ALGAS MARINAS S.A. CONTRA SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL DE SALUD REGION VALPARAISO.

Foja: 126 Ciento ventiséis J.v.p.

C.A. de Valparaíso.

Valparaíso, doce de julio de dos mil dieciocho.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que don nombre reservado, en representación de Algas Marinas S.A., recurre de protección en contra de la Secretaría Regional Ministerial de Salud de Valparaíso, por haber dictado de manera ilegal y arbitraria la Resolución N°18051326, de fecha 17 de mayo de 2018, mediante la cual se impuso a dicha empresa una multa equivalente a 300 UTM y ordenando la ejecución de una serie de acciones. Expuso que se trata de una empresa que opera en la comuna de La Calera una planta productora de Agar Agar, a partir del procesamiento de algas, seguido de un enjuague y extracción de licor de agar en autoclaves. Apunta que durante el procesamiento de las algas se van generando residuos líquidos que son tratados en una Planta de Tratamiento de Residuos Industriales Líquidos (Planta de Riles) cuyo objeto es abatir la carga contaminante con que éstos ingresan al sistema para ajustarla a la respectiva norma de emisión. Agrega que una vez depurado el residuo industrial líquido, es conducido a través de un canal hasta el río Aconcagua, que es el punto de descarga aprobado por la Superintendencia de Servicios Sanitarios, en su concepto, único organismo público competente para autorizar y controlar el funcionamiento de los sistemas de tratamiento de residuos industriales líquidos.

Expuso que con fecha 3 de abril de 2018 la Seremi recurrida, Oficina Quillota, fiscalizó a la Planta de Tratamiento de Riles de Algas Marinas S.A., levantando un acta en que deja constancia de una infracción sanitaria en ocho puntos ambiguos y vagos, que luego son contenidos en la resolución sancionatoria. Destaca que, entre los puntos constatados, se acusa a la planta de Riles que no cuenta con autorización de funcionamiento emitida por la SEREMI de Salud. Señala que se dejó citado al propietario a concurrir a evacuar descargos en fecha 11 de abril de 2018, señalando que el 18 de ese mes hizo presente que, si bien el acta constata la realización de la inspección, no formuló cargo alguno, petición que no tuvo respuesta de la autoridad sanitaria. Señala que el día 8 de mayo de 2018, el jefe de la Oficina Quillota de la Seremi recibió en su despacho a los representantes de Algas Marinas S.A., quienes intentaron hacerle entrega de un escrito de descargos, expresándole que en éste se había procurado interpretar el sentido de los cargos formulados en el Acta de Inspección, empero, el funcionario se negó a recibir el escrito, informándoles que ya se había dictado sentencia en el sumario sanitario. Indicó que el día 17 de mayo de 2018 le fue notificada la Resolución Nº 18051326 en virtud de la cual el SEREMI puso término al sumario sanitario y sancionó a la empresa con una multa equivalente a 300 UTM por infringir los artículos 19 del DS 594/99 del Ministerio de Salud, Reglamento sobre condiciones Sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo; artículo 1° N°22 del DFL 1/89 y; los artículos 71 letra b y 73 del Código Sanitario.

Afirma que dicha resolución adolece de irregularidades tanto en aspectos formales como de fondo que infringen sus garantías constitucionales.

En lo formal, acusa que la empresa no presentó sus descargos, haciendo presente que la resolución atacada le otorga la condición de descargos a un escrito en que la denunciada solicitaba la aclaración y precisión de los cargos para efecto de ejercer su derecho a defensa, lo que no fue resuelto por el organismo y adicionalmente fue considerado el descargo de la afectada.

En cuanto al fondo, expresa que la sentencia, se remite únicamente a la falta de autorización de la Seremi de Salud. Manifiesta, y tal como sostuvo en su escrito de descargo, cuenta con las autorizaciones que le son exigibles de conformidad a la normativa vigente contando con la autorización de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, órgano competente al efecto, para lo cual acude a la normativa de la Ley 18.092 en cuanto corresponde a ese organismo autorizar, fiscalizar y controlar los sistemas de tratamiento de residuos líquidos industriales, confiriéndole potestades para sancionar a los eventuales infractores de la normativa aplicable y estableciendo los procedimientos destinados al efecto. Manifiesta que del examen de la normativa se infiere que el artículo 71 del Código Sanitario, que data del año 1967, en lo que toca a la autorización de funcionamiento de los efluentes líquidos industriales quedó tácitamente derogado por los preceptos de la Ley N° 18.092 modificada por la Ley 19.821, toda vez que estas últimas disposiciones se refieren a la misma materia. En este sentido expresa que la planta y el sistema de tratamiento de riles de Algas Marinas S.A. se encuentra autorizado para funcionar por la Superintendencia de Servicios Sanitarios y autorizada para descargar sus riles al río Aconcagua Entiende que se han vulnerado sus garantías constitucionales, correspondiente a las del artículo 19 N°3, 21 y 24 de la Constitución Política de la Republica, esto es, debido proceso, libertad de emprendimiento o desarrollar una actividad económica y propiedad.

Solicita se deje sin efecto la resolución impugnada.

Segundo: Que, informando la Secretaría Regional Ministerial de Salud, expuso que el sumario sanitario se inicia por denuncia de la Municipalidad de La Calera de fecha 15 de marzo de 2018, la que había recibido los antecedentes por una denuncia particular a la Gobernación Provincial de Quillota. Señala que el ente edilicio constata que la sociedad recurrente descarga sus residuos líquidos industriales al río Aconcagua, infringiendo las normas que establecen los límites máximos permitidos para descarga de ese tipo de residuos a cuerpos de aguas fluviales. Da cuenta que se hizo una visita de inspección y que el contenido del acta coincide con el tenor expuesto por la recurrente. Asevera que la denunciada se limitó a solicitar que se aclararan los cargos y que se le prorrogara el plazo para contestar. Expresa que el 17 de mayo de 2018, la Secretaría Regional Ministerial de Salud dictó la Resolución Nº 18051326 en virtud de la cual sancionó a la sociedad Algas Marinas S.A. con una multa ascendente a 300 U.T.M y, además, se le otorgaron plazos para regularizar la autorización y funcionamiento de su Sistema de Tratamiento de Residuos Industriales Líquidos. Puntualiza que la empresa recurrente infringió lo dispuesto en los artículos 71 letra b) y 73 del Código Sanitario y artículo 19 del D.S. 594 del Ministerio de Salud que aprobó el Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales básicas en los Lugares de Trabajo. Señala que corresponde a la Seremi de Salud la autorización y/ o aprobación de los proyectos relativos a la construcción, reparación, modificación y ampliación de cualquier obra pública destinada a la evacuación, tratamiento o disposición final de desagües, aguas servidas de cualquier naturaleza y residuos industriales o mineros. Además de conformidad a la normativa aludida, se prohíbe descargar aguas servidas y los residuos industriales o mineros en ríos o lagunas y establecen que las empresas que realicen el tratamiento de sus residuos industriales, fuera del predio, sea directamente o a través de terceros, deberán contar con autorización sanitaria previa al inicio de tales actividades. Postula que resultando acreditado en el sumario sanitario que la empresa realiza descarga sin la citada autorización, se procede a cursar la multa referida. Señala que la resolución aludida fue notificada al recurrente el 17 de mayo de 2018, no habiéndose deducido recurso de reposición ni reclamación judicial del artículo 171 del Código Sanitario, por lo que se encuentra ejecutoriada.

En relación con el sumario sanitario, entiende que se han cumplido sus requisitos legales, habiéndose emplazado al afectado del acta de fiscalización, comunicándole el plazo para hacer descargos y notificándole la resolución de este.

Destaca que no resulta procedente acudir a la acción de protección con el fin de impugnar una resolución sancionatoria de la autoridad sanitaria por no constituir la vía idónea. Sostiene que, al analizar el contenido del recurso, éste constituye una verdadera reclamación judicial regulada en el artículo 171 del Código del Ramo.

Alega que constituye un hecho acreditado en el sumario sanitario, la descarga de residuos industriales líquidos al río Aconcagua, proceso que debe contar con la autorización de la Seremi de Salud, más aún si las mismas aguas son posteriormente utilizadas por la Planta de Esval ubicada en Concón para el consumo humano.

Tercero: Que como cuestión previa cabe considerar que si bien es efectivo que el acto de la administración que agravia al recurrente puede ser impugnado ante la justicia ordinaria civil, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 171 del Código Sanitario, es también cierto que el artículo 20 de la Constitución Política de la República, al instituir la presente acción cautelar, establece expresamente que ésta puede deducirse, sin perjuicio de los demás derechos que el afectado pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes.

Cuarto: Que no se encuentra discutido que, en el mes de abril del presente año, a raíz de denuncias particulares por malos olores en un punto de descarga de residuos líquidos en el Río Aconcagua, en la comuna de La Calera, un fiscalizador de la Secretaría Regional Ministerial de Salud, se constituyó en la Planta de Tratamiento de Residuos Industriales Líquidos de la empresa recurrida, la que se dedica, básicamente, al procesamiento de algas marinas, levantando un acta en la que dejó constancia del mencionado proceso, describiéndose la forma en que éste se realiza, del punto de descarga en el Río Aconcagua, observando que en el origen el Ril cuenta con espuma; que en recorrido de zanja se aprecia sedimento y zona con crecimiento de malezas; que el escurrimiento de riles tratados hasta la unión con el curso de río Aconcagua fluye con normalidad, posterior a lo cual se observa que se apozan las aguas y que durante recorrido se perciben olores característicos al procesamiento de algas, de baja intensidad. Y se destaca que la planta de riles no cuenta con autorización de funcionamiento emitida por la SEREMI de Salud, observación que se mantiene desde el 19 de mayo de 2016 y que se consignó en acta de inspección N° 01916.

Que dicha acta dio comienzo a un procedimiento sumarial sanitario que culminó con fecha 17 de mayo de 2018, por Resolución N° 18051326 de la Seremi de Salud de Valparaíso, la cual luego de dar cuenta de lo constatado en el acta de fiscalización, deja consignado que el sumariado formuló descargos con fecha 19 de abril de 2018. Enseguida indica que los hechos importan infracción a lo dispuesto en el artículo 19 del Decreto Supremo N° 594/99 del Ministerio de Salud Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo; al artículo 1 N° 22 del DFL 1/89; y a los artículos 71 b) y 73 del Código Sanitario. Aprecia que las infracciones se encuentran constatadas en acta de inspección en la cual se consigna la ausencia de autorización sanitaria de la planta de riles, precisando además que se trata de una infracción que se arrastra desde hace casi dos años y no negada en los descargos. Valora el acta de inspección conforme al mérito probatorio que le asigna el artículo 166 del Código Sanitario. Enfatiza que la entidad de las infracciones cometidas por la sumariada apareja el grave riesgo de contaminar una de las más importantes fuentes fluviales de la región, cual es el Río Aconcagua, como así también la persistencia en el tiempo respecto del funcionamiento de la planta de riles sin la correspondiente autorización sanitaria, son factores que serán considerados como agravantes para efectos de ponderar la sanción que se aplique en este caso. En lo resolutivo aplica a Algas Marinas una multa de 300 UTM; otorga a la infractora un plazo de 7 días hábiles para presentar ante la autoridad sanitaria un programa de trabajo para regularizar el sistema de tratamiento de residuos industriales líquidos, cuyo plazo de presentación de la solicitud de autorización de funcionamiento de este sistema de tratamiento no deberá exceder el plazo de 80 días hábiles; le ordena presentar un programa de limpieza y mantención de la zanja en la cual se descarga el efluente; le otorga el plazo de 20 días hábiles para presentar una memoria descriptiva de todos los procesos productivos que esta empresa desarrolla, en la cual deberán especificar las medidas implementadas respecto al control de los olores molestos las cuales fueron solicitadas por la SEREMI de Salud mediante acta de inspección N° 14228 de 17 de octubre de 2011 y los planes de acción ante eventuales contingencias asociadas a olores. Y Se le apercibe con la prohibición de descarga si en un plazo de 80 días hábiles no hace ingreso a proyecto de regularización de planta de tratamiento de riles.

Quinto: Que como se desprende del tenor del recurso, la actora asevera que la SEREMI de salud carece de competencia en la materia y que la atribución para autorizar la Planta de Tratamiento de Residuos Industriales Líquidos corresponde exclusivamente a la Superintendencia de Servicios Sanitarios. Y para sustentar documentalmente que posee dicha autorización acompaña Decreto Supremo 179 del MOP de 20 de abril de 1995, que autoriza el sistema de depuración y neutralización de residuos líquidos industriales propuesto por empresa Algas Marinas S.A. para la planta industrial procesadora de algas marinas para la elaboración de agar-agar y carragenato, señalando que el efluente tratado será descargado al Río Aconcagua en la comuna de La Calera con un caudal de 50 litros por segundo o 180,0 metro cúbico por hora, decreto que fue modificado por Decreto 69 de 12 de junio de 2000. Además, acompaña Resolución 3093 de 23 de octubre de 1995 del Servicio de Salud de Viña del Mar Quillota que aprueba proyecto de tratamiento de residuos líquidos provenientes de Algas Marinas S.A. -pero se consigna expresamente que la Resolución no significa autorización de funcionamiento-. Asimismo, acompaña Resolución 1057, de 9 de mayo de 2000, de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, que autoriza a partir del 22 de marzo de 2000, la puesta en explotación del Sistema de Tratamiento de Residuos Industriales Líquidos de la Planta industrial de Algas Marinas SA. y aprueba programa de monitoreo de calidad de afluente generado por la Planta Industrial Aguas Marinas S.A., generándose posteriormente otras resoluciones del mismo organismo que modifican los programas de monitoreo, así Resolución 3095, de 30 de agosto de 2006 y 3554, de 2 de octubre de 2009, consignándose en el punto 9 de esta última resolución que lo resuelto no constituye una autorización ambiental o sectorial que aprueba el sistema de tratamiento de riles sino que como su nombre lo indica, sólo establece el programa de monitoreo que debe realizar toda fuente emisora.

Sexto: Que en relación a las atribuciones de las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud, cabe consignar que con arreglo a lo dispuesto en el artículo 71 letra b) del Código Sanitario, tales entidades están facultadas para aprobar los proyectos relativos a la construcción, reparación, modificación y ampliación de cualquier obra pública o particular destinada a la evacuación, tratamiento o disposición final de desagües, aguas servidas de cualquier naturaleza y residuos industriales o mineros. Asimismo, de acuerdo con el artículo 72 del mencionado código, a las aludidas Secretarías Regionales Ministeriales les corresponde la vigilancia sanitaria sobre las plantas depuradoras de aguas servidas y de residuos industriales o mineros, junto con la potestad de sancionar a los responsables de infracciones. Por último, conforme con el artículo 73 del mismo cuerpo normativo se prohíbe descargar las aguas servidas y los residuos industriales o mineros en ríos o lagunas, o en cualquiera otra fuente o masa de agua que sirva para proporcionar agua potable a alguna población, para riego o para balneario, sin que antes se proceda a su depuración en la forma que se señale en los reglamentos. En este sentido, un simple examen de la normativa aludida permite concluir que la descarga de los residuos industriales líquidos de la empresa recurrente está sometida a la aprobación y fiscalización de la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región de Valparaíso, sin perjuicio de la autorización y de las facultades de fiscalización que pudiera corresponder a otros servicios que tuvieren competencia sobre la materia, pues frente a un hecho como el denunciado es posible que concurran diversas entidades públicas, lo que se determina, entre otros factores, según el instrumento normativo que se considere vulnerado con competencia en la materia. Por consiguiente, la autoridad de salud recurrida al dar inicio a la investigación pertinente y aplicar una sanción por la infracción cometida, ha actuado sobre la base del principio de juridicidad.

Séptimo: Que, por otra parte, conforme a la copia del sumario sanitario acompañado a los autos, es posible concluir que la autoridad recurrida en el ejercicio de la potestad investigativa y sancionadora, llevó a cabo el procedimiento confiriendo al sumariado la oportunidad para defenderse, en los términos previstos en el artículo 163 del Código Sanitario, lo que el administrado ejercitó, intentando alegaciones de forma respecto a la procedencia y precisión de los cargos que se constatan en el acta, por lo que no es posible afirmar que se haya cometido una irregularidad en la tramitación del sumario sanitario en referencia. Debido a lo expresado no es posible concluir que se haya cometido un acto ilegal o arbitrario por la recurrida.

Por estas consideraciones y con arreglo con lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza sin costas, el recurso de protección deducido por don nombre reservado, en representación de Algas Marinas S.A., en contra de la Secretaría Regional Ministerial de Salud de Valparaíso, sin costas.

Redacción del Ministro Sr. Cancino.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Rol Protección Nº 3843-2018.