MYRIAM FIGUEROA Y CIA LTDA. CONTRA INSPECCIÓN PROVINCIAL DEL TRABAJO DE QUILLOTA

Foja: 44 Cuarenta y Cuatro jjm C.A. de Valparaíso CERTIFICO: Que se anunció para alegar la Abogada doña Daniela Cabrera, 10 minutos contra el recurso, ejerciendo su derecho en estrados, luego de escuchar relación pública. Valparaíso, diez de noviembre de dos mil quince.

Rol IC Protección 3783-2015

nombre reservado.

Relatora Valparaíso, diez de noviembre de dos mil quince.

VISTO:

A fojas 12, comparece Aldo Fendez Pacheco, abogado, domiciliado en domicilio reservado, en representación de Myriam Figueroa y Cía. Ltda., sociedad del giro de comercialización de productos de telecomunicaciones, representada por nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, quien interpone recurso de protección en contra de la Inspección Provincial del Trabajo de Quillota, representada por Carlos Retamal Martínez, Inspector Provincial del Trabajo, ambos domiciliado en Maipú, en razón del acto ilegal y arbitrario consistente en haber dictado la resolución denegatoria que consta del Ordinario 609 de 25 de agosto de 2015, notificado a su parte el 29 del mismo mes, situación que implica privación, perturbación y amenaza en el legítimo ejercicio del derecho de propiedad garantizado en el artículo 19 Nº24 de la Constitución Política de la República.

Señala que su representada fue objeto de una fiscalización por parte de la Dirección del Trabajo que determinó aplicar una multa de 40 UTM, resolución que fue notificada mediante carta certificada entregada en la oficina de correos el 15 de junio de 2015.

Hace presente que la recurrente dedujo solicitud de reconsideración administrativa al Inspector del Trabajo, cuyo plazo se encuentra establecido en el artículo 512 del Código del Trabajo, que dispone que se trata de un plazo de 30 días, que se cuenta desde la notificación de la resolución que aplicó la multa administrativa.

Cita el artículo 25 de la Ley 19.880, que regula el cómputo de los plazos del procedimiento administrativo, estableciendo que los plazos de días establecidos en dicha ley son de días hábiles, entendiéndose que son inhábiles los días sábados, domingos y festivos.

Indica que su representada presentó la solicitud de reconsideración el 29 de julio de 2015, cuando aún pendía el plazo de 30 días que establece el artículo 512 del Código del Trabajo.

Sin embargo, expone dicha solicitud de reconsideración fue resuelta con fecha 25 de agosto de 2015 y en ella se señala que la solicitud no se presentó dentro del plazo de legal de 30 días corridos, contados desde su notificación, lo que evidencia el actuar ilegal de la recurrida al violar flagrantemente el artículo 25 de la Ley 19.880, situación que no se puede entender sino motivada por el mero capricho del recurrido, quien al no admitir a tramitación la solicitud, afecta el derecho de propiedad consagrado en el Nº24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Solicita, en definitiva, se ordene a la recurrida que enmiende tal acto, ordenando se resuelva la solicitud de reconsideración presentada por su parte conforme al mérito de los antecedentes, acogiendo el recurso, con costas.

Acompaña documentación a su recurso.

A fojas 28 informa Carlos Retamal Martínez, Inspector Provincial del Trabajo de Quillota, quien solicita el rechazo del recurso, con costas. Previo a los descargos de fondo respecto del recurso impetrado, hace una relación de los hechos que motivaron la aplicación de multa administrativa a la empresa reclamante, precisando que la multa administrativa, la que fue notificada personalmente el día 15 de junio del año curso.

En cuanto al fondo del reclamo, desarrolla sus argumentos en base a los siguientes acápites:

En primer término, alega la improcedencia de la acción cautelar, atendida la naturaleza del acto recurrido, ello por cuanto en la especie se reclama en contra de una resolución que declara inadmisible una solicitud de reconsideración administrativa de multa por ser dicha presentación extemporánea, en circunstancias que el ordenamiento jurídico laboral establece procedimientos especiales para la reclamación de las multas, uno por vía administrativa de reconsideración y el reclamo judicial de multa, de manera tal, que si no se utilizan esos procedimientos, no puede emplearse el recurso de protección dado que este no constituye un sustituto jurisdiccional de cualquier acción o recurso cuando las leyes contemplan instancias y recursos específicos y determinados.

Luego, la recurrida sostiene la improcedencia del recurso de protección por ausencia de acto arbitrario e ilegal, toda vez que el plazo de 30 días que prevé el artículo 512 del Estatuto Laboral es un plazo de días corridos y no hábiles como lo sostiene el recurrente, haciendo aplicación de las normas supletorias de derecho común, en particular, los artículos 48, 49 y 50 del Código Civil. Hace presente que la resolución en cuestión se ha ajustado a las instrucciones de la Contraloría General de la República cuyos dictámenes todo órgano de la administración del Estado debe conocer.

Solicita en definitiva el rechazo de la acción constitucional impetrada por ser absolutamente improcedente.

Acompaña los documentos y antecedentes en que funda sus descargos.

A fojas 35 se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que la acción constitucional de protección, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido establecida a favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19 de la Carta Fundamental.

Segundo: Que la recurrente interpone acción de protección en contra de la Inspección del Trabajo de Quillota por no haber admitido a tramitación, por extemporánea, la solicitud de reconsideración administrativa interpuesta en contra de la resolución que le aplicó una multa de 40 UTM. Añade que con ello se vulnera la garantía fundamental del artículo 19 Nº24 de la Constitución Política de la República.

Tercero: Que informando la recurrida señala, en síntesis, que el Código del Trabajo contempla procedimientos de reclamo especiales en contra de las resoluciones de la Dirección del Trabajo que apliquen multas, por lo cual la acción cautelar resulta ser improcedente y, además, el recurso de reconsideración administrativa en contra de la resolución de multa fue interpuesto en forma extemporánea, dado que el plazo que establece el artículo 512 del Código del Trabajo es de días corridos y que, en definitiva, la resolución se ajustó a las instrucciones de la Contraloría General de la República sobre la materia.

Cuarto: Que sobre el particular y en relación a la controversia que se plantea en autos, esto es, la forma de computar el plazo fatal de 30 días que señala el artículo 512 del Código del Trabajo para presentar la solicitud de reconsideración ante el Director del Trabajo, se ha de concluir que dicho término legal no es de días corridos, como lo entiende la recurrida, sino de días hábiles, entendiéndose inhábiles los días sábados, domingos y festivos.

En efecto, se trata de un recurso presentado en la etapa administrativa, de manera que por no existir norma expresa que establezca lo contrario en el Código de Trabajo, debe aplicarse en forma supletoria el artículo 25 de la Ley N° 19.880 que se refiere al cómputo de los plazos del procedimiento administrativo, disposición que señala que éstos son de días hábiles, entendiéndose que son inhábiles los días sábados, los domingos y los festivos, toda vez que al existir un plazo “especial”, como es el contenido en la Ley N° 19.880 respecto a los procedimientos administrativos, éste prima por sobre las normas de carácter general comprendidas en el Código Civil.

Quinto: Que consta del documento agregado a fs. 3 de estos antecedentes, que el recurso de reconsideración administrativo fue presentado el día 29 de julio 2015, es decir, dentro del plazo de treinta días hábiles contados desde la notificación de la resolución de multa administrativa, lo que acaeció el día 15 de junio del mismo año, según consta a fs. 23.

Sexto: Que, en consecuencia, la actuación de la recurrida constituye un acto ilegal, pues por ella se negó a tramitar un recurso presentado dentro de plazo legal y si bien no se advierte afectación de la garantía constitucional invocada por el recurrente, si es dable concluir que con ello se vulneró la garantía de igualdad ante la ley contemplada en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, porque al desconocer la autoridad recurrida el plazo legal en toda su extensión ha dado un trato arbitrario que no puede ser aceptado.

Por estas consideraciones, de conformidad con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de esta Corte sobre la materia, se acoge el recurso de protección deducido a fojas 12, por Aldo Fendez Pacheco, en representación de Myriam Figueroa y Cía. Ltda., y en contra de la Inspección Provincial del Trabajo de Quillota, representada por Carlos Retamal Martínez y, en consecuencia, se deja sin efecto el Ordinario Nº 609 de 25 de agosto de 2015, debiendo la recurrida admitir a tramitación el recurso de reconsideración planteado por la recurrente respecto de la Resolución de Multa Nº 3914/15/50 de 10 de junio de 2015.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad N° Proteccion: 3783- 2015.- Pronunciada por la Primera Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Valparaíso, integrada por los Ministros Sr. Julio Miranda Lillo, Sra. Silvana Donoso Ocampo y la Fiscal Judicial Sra. Jacqueline Nash Álvarez.

En Valparaíso, diez de noviembre de dos mil quince, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.