Protección contra Ilustre Municipalidad de Rinconada

C.A. de Valparaíso Valparaíso, veintiséis de noviembre de dos mil veinte.

Visto:

A folio 1 con fecha 06 de octubre de 2020, comparece don José Villagrán Reyes, abogado, a favor y en representación de doña nombre reservado, Jefa de Administración y finanzas de la Municipalidad de Rinconada, quien interpone acción de protección en contra de la Ilustre Municipalidad de Rinconada, representada por su alcalde don Antonio Pedro Caballería Díaz, y en contra del fiscal administrativo don nombre reservado, todos con domicilio para estos efectos en domicilio reservado, en razón del acto ilegal y arbitrario consistente en incoar un procedimiento disciplinario con infracción al debido proceso, afectando con ello las garantías constitucionales contenidas en la Constitución Política de la República en sus artículos 19 N° 1 inciso primero y la garantía prevista en el artículo 19 N° 3 inciso quinto, a fin que se ordene al Alcalde referido que de conformidad con lo previsto en el artículo 141 de la ley 18.883 revise los procedimientos disciplinarios en su contra, adopte las medidas para agilizar y ceñirse a la Constitución y determine la responsabilidad de los fiscales administrativo en ambos caso, y se ordene al Fiscal Administrativo don nombre reservado, desarrolle su investigación disciplinaria con estricto apego a la Constitución Política y en particular que en los interrogatorios, que éstos no se extiendan más allá de 2 horas y que siempre se debe autorizar la ida a los servicios higiénicos del citado y en el evento que sea hora de almuerzo de suspenda el interrogatorio para que el citado pueda ingerir alimentos, con costas.

Contextualiza su acción indicando que en el marco de ley 20.742 mediante el Decreto Alcaldicio 2639/2017 de fecha 22 de agosto de 2017, procedió a ascender al grado 8° en su calidad de Jefe de la Dirección Administración Finanzas.

Agrega que en cumplimiento a su función de asesorar al Alcalde en la gestión financiera, tuvo con aquel diferencias de opinión sobre el uso de recursos financieros, motivo por el cual éste pretendería despedirla mediante una serie de actos consistentes en despojarla de su jefatura creando un cargo directivo de forma ilegal, denunciarla criminalmente por malversación de caudales públicos e iniciar en su contra sumarios administrativos, en cuya tramitación se producirían las vulneraciones denunciadas.

Refiere que a través del Decreto Alcaldicio 2267/2019 se dispone un sumario administrativo contra de la actora y mediante el Decreto Alcaldicio N° 2322 de fecha 27 de agosto de 2019, que resuelve aplicarle la medida preventiva de suspensión del cargo sin fundamento alguno, en dicho procedimiento no se realizó gestión alguna durante los meses de enero a abril y su estado es incierto, pues el fiscal en su calidad de juez de policía local suspendió sus labores en razón de la pandemia, por lo que el sumario también quedó suspendido.

Señala que al no poder seguir con el procedimiento disciplinario, por el cuestionamiento a su fiscal se inicia en su contra un nuevo sumario administrativo, con fecha 30 de junio de 2020 a través de la dictación del Decreto Alcaldicio 970/2020, nombrando como nuevo fiscal, luego de haberse acogido la recusación formulada al primero, a don nombre reservado. quien procede a citarla personalmente para prestar declaración en el sumario administrativo, quien le advirtió que el sumario era solo una formalidad y que la instrucción del Alcalde era que debía ser tramitado sumariamente y ser destituida, rechazándose su recusación.

Expone que el día 09 de septiembre de 2020 a las 12:00 la actora, que padece de colon irritable, concurrió a la citación efectuada por el fiscal administrativo don nombre reservado, incurrió en acciones inhumanas en contra de la actora, al interrogarla ininterrumpidamente por 6 horas y 21 minutos, luego en esa extensión de tiempo incurrió en la imprudencia de negarle permiso para almorzar, también le negó permiso para ingerir otro tipo de alientos y le restringió la ida al baño a una sola oportunidad y al día siguiente comenzó un nuevo interrogatorio con el mismo ánimo lo que termino por quebrar la salud física y psíquica, sufriendo una descompensación completa y desvaneciéndose en el lugar.

Sostiene que los hechos descritos constituyen una desviación de poder y mal uso de las acciones legales, pues el primer sumario no se ha paralizado por un simple retardo, asilándose en la pandemia que afecta al país, ya que el artículo 133 de la ley 18.883 establece expresamente que el plazo para la investigación en el sumario administrativo es de 20 días, pudiendo ampliarse en casos excepcionales hasta por 60 días, ambos plazos están incumplidos, asimismo el artículo 134 de la citada autoriza al fiscal a suspender a un funcionario, a modo de medida preventiva señala el texto legal, pues bien cuando a una medida cautelar sin plazo, le agregamos una investigación infinita, sin control, secreta y con un alcalde que la utiliza instrumentalmente para retirar artificialmente de su puesto de trabajo a un funcionario, el proceso disciplinario se ha transformado en ilegal, no solo porque ha incumplido la ritualidad procesal, establecida perentoriamente en la ley, sino porque resulta evidente la instrumentalización del mismo para alejar de su cargo la actora, resultando en este caso el derecho a la defensa se evidentemente conculcado, constituyéndose una investigación administrativa irracional e injusta, puesto que por un lado bloquea la intervención de una defensa técnica y por otro sostiene en la práctica una sanción anticipada sin haber dictado un Decreto Alcaldicio que fundamente la sanción.

Alega en relación al segundo sumario administrativo que ya no se trata de una suspensión arbitraria o de limitar la defensa, sino que ahora, por una acción de un órgano del Estado en el marco de una investigación se ha causado daño a la integridad física y psíquica de la actora, pues la ley 18.883 carece de regulación en relación con la declaración del investigado, sin embargo un sumario administrativo debe tramitarse dentro de un marco de respeto a los derechos garantizados por la Constitución. No obstante, sí existen normas en el ordenamiento jurídico en relación con este punto, es así como el artículo 195 del Código Procesal Penal regula los interrogatorios, teniendo como título el artículo el nombre de “métodos prohibidos” en su inciso segundo textualmente expresa que “Se prohíbe, en consecuencia, todo método que afecte la memoria o la capacidad de comprensión y de dirección de los actos del imputados en especial cualquier forma de maltrato, amenaza, violencia corporal o psíquica, tortura, engaño, o la administración de psicofármacos o la hipnosis”. A la luz de lo señalado en el texto legal, un interrogatorio sin comida y con permiso restringido para las necesidades biológicas, no cabe duda que, esas condiciones sí afectaron la memoria y la capacidad de compresión la recurrente, infringiendo con ello el artículo 19 N° 1 de la Constitución, desde que con su actuar el fiscal administrativo ejecutó un interrogatorio utilizando métodos prohibidos.

Arguye que en relación con el primer procedimiento disciplinario, en él se estableció la suspensión del cargo desde el día 27 de agosto de 2019 y posteriormente se tomó declaración a fines del mes de septiembre de 2019, el procedimiento se ha mantenido paralizado y la afectación al debido proceso, se renueva día tras día, y por tanto los 30 días se cuentan desde que se ejecutó el acto vulneratorio, en este caso el referido acto nace todos os días desde que la afectación es continua y peor aún se encuentra amparada por la autoridad municipal.

Indica en relación con el segundo procedimiento disciplinario, que la fecha de ocurrencia de los hechos que revisten los caracteres de tortura, acaecieron con fecha 09 de septiembre de 2020 en las oficinas de la I. Municipalidad de Rinconada y fueron ejecutados por el fiscal administrativo.

Por lo anterior solicita se disponga al efecto lo siguiente:

1°.- Se ordene al Alcalde de la I. Municipalidad de Rinconada don nombre reservado que de conformidad con lo previsto en el artículo 141 de la ley 18.883 revise ambos procedimientos disciplinarios, adopte las medidas para agilizar el primero y ceñirse a la Constitución el segundo y determine la responsabilidad de los fiscales administrativo en ambos caso.

2°.- Que se ordene al Fiscal Administrativo don nombre reservado, desarrolle su investigación disciplinaria con estricto apego a la Constitución Política y en particular que en los interrogatorios, que éstos no se extiendan más allá de 2 horas y que siempre se debe autorizar la ida a los servicios higiénicos del citado y en el evento que sea hora de almuerzo de suspenda el interrogatorio para que el citado pueda ingerir alimentos.

Acompaña documentación.

A folio 16, informa el recurrido nombre reservado y solicita el rechazo de esta acción cautelar, pues los hechos que a él se le atribuyen no habrían ocurrido como los relata la actora.

Señala que en su escrito la actora confiesa padecer colon irritable y que en su calidad de fiscal, le habría fijado una nueva fecha para su declaración.

Agrega que se existió demora en su declaración se debió a que ejerció con plenitud su derecho a defensa, existiendo un trato mutuo respetuoso y cortes, existiendo pausas y declarando con soltura y fluidez.

Alega que no existió de su parte un acto arbitrario e ilegal, pues realizó una gestión legítima, encomendada por la autoridad administrativa competente y dentro del ámbito de sus funciones, sin maltrato hacia la persona de la actora.

Indica que no existe una norma conculcada con su actuar, no siendo este el medio idóneo para para discutir temas que deben ser tratados en tribunales y procedimientos de lato conocimiento, es más la actora además de ejercer este recurso de protección, dedujo querella criminal en el Juzgado de Garantía de Los Andes con el objetivo de “castigar una serie de delitos de tortura”, describiendo exactamente los mismos hechos que se describen en el presente recurso de protección, existiendo un evidente abuso del derecho a defensa de la recurrente, con la finalidad de paralizar sendos sumarios administrativos.

Finalmente hace presente que ya no ejerce como fiscal del sumario administrativo que motiva, a su respecto, este recurso de protección, circunstancia que era sabida por la recurrente al interponer esta acción constitucional.

Acompaña documentación.

A folio 16 informa Ilustre Municipalidad de Rinconada, quien da cuenta de la normativa e interpretación para la creación de la nueva planta de personal municipal y en particular respecto de la actora, que esta no cumple con los requisitos para ocupar un cargo directivo por no contar con un título profesional de ocho semestres, no existiendo la animosidad denunciada.

Señala que el actuar del municipio se encuadra en las facultades y obligaciones que le imponen la Constitución y las Leyes, cumpliendo el Alcalde con su deber de denunciar las irregularidades penales y administrativas de que tome conocimiento en el ejercicio de su función, ajustándose al principio de legalidad y en ningún caso ha violentado la integridad física y psíquica de la recurrente.

Indica que atendido el petitorio del recurso en lo que respecta a su parte, éste ha perdido oportunidad, al haber tomado ya esas medidas al acumular ambos procedimientos y designar un nuevo fiscal.

Agrega que los hechos materia de esta acción no son propios de conocerse en el ámbito de la protección, sino materia de lato conocimiento, siendo el accionar de la recurrente una estrategia de defensa, llegando incluso a denunciar al primer fiscal por el delito de prevaricación y al segundo por el delito de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes.

Por lo anterior solicita el rechazo de esta acción por no ser efectivos los hechos en que se funda y/o no ser la vía idónea para conocer de los hechos que reclama.

Adjunta documentación.

A folio 18, se ordena traer los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deban tomar ante un acto u omisión arbitraria o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Segundo: Que atendida la especial naturaleza del recurso de protección, para que pueda prosperar es indispensable que quien lo intente acredite que los hechos en que se hace consistir la arbitrariedad o ilegalidad, estén comprobados y que con estos hechos se haya sufrido perturbación, privación o amenaza en el ejercicio legítimo de las garantías y derechos que la Constitución asegura y que son los enumerados taxativamente en el artículo 20 de este cuerpo legal.

Tercero: Que, la actora pretende en síntesis a través de esta acción cautelar extraordinaria, agilizar los procedimientos disciplinarios existentes en su contra y regular la forma en que el fiscal toma declaración en dicho procedimiento.

Cuarto: Que, en relación a la primera solicitud, según se desprende de lo informado por la municipalidad recurrida y del documento acompañado por ésta consistente en el Decreto Alcaldicio 1138/2020, que acumula los procedimientos disciplinarios en cuestión y designa como nuevo fiscal a doña nombre reservado, la recurrida ya adoptó las medidas necesarias para dar curso al procedimiento disciplinario, razón por la cual en este punto el presente arbitrio perdió oportunidad.

Quinto: Que, en cuanto a la segunda pretensión, de acuerdo a lo informado por el recurrido y en concordancia con el Decreto Alcaldicio 1138/2020, éste ya no desempeña la función de fiscal en el sumario administrativo instruido contra la actora por Decreto Alcaldicio N° 970/2020, sin que exista alguna medida que adoptar por esta Corte para obtener los fines que a través de esta acción cautelar se pretende.

Por estas consideraciones y lo establecido en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por doña nombre reservado, en contra de la Ilustre Municipalidad de Rinconada y en contra de don nombre reservado, sin perjuicio de lo cual, teniendo en consideración el largo período de tiempo durante el cual la actora ha estado suspendida de sus funciones, se insta a doña nombre reservado, a dar pronto término al sumario de que se trata.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-38472-2020.