CLUB DEPORTIVO REFINERIA CONCON CONTRA INSPECCION COMUNAL DEL TRABAJO DE VIÑA DEL MAR Y OTRO

Foja: 133 Ciento Treinta y Tres Valparaiso, veintiuno de julio de dos mil once.

VISTO:

A fojas 75, don nombre reservado, Chileno, Casado, Empleado, en su calidad de presidente y en representación del Club Deportivo Refinería Concón, interpone recurso de protección en contra de la Inspección Comunal del Trabajo de Viña del Mar y su representante; y en contra de doña nombre reservado, Fiscalizadora del mismo, por vulneración de las garantías constitucionales contempladas en los artículos 19 N°3 incisos 1° y 4°, 21 y 24 de la Constitución Política de la República.

Señala que el hecho ilegal y arbitrario se materializó con la calificación jurídica de los hechos que sirvieron de fundamento para la aplicación de multas mediante Resolución N°9971/2011/023-1-2-3-4-5 de fecha 24 de mayo de 2011, notificada a su parte con misma fecha. Ello porque la fiscalizadora efectuando una calificación jurídica de los hechos presentados impuso multas por no escriturar Contrato de trabajo (1 UTM), no llevar correctamente Registro de asistencia (4 UTM), no entregar comprobante de pago de remuneraciones (4 UTM) y no declarar oportunamente cotizaciones previsionales (354 UF).

Explica que su institución es una Corporación de derecho privado sin fines de lucro, que tiene por finalidad el desarrollo de actividades deportivas para socios quienes son trabajadores de Enap Refinerías S.A. Por ello, es necesario contar con servicios profesionales independientes de profesionales de diversas ramas del deporte., profesionales que si bien son contratados, no tienen vínculo de subordinación ni dependencia.

Así, el día 18 de mayo de 2011 la fiscalizadora visitó dependencias del club, por una denuncia interpuesta por dos señores en relación a su situación contractual con la recurrente. Solicitó la misma entonces entrevistarse con el Gerente de la empresa, solicitándole la información pertinente. Explicó el Gerente la situación contractual de dichas personas, explicando el recurrente al efecto que sus funciones eran entrenar personas en diversos deportes, emitiendo por ello su respectiva Boleta de Honorarios. Ahora, entregados los argumentos a la fiscalizadora, indica que la misma se retira del Club Deportivo, entregando Acta de constatación de hechos en terreno, por una supuesta informalidad laboral de los señores Sepúlveda, Barrionuevo y Ramos, dejando citado al supuesto empleador a la Inspección.

Indica que se concurrió con documentación tendiente a demostrar la situación contractual de estas personas, pero dichos antecedentes no fueron considerados ni recibidos por la fiscalizadora, solo limitándose a consultar si se reconocía el vínculo laboral, lo que no ocurrió. La citación concluyo con la emisión y notificación de la resolución aludida, que aplicó las 4 multas referidas. La fiscalizadora entonces se ha arrogado facultades propias de los Tribunales de Justicia, fuera del marco de un debido proceso y son considerar los antecedentes aportados como medio de prueba excediendo las facultades que la ley otorga a los inspectores del trabajo en el D.F.L. N°2 de 1967 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, pudiendo incluso generar para ellos la exigencia de cumplimiento de prestaciones laborales y de seguridad social para con los sujetos referidos.

Por tanto, previas citas legales, solicita se acoja el recurso, dejando sin efecto la Resolución N°9971/2011/023-1-2-3-4, N° de Fiscalización 1191, de fecha 24 de mayo de 2011 que estableció las sanciones pecuniarias por un monto equivalente a esa fecha de $8.059.019, aplicada a su parte, con costas.

Acompañó a su recurso Certificado de Pago de Impuestos gravados por la presentación de Boletas de Honorarios correspondiente a los años 2010 y 2011 de los denunciantes; Boletas de honorarios de los mismos años por dichos sujetos; la Resolución cuya invalidación se solicita; Contratos de prestación de servicios a honorarios de los señores denunciantes ante la Inspección, de fecha 1990, Acta de Constatación de hechos en terreno emitido por recurrida el 18 de mayo de 2011 y copias autorizadas de escrituras públicas de 07 de enero de 2010 donde constan los estatutos de la Corporación recurrente y la calidad del compareciente de presidente de la misma.

A fojas 110, la recurrida informa sobre los hechos materia del presenta recurso, solicitando el rechazo del mismo, con costas, en primer lugar, por la improcedencia de la acción cautelar interpuesta en relación a la naturaleza del acto recurrido, ello porque las resoluciones de la Dirección del Trabajo que imponen multas poseen un procedimiento especial de impugnación establecido en el artículo 503 y siguientes del Código del Trabajo. Habiéndose interpuesto la acción en contra de una resolución administrativa lo cual sería inadmisible, atendida la consagración legal de vía judicial para accionar al efecto [cita artículos 503, 511 y ss. del Código del Trabajo]. En definitiva, existen vías administrativas y judiciales para ejercer.

En segundo lugar, indica la imposibilidad del recurso de destruir la presunción de veracidad que ampara el actuar de sus fiscalizadores, conforme lo dispuesto en el artículo 23 del D.F.L. N°2 del año 1967 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social; lo cual sólo puede producirse mediante un juicio de lato conocimiento, como indicó la corte supresa el 07 de abril de 2004 en causa ROL 1003-04, En cuanto a la ocurrencia de los hechos, luego de referir los mismos hechos indicados por el recurrente, agrega que cabe recordar que uno de los principios rectores del Derecho Laboral es precisamente, el principio de primacía de la realidad, según el cual en el caso, se observó cumplimiento de horarios y circunstancias propias de una relación de subordinación y dependencia. Desde esa perspectiva, no existe acto arbitrario o ilegal., puesto que la resolución administrativa emanó de mandato legal, no apareciendo que se haya actuado fuera de marcos razonables al fiscalización de existencia de una obligación legal.

Bajo esa perspectiva, describe la inexistencia de vulneración a cada una de las garantías constitucionales aludidas como infringidas por parte del recurrente.

Acompaña a su informe copia íntegra del informe de fiscalización 0506/2011/1191.

A fojas 122, informó el Servicio de Impuestos Internos, por oficio requerido por esta Corte que los tres sujetos denunciantes de la infracción laboral del recurrente, registran inicio de actividades en el rubro de “otras actividades empresariales”, y “otras actividades de servicios personales”.

A fojas 125 se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

Primero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Segundo: Que en la especie ha acudido a sede jurisdiccional por la presente vía don nombre reservado, en representación del Club Deportivo Refinería Concón, y recurre en contra la Inspección Comunal del Trabajo de Viña del Mar y de doña nombre reservado, fiscalizadora de dicho organismo, por haberse aplicado una multa fundada en la calificación jurídica efectuada por la citada funcionaria a los hechos que constató en su visita inspectiva a las dependencias del Club recurrente, el día 24 de mayo de 2011. Agrega que el actuar de los recurridos vulnera las garantías constitucionales previstas en el artículo 19 N° 3, inciso cuarto, 4, 21 y 24 de la Carta Fundamental.

Tercero:

Que los recurridos al informar argumentaron –en síntesis- la improcedencia de esta acción cautelar por existir un procedimiento especial de impugnación en contra de las resoluciones de la Inspección del Trabajo que imponen sanciones. Agregan que existe una presunción legal de veracidad que ampara el actuar de la fiscalizadora cuestionada, la que constató la existencia de los hechos que motivan la multa aplicada a la actora. Concluyen indicando que no existe acto arbitrario e ilegal que haya vulnerado las garantías constitucionales de la recurrente.

Cuarto: Que la autoridad administrativa está facultada para calificar jurídicamente los hechos, siendo esta actividad parte de su función. En efecto, es precisamente dicha calificación jurídica la que es indispensable para el ejercicio de esa labor especialmente en lo concerniente a la imposición de sanciones administrativas por lo cual no existe garantía constitucional alguna que deba protegerse por la presente vía, puesto que la Inspección del Trabajo de que se trata no ha actuado como comisión especial sino en virtud de las facultades de que ha sido investida.

Quinto: Que el control de legalidad de los actos administrativos por parte del Juez, ineludible para el estado de derecho, consiste en examinar el apego a la ley de los mismos en relación con sus distintos elementos, a saber: forma, competencia, fin, objeto y motivos del acto, siendo el control de estos últimos el más característico del control jurisdiccional, pues se refiere al análisis de los hechos que fundamentan el acto administrativo. Es precisamente por ello que la calificación jurídica que de los hechos realiza la autoridad, que corresponde a los previstos por el legislador para dictar el acto, no puede, por sí misma, constituir una ilegalidad puesto que forma parte integrante de la actividad administrativa. Lo anterior no obsta a que si se incurre en un error en la calificación de los hechos, ella pueda ser controlada por el juez, quien por regla general, lo hará en un juicio en el cual se impugne la resolución de la Administración, como ocurre con el procedimiento jurisdiccional contemplado en el artículo 474 del Código del Trabajo, que resulta ser la via adecuada para resolver el fondo de la controversia ventilada en esta sede extraordinaria; no corresponde, por consiguiente, por el solo hecho de que la autoridad administrativa haya interpretado jurídicamente hechos sujetos a fiscalización, que se acoja un recurso de protección en su contra.

Sexto: Que en el procedimiento destinado a la elaboración de un acto administrativo, la calificación jurídica ocurre cada vez que la autoridad aplica a un hecho una norma o un concepto jurídico que le sirve de fundamento a aquél y que justifica su dictación, por lo que privarla de dicha autoridad paralizaría a la Administración e impediría el cumplimiento de su función.

Por lo demás, así lo ha entendido la ley cuando, por ejemplo, el artículo 5° numero 3 de la Ley N° 17.322 sobre Cobranza Judicial de Cotizaciones indica que la oposición del ejecutado será admisible cuando exista una “errada calificación de las funciones desempeñadas por el trabajador”, circunstancia que importa reconocer que le es permitido a la Administración llevar a cabo una calificación jurídica de las situaciones fácticas comprendidas en el ámbito de su competencia.

Séptimo: Que la atribución que se le reconoce a la Inspección del Trabajo tiene especial relevancia, por cuanto dicha repartición pública carece de titularidad para interponer denuncias ante los tribunales, por lo que al prohibirle efectuar la calificación jurídica en comento, se está despojando de contenido las normas de protección al trabajador, toda vez que ningún órgano de control, sea jurisdiccional o administrativo, llevará a cabo dicha calificación, y la eventual conducta transgresora de la ley quedará sin sanción, salvo que sea el propio trabajador afectado el que reclame, lo que en muchos casos resulta ilusorio.

Octavo: Que descartada la ilegalidad, tampoco resulta establecido que la autoridad administrativa procediera de manera temeraria, pues ha actuado ante circunstancias de hecho precisas, concretas y explicitadas en sus determinaciones, con lo cual se excluye cualquier arbitrariedad por ausencia de motivos y razonamientos, los que se consideraron al dictar los actos impugnados.

Y de conformidad, además con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza el recurso de protección deducido a fs. 13, sin costas.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N° 376-2011.

Redacción de la Ministro señora Carolina Figueroa.