nombre reservado con CORPORACION MUNICIPAL DE QUILPUÉ

Edp C.A. de Valparaíso Valparaíso, trece de agosto de dos mil veinticinco.

Visto:

A folio 1, comparecen Jaime E. Carmona Espinoza, abogado, y Karen A. Melián Gálvez, abogada, en representación de doña nombre reservado, nutricionista, e interponen recurso de protección de Garantías Constitucionales, en contra de la Corporación Municipal de Quilpué.

Fundan su arbitrio en que con fecha 27 de agosto del año 2013, su representada comenzó a prestar servicios como nutricionista de APS en la Corporación Municipal de Quilpué, 44 horas semanales en CESFAM Aviador Acevedo. Indican que desde un inicio, en etapa precontractual, su representada planteó la necesidad de contar con un asistente para el desarrollo de sus labores, debido a su discapacidad visual (retinitis pigmentosa) conforme a Certificado de Discapacidad emitido por Ministerio de Salud, Sub-Secretaría de Salud Pública, Res. Compín N° 728, de fecha 16 de abril de 2013, que se acompaña en un otrosí.

Indican que lo anterior fue planteado a la autoridad de la época, indicándole que a quien la asistiera en sus labores, su mandante -por inusual que fuere- ella podía pagarle su sueldo, figura que se aceptó por parte del Director de salud de ese entonces y que se mantuvo hasta marzo del 2015.

Exponen que en marzo del 2015 la Corporación Municipal de Quilpué (CMQ) le informa que debido a la ley que protege la confidencialidad del paciente, su asistente (sin título profesional de salud), no podría estar presente en un box clínico por lo que su trabajo sería modificado. Se le instruye que debía, a partir de esa fecha cumplir con su labor de Nutricionista por 22 horas semanales en el CESFAM, contratando la CMQ una Tens que le asistía y las otras 22 horas semanales debía ser parte del equipo del programa salud escolar trabajo en terreno, estaban destinadas a la evaluación de alumnos de los colegios de la comuna, debiendo trasladar a los distintos establecimientos educacionales, los equipos necesarios para ejecutar dicha labor, esto último en compañía de su asistente original de “confianza” a quien su mandante le continuó pagando sus remuneraciones; manteniéndose dicha figura hasta el mes de marzo del 2020.

Continúan señalando que en el mes de marzo del 2020 se le informa que debido a la emergencia sanitaria por pandemia de COVID 19, la tens que ellos tenían contratada para asistirle 22 horas semanales en el CESFAM, pasaría a cumplir sus labores en primera línea de atención de salud y que su mandante quedaría con teletrabajo. Pese a que no requirió la ayuda de su asistente original, conforme a lo señalado precedentemente, mantuvo el pago íntegro de su sueldo, sosteniendo esta figura hasta diciembre del 2022.

Indican que desde el mes de enero del 2022, su mandante comenzó a preguntar sobre su regreso presencial a sus labores, teniendo reuniones en la CMQ, pero en ninguna de las reuniones llevadas a cabo, se pudo concretar nada, porque conforme se lo señalaron en diversas oportunidades, no tenían claridad de la situación.

En agosto del 2022 se le cita a una nueva reunión, en la que se le informa un nuevo cambio en sus funciones, desde enero del 2023 se reintegraría a desarrollar su trabajo de forma presencial en el Consultorio Móvil, el que se desplaza cada tres meses a distintos puntos de la comuna, entregando los servicios del área de Salud de la CMQ, en domos, cuya finalidad última es descongestionar las listas de espera de los CESFAM.

Aducen que lo anterior, le entregaba a su mandante una serie de beneficios en la ejecución de sus labores, directamente relacionadas a su discapacidad, a saber: a) Podía desarrollar sus funciones profesionales de forma presencial. b) Formaría parte de un equipo pequeño, multidisciplinario. c) Y la CMQ le señaló que contrataría a una persona de su confianza, a quien ella escogiera con contrato de administrativo, como su asistente por las 44 horas semanales.

Señalan que dicha propuesta se ajustaba a los requerimientos de su mandante y un compromiso abierto por parte de la CMQ a una verdadera inclusión en materia laboral, en concordancia con nuestra legislación vigente. En esa línea, su mandante propuso a su asistente original, para efectos de cumplir dicho rol, esto es a la persona quien le pagaba sus remuneraciones para que fuera contratada por la Corporación Municipal de Quilpué.

Mencionan que aquí se presenta el primer inconveniente, en esa reunión se solicita por su mandante un anexo de contrato o una descripción de cargo para su asistente, el que se comprometieron a construir con la división jurídica de la corporación, en orden a estar en línea con lo dispuesto en nuestro ordenamiento jurídico al respecto.

En el mes de enero del 2023 su mandante se integra al Equipo del Consultorio Móvil, junto a su asistente de confianza, pero con el paso de los meses se generaron unos cambios respecto a las labores con su asistente y sus funciones, donde tuvo un par de accidentes imputables a esta última, cuestión que no había ocurrido nunca hasta esa fecha. La única explicación a lo acontecido se radicaba en dos hechos puntuales. La primera, la Corporación ahora había pasado a ser su empleador y quien pagaba su sueldo, razón por la cual, se regía exclusivamente por su contrato de administrativa. La segunda, su contrato no tenía especificada sus labores de apoyo al trabajo de nuestra representada, por lo cual no tenía obligación laboral de asistirle.

En enero del 2024, luego de una caída por negligencia de su asistente, su representada sostuvo una reunión con su Jefatura Directa, a quien le solicitó derechamente el cambio de asistente para fines del 2024 considerando que el 31 de diciembre finalizaba su contrato plazo fijo, avisando con 11 meses antes su requerimiento y priorizando el buen funcionamiento de la corporación, no queriendo causar problemas, pese a la exposición que lo anteriormente señalado implicaba para su persona, donde su integridad física y psíquica estaba en juego, toda vez que no recibía la ayuda que necesitaba, debiendo recurrir eventualmente a sus compañeros de unidad, para las necesidades básicas .

En el mes de diciembre de 2024 las cosas se complicaron aún más, su Jefatura le señala que su asistente no podía ser desvinculada por no estar calificada en 4, generando un cuadro de angustia de su mandante toda vez que la posibilidad de verse vulnerada nuevamente por la falta de profesionalidad de su asistente, era real, no entendiendo la razón de su continuidad, siendo que durante 11 meses, conforme se indicó, no estaba cumpliendo su labor, esto es, asistirle, y que su figura contractual respondía a plazo fijo.

Lo anterior generó en su mandante un cuadro de angustia severo por lo que acudió al IST y se le dio licencia médica a partir del 09 de diciembre de 2024.

Señalan que el cuadro de angustia señalado se vio acrecentado por la incertidumbre que le generaba el tener que volver a sus funciones en un ambiente laboral, absolutamente complejo. Desde el inicio de sus labores y atendida su condición de discapacidad la CMQ entendió que estas debían darse en un contexto determinado, donde el rol de su asistente resulta fundamental, y debe estar sujeto a una confianza legítima, que de manera evidente por las razones anteriormente expuestas se había roto.

Refieren que llegan al 31 de diciembre de 2024 sin ninguna novedad concreta, y en espera de alguna solución.

El 3 de enero de 2025 se le cita a reunión con su Jefa Directa, Director de Salud, Secretaria General, Abogada de la CMQ y un asesor de la Corporación, lo primero que se le informa es que se hizo un estudio de riesgo y debía ser trasladada al CESFAM de Belloto Sur; representándole que su condición de discapacidad resultaba ser el problema, y que el CESFAM de Belloto Sur por su infraestructura era apto y acorde a su discapacidad, ante lo anteriormente señalado, lo cual no puede ser entendido de otra forma que cómo un acto discriminatorio, su representada plantea que para ella también es muy importante la inclusión en el ámbito laboral, considerando que el grupo humano del Consultorio Móvil tuvo una acogida muy positiva hacia su persona.

Adicionalmente, se rechaza su solicitud de asistente, de hecho, se le quita dicha asistencia unilateralmente, y le indican que le entregarían un computador adaptado a su discapacidad, porque supuestamente eso dice la ley.

Con fecha 18 de marzo de 2025, su representada en un intento desesperado de tener las condiciones mínimas para el correcto desarrollo de sus funciones realiza un requerimiento administrativo, dirigido a la Dirección de la CMQ, fundado en los antecedentes que integran el presente libelo, y solicitando dentro del apartado, peticiones concretas: 1) Reconocimiento de su condición de discapacidad en su contrato de trabajo vía anexo de contrato y de conformidad a su credencial de discapacidad. 2) Reconocer y procurar el apoyo de asistente personal al desarrollo de sus funciones para la CMQ cómo se ha realizado por los últimos 11 años. Especificando en el contrato de trabajo de la persona a cargo de dicha labor, el rol a cumplir, con las obligaciones relacionadas a la misma. 3) Mantenerle en el equipo de USIM a cargo de don nombre reservado.” 23° Con fecha 1° de abril de 2025conforme a Oficio N°151, de Sra. nombre reservado, Secretaria General de la Corporación Municipal de Quilpué, se da respuesta a requerimiento señalado en el punto anterior. Conforme al cual se indica: “1.- En cuanto a la solicitud de reconocimiento de condición de discapacidad en su contrato de trabajo, vía anexo de contrato y de conformidad a credencial de discapacidad: Revisado los antecedentes que constan en carpeta personal funcionaria, no consta en ella ningún antecedente que de cuenta de su situación de discapacidad.

Sin perjuicio de ello, hemos efectuado una consulta al Servicio Nacional de Discapacidad con el objetivo de que nos instruyan respecto a la procedencia de acceder a este requerimiento.

2.- En cuanto a la solicitud de reconocer y procurar el apoyo de un asistente personal para el desarrollo de sus funciones en la Corporación Municipal, especificando en su contrato de trabajo el rol a cumplir, con las obligaciones relacionadas a la misma: se informa a usted que se accederá a su solicitud y se procederá a la destinación de una funcionaria con funciones de asistente personal para apoyo en su desempeño, funciones que serán incorporadas en su contrato de trabajo.

3.- En cuanto a la solicitud de mantenerse en el equipo de USIM a cargo de don nombre reservado: se informa a usted que se accederá a este requerimiento, manteniéndose cómo parte del equipo USIM.”

Hacen presente que, a la fecha, el único requerimiento que se le ha cumplido a su mandante dice relación con el punto 3 de la respuesta entregada por la CMQ, esto es mantenerla cómo parte del equipo USIM, bajo su actual Jefatura. Respecto a los puntos 1 y 2 comprometidos, no ha habido a la fecha respuesta alguna. No se ha realizado a la fecha modificación de contrato y/o firma de anexo de contrato conforme al cual se reconozca condición de discapacidad de su representada, sin tener conocimiento esta parte si la CMQ realizó cómo indica y ha hecho seguimiento al supuesto requerimiento al Servicio Nacional de Discapacidad, exponiendo a su representada a tener que depender de la voluntad de terceros.

Indican que con fecha 6 de junio de 2025, conforme documento que se adjunta, pide cuenta a la CMQ de los compromisos pendientes, de lo cual no ha recibido a la fecha ninguna respuesta.

Estiman que las acciones descritas en el presente libelo lesionan los derechos constitucionales establecidos en el artículo Nº 2 del Código del Trabajo, que es el “derecho a la no discriminación”; y el derecho la integridad física y psíquica, contenido en el artículo 19 N°1, y el derecho a la libertad del trabajo y su protección, contenido en el artículo19 N°16, de nuestra Carta Fundamental.

Piden, en definitiva, declarar la demora en la implementación de las medidas aprobadas cómo discriminatorias, arbitrarias e ilegalidad, ordenando, en definitiva, que las mismas sean adoptadas dentro de un tiempo razonable, ajustadas a derecho, y no exponer a su representada a la vulneración de sus derechos conforme se ha desarrollado en el presente libelo.

A folio 6, comparecen Olga Lorena Varas Alfaro, abogada, y Mauricio Andrés Apablaza Abarca, abogado, por la recurrida, Corporación Municipal de Quilpué.

Indican que la recurrente presta servicios para esta Corporación en calidad de Nutricionista en Atención Primaria de Salud por 44 horas, y desarrolla actualmente sus funciones en la Unidad de Salud Integral Móvil (USIM), que es la unidad móvil que presta servicios de salud en terreno y que va cambiando de lugar en la comuna de Quilpué.

Señalan que como lo indica la propia recurrente, cuando ésta se integró al Equipo del Consultorio Móvil lo hizo junto a “su asistente de confianza”, quien se encontraba contratada y remunerada por la Corporación Municipal de Quilpué para asistir a la recurrente en el cumplimiento de sus funciones administrativas y necesidades personales. Sin embargo, con el paso del tiempo comenzaron a existir conflictos entre la recurrente y su “asistente de confianza” por, supuestamente, provocar accidentes por negligencias en la asistencia.

Sostienen que al momento de asumir esta nueva Administración se tomó conocimiento de la situación de la Srta. nombre reservado y sus dificultades con la asistente propuesta por la misma recurrente y contratada por la Corporación Municipal de Quilpué, razón por la cual como primera medida se procedió a no renovar su contrato a plazo fijo para el año 2025.

Afirman que, con el objetivo de tomar conocimiento de la situación de la recurrente, a principios del mes de enero se sostuvo la primera reunión de varias con ella, en la que hizo presente que tenía una discapacidad visual y que requería contar con asistencia para el desempeño de sus funciones. Se le hizo presente el déficit presupuestario que afectaba a la Corporación, sin perjuicio de lo cual, su parte se comprometía a hacer gestiones para procurar proporcionarle el apoyo que requería. Hacen presente que en dicha oportunidad la Srta. nombre reservado no entregó ningún certificado que acreditara su discapacidad y tampoco éste consta en su expediente laboral. Hacen presente lo anterior, porque ello explica la razón por la cual no se ha incorporado tal elemento en su contrato de trabajo como la recurrente lo ha solicitado. En dicha oportunidad además se le hizo presente el riesgo que representaba para ella el mantenerse en la USIM, ofreciéndole ser trasladada a un Centro de Salud regular, a lo que no accedió.

En el mes de marzo del presente año, la Srta. nombre reservado hace un Requerimiento Administrativo a esta Corporación reiterando su situación, y solicitando tres puntos:

“1) Reconocimiento de mi condición de Discapacidad en mi contrato de Trabajo vía anexo de contrato y de conformidad a mi credencial de Discapacidad.

2) Reconocer y procurar el apoyo de Asistente Personal al desarrollo de mis funciones para la CMQ cómo se ha realizado por los últimos 11 años. Especificando en el contrato de trabajo de la persona a cargo de dicha labor, el rol a cumplir, con las obligaciones relacionadas a la misma.

3) Mantenerme en el equipo de USIM a cargo de don nombre reservado.”

Precisan que por ordinario N°151 de 01 de abril se le da respuesta, señalándole que en cuanto a la solicitud de reconocimiento de su “condición de discapacidad” en su contrato de trabajo, vía anexo de contrato y de conformidad a su credencial de Discapacidad, esto no era posible porque no constaba en su carpeta personal funcionaria ningún antecedente que diera cuenta de su situación de discapacidad. En cuanto a la solicitud de reconocer y procurar el apoyo de un asistente personal para el desarrollo de sus funciones en la Corporación Municipal, especificando en su contrato de trabajo el rol a cumplir, con las obligaciones relacionadas a la misma, se le informó que se accedería a su solicitud y se procedería a la destinación de una funcionaria para el apoyo en su desempeño, funciones que serán incorporadas en su contrato de trabajo. Finalmente, y en cuanto a la solicitud de mantenerse en el equipo de USIM a cargo de don nombre reservado, pese a que se considera que podría resultar peligroso para ella, se le informa que se accederá a este requerimiento, manteniéndose como parte del equipo de USIM.

Estiman que la recurrente incurre en un error de interpretación, pues a contrario de lo que indica en su recurso, se dio cumplimiento íntegro a todo lo comprometido en el referido oficio. En efecto, al primer punto se indicó claramente que no se accedía a lo solicitado por cuanto para ello era necesario contar con algún antecedente formal donde constara la condición aludida, antecedentes que no constan en su carpeta funcionaria. Respecto del segundo punto, solo cabe mencionar que la recurrente se mantiene desempeñando sus funciones en la USIM hasta el día de hoy.

Respecto al tercer punto, cabe mencionar que se contrató un asistente para la recurrente, pero fue ella misma quien la termina rechazando, al igual que su anterior asistente de confianza, por no reunir las cualidades técnicas y personales adecuadas para ejecutar las labores que le son encomendadas. A mayor abundamiento, la recurrente menciona en su presentación de fecha 17 de abril que necesita de una persona con quien tenga una “confianza extrema”, debido a que requiere asistente no solo en su rol cotidiano como nutricionista, sino también para sus necesidades de carácter vital.

En detalle, con fecha 17 de abril de 2025 la recurrente hace otra presentación, expresando sus requerimientos y el perfil que debe tener a su juicio el asistente personal que requiere. En efecto el perfil que la Srta. nombre reservado solicita en este documento es mucho más amplio de lo sólo administrativo o técnico, pues indica que necesita “además el apoyo en actividades de acompañamiento y asistencia personal, que cruzan a un ámbito más íntimo en mi situación de trabajadora con discapacidad” (punto 5°).

En dicha presentación la recurrente señala que “la persona que desarrolle dichas funciones debe ser en consecuencia de confianza extrema de mi persona” (punto 10), agregando en el punto 12 que la asistencia se refiere a aspectos “de acompañamiento y asistencia, en roles críticos como asistirme en el uso de instalaciones sanitarias, o ayudar a calentar el almuerzo y facilitar su consumo, responden a funciones que no deben colisionar con derechos fundamentales como mi dignidad ni discriminación como trabajadora. Razón por la cual se requiere de esta necesaria confianza que con cualquier persona no se puede obtener”.

Hacen presente que tomando en consideración que la Srta. nombre reservado en el desempeño de sus funciones en la USIM había sufrido caídas, se solicitó a la Prevencionista de Riesgos un informe respecto de las condiciones de seguridad del móvil, tomando en consideración que se traslada a distintos lugares, a veces rurales, con terrenos irregulares y podrían ser inseguros para ella. En dicho informe realizado en el mes de abril de este año se indica que el lugar donde estaba emplazado el móvil en ese momento, a saber, la piscina municipal del Belloto Sur, tenía terreno irregular con dificultad para el traslado, por existir, por ejemplo, raíces sobresalientes en el suelo. Se concluye en dicho informe que el lugar donde se encontraba la USIM no cumplía con las condiciones óptimas para que la funcionaria desempeñara sus funciones, y se sugería reubicarla en un centro de salud fijo. Pese a lo anterior, la funcionaria ha manifestado su deseo de permanecer desempeñando sus funciones en la USIM.

Refieren que con fecha 06 de junio de 2025 la recurrente hace una nueva presentación donde reconoce que se puso a su disposición a una persona como asistente que “no reunía las competencias necesarias”, sin embargo, no especifica en qué sentido la funcionaria no cumple sus requerimientos.

Concluyen que la recurrente en definitiva desea que la Corporación Municipal de Quilpué contrate a una persona de su extrema confianza, lo cual significa contratar a una persona que ella propondría y que le sería cercana. Esta solicitud de la recurrente no es tan fácil de satisfacer por parte de la Corporación Municipal por varias razones, entre ellas el déficit presupuestario, el cual a diciembre de 2024 ascendía a más de 4.600 millones de pesos, lo que ha motivado la desvinculación de funcionarios y la no renovación de contratos con el fin de terminar con la sobredotación existente en las distintas áreas, por lo que contratar a una persona para estos efectos no es viable en estos momentos. Lo que se hizo para satisfacer el requerimiento de la profesional es ofrecerle destinar a una funcionaria para que la apoyara y asistiera, sin embargo, eso no fue de su agrado, señalando que no cumplía con las “competencias mínimas”. Sin embargo, no ha especificado la Srta. nombre reservado en qué sentido no cumplía las competencias que requiere, no saben si se refiere a aspectos técnicos, administrativos o personales. Además, les surge la inquietud si se podría contratar a una persona que ella desea para asistirla en temas además de técnicos, personales e íntimos, pues los recursos que esta Corporación recibe son recursos públicos que deben ser rendidos y utilizados para los fines establecidos por la normativa.

Finalmente señalan que el artículo 8 de la Ley N°20.422 que Establece Normas sobre Igualdad de Oportunidades e Inclusión Social de Personas con Discapacidad, dispone las medidas que deben ser adoptadas para garantizar el derecho a la igualdad de oportunidades de personas con discapacidad, entre los cuales se establecen los ajustes necesarios relacionados con adecuaciones del entorno, que faciliten la su participación, pero sin que suponga una carga desproporcionada. Afirman que esa Corporación Municipal en ningún momento se ha negado a prestar los apoyos que ha solicitado la recurrente, pero acceder a ellos en los términos que los requiere supone una carga que en este momento resulta desproporcionada a los recursos con los que esta Corporación cuenta.

A folio 7, se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que el recurso de protección constituye una acción de naturaleza cautelar que tiene por objeto amparar el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales y derechos establecidos en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, frente a actos u omisiones ilegales y arbitrarias que vulneren el ejercicio de los mismos, mediante la adopción de medidas destinadas a restablecer el imperio del derecho.

Segundo: Que, la recurrente, funda su acción cautelar señalando que en el mes de marzo de 2025, realizó requerimiento administrativo a la recurrida, solicitando el reconocimiento de su condición de discapacidad en su contrato de trabajo; reconocer y procurar el apoyo de asistente personal al desarrollo de sus funciones para la recurrida, especificando en el contrato de trabajo de la persona a cargo de dicha labor, el rol a cumplir, con las obligaciones relacionadas a la misma, y mantenerla en el equipo de USIM a cargo de don nombre reservado, aduciendo que a la fecha solo ha dado cumplimiento al último requerimiento.

Tercero: Que, la recurrida al evacuar su informe señala que por Ordinario N°151 de 01 de abril se le da respuesta a la actora, estimando que la recurrente incurre en un error de interpretación, pues a contrario de lo que indica en su recurso, se dio cumplimiento íntegro a todo lo comprometido en el referido oficio. En efecto, al primer punto se indicó que no se accedía a lo solicitado por cuanto para ello era necesario contar con algún antecedente formal donde constara la condición aludida, antecedentes que no constan en su carpeta funcionaria. Respecto del segundo punto, menciona que se contrató un asistente para la recurrente, pero fue ella misma quien la termina rechazando, por no reunir las cualidades técnicas y personales adecuadas para ejecutar las labores que le son encomendadas.

Cuarto: Que atendido el mérito de los antecedentes, consta una demora en la implementación de las medidas solicitadas en el requerimiento administrativo formulado por la recurrente, lo que implica que la actora ha debido desarrollar sus funciones sin la asistencia necesaria a su discapacidad visual, lo que vulnera su derecho la integridad física y psíquica contenido en el artículo 19 N°1 de la Constitución Política de la República, motivo por el cual se acogerá el recurso, como se dirá en lo resolutivo.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se acoge, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de doña nombre reservado, sólo en cuanto la Corporación Municipal de Quilpué deberá en el plazo de 180 días hábiles, reconocer la condición de discapacidad de la actora en su contrato de trabajo, vía anexo de contrato y de conformidad a credencial de discapacidad, y procurar el apoyo de un asistente personal para el desarrollo de sus funciones, sin que suponga una carga desproporcionada para la Corporación recurrida.

Regístrese, notifíquese, comuníquese y, en su oportunidad, archívese.

N° Protección-3760-2025.

No firma el Fiscal Judicial Sr. nombre reservado, por imposibilidad técnica.