Protección contra Colegio nombre reservado de DIRECCION000

C.A. de Valparaíso Valparaíso, treinta de junio de dos mil veintiséis.

Vistos:

A folio 1, comparece doña nombre reservado, por sí y en representación de su hijo nombre reservado, estudiante de primer año de enseñanza media del Colegio nombre reservado de DIRECCION000, deduciendo recurso de protección en contra del Colegio nombre reservado de DIRECCION000, representado por su Directora doña nombre reservado, por estimar ilegal y arbitraria la resolución de 29 de abril de 2026, que mantuvo firme la medida disciplinaria de expulsión del alumno.

Expone que su hijo ingresó al establecimiento en el nivel de prekínder, cursando allí toda su trayectoria escolar, por más de diez años, con rendimiento académico satisfactorio y participación en actividades académicas, deportivas y artísticas. Señala que, el 9 de abril de 2026, un compañero de curso escribió en un baño del establecimiento la frase “MAÑANA TIROTEO”, hecho respecto del cual se atribuyó a su hijo haber alentado al autor material con la expresión “hazlo po”, además de haber comentado previamente a otros estudiantes una noticia nacional ocurrida en otro colegio. A juicio de la recurrente, la participación del alumno habría sido accesoria, verbal y no determinante, pues no ejecutó materialmente el rayado.

Agrega que el establecimiento activó el procedimiento contemplado en la Ley N° 21.128, conocida como Aula Segura, notificando suspensión cautelar por ocho días hábiles, solicitando descargos, recibiendo posteriormente una apelación o reconsideración interna, y manteniendo finalmente la expulsión definitiva mediante resolución de 29 de abril de 2026. Sostiene, sin embargo, que durante el procedimiento no tuvo acceso íntegro al expediente disciplinario ni a los testimonios recabados, desconociendo la identidad y contenido de las declaraciones que sustentaron la decisión, lo que habría afectado el derecho a defensa.

Alega, además, que con posterioridad al hecho habría existido un segundo rayado de contenido más grave, sin que el colegio activara procedimiento alguno, lo que configuraría un trato desigual. Añade que, desde agosto de 2025, había solicitado apoyo psicosocial y reunión con la Dirección del establecimiento, sin obtener respuesta suficiente, pese a que el alumno requería acompañamiento antes de la adopción de medidas disciplinarias más intensas. Afirma que la expulsión no respetó los principios de proporcionalidad, gradualidad, interés superior del niño ni debido proceso, y que vulneró las garantías previstas en el artículo 19 N° 1, N° 2, N° 3 inciso sexto y N° 24 de la Constitución Política de la República, en relación con el derecho a la educación.

Solicita que se acoja el recurso, se declare ilegal y arbitraria la resolución de expulsión, se deje sin efecto dicha medida, se ordene la reincorporación inmediata del estudiante al establecimiento, se garantice acompañamiento pedagógico y psicosocial, y se instruya al colegio abstenerse de aplicar medidas disciplinarias graves sin observar íntegramente las garantías procedimentales pertinentes.

A folio 12, informa la recurrida Colegio nombre reservado de DIRECCION000, indicando que los antecedentes relativos a la aplicación de medida disciplinaria de expulsión del estudiante nombre reservado fueron enviados en tiempo y forma a la Superintendencia de Educación, y que ello se fundó en la participación acreditada del joven en la generación, validación e incitación de una amenaza de tiroteo al interior del establecimiento, conducta que produjo grave alteración de la convivencia escolar y obligó a activar protocolos de seguridad, acompañando el expediente de procedimiento de expulsión.

En el acta de activación del procedimiento aula segura se registró que el jueves 9 de abril de 2026 estudiantes de enseñanza media informaron la existencia de un escrito en el baño del colegio con la amenaza “MAÑANA TIROTEO”, motivo por el cual la Directora realizó denuncia ante Carabineros de Chile, bajo el parte respectivo, y el equipo de gestión determinó suspender las clases del día siguiente como medida de resguardo, informando además a las autoridades educacionales correspondientes.

En ella consta que el estudiante que ejecutó materialmente el rayado concurrió al establecimiento con sus apoderados y reconoció el hecho. En cuanto al hijo de la recurrente, señaló que fue entrevistado el 14 de abril de 2026, oportunidad en que reconoció haber alentado a su compañero a escribir la amenaza con la expresión “hazlo po”, cuando este recién comenzaba a escribir, además de haber entregado el medio material utilizado para el escrito. Añadió que se citó a sus apoderados, se les informó el inicio del procedimiento enmarcado en Aula Segura y se decretó suspensión cautelar no sancionatoria, con el objeto de determinar su grado de responsabilidad.

Del expediente acompañado se advierte que la recurrida informó a los apoderados el inicio del procedimiento, se entrevistaron testigos, se recibieron los descargos de la familia, se elaboró informe técnico del protocolo, se notificó la medida disciplinaria de expulsión, se concedió la reconsideración solicitada por los apoderados y, posteriormente, la Dirección consultó al Consejo de Profesores, instancia que apoyó mayoritariamente la medida atendida la grave alteración de la convivencia escolar.

De acuerdo al informe enviado a la Superintendencia de Educación, la recurrida fundó la medida en el Reglamento Interno de Convivencia Escolar, específicamente en la Falta Gravísima N° 4, relativa a “amenazas de muerte, golpes, daño a la propiedad, de forma verbal, escrita, por medios digitales o con terceros”, infracción que habilita la aplicación de cancelación de matrícula o expulsión. Añadió que la conducta atribuida al estudiante no fue considerada como un hecho aislado ni pasivo, sino como una intervención activa en la génesis, validación e impulso de una amenaza de alta connotación pública, en un contexto de especial sensibilidad para la comunidad educativa.

En cuanto a la proporcionalidad, la recurrida informó que ponderó los descargos presentados por la familia, el reconocimiento parcial de participación, la manifestación de arrepentimiento, la disposición familiar a abordar la situación desde un enfoque formativo y la trayectoria escolar previa del alumno. Sin embargo, estimó que tales antecedentes no desvirtuaban su rol en los hechos ni el impacto generado en la comunidad escolar, concluyendo que las medidas alternativas no resultaban suficientes para resguardar adecuadamente la convivencia escolar, prevenir la reiteración de situaciones similares y garantizar condiciones de seguridad.

Asimismo, la recurrida acompañó antecedentes complementarios relativos a la hoja de vida del alumno, en la que constan anotaciones negativas por conductas disruptivas, trato irrespetuoso hacia miembros de la comunidad escolar, uso de insultos, lanzamiento de objetos durante actividades escolares y situaciones vinculadas a copia o plagio. También informó que, el año anterior, el estudiante había suscrito carta de compromiso conductual y formativo, y posteriormente carta de condicionalidad de matrícula, por hechos vinculados a burlas, hostigamiento y trato discriminatorio hacia integrantes de la comunidad educativa. Añadió que tales antecedentes fueron acompañados como contexto del historial conductual del estudiante y de la evaluación de proporcionalidad de la medida adoptada.

La recurrida indicó, además, que el alumno fue derivado a la Oficina Local de la Niñez de DIRECCION000 para evaluación psicosocial e intervención, atendidos los antecedentes conductuales recientes y el patrón observado de validación, refuerzo e incitación de conductas de terceros que afectaban la convivencia escolar.

A folio 15, informó la Superintendencia de Educación, acompañando el Ordinario N° NUM000, de 25 de mayo de 2026, mediante el cual comunicó el cierre del expediente administrativo por estimar que el procedimiento de aplicación de la medida disciplinaria se encontraba ajustado a la normativa educacional. En dicho informe se consignó que la medida aplicada fue la expulsión, que se ingresó el expediente a la Superintendencia, que la causal invocada fue la transgresión reiterada de normas del establecimiento educacional, y que existían hechos que afectaban gravemente la convivencia conforme al Reglamento Interno. Asimismo, se tuvo presente que se inició procedimiento formal conforme a Aula Segura, con medida cautelar, investigación, etapa de descargos, notificación de la medida y derecho de apelación, concluyéndose que el procedimiento establecido en el Reglamento Interno era racional y justo.

A folio 16, se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que el recurso de protección previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye una acción cautelar destinada a restablecer el imperio del derecho frente a actos u omisiones arbitrarios o ilegales que priven, perturben o amenacen el legítimo ejercicio de alguna de las garantías protegidas por dicha disposición.

Segundo: Que, en consecuencia, el análisis que corresponde efectuar a esta Corte no consiste en sustituir al establecimiento educacional en la valoración del mérito disciplinario de los antecedentes reunidos, sino en determinar si la medida impugnada fue adoptada con infracción de la normativa aplicable, sin fundamento racional o prescindiendo de las garantías básicas del procedimiento.

Tercero: Que de los antecedentes acompañados aparece que el establecimiento recurrido activó un procedimiento disciplinario con ocasión de una amenaza de tiroteo escrita en dependencias del colegio, hecho que, por su naturaleza, no puede ser estimado como una mera infracción ordinaria de convivencia, sino como una conducta objetivamente grave, apta para alterar la seguridad, tranquilidad y normal funcionamiento de toda la comunidad educativa.

Cuarto: Que la recurrida fundó la medida en la Falta Gravísima N° 4 del Reglamento Interno, relativa a “amenazas de muerte, golpes, daño a la propiedad, de forma verbal, escrita, por medios digitales o con terceros”, causal que el propio reglamento contempla como habilitante para iniciar procedimiento de cancelación de matrícula o expulsión. En este sentido, la sanción aplicada no aparece desconectada del marco normativo interno del establecimiento, sino expresamente prevista para hechos de la entidad del investigado.

Quinto: Que tampoco se advierte ilegalidad en el procedimiento seguido. En efecto, consta que se comunicó a los apoderados el inicio del procedimiento, se informó la conducta atribuida, se decretó una suspensión cautelar, se otorgó oportunidad para presentar descargos, se recibieron antecedentes de la familia, se practicaron entrevistas a testigos, se elaboró informe técnico, se notificó la medida, se concedió la posibilidad de reconsideración y se consultó al Consejo de Profesores antes de mantener la decisión.

Sexto: Que lo anterior fue, además, revisado por la Superintendencia de Educación, órgano técnico competente en la materia, que mediante Ordinario N° NUM000 informó el cierre del expediente por estimar que el procedimiento de aplicación de la medida disciplinaria se encontraba ajustado a la normativa educacional, destacando la existencia de hechos que afectaban gravemente la convivencia escolar, la aplicación del procedimiento formal de Aula Segura, la existencia de investigación, descargos, notificación y derecho de apelación.

Séptimo: Que, en cuanto a la proporcionalidad de la medida, debe tenerse presente que la resolución recurrida no se sustentó únicamente en una expresión aislada, sino en la participación que el establecimiento tuvo por acreditada del estudiante en la génesis, validación e incentivo de una amenaza de tiroteo, incluyendo la entrega del medio material utilizado y la expresión directa de aliento al autor material, de manera que su actuación no resulta accesoria como alega la recurrente, sino que puede enmarcarse en una de carácter instigadora. Tal conducta, en el contexto escolar actual y atendido su impacto en la comunidad educativa, reviste una entidad suficiente para justificar la activación de las medidas disciplinarias más gravosas previstas en el Reglamento Interno.

Octavo: Que la recurrida, al ponderar la medida, tuvo además a la vista antecedentes conductuales previos del estudiante, entre ellos anotaciones negativas en su hoja de vida, carta de compromiso conductual y formativo, condicionalidad de matrícula anterior y antecedentes relativos a hechos de hostigamiento o trato discriminatorio en el ámbito escolar. Tales elementos, sin constituir por sí solos la causa de la expulsión, resultan pertinentes para valorar si una medida menos intensa era idónea para resguardar la convivencia escolar y prevenir la reiteración de conductas similares.

Noveno: Que, desde esa perspectiva, la expulsión no aparece como una reacción carente de razonabilidad o desmedida, sino como una medida adoptada frente a una conducta gravísima, expresamente tipificada en el Reglamento Interno, que produjo una alteración concreta del funcionamiento escolar, motivó denuncia ante Carabineros, suspensión de clases y activación de protocolos de seguridad. A ello se añade que el establecimiento evaluó la aplicación de medidas alternativas y concluyó fundadamente que estas no resultaban suficientes para asegurar un entorno seguro y libre de amenazas.

Décimo: Que, por consiguiente, no se advierte la existencia de un acto arbitrario o ilegal imputable a la recurrida, toda vez que la sanción de expulsión se fundó en una causal expresa del Reglamento Interno, fue precedida de un procedimiento en que se otorgó oportunidad de descargos y reconsideración, contó con consulta al Consejo de Profesores, fue fundada en antecedentes reunidos durante la investigación y, además, fue revisada por la Superintendencia de Educación, que estimó ajustado el procedimiento a la normativa educacional.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto por doña nombre reservado en contra del Colegio nombre reservado de DIRECCION000.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol Protección N° 3786-2026.