nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PROVIDA S.A.

I.C.A. de Valparaíso.

Cgv Valparaíso, trece de agosto de dos mil veinticinco.

Vistos:

A folio 1, se interpone recurso de protección en favor de nombre reservado, de nacionalidad venezolana, domiciliado en Viña del Mar, en contra AFP ProVida S.A. por el acto ilegal y arbitrario que rechaza su solicitud de retiro de fondos previsionales, lo cual conculca sus garantías de igualdad ante la ley y derecho de propiedad.

Fundamenta el recurso diciendo que solicitó la devolución de fondos previsionales de acuerdo con el artículo 7° de la Ley N°18.156 que establece exención de cotizaciones previsionales a técnicos extranjeros, cumpliendo con todos los requisitos establecidos en la normativa.

Sin embargo, expresa que con fecha 10 de junio de 2025 se le informó el rechazo de su solicitud. Al contactarse telefónicamente con la AFP, le indicaron que el rechazo se debía a que no acompañaba "Certificado de afiliación al sistema de seguridad social de su país de origen debidamente legalizado o apostillado".

Sostiene que acompañó toda la documentación necesaria: contratos de trabajo, anexos laborales, constancia de cotizaciones ante el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), declaración jurada de afiliación ante notario público y título profesional debidamente apostillado. Argumenta que la AFP obstaculiza el proceso dando una errónea interpretación de la norma, desatendiendo el objetivo de que el extranjero pueda disponer de su propiedad.

Invoca como circunstancia especial la imposibilidad técnica y material de obtener la legalización consular del documento solicitado, debido al quiebre de relaciones diplomáticas entre Chile y Venezuela posterior a las elecciones presidenciales venezolanas, constituyendo un caso fortuito o fuerza mayor.

Argumenta que el legislador ya estableció los requisitos para la devolución de fondos, no siendo pertinente que las AFP establezcan requisitos adicionales más allá del formalismo documental. Destaca que la constancia del IVSS ofrece un código de verificación que permite comprobar la autenticidad del documento en la página oficial del instituto venezolano.

Denuncia vulnerado su derecho a la igualdad ante la ley por recibir trato desigual respecto a otros solicitantes en iguales circunstancias, y del derecho de propiedad al impedírsele disponer de sus fondos previsionales.

Cita jurisprudencia que apoyaría su posición y pide que se reconozca como válida la documentación acompañada, procediendo a realizar un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud conforme a derecho y dentro de un plazo de 5 días o el que el tribunal estime conforme al mérito de autos, adoptando las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho.

A folio 13 evacúa informe al tenor del recurso la AFP ProVida S.A. solicitando el rechazo del recurso de protección, con costas.

Informa que la acción cautelar no es la vía idónea para resolver materias de lato conocimiento con carácter contradictorio, y que no ha asumido actitud arbitraria e ilegal respecto de las garantías constitucionales del recurrente.

Sostiene que lo pedido por el recurrente es una modificación de la normativa previsional, lo cual no se condice con la finalidad del recurso de protección, pretendiendo discutir la constitucionalidad del DL N°3.500 en sede cautelar.

Precisa que rechazó la solicitud del actor el 10 de junio de 2025 porque la constancia de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales se encuentra vencida de acuerdo a las instrucciones de la Superintendencia de Pensiones, frente a quien el recurrente no expuso su caso.

Fundamenta el artículo 23 el DL N°3.500 dispone que las AFP "no podrán ofrecer u otorgar a los afiliados o beneficiarios bajo ninguna circunstancia, otras pensiones, prestaciones o beneficios que los señalados en la ley". Explica que los fondos previsionales solo pueden destinarse a financiar pensiones de vejez, invalidez y sobrevivencia, salvo las excepciones que la ley contempla.

Por último, asevera que no existe acto ilegal ni arbitrario, pues para acceder a la devolución se debe cumplir con los requisitos legales establecidos. Sostiene que el documento presentado carece de firma autorizada, no fue legalizado ni apostillado, y el código de verificación electrónica no sustituye los requisitos legales formales vigentes.

Solicita el rechazo del recurso en todas sus partes con expresa condenación en costas.

A folio 9 se ordenó traer los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, en la especie, el recurrente, ciudadano venezolano, solicita la devolución de los fondos acumulados en su cuenta de capitalización individual conforme a lo dispuesto en el artículo 7° de la Ley N°18.156, disposición que autoriza dicha devolución a técnicos o profesionales extranjeros que acrediten estar afiliados a un régimen previsional extranjero con cobertura en enfermedad, invalidez, vejez y muerte y que manifiesten su voluntad de mantener dicha afiliación.

Segundo: Que, la controversia de autos se centra en determinar si la negativa de la AFP Provida S.A. a dar curso a la solicitud de devolución de fondos previsionales de la recurrente, fundada en que el certificado de cotizaciones del Instituto Venezolano de Seguridad Social carece de legalización o apostilla, constituye un acto de carácter arbitrario o ilegal que vulnera las garantías constitucionales invocadas.

Tercero: Que, si bien la normativa administrativa invocada por la recurrida y la Superintendencia de Pensiones exige, como regla general, que los documentos públicos otorgados en el extranjero sean presentados debidamente legalizados o apostillados para tener mérito en Chile, no es menos cierto que el espíritu de dicha exigencia es cautelar la autenticidad y veracidad de tales instrumentos.

Cuarto: Que, en el presente caso, el recurrente ha sostenido y acreditado en su presentación que el documento denominado "Constancia Electrónica de Cotizaciones", emitido por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, cuenta con un código de verificación que permite comprobar su autenticidad de manera directa en el portal web oficial de dicha entidad previsional.

Quinto: Que, en este contexto, la decisión de la Administradora de Fondos de Pensiones de no dar tramitación a la solicitud de la recurrente, ateniéndose a un requisito formal —la legalización o apostilla—, se revela como una medida desprovista de razonabilidad y proporcionalidad. Al existir un documento que da cuenta en lo formal de lo exigido por nuestra legislación y el hecho público y notorio conocimiento de su dificultad o imposibilidad de obtención para los ciudadanos venezolanos en las actuales circunstancias, transforma el acto de la recurrida en uno caprichoso y, por ende, arbitrario. A mayor abundamiento, cabe señalar que la comprobación de autenticidad de los documentos exigidos por la recurrida resulta propia de la etapa de ponderación de la solicitud formulada por la recurrente, resultando improcedente efectuar una especie de examen de admisibilidad que la normativa sectorial no contempla.

Sexto: Que, la actuación de la recurrida, al levantar una barrera meramente formal para la solicitante, perturba el legítimo ejercicio del derecho de propiedad que le asiste a nombre reservado sobre sus ahorros previsionales, consagrado en el artículo 19 N°24 de la Carta Fundamental. Dicha propiedad implica la facultad de disponer de sus fondos de acuerdo con las hipótesis que la ley contempla, si ello resultare en definitiva procedente.

Séptimo: Que, por consiguiente, habiéndose acreditado la existencia de un acto arbitrario que afecta una de las garantías constitucionales protegidas por la acción cautelar de protección, el presente recurso deberá ser acogido.

Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se acoge, sin costas el recurso de protección interpuesto en favor de nombre reservado en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A., y en consecuencia, la recurrida deberá dar curso a la tramitación de dicha solicitud, dictando la resolución que en derecho corresponda en un plazo no superior a diez días contados desde que la presente sentencia se encuentre firme y ejecutoriada.

Acordada con el voto en contra del Ministro Sr. Rafael Corvalán Pazols, quien estuvo por rechazar el recurso en base a los siguientes fundamentos:

1) Que, conforme se desprende del informe evacuado por la recurrida, la petición de la actora fue rechazada teniendo en consideración que la recurrente únicamente acompañó una constancia de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales que se encuentra vencida según las instrucciones impartidas por la Superintendencia de Pensiones, sin la debida cadena de legalización exigida por la normativa aplicable.

2) Que, en tal sentido, indica que se ha exigido acompañar un Certificado de Afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, debidamente legalizado, conforme a las instrucciones impartidas por la Superintendencia de Pensiones.

3) Que, el artículo 1° de la Ley N°18.156, establece que "Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones:

a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte [...]".

A su vez, el Libro II, título XI, del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, establece que el cumplimiento del requisito anteriormente indicado, "debe acreditarse mediante certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte." 4) Que, teniendo presente la normativa que regula la exención de cotizar en el país a los técnicos extranjeros y del análisis del documento denominado "Constancia Electrónica de Cotizaciones" acompañado por la actora, es posible constatar que este carece de la debida legalización exigida por la normativa vigente, toda vez que se encuentra vencido según las instrucciones de la Superintendencia de Pensiones, de manera que no es efectivo lo argumentado por esta, en cuanto a que cuenta con la información pertinente para que su petición sea acogida. En efecto, el hecho que el instrumento contenga un código de verificación electrónica no sustituye los requisitos legales formales vigentes, más aún cuando el ordenamiento jurídico exige expresamente la legalización de los instrumentos públicos extranjeros para que surtan efectos en el territorio nacional, lo que reviste especial relevancia cuando se trata de antecedentes que inciden en el cumplimiento sustancial de los requisitos exigidos para acceder a un beneficio excepcional como el impetrado.

5) Que, en dicho contexto, no puede estimarse ilegal ni arbitraria la conducta de la institución recurrida, en tanto ha circunscrito su actuación a exigir el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios para acceder al beneficio impetrado, actuando conforme a las instrucciones de la Superintendencia de Pensiones y a la normativa vigente, por lo que el presente arbitrio será desestimado.

Regístrese, notifíquese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-3860-2025.