea.

Seguidamente, añade que el actual procedimiento laboral oral, además de permitir conocer al tribunal de la cuestión de fondo, es de rápida resolución, de manera tal que la empresa recurrente pudo utilizar ese procedimiento y no emplear el recurso de protección puesto que este no constituye un sustituto jurisdiccional.

Explica que de acuerdo a lo expresado previamente, en caso alguno la decisión del Sr. nombre reservado obedeció a un acto arbitrario, infundado, carente de razonabilidad o caprichoso, sino que derivado de actuaciones administrativas ejercidas de acuerdo a las atribuciones que la ley otorga a este Servicio y ajustadas tanto a la normativa legal vigente como a los procedimientos, doctrina de este Servicio y de la Contraloría General de la República.

En cuanto a la primera garantía alegada como vulnerada, esto es, la igualdad ante la ley, en caso alguno este Servicio la ha vulnerado, toda vez que la decisión de no admitir la tramitación la solicitud de reconsideración administrativa de la empresa se fundó en la aplicación de las normas legales pertinentes al caso, en virtud de las cuales el plazo establecido en el artículo 512 es un plazo de días hábiles, por lo que la presentación de la recurrente se efectuó en forma extemporánea. En tal sentido no habría sido ajustado a derecho admitirla a tramitación.

En segundo lugar, respecto a la garantía constitucional de igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos, refiere que no ha existido de parte de la Inspección del Trabajo de Quillota impedimento al acceso a una legítima defensa ni menos aún al debido proceso administrativo, puesto que simplemente la empresa ejerció dicho derecho fuera del plazo legal establecido en el art 512 del Código del Trabajo, siendo requisito de admisibilidad la interposición de dicho recurso dentro del plazo de 30 días hábiles de modo, que al ser extemporáneo lógicamente no se resuelve el fondo del asunto, actuando la Inspección dentro del ámbito de sus competencias.

Finalmente, respecto a la garantía constitucional del derecho a la propiedad, indica que la resolución N° 608 que rechaza el recurso de reconsideración administrativo por ser extemporáneo en nada afecta el derecho de propiedad de la recurrente, pues no ha existido privación de un derecho, sino que solo se trata del ejercicio de una facultad entregada por la norma a la Dirección del Trabajo, en cuanto determina resolver el recurso de reconsideración administrativa, siendo un requisito legal el que este sea presentado dentro del plazo.

Por tanto, solicita el rechazo de la acción incoada, con costas.

A folio 7, se ordenó traer los autos en relación.

CONSIDERANDO:

Primero: Que por la vía del recurso de protección, se cuestiona la legalidad de la resolución Ordinaria N° 608, de 14 de octubre de 2019, que no dio curso por extemporáneo a un recurso de reconsideración interpuesto en contra de la resolución N° 1750/19/48, de 11 de julio 2019, que impuso al recurrente cinco multas, argumentándose que ésta no se presentó dentro del plazo legal de 30 días hábiles, contados desde su notificación.

Segundo: Que la recurrida solicita el rechazo de la acción de protección, por considerarla improcedente, al existir otras acciones establecidas en la ley para cuestionar la resolución recurrida, según corresponda. Asimismo, refiere que la decisión adoptada se enmarca dentro de la legalidad, señalando que el plazo establecido para solicitar reconsideración es de 30 días hábiles administrativos contados desde la notificación de la multa, el que se habría encontrado vencido al momento de la presentación de reconsideración de la recurrente, según prescriben los artículos 508 y 512 del Código del Trabajo.

Tercero: Que, en relación a la improcedencia de esta acción cautelar de rango constitucional, cabe señalar que el artículo 20 de la Constitución Política de la República consagra esta acción, sin perjuicio de otros derechos que puedan ser ejercidos, de manera que la acción de protección no resulta improcedente, como lo sostiene la recurrida.

Cuarto: Que el artículo 512 del Código del Trabajo establece que el escrito de reconsideración de una multa administrativa deberá presentarse dentro del plazo de treinta días de notificada la resolución que aplicó la multa administrativa, plazo que de acuerdo al Dictamen N° 25.891, de la Contraloría General de la República, de fecha 16 de octubre 2018, es de días hábiles administrativos.

Quinto: Que a su vez, el artículo 508 del Código del Trabajo, en su parte final, señala que las notificaciones que realice la Dirección del Trabajo, por carta certificada, se entenderá practicada al sexto día hábil contado desde la fecha de su recepción por la oficina de Correos respectiva, de lo que deberá dejarse constancia por escrito.

Sexto: Que teniendo en consideración lo relacionado, se debe sostener que la “oficina de correos respectiva” a la que se refiere el artículo 508 del Código del Trabajo, debe ser aquella que corresponda al domicilio de la persona o parte que se está buscando notificar, ya que es ésta quien tiene el derecho a conocer la existencia de actos que la afectan y a ejercer los recursos que le otorga la ley.

Que así ha sido señalado la Excelentísima Corte Suprema, en los autos Rol 6560-2013, en sus considerandos décimo y undécimo.

Séptimo: Que de acuerdo a los documentos acompañados por las partes, la resolución que impuso la multa fue remitida al recurrente por correo certificado de 2 de agosto de 2019, fecha en la cual se depositó la referida en la oficina de Correos de Chile, sucursal Quillota; luego fue recibida por la Sucursal de Valparaíso, con fecha 7 de agosto 2019, constituyendo ésta la “oficina de correos respectiva”, según ya se analizó en el considerando anterior, de manera que se le debe tener por notificada al sexto día hábil, según el artículo 508 del Código del Trabajo, que corresponde al día 16 de agosto del mismo año. Ahora bien, el plazo de treinta días hábiles contado según lo ya razonado, vencía el 2 de octubre 2019, por lo que si el recurrente interpuso su reconsideración el 01 de octubre del año en curso, según lo reconocen ambas partes, lo ha sido dentro del plazo legal.

Octavo: Que así, a la luz de lo razonado, es posible estimar que las garantías alegadas como vulneradas han sido afectadas por la recurrida, a raíz que su actuar ha sido ilegal o arbitrario, toda vez que no dio tramitación, por extemporánea, a la reconsideración administrativa presentada por el recurrente, en virtud de lo establecido en los artículos 508 y 512 del Código del Trabajo, por lo que corresponde acoger la presente acción constitucional, como se dirá a continuación.

Por estas consideraciones y lo preceptuado en los artículos 19 N° 2 y 20 del Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, se declara que se acoge, el recurso de protección deducido a lo principal de folio 1, por don Hugo Muñoz López, a favor de Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, en contra de la Inspección Provincial del Trabajo de Quillota”, por lo que se deja sin efecto la resolución ordinaria N° 608, de 14 octubre 2019, debiendo la recurrida admitir a tramitación el recurso de reconsideración interpuesto por el actor, respecto de la resolución N° 1750/2019/048, de 11 de julio 2019.

Regístrese y archívese.

Rol Protección N° 38.644-2019