nombre reservado con SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS DIRECCIÓN REGIONAL

edp C.A. de Valparaíso Valparaíso, treinta de noviembre de dos mil veintiuno.

VISTOS:

Que, en folio 1, nombre reservado recurre de protección en contra del Servicio de Impuestos Internos, porque ilegal y arbitrariamente no ha autorizado su solicitud de “Bono de alivio a la Mypes”, con lo cual vulnera sus garantías consagradas en los numerales 2, 22 y 23 del artículo 19 de la Constitución Política de la República. Solicita se acoja la presente acción, ordenando a la recurrida “cesar de forma inmediata la omisión del otorgamiento y pago del Bono de Alivio para Rubros Especiales, y ordene en seguida se le otorgue y pague el beneficio; estableciendo además un canal de comunicación formal y que cumpla con los principios que rigen a los Órganos de la Administración del Estado, a fin de tener una atención como en un Estado descentralizado corresponde, informada, expedita y veraz”, sin perjuicio de las medidas para el restablecimiento del imperio del derecho, con costas.

Explica que el 18 de marzo de 2020 inició actividades de primera categoría, como persona natural en los rubros que indica, al efecto: “- CÓDIGO 321100 FABRICACIÓN DE JOYAS Y ARTÍCULOS CONEXOS. - CÓDIGO 321200 FABRICACIÓN DE BISUTERÍA Y ARTICULOS CONEXOS. - CÓDIGO 477396 VENTA AL POR MENOS DE RECUERDOS ARTESANÍAS Y ARTÍCULOS RELIGIOSOS EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS”, según consta en los registros del Servicio de Impuestos Internos del Ministerio de Hacienda.

Agrega que el 17 de junio de 2021, en dependencias del Centro de Negocios SERCOTEC de Rapa Nui, se realizó un webinar para explicar a la comunidad local respecto de los alcances del beneficio estatal denominado “Bono Alivio MYPEs”, al cual asistió junto con otros artesanos de joyas de Isla de Pascua. Señala que en dicha ocasión se les explicó la aplicación de la Ley Nº 21.354 que, en términos generales, consiste en beneficiar a las micro y pequeñas empresas con un bono de un millón de pesos, variable de conformidad a las características prescritas en la misma norma. Además, en dicha actividad se enunció que una de las formas de calificar para tal beneficio, de conformidad con el artículo 11, consistiría en tener iniciación de actividades en primera categoría antes del 31 de marzo de 2020 y pertenecer a unos de los rubros más afectados por la pandemia, por lo cual no se exigiría contar con Formulario 29 o Declaración de Compras.

Añade que el 23 de junio de 2021 se publicó el Diario Oficial el Decreto Nº 240 del Ministerio de Hacienda, que contiene la nómina de los 56 rubros más afectados por la pandemia, listado que incluye los rubros “Fabricación de Joyas y Artículos Conexos”, código 321100 y “Venta al por Menor de Recuerdos, Artesanías y Artículos Religiosos en Comercios Especializados”, código 477396, en los cuales califica, según afirma en su recurso.

Reclama que el 2 de Julio de 2021 solicitó el beneficio, pero fue rechazado en base al siguiente detalle “-Condiciones: Empresa con actividad comprobada e ingresos anuales por ventas y servicios del menores a $726.758.250 en 2020 -Detalle: $0 -Fuente de Información: Formulario 29 y Registro de Compras y Ventas (sic)”. Refiere que ese mismo día se comunicó al número de contacto entregado en el citado seminario web (+56968348253), que corresponde a nombre reservado, funcionario de la Red de Atención Económica Regional de Valparaíso del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, quien le manifestó que calificaba para el bono y que estaba confeccionando un listado con los casos rechazados pese a cumplir los requisitos, fundado en un “error” en el sistema.

Agrega que 5 de julio de 2021 se dirigió a la entonces Gobernación Provincial para contactarse con Tamy Rapu, funcionaria pública, quien brinda apoyo en las gestiones relativas al SII en la zona, señalándole que enviara su reclamo por escrito. Señala que al día siguiente se le respondió mediante un correo electrónico remitido “desde el continente”, que contiene una serie de argumentos que, a su juicio, no se ajustaban a la realidad, omitiendo con ello pronunciarse sobre el fondo del problema.

Prosigue que, ante la falta de solución, el 15 de julio del año en curso nuevamente remitió un correo electrónico a Tamy Rapu y a Rosana Atan, de Gobierno en Terreno, con copia a Cristián Terongo, Jefe de Planificación de la Delegación Presidencial Regional y al propio Delegado Presidencial Provincial, nombre reservado, así como a nombre reservado, del cual no obtuvo respuesta. Añade que el 20 de julio, que era la fecha en que debía habérsele pagado el bono de autos, el funcionario nombre reservado le indicó que el error no se fundaba ya en que la plataforma solicitaba el F29 cuando no debía exigirlo, sino que el Servicio de Impuestos Internos pedía al menos $1 peso declarado el 2020, y que se encontraban evaluando que ese peso se computara respecto de 2019.

Ante ello, refiere, el 26 de julio de 2021 remitió correo electrónico a nombre reservado, funcionaria pública del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, quien se encuentra en comisión de servicio en Rapa Nui, del cual no obtuvo respuesta. Al respecto, también alega en su recurso que los asuntos vinculados con la citada Ley Nº 21.354 han sido informados por la Secretaría Regional Ministerial de Economía de Valparaíso en coordinación con la Delegación Presidencial Regional de Rapa Nui, pero no por parte de un funcionario que tenga la competencia o habilidad propia en materia tributaria.

Por último, afirma que de la lectura de los artículos 1 y 11 de la ley en referencia, se colige que su situación califica para ser beneficiaria del “Bono de Alivio para Rubros Especiales”, que se puede solicitar de acuerdo al mismo procedimiento que el “Bono de Alivio MYPEs”.

Que, en folio 8, informa el recurrido Servicio de Impuestos Internos, quien solicita el rechazo del presente arbitrio. Señala al respecto que la recurrente registra ante dicho Servicio como domicilio el de calle “Tulu Koihu S/N, de la Isla de Pascua” e inicio de actividades, en las fechas y rubros que detalla. Añade que las actividades desarrolladas en la Isla de Pascua gozan de ciertas franquicias tributarias que favorecen a la actora, como por ejemplo, las ventas efectuadas y los servicios prestados por personas domiciliadas o residentes en la isla se eximen del Impuesto al Valor Agregado (IVA), pero tal exención, en caso alguno, las libera de sus obligaciones accesorias, como son la presentación de sus declaraciones de impuestos respectivas o llevar los registros que correspondan.

Precisado ello, indica que el 2 de julio de 2021 la contribuyente ingresó al sitio web www.sii.cl y solicitó el “Bono de Alivio a las Mypes”, de conformidad con el artículo 11° de la citada Ley N° 21.354, petición que fue desestimada porque, tal y como se le señaló en dicha plataforma, acorde con la información que obraba en poder de la recurrida, aquella no cumplía con todos de los requisitos exigidos por la norma. Por ello, afirma, la parte recurrente dedujo reclamación administrativa, la cual está pendiente de resolución; ello con anterioridad a la fecha de presentación de esta acción constitucional que dedujo el 8 de agosto del año en curso.

Ahora bien, en cuanto a este arbitrio, afirma que esta no es la vía idónea, porque la actora persigue que se declare a su favor que tiene derecho al bono de autos. Sin embargo, la aludida Ley N° 21.354 consagra un procedimiento especial de reclamo, al tenor siguiente: “En caso de que alguno de los bonos que otorga la presente ley sea denegado u otorgado por un monto inferior al solicitado por el beneficiario, éste podrá reclamar ante el Servicio de Impuestos Internos, quien resolverá sobre la base de los antecedentes que proporcionare el propio reclamante y los organismos públicos que correspondan, en la forma que establece el artículo 123 bis del Código Tributario. El procedimiento al que alude el presente inciso deberá efectuarse preferentemente por vía electrónica y de manera expedita”.

Aclara que en virtud de dicho precepto, se dictó la Resolución Ex. Nº 68 de 30 de junio de 2021 que “Habilita plataforma, instruye sobre requisitos, fija procedimiento para solicitar y reclamar del bono de alivio a Mypes establecido en la Ley N°21.354 de fecha 17-06-2021”, en cuyos numerales 10º y 11º se fijó el procedimiento administrativo de reclamación. En base a lo anterior, invoca la sentencia pronunciada por la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, Rol N° 36.823-2021, que declaró inadmisible un recurso de protección sobre la materia de que se trata: “Que de los hechos expuestos en la presentación, en relación con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, se colige que la acción impetrada no reúne los requisitos que permitan declarar su admisibilidad, toda vez que la Ley N° 21.354, que gobierna el bono estatal que reclama, contempla en su artículo 5° un procedimiento específico de reclamación administrativa, por lo que ésta no resulta ser la vía idónea al efecto”. Agrega que la declaración que por esta vía pretende la recurrente es que se resuelva su derecho al beneficio, lo que escapa a la naturaleza cautelar de esta acción, tal y como lo ha resuelto la la Iltma. Corte de Apelaciones de San Miguel, en los autos ROL Nº 9643-2020.

A lo anterior, alega que en los hechos no existe ninguna actuación ni ilegal ni arbitraria. Al respecto y tras citar la normativa aplicable al caso, afirma que la recurrente efectivamente se encuentra clasificada dentro de los rubros especiales que dan derecho al bono en comento. Sin embargo, al momento de solicitarlo, no cumplía con lo dispuesto en la parte final del artículo 11 de la Ley N° 21.354, pues el SII no contaba con antecedentes que permitieran determinar que se trataba de una micro y pequeña empresa correspondiente a aquellas con ventas inferiores a 25.000 unidades de fomento.

Para verificar dicho requisito, aclara, se procedió a constatar si la reclamante registraba los siguientes antecedentes: - Ingresos por ventas y servicios del giro declarados en Formulario 29, al 23 de junio de 2021. - Información actualizada del Registro de Compras y Ventas, al 23 de junio de 2021. - Declaración Jurada 1887, presentada hasta el 22 de junio de 2021. - Información de Actividades Económicas y Régimen vigente, al 23 de junio de 2021. - Municipalidades: Permisos municipales al día de microempresarios pertenecientes al rubro de ferias libres informados desde el 25 de junio de 2021.

Como resultado del proceso de validación reseñado, se comprobó que la actora no había presentado declaraciones de impuestos durante el periodo analizado ni mantenía los respectivos registros, de modo tal que el servicio recurrido no tiene una forma para comprobar sus ingresos atingentes al año 2020.

Además, la recurrida da cuenta de otras consideraciones respecto de la presente acción. Al efecto, sostiene la improcedencia de que se le ordene que se establezca un canal de comunicación eficaz, no solo para la naturaleza cautelar de este procedimiento, sino porque la Dirección Regional estableció un protocolo de atención a través de la Delegación Presidencial Provincial de Isla de Pascua, que se canaliza con un funcionario de este último organismo.

Luego, en cuanto a la petición de información relativa a la nómina de los favorecidos con el bono de que se trata, la recurrida afirma que tal solicitud es imposible de cumplir, porque contiene datos personales, que no pueden ser tratados sin la autorización del titular de la información, conforme con la Ley N° 19.628.

Por último, sostiene la inexistencia de afectación a los derechos que invoca la actora.

Que, en folio 10, se ordenó traer los autos en relación.

Que, en folio 14, se dispuso la vista de esta causa en pos de los autos protección N° 40943-2021.

Que, en folio 24, se dispuso como trámite previo que la recurrida acompañe los antecedentes relativos al reclamo presentado por la recurrente en contra de la denegatoria del bono previsto en la Ley N° 21.354.

Que, en folio 25, con fecha 2 de noviembre de 21, la recurrida adjuntó la documentación solicitada anteriormente.

Que, en folio 26, sin perjuicio de que se tuvo por acompañada la citada documentación, se reiteró lo instruido en folio 24.

Que, en folio 29, se ordenó, previo a resolver, acompañar copia legible de los documentos ofrecidos en folio 28.

Que, en folio 30, el servicio recurrido informó que los documentos acompañados el 10 de noviembre del año en curso, en folio 28, tienen la misma calidad de imagen con la que fueron proporcionadas por la recurrente en la reclamación administrativa.

Que, en folio 31, se tuvo presente lo informado y por justificada la imposibilidad de aportar los antecedentes en un formato legible, resolviéndose en consecuencia el escrito de folio 28 y ordenando regir el decreto autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

Primero: Que la acción constitucional de protección, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido establecida a favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19 de la Carta Fundamental.

Segundo: Que atendida la especial naturaleza del recurso de protección, para que pueda prosperar es indispensable que quien lo intente acredite la existencia de un derecho actual que le favorezca, que esté claramente establecido y determinado y que corresponda a uno de aquellos a que se refiere el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Tercero: Que igualmente es sabido que para que el recurso de protección sea acogido, es necesario que los hechos en que se hace consistir la arbitrariedad o ilegalidad, estén comprobados y que con estos hechos se haya sufrido perturbación, privación o amenaza en el ejercicio legítimo de las garantías y derechos que la Constitución asegura y que son los enumerados taxativamente en el artículo 20 de este cuerpo legal.

Cuarto: Que, en las condiciones descritas en los motivos que anteceden, este recurso no constituye una vía idónea para declarar derechos. Precisamente, su carácter sumarísimo, implica que la parte recurrente acredite la titularidad de un derecho no dubitado, lo que no acontece en la especie, por cuanto el Servicio de Impuestos Internos, en ejercicio de la potestad extraordinaria de validación de requisitos que le otorgó el artículo 9 de la citada Ley N° 21.354 -que otorga bono de cargo fiscal para apoyar a las micro y pequeñas empresas, por la crisis generada por la enfermedad covid-19-, estimó que la actora no cumplía con las condiciones para acceder a dicho beneficio pecuniario.

Quinto: Que, además, de los antecedentes de autos consta que la recurrente reclamó contra la negativa anterior, conforme a lo establecido en el inciso quinto del artículo 5 de la Ley N° 21.354, el que se encuentra en tramitación, según dio cuenta documentada la recurrida, por lo que existiendo un procedimiento específico de reclamación administrativa, esta no resulta ser la vía idónea al efecto.

Sexto: Que, en mérito de lo expuesto, se concluye que el Servicio de Impuestos Internos ha actuado dentro del ámbito de sus facultades al desestimar el beneficio de que se trata, por lo que no se advierte un actuar contrario a derecho, a lo que cabe añadir que aún se encuentra pendiente de tramitación la reclamación administrativa deducida por la afectada, lo que refuerza la inexistencia de un derecho indubitado en esta sede.

Séptimo: Que, así las cosas, no reuniéndose en el caso concreto que nos ocupa, las exigencias contenidas en el artículo 20 de la Constitución Política del Estado, el recurso de protección intentado no puede prosperar.

Por estas consideraciones y lo establecido en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza el recurso de protección interpuesto por nombre reservado en contra del Servicio de Impuestos Internos.

Regístrese, notifíquese, comuníquese y archívese.

N°Protección-38164-2021.