nombre reservado con ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO

C.A. de Valparaíso Valparaíso, veinticuatro de febrero de dos mil veintidós.

VISTOS:

A folio 1, comparece nombre reservado, administrativa, funcionaria a contrata grado 17° del escalafón de la Municipalidad de El Quisco, deduciendo recurso de protección en contra de la Municipalidad de El Quisco, representada por su alcalde don José Antonio Jofré Bustos, ambos con domicilio en domicilio reservado, por el acto arbitrario e ilegal consistente en la no renovación o prórroga de su contrata para el año 2022, desvinculándola de la entidad edilicia, lo que vulnera sus derechos constitucionales consagrados en el artículo 19 números 2, 16 inciso primero y 24 de la Constitución Política de la República, solicitando que se disponga la prorroga de su designación a contrata por la anualidad del año 2022, reintegrándola a sus funcionales habituales y se ordene al recurrido proceder al pago de todas las remuneraciones devengadas, en conjunto con los demás derechos que le asistan, por el tiempo que medie entre la fecha de la separación de sus funciones hasta su reintegro, pidiendo además ésta sea en calidad de indefinida, con costas.

Explica que comenzó a trabajar para la Municipalidad de El Quisco el 1 de abril del 2012, bajo la modalidad honorarios. Posteriormente y de forma transitoria, fue contratada conforme al Código del Trabajo, y luego a contrata, alternándose las distintas formas de vinculación laboral por los periodos que detalla, pero desempeñando las mismas funciones; enterándose por comentarios de otros trabajadores a fines del año pasado de que su contrata no sería renovada.

Sostiene que la decisión alteró la situación contractual existente por cuanto, pese a los cambios en su modalidad, siempre existió certeza de su continuidad. En tal sentido entiende que la decisión de no renovación ni siquiera se manifestó en un acto administrativo o aviso, por lo que, evidentemente es infundada, carente de razón y de justificación, lo que resulta contrario a los criterios establecidos por la Contraloría General de la Republica.

Se refiere latamente al principio de confianza legítima, asentado en instructivo de la Contraloría de la República que, en su Capítulo IV, “Contenido, Continuidad y Extensión de las designaciones a Contrata que generan la Confianza Legítima”, afirmando que dichos criterios se n en su caso.

En cuanto a los derechos fundamentales denunciados, denuncia como vulnerados el derecho de igualdad ante la ley, consagrado en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República, por existir una decisión arbitraria y una desigualdad de trato respecto de otros funcionarios en la misma condición; el derecho a la libertad del trabajo, establecido en el numeral 16° de la misma disposición, y de propiedad, contemplado en su N°24, pues la estabilidad en el empleo constituye un derecho para todo funcionario de la administración -sin distinción-, conforme a los artículos 40 y 43 de la Ley Nº18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades.

Solicita que se disponga la prórroga de su empleo en calidad de contrata para el año 2022, ordenando su reintegro inmediato, el pago íntegro de todas las remuneraciones devengadas en el tiempo que media entre la separación de sus funciones y la reincorporación al empleo y que declare, además, que dicha contrata es de carácter indefinido, sin perjuicio de lo que, en definitiva, se decida, con costas.

A folio 4, comparece el abogado Rodrigo Peillard Aragón, en representación de la recurrida, I. Municipalidad de El Quisco, solicitando el rechazo de la acción, con costas.

En cuanto a los antecedentes laborales de la funcionaria, concuerda con los supuestos fácticos expuestos en el libelo, pero solicita su rechazo, en primer término, por estimar que el recurso de protección no es la vía idónea para abordar materias como las que se discuten en autos por cuanto no existe un derecho indubitado sobre el cual se pueda emitir el pronunciamiento cautelar. Al respecto, sostiene que la determinación y alcance de la vinculación contractual debe ser revisado mediante reclamo ante la Contraloría General de la Republica, medio procesal idónea para la discusión del asunto de conformidad a lo dispuesto en el artículo 156 de la Ley N°18.883.

Acerca de la confianza legítima, sostiene que esta construcción jurídica no resulta aplicable, por cuanto no se cumplen los requisitos dispuestos por el órgano contralor, toda vez que, en el periodo inmediatamente anterior a su contrata terminada, la actora se vinculó con el municipio mediante contrato de trabajo, de modo que no concurre la exigencia de existir contratas sucesivas por un término superior a dos años, precisando que las contrataciones a honorarios y contratos de trabajo no han sido consideradas por el ente contralor para generarla. Razones por las cuales no existiría, en su concepto, acto arbitrario o ilegal que afecte las garantías constitucionales de la recurrente, habiéndose producido, en cambio, el término de la relación funcionaria por el mero transcurso del tiempo, sin necesidad de un acto de la administración que así lo declare, toda vez que el artículo 2 de la Ley N°18.883, Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, señala que los cargos a contrata, que tienen el carácter de transitorios, tienen una duración máxima hasta el 31 de diciembre de cada año, cesando las funciones en dicha fecha, salvo que hubiere sido dispuesta la prórroga con 30 días de anticipación, a lo menos.

A folio 5, se ordenó traer los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

Primero: Que la acción constitucional de protección, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido establecida a favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19 de la Carta Fundamental.

Segundo: Que no existe controversia entre las partes en lo relativo a las formas de contratación en sus diversos periodos que ligaron a las partes, ni a la naturaleza de las labores desarrolladas por la actora, centrándose la discusión en la concurrencia de los requisitos para configurar confianza legítima en su favor, y en la necesidad –o no- de dictar un acto administrativo para desvincularla.

Tercero: Que, respecto del primer aspecto, la recurrente sostiene que las sucesivas contrataciones, que adoptaron diversas fórmulas jurídicas, siempre estuvieron orientadas a asegurar su permanencia en el cargo, viéndose el municipio en la necesidad de recurrir a la fórmula de honorarios o de contratación conforme al Código del Trabajo, con el fin de conservar el equilibrio presupuestario, del cual dependía la renovación de la contrata; y que es esa situación la que explica que las contrataciones civiles tengan plazos reducidos, dado que su finalidad era únicamente conservar el empleo mientras se hacía procedente la renovación de la contrata. Por tal motivo, se hace necesario apreciar íntegramente la trayectoria laboral, no discutida, para comprender que existe continuidad suficiente para hacer nacer en la funcionaria la confianza de que conservaría su contrata sería renovada anualmente. Entenderlo de otra forma, señaló el abogado recurrente en estrados, conduciría a permitir la utilización de un subterfugio para eludir la configuración de la confianza legítima.

Cuarto: Que la recurrida, en tanto, se afinca en la circunstancia de no contemplarse los contratos a honorarios ni los de trabajo sino sólo la existencia de contratas sucesivas, cuyo no es el caso; agrega en estrados que la actora ha invocado en su favor el instructivo impartido por la Contraloría General de la República, por lo que debe estarse a su texto íntegro.

Quinto: Que, sobre el segundo tópico, la recurrida retrucó, en su alegato, que la actora era contratada conforme al Código del Trabajo o a honorarios sólo por los periodos estivales, al amparo de los aumentos de dotación permitidos a las comunas-balneario, que terminan por el solo ministerio de la ley, de modo que no se requiere la dictación de acto administrativo alguno; mal podría, entonces, reprochársele la falta de notificación.

Sexto: Que la actora señaló que la propia recurrida acompañó, en la causa Rol IC N°1963-2022, el decreto exento que contiene la decisión de no renovar determinadas contratas, que incluye a la actora, de modo que sí se dictó un acto administrativo, pero no fue puesto en conocimiento de la recurrente.

Séptimo: Que el artículo 3, letra c) de la ley N°18.834 sobre Estatuto Administrativo, y los artículos 2° y 5° de la Ley N°18.883, que aprueba el Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, definen la contrata como un empleo transitorio cuya duración, de acuerdo con lo estatuido en el artículo 10, de la primera de las regulaciones administrativas citadas, en concordancia con el artículo 2° de la Ley N° 19.738, se extiende como máximo hasta el 31 de diciembre de cada año, expirando por el solo ministerio de la ley, salvo que hubiere sido dispuesta la prórroga con treinta días de anticipación. Por su parte, el artículo 10 de la LOC N°18.575 de Bases Generales de la Administración del Estado, dispone que “los actos administrativos serán impugnables mediante los recursos que establezca la ley. Se podrá siempre interponer el de reposición ante el mismo órgano del que hubiere emanado el acto respectivo y, cuando proceda, el recurso jerárquico, ante el superior correspondiente, sin perjuicio de las acciones jurisdiccionales a que haya lugar”. Conviene dejar asentado que, entre los argumentos esgrimidos por la recurrida para fundar su solicitud de desestimación del libelo recursivo, adujo que el recurso no es la vía adecuada para impugnar la decisión adoptada, sino que se debió recurrir al recurso jerárquico; lo que se encuentra en consonancia con el artículo 15 de la Ley N°19.880 de Bases de los Procedimientos Administrativos, que consagra el principio de impugnabilidad de todo acto administrativo, y con el artículo 16 del mismo compendio normativo, que establece los de transparencia y publicidad.

Pues bien, tanto el artículo 10 de la Ley de Bases de la Administración del Estado como el propio artículo 20 de la Constitución Política de la República, señalan que los recursos administrativos proceden sin perjuicio (el subrayado es del tribunal) de las acciones jurisdiccionales que procedan, entre las que se cuenta la que analiza en la presente sentencia.

De otro lado, cabe también consignar que, al no haberse notificado a la actora de la decisión de no renovar su contrata, no obstante haberse dictado un acto administrativo que así lo dispuso, se la privó del derecho a impugnarla por la vía administrativa, como pretende la recurrida en su informe; mal podía hacerlo si no se le dio conocimiento del decreto exento a través de la competente notificación, incumpliéndose así con el principio de publicidad de los actos administrativos ya señalado, que se manifiesta en el artículo 45 de la Ley de Bases de los Procedimientos Administrativos, que impone al ente público la obligación de notificar a los interesados.

Octavo: Que, de otro lado, en este entendimiento y en mérito de los antecedentes, la Resolución Exenta 8630 de 7 de diciembre de 2021, carece de todo razonamiento o consideración, de manera que infringe deber de fundamentación, que subyace al principio de impugnabilidad.

Noveno: Que, atento a lo razonado, se acogerá el recurso en la forma que se indicará en lo resolutivo.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de esta Corte sobre la materia, se acoge el recurso de protección deducido por doña nombre reservado en contra de la Ilustre Municipalidad de El Quisco, sólo en cuanto se ordena su reintegro a las funciones que desarrollaba en la referida municipalidad, en calidad de contrata, debiendo pagarse todas las remuneraciones y estipendios que se hayan devengado en el período en que permaneció separado del servicio.

Se previene que la señora nombre reservado concurre la decisión teniendo además presente que, atendido el tiempo que la actora ha permanecido en el cargo sin solución de continuidad y cumpliendo labores de carácter permanente, aunque se haya recurrido a diversas formas jurídicas, se generó confianza legítima de mantenerse vinculada con el ente edilicio, de modo que dicha relación sólo puede terminar por sumario administrativo derivado de una falta que motive su destitución, por una calificación anual que así lo permita, o por la supresión del cargo, supuestos fácticos que no concurren en la especie, criterio que ha sido sostenido por la Excma. Corte Suprema, entre otras, en sentencia de diecinueve de enero de dos mil veintidós, causa Rol N° 1353-2022.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

No firman el Fiscal Judicial Sr. Fuentes y el Abogado Integrante Sr. Góngora, no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo de la presente causa, por no integrar Sala el día de hoy N°Protección-3798-2022.