nombre reservado con CORPORACIÓN MUNICIPAL DE VIÑA DEL MAR PARA EL DESARROLLO SOCIAL

I.C.A. de Valparaíso Valparaíso, nueve de julio de dos mil veintiséis.

Visto:

A folio 1, comparece don nombre reservado, funcionario de Atención Primaria de Salud Municipal y dirigente gremial, quien interpone recurso de protección en contra de la Corporación Municipal de Viña del Mar para el Desarrollo Social, por estimar que la dictación de la Resolución N° 009/26, de 6 de abril de 2026, y del denominado “Protocolo de regulación del aviso, solicitud y uso de permisos gremiales”, constituyen actos ilegales y arbitrarios que vulneran las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 N° 1, N° 2 y N° 19 de la Constitución Política de la República.

En cuanto a los hechos, señala que se desempeña como funcionario de Atención Primaria de Salud Municipal bajo el régimen de la Ley N° 19.378 y que actualmente ejerce simultáneamente cargos de representación como dirigente comunal de la Asociación de Funcionarios de Atención Primaria de Salud de Viña del Mar (AFAPS) y dirigente regional de la Federación Regional de Funcionarios de Salud Municipalizada, CONFUSAM V Región. Expone que dichas funciones requieren una disponibilidad efectiva de tiempo para desarrollar labores de representación, coordinación, reuniones y defensa de los derechos de los funcionarios.

Indica que la Dirección del Trabajo, mediante Ordinario N° 150/14 de 26 de febrero de 2026, reconoció la procedencia de acumular las horas de permiso gremial correspondientes a los distintos cargos sindicales ejercidos por una misma persona, criterio que también ha sido sostenido por la Contraloría General de la República. Conforme a dicha interpretación, los permisos asociados a organizaciones de base y de grado superior son autónomos e independientes y pueden acumularse.

Refiere que, no obstante lo anterior, la recurrida dictó la Resolución N° 009/26 y aprobó un protocolo destinado a regular el aviso, solicitud y uso de permisos gremiales. Sostiene que dicho instrumento incorpora exigencias de aviso previo, control administrativo, justificación y validación de permisos, subordinando su ejercicio a criterios internos de funcionamiento del servicio. A su juicio, ello transforma un derecho garantizado por la ley en una facultad condicionada por la autoridad administrativa.

Agrega que estas restricciones afectan especialmente su situación por ejercer cargos gremiales en distintos niveles de representación, ya que el sistema instaurado desconoce en la práctica la autonomía y acumulación de los permisos gremiales reconocidas por la jurisprudencia administrativa vigente. Señala que ello ha dificultado el ejercicio de sus funciones sindicales, limitando su disponibilidad, participación y capacidad de representación.

En cuanto a la ilegalidad, sostiene que la Corporación Municipal excedió sus atribuciones al imponer restricciones no contempladas en la ley respecto del uso de permisos gremiales, infringiendo el principio de juridicidad consagrado en los artículos 6 y 7 de la Constitución. Afirma que la autoridad administrativa no puede alterar mediante actos internos el contenido de un derecho reconocido legalmente ni sujetar su ejercicio a autorizaciones o validaciones que la ley no contempla.

Añade que la actuación es arbitraria, pues las limitaciones impuestas carecen de razonabilidad y proporcionalidad, estableciendo restricciones generales y preventivas que afectan el ejercicio de la actividad sindical sin una justificación suficiente. Asimismo, cuestiona que la recurrida limite la aplicación del criterio sobre acumulación de permisos únicamente a organizaciones regidas por el Código del Trabajo, excluyendo a las asociaciones de funcionarios reguladas por la Ley N° 19.296, distinción que estima carente de fundamento jurídico.

En cuanto a las garantías constitucionales afectadas, denuncia vulneración del derecho a la integridad psíquica del artículo 19 N° 1, por la presión, incertidumbre y tensión que le genera el sometimiento de su actividad gremial a controles y validaciones administrativas. Alega también afectación de la igualdad ante la ley del artículo 19 N° 2, por imponérsele restricciones no previstas legalmente y aplicársele un trato más gravoso que el contemplado por el ordenamiento jurídico. Finalmente, sostiene que se vulnera la libertad sindical protegida por el artículo 19 N° 19, al limitarse el ejercicio efectivo de la actividad gremial mediante mecanismos de control e intervención que alteran la autonomía de la función sindical.

En definitiva, solicita que se acoja el recurso de protección, declarando que la Resolución N° 009/26 y el protocolo de permisos gremiales constituyen actos ilegales y arbitrarios. Pide que se ordene dejar sin efecto toda restricción, condicionamiento o mecanismo de control no contemplado en la ley respecto de los permisos gremiales, que se reconozca la procedencia de su acumulación conforme al criterio de la Dirección del Trabajo y de la Contraloría General de la República, y que la recurrida se abstenga de interferir en el ejercicio de la actividad sindical. Asimismo, solicita orden de no innovar para suspender la aplicación del protocolo mientras se tramita el recurso, con expresa condena en costas.

A folio 5, evacúa informe la Corporación Municipal de Viña del Mar para el Desarrollo Social, solicitando el rechazo íntegro del recurso.

Señala que el recurrente cuestiona la legalidad de la Resolución N.º 009/26 y del “Protocolo de regulación del aviso, solicitud y uso de permisos gremiales”, sosteniendo que tales instrumentos vulnerarían su integridad psíquica, la igualdad ante la ley y la libertad sindical. Sin embargo, afirma que dicha alegación carece de fundamento, por cuanto el protocolo se limita a regular la forma de ejercicio de los permisos gremiales previstos en la Ley N.º 19.296.

Explica detalladamente el régimen legal de permisos gremiales contemplado en los artículos 31 a 34 de la Ley N.º 19.296, indicando que los dirigentes de asociaciones de funcionarios tienen derecho a permisos mínimos remunerados de 11 o 22 horas semanales, según el nivel de representación que ostenten, pudiendo existir permisos adicionales sólo en los casos y bajo las condiciones expresamente previstas por la ley. Agrega que los permisos que excedan dichos mínimos requieren acuerdos de la asamblea respectiva y, en ciertos casos, financiamiento de la propia asociación de funcionarios.

Sostiene que la ley contempla requisitos de aviso, acreditación y comunicación para el uso de determinados permisos, por lo que resulta legítimo que el servicio regule aspectos operativos no contemplados expresamente por el legislador, tales como la forma, destinatarios y plazos de comunicación. En este contexto, afirma que el protocolo impugnado sólo establece mecanismos destinados a ordenar el ejercicio de los permisos y permitir la continuidad del servicio, especialmente considerando que se trata de funcionarios de atención primaria de salud.

Añade que el protocolo no exige autorización previa para el uso de los permisos mínimos garantizados por la ley, sino únicamente un aviso oportuno a las jefaturas correspondientes, con el objeto de organizar reemplazos y asegurar la adecuada atención de los usuarios. Asimismo, indica que varias de sus disposiciones reproducen literalmente normas de la Ley N.º 19.296 y que otras regulan únicamente aspectos administrativos de comunicación y registro.

Respecto de las garantías constitucionales invocadas, sostiene que no existe afectación alguna. En cuanto al derecho a la integridad psíquica, señala que los actos impugnados no constituyen apremios ilegítimos ni conductas aptas para vulnerar dicha garantía. Respecto de la igualdad ante la ley, argumenta que el recurrente no identifica ningún criterio discriminatorio ni un grupo favorecido respecto del cual se produzca una diferencia de trato arbitraria. Finalmente, en relación con la libertad sindical, afirma que el protocolo no impide ni limita el ejercicio de la actividad gremial, pues los dirigentes mantienen íntegramente los permisos y mecanismos contemplados en la ley.

Destaca además que, a la fecha del informe, el recurrente no habría presentado solicitudes de permisos ni avisos de utilización de permisos gremiales, por lo que la Corporación no ha tenido oportunidad de negar ni restringir el ejercicio de tales derechos. En consecuencia, sostiene que no existe una afectación actual y concreta de garantías fundamentales, sino sólo cuestionamientos abstractos respecto del contenido del protocolo.

En definitiva, concluye que la resolución y el protocolo impugnados se ajustan a la Ley N.º 19.296, no vulneran garantía constitucional alguna y tienen por objeto compatibilizar el ejercicio de la actividad gremial con la continuidad del servicio público de salud. Por ello solicita el rechazo íntegro del recurso de protección, con costas.

Se ordenó traer los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, la acción de protección consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar de naturaleza urgente destinada a restablecer el imperio del derecho cuando, por causa de un acto u omisión arbitrario o ilegal, se prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de alguna de las garantías constitucionales expresamente amparadas por dicho precepto, correspondiendo a esta Corte determinar la existencia del acto denunciado y, en su caso, adoptar las medidas necesarias para restablecer el derecho y asegurar la debida protección del afectado.

Segundo: Que, la presente acción constitucional ha sido interpuesta en contra de la Corporación Municipal de Viña del Mar para el Desarrollo Social, impugnando la dictación de la Resolución N° 009/26, de 6 de abril de 2026, y del denominado "Protocolo de regulación del aviso, solicitud y uso de permisos gremiales", por estimar que tales actos restringen ilegal y arbitrariamente el ejercicio de los permisos gremiales que la ley reconoce a los dirigentes sindicales, vulnerando las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 N° 1, N° 2 y N° 19 de la Constitución Política de la República. Solicita, en consecuencia, que se dejen sin efecto las restricciones y mecanismos de control contemplados en dicho protocolo, se reconozca la procedencia de la acumulación de los permisos gremiales conforme a la jurisprudencia administrativa vigente y se ordene a la recurrida abstenerse de interferir en el ejercicio de la actividad sindical.

Tercero: Que, al evacuar el informe solicitado, la recurrida solicitó el rechazo del recurso, sosteniendo, en síntesis, que la Resolución N° 009/26 y el protocolo cuestionado no alteran ni restringen los derechos que la Ley N° 19.296 reconoce a los dirigentes de asociaciones de funcionarios, limitándose únicamente a regular aspectos operativos relativos al aviso, comunicación y registro de los permisos gremiales, con el objeto de compatibilizar su ejercicio con la continuidad del servicio de atención primaria de salud que presta la Corporación. Agrega que el protocolo no exige autorización previa para hacer uso de los permisos legalmente establecidos, no afecta la libertad sindical ni establece diferencias arbitrarias entre dirigentes gremiales y que, además, el recurrente no ha acreditado una afectación actual y concreta de las garantías constitucionales cuya tutela solicita.

Cuarto: Que, del mérito de los antecedentes allegados a estos autos, no se advierte que la dictación de la Resolución N° 009/26, de 6 de abril de 2026, que aprueba el aludido protocolo, constituya un acto ilegal o arbitrario. En efecto, de su contenido aparece que dichos instrumentos tienen por objeto regular aspectos operativos relacionados con el ejercicio de los permisos gremiales, tales como su comunicación, registro y coordinación administrativa, sin alterar ni restringir los derechos que la Ley N° 19.296 reconoce a los dirigentes de asociaciones de funcionarios. Por el contrario, las medidas impugnadas responden a la necesidad de compatibilizar el legítimo ejercicio de la actividad gremial con la adecuada continuidad del servicio público que presta la recurrida, consistente en la atención primaria de salud, cuya naturaleza exige una planificación mínima de los recursos humanos disponibles para asegurar una atención permanente y oportuna a los usuarios.

Quinto: Que, tampoco se aprecia de qué forma los actos impugnados habrían vulnerado la garantía contemplada en el artículo 19 N° 1 de la Constitución Política de la República, toda vez que el recurrente se limita a afirmar que el protocolo le genera incertidumbre y tensión, sin acompañar antecedente alguno que permita concluir que su integridad psíquica haya sido efectivamente afectada como consecuencia directa de la dictación del mismo. Del mismo modo, no se verifica infracción a la garantía de igualdad ante la ley prevista en el artículo 19 N° 2 del texto constitucional, desde que las disposiciones contenidas en el protocolo tienen aplicación general respecto de todas las asociaciones gremiales y de todos sus dirigentes, circunstancia que fue expresamente reconocida por la recurrida en su informe y ratificada en estrados, sin que dicho antecedente haya sido controvertido por el recurrente mediante prueba o alegación alguna que permitiera demostrar la existencia de un trato discriminatorio o diferenciado respecto de su persona, en consecuencia, no habiéndose acreditado la existencia de una afectación actual, concreta y efectiva de las garantías fundamentales invocadas por el actor, el presente arbitrio se rechazará.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto por don nombre reservado, en contra de la Corporación Municipal de Viña del Mar para el Desarrollo Social.

Acordada con el voto en contra de la abogada integrante doña Verónica Munilla Espinoza, quien estuvo por acoger el recurso únicamente en relación con lo dispuesto por el artículo 19 nº 19 de nuestra Constitución Política, en atención a los siguientes argumentos:

1) Para efectos de resolver el presente recurso, se debe tener presente que la libertad sindical se define como, la facultad de los trabajadores para organizarse en sindicatos, ejercer la acción y promoción sindical, sin impedimento alguno, solo con la condición de sujetarse a la ley y a los estatutos que los mismos trabajadores se dan (Baltera, 2016). Por otra parte la doctrina es conteste en que dicha garantía se encuentra protegida en la norma contenida en el artículo 19 Nº 19 de nuestra Carta Fundamental. Es en ese marco que el derecho al uso de permisos gremiales se enmarca, puesto que toda directiva gremial debe tener un espacio de tiempo a fin de desarrollar sus funciones de representatividad.

2) El caso el comento posee la particularidad que el uso de permisos gremiales se encuentran expresamente regulados en la Ley N° 19.296 como una garantía funcional de rango legal e indispensable para el desempeño de la representación gremial, regulación que no puede desconocer el principio antedicho.

3) La potestad de organización interna que detenta la Corporación Municipal recurrida, no la habilita para introducir de manera unilateral restricciones, condicionamientos o controles preventivos al ejercicio de un derecho establecido por el legislador. En efecto, nos encontramos en presencia del ejercicio de un derecho a que tiene titular la persona funcionaria que ejerce funciones gremiales, por lo tanto, cualquier limitación o condicionamiento requiere ser interpretada y aplicada en sentido estricto.

4) Ahora bien, de la lectura de los mecanismos de aviso previo y validación administrativa contemplados en el protocolo impugnado alteran sustancialmente el libre ejercicio de la actividad sindical, transformando una prerrogativa legal en una facultad sujeta al control de la entidad empleadora. En efecto, se nota que el Protocolo en cuestión – que cita a la libertad sindical como principio aplicable - introduce requisitos para el ejercicio de los permisos que no contempla la norma, tales como la imposición de completar formularios, plazos previos para la solicitud de los mismos, necesidad de informar el ejercicio de todos los permisos de un mes en el mes anterior (específicamente su último día), anexos para efectos del ejercicio de cesiones de horas de permiso, mecanismos hiper regularizados de control y seguimiento, etc. Así, la excesiva reglamentarización termina obstaculizando el ejercicio del derecho.

Corrobora esta conclusión lo dicho en estrados por al representante de la recurrida, en torno a que no se generaron instancias de diálogo con las asociaciones de funcionarios respecto del contenido de un protocolo que condiciona el ejercicio de derechos que les corresponden, y que incluso los dirigentes se opusieron a su aplicación. Así, estamos en presencia del condicionamiento del ejercicio de un derecho necesario para el ejercicio a su vez de la libertad sindical, impuesto de forma unilateral por la parte empleadora.

5) Que las exigencias restrictivas del protocolo impugnado configuran una intervención ilegítima en la actividad de representación del actor, perturbando de forma actual y concreta la libertad sindical garantizada en el artículo 19 N° 19 de la Constitución Política de la República. En efecto, privar al dirigente de la autonomía y disponibilidad material del tiempo necesario para el desempeño de su labor no solo afecta su esfera individual, sino que lesiona el derecho colectivo de los trabajadores a ser debidamente representados.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-3832-2026.