nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PROVIDA SOCIEDAD ANÓNIMA

Foja: 0 Cero C.A. de Valparaíso Valparaíso, diez de febrero de dos mil veintiséis.

Visto:

A folio 1 comparece Hanz Hoffhein Escalona, abogado, en favor de nombre reservado, de nacionalidad venezolana, licenciado en administración comercial, quien interpone acción de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A, por el rechazo de su solicitud de retiro de fondos para extranjeros, vulnerando con ello sus garantías fundamentales del articulo 19 N°2 y 24 de la constitución Política de la República.

Da cuenta que el recurrente, es licenciado en administración comercial, con residencia definitiva en este país, ha prestado servicios profesionales en diferentes empresas e ingresó la solicitud de retiro de fondos previsiones de acuerdo a lo dispuesto en la Ley N°18.156, que establece la exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros y a las empresas que los contraten.

Agrega que, a su solicitud, acompañó contratos de trabajo y /o anexo con cláusula que especifica exención de cotizaciones, título profesional apostillado y verificable, cédula de identidad vigente para extranjeros del cual se verifica su residencia legal en el País, y por último constancia del seguro social de su país de origen de Venezuela, cumpliendo con los requisitos exigidos por la Ley 18.156.

Sin embargo, el 16 de diciembre de 2025 recibe respuesta a su solicitud, por parte de AFP PROVIDA S.A, mediante correo electrónico, donde la recurrida indica que “- Falta constancia de afiliación vigente el cual debe estar Apostillado en el país extranjero en que fue otorgado o legalizado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Documento aportado por el afiliado corresponde a una constancia de cotizaciones por lo que no es el documento solicitado.

Expone que el certificado presentado, resulta idóneo y suficiente, toda vez, que es emitido por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), organismo público competente en materia de seguridad social en la República Bolivariana de Venezuela, documento que da cuenta expresa de su afiliación al sistema de seguridad social venezolano desde el día 01 de julio de 2013, manteniéndose dicha afiliación vigente conforme a los registros oficiales del citado organismo. Dicho certificado no solo acredita la afiliación y las cotizaciones efectuadas, sino que además consigna expresamente el marco normativo que regula la cobertura otorgada por el sistema de seguridad social venezolano, señalando en su texto que, de conformidad con el artículo 1° de la Ley del Seguro Social de Venezuela, la protección comprende las contingencias de: “maternidad, vejez, sobrevivencia, enfermedad, accidentes, invalidez, muerte, retiro y cesantía o paro forzoso”.

Hace presente que el criterio reiterado de los tribunales superiores de justicia, no resulta exigible que un certificado extranjero detalle pormenorizadamente cada tipo de prestación, bastando con que acredite la afiliación a un sistema de seguridad social legalmente establecido que contemple, en su normativa, la cobertura de las contingencias exigidas, como ocurre en la especie, en consecuencia el rechazo fundado en este supuesto carece de sustento fáctico y jurídico, por cuanto el recurrente sí acreditó su afiliación y cobertura integral ante un sistema de seguridad social extranjero válido, cumpliendo así con el requisito de fondo exigido por la normativa aplicable..

En cuanto a la consideración invocada por AFP PROVIDA para negar la solicitud que se refiere a la supuesta falta de apostilla o legalización del certificado emitido por el sistema de seguridad social extranjero, corresponde señalar que dicha exigencia no puede ser considerada como un requisito de fondo para desestimar la solicitud, sino únicamente como una formalidad administrativa subsanable. El recurrente acompañó documentación oficial emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), cuya autenticidad, contenido y origen institucional no han sido controvertidos, ni menos desconocidos por la recurrida. La exigencia de apostilla o legalización no guarda relación con la existencia ni con la suficiencia de la cobertura previsional, sino únicamente con un requisito formal destinado a facilitar su reconocimiento administrativo.

Además, el certificado acompañado incluye un código de verificación electrónica, que permite comprobar su validez directamente en el portal oficial del IVSS, otorgándole un estándar de autenticidad equivalente —o incluso superior— al de una mera legalización formal.

Agrega que el 05 de enero de 2025, se ingresa reclamo C20260105-154300 ante la Superintendencia de Pensiones, quien, reitera lo señalado por la recurrida y además señala que “no le corresponde pronunciarse sobre el cierre de la embajada en Venezuela y la falta de representación consular para lo cual según sus consideraciones es la institución que puede legalizar y validar la inscripción del recurrente en el sistema de previsión social extranjero”.

De esta manera se desatiende la situación de excepcionalidad que atraviesan los nacionales de Venezuela, hecho público y notorio, toda vez, que no cuentan con representación consular en nuestro país, lo que hace imposible cumplir con dicho procedimiento de manera ordinaria, y que como solución a esto se plantea la verificación electrónica de la inscripción efectiva del recurrente en la página oficial del organismo de previsión social de Venezuela, El Instituto Venezolano de los Seguro Sociales, cuya verificación publica se hace por ministro de fe chileno, en hará de mantener la protocolización publica de dicha verificación.

Solicita se acoja la presente acción constitucional, ordenando que el recurrido deba efectuar la entrega de los fondos de pensión solicitados.

A folio 5 evacua informe doña Ana María Herrera Brummer, abogada en representación de la Administradora de Fondo de Pensiones Provida S.A.

En primer término, alega que la acción constitucional no es la vía idónea ya que el recurso de protección fue ideado como un medio eficaz para situaciones urgentes, con el objeto de prestar inmediato amparo al afectado en caso de que un derecho o garantía se encuentre privado, perturbado o amenazado, situación que aquí no ocurre.

En cuanto al fondo, el 16 de diciembre de 2025 la AFP rechazó la solicitud del recurrente de autos debido a que “Falta constancia de afiliación vigente, el cual debe estar apostillado en el país extranjero en el que fue otorgado o legalizado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Documento aportado por el afiliado corresponde a una constancia de cotización, por lo que no es el documento solicitado.”

Si bien la recurrente aporta al presente recurso una constancia de cotización sin firma y una declaración jurada, estas no pueden ser consideradas, ya que, según el Oficio N°5376 emitido por la Superintendencia de AFP “Para acreditar la cobertura en el país de origen no resulta suficiente un documento que señale en forma genérica las coberturas de seguridad social que otorga un sistema previsional determinado sino que se debe consignar en forma específica, por la autoridad previsional competente, el hecho que el trabajador extranjero contó efectivamente con la protección por todos los riesgos a que se refiere la letra a) del artículo 1° de la ley N°18.156, durante todo el tiempo en que prestó servicios en Chile.”

Agrega que, conforme a la sistemática jurisprudencia administrativa de la Superintendencia de Pensiones referida al valor probatorio en Chile de los documentos expedidos en el extranjero, resulta evidente que las certificaciones electrónicas (Constancias Electrónica de Cotizaciones) emitidas por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales que no hayan sido legalizadas o apostilladas por la autoridad previsional competente venezolana y sin que señalen las coberturas con que cuenta el afiliado y respecto de las cuales no se pueda inferir un determinado período de cobertura, cuando se limitan a mencionar de forma genérica las coberturas que otorga el sistema previsional venezolano no sirven para acreditar debidamente el cumplimiento del requisito de cobertura previsional en el extranjero exigido en la letra a) de la citada ley N°18.156.

Expone que respecto de las declaraciones juradas la Superintendencia de Pensiones ha instruido expresamente que “En cuanto al mérito de las declaraciones juradas que han sido presentadas por los afiliados venezolanos, aun cuando aquellas hayan sido certificadas ante un notario público chileno y cuenten con su respectiva apostilla, tampoco resultan útiles Ello, puesto que como se ha explicado latamente, las certificaciones que sirven para acreditar debidamente el cumplimiento del requisito de cobertura previsional en el extranjero deben emanar de la autoridad previsional competente del país en el cual el trabajador extranjero ha tenido la cobertura por todos los riesgos previstos en la letra a) de la citada ley N°18.156. Lo anterior, toda vez que dicha exigencia recae en una materia propia de la seguridad social, respecto de la cual no tiene valor probatorio la declaración del propio afiliado. Esto, por cuanto la autoridad previsional es la única que posee facultades legales para dar fe sobre dicha circunstancia, por ser propia del ámbito de su competencia.

Así mismo, cabe señalar, que la parte recurrente cuenta con cédula de identidad chilena y residencia permanente, lo cual como lo señala la Superintendencia de Pensiones en oficio 21880, de 17 de noviembre de 2025, “no garantiza el retorno a su país de origen y pone en riesgo, que, pese al retiro de sus fondos previsionales, se deba cubrir, en su momento, su pensión con fondos fiscales.”

Por lo anterior concluye que, no ha actuado de forma arbitraria ni ilegal, al contrario, ha dado estricto cumplimiento a los requisitos exigidos por la Ley 18.156, el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones de la Superintendencia de Pensiones y su jurisprudencia administrativa. Lo anterior se debe a que la norma establece de forma expresa los requisitos para que proceda el retiro, cuestión que, en caso de autos, la recurrente no cumplía.

A folio 6 evacua informe la Superintendencia de Pensiones, da cuenta que el 6 de enero de 2026, respondió el reclamo del recurrente, de acuerdo a lo ya expuesto por el actor y la recurrida.

Expone la normativa jurídica aplicable a la solicitud de la recurrente, haciendo un análisis de lo establecido en la ley N°18.156, haciendo presente que se establece un régimen excepcional, sólo aplicable a trabajadores dependientes extranjeros que tengan la calidad de técnicos o profesionales, que además den cumplimiento a los requisitos copulativos indicados en el artículo 1° de dicho cuerpo normativo.

A folio 9 se ordena traer autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, la acción constitucional de protección, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido establecida a favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio algunos de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19 de la Carta Fundamental.

Segundo: Que, en la especie, el recurrente, ciudadano venezolano, solicita la devolución de los fondos acumulados en su cuenta de capitalización individual conforme a lo dispuesto por el artículo 7° de la Ley N°18.156, disposición que la autoriza respecto de quienes cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 1° del cuerpo normativo ya expresado.

Tercero: Que, conforme se desprende del informe evacuado por las recurridas, la petición del actor fue rechazada teniendo en consideración que el recurrente únicamente acompañó una constancia de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, sin la debida cadena de legalización ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile o apostillado, según corresponda, que acredite que se contó con cobertura durante toda la relación laboral, y a todo evento, a lo menos en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte.

En tal sentido, indica que se ha exigido acompañar un Certificado de Afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, debidamente legalizado, conforme a las instrucciones impartidas por la Superintendencia de Pensiones.

Cuarto: Que, el artículo 1° de la Ley N°18.156, establece que "Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones:

a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte [...]".

A su vez, el Libro II, título XI, del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, establece que el cumplimiento del requisito anteriormente indicado, "debe acreditarse mediante certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte." Quinto: Que, teniendo presente la normativa que regula la exención de cotizar en el país a los técnicos extranjeros y del análisis del documento denominado "Constancia Electrónica de Cotizaciones" acompañado por el actor, es posible constatar que este carece de la debida legalización exigida por la normativa vigente, toda vez que no se encuentra debidamente apostillado.

En efecto, el hecho que el instrumento contenga un código de verificación electrónica no sustituye los requisitos legales formales vigentes, más aún cuando el ordenamiento jurídico exige expresamente la legalización de los instrumentos públicos extranjeros para que surtan efectos en el territorio nacional, lo que reviste especial relevancia cuando se trata de antecedentes que inciden en el cumplimiento sustancial de los requisitos exigidos para acceder a un beneficio excepcional como el impetrado.

Sexto: Que, en dicho contexto, no puede estimarse ilegal ni arbitraria la conducta de la institución recurrida, en tanto ha circunscrito su actuación a exigir el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios para acceder al beneficio impetrado, actuando conforme a las instrucciones de la Superintendencia de Pensiones y a la normativa vigente, por lo que el presente arbitrio será desestimado.

Por estos fundamentos y en virtud de lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de nombre reservado y en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-383-2026.

En Valparaíso, diez de febrero de dos mil veintiséis, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.