nombre reservado con ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA

I.C.A. de Valparaíso Cgv Valparaíso, once de marzo de dos mil veinticinco.

Visto:

A folio 1, comparece el abogado Osvaldo Oliver Cartagena García, quien interpone acción constitucional de protección en favor de nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, en contra de la Ilustre Municipalidad de Cartagena, por haber incurrido en acciones arbitrarias e ilegales al haber desvinculado a los recurrentes, todos funcionarios a contrata del referido municipio, vulnerando el principio de confianza legitima, e infringiendo las garantías constitucionales consagradas en los numerales 2° y 24° del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

En primer término, expone que todos los recurrentes se desempeñaron como funcionarios a contrata en la municipalidad recurrida por más de cinco años en forma continua, detallando la situación particular de cada uno de ellos, que va entre los 6 y 17 años de servicio.

Señala que su desvinculación se produjo el 30 de diciembre de 2024 y fue notificada el 31 de diciembre del mismo año, bajo el argumento de que el gasto en personal a contrata superaba el límite legal del 40% del presupuesto municipal, conforme a la Ley N°18.883. Sin embargo, alega que ninguno de los afectados fue removido mediante sumario administrativo ni por una baja reiterada en sus calificaciones, lo que contraviene la jurisprudencia de la Corte Suprema.

Afirma que la municipalidad, al tomar esta decisión, vulneró el principio de confianza legítima al desvincular a funcionarios con años de servicio continuo y no respetó el plazo de 30 días exigido para la no renovación de una contrata, según lo establecido por la Contraloría General de la República. Además, argumenta que el fundamento del despido se demostró falso, ya que, en un lapso de 20 días, la administración contrató a más de 10 nuevos funcionarios a contrata, volviendo a superar el límite del 40% de gasto que supuestamente se buscaba regularizar.

Añade que, entre los nuevos contratados figuran personas vinculadas políticamente con la nueva administración, como excandidatos a concejales y militantes de partidos afines y que, en particular, la contratación de nombre reservado superó el límite legal del gasto, hecho que fue observado por la Dirección de Gestión de Personas y el Director de Administración y Finanzas de la Municipalidad. Indica que este hecho demuestra que la desvinculación de los recurrentes no obedeció a un criterio de reducción presupuestaria, sino a una estrategia para remover personal y reemplazarlo con sujetos afines a la nueva administración, hechos que, afirma, constituyen una desviación de poder, ya que se utilizó la facultad de no renovación de contratos con un fin distinto al legalmente establecido y, como consecuencia, los recurrentes fueron privados de su empleo de manera arbitraria e ilegal, lo que les genera un perjuicio económico y vulnera sus garantías constitucionales.

Si bien una municipalidad puede revisar y no renovar contratas, este proceso debe ajustarse a estándares jurídicos y administrativos, lo que no ocurrió en este caso. La decisión vulneró los derechos fundamentales de igualdad ante la ley y derecho de propiedad, consagrados en el artículo 19 N°s 2 y 24 de la Constitución. La igualdad ante la ley se transgredió al desvincular arbitrariamente a los recurrentes sin justificación razonable, mientras otros funcionarios en condiciones similares fueron renovados, generando una discriminación injustificada. Además, se afectó el derecho de propiedad, ya que, bajo el principio de confianza legítima, los recurrentes tenían una expectativa razonable de continuidad laboral, configurando un derecho adquirido que forma parte de su patrimonio.

Asimismo, la recurrida incurrió en desviación de poder, usando una norma con un propósito distinto al legal, desvinculando a los recurrentes para contratar a personas afines a la nueva administración, práctica que la Corte Suprema ha rechazado en instancias similares por falta de fundamentación y vulneración de derechos. Además, la no renovación se notificó fuera del plazo legal de 30 días exigido por la Contraloría, lo que refuerza la arbitrariedad del acto y afecta la estabilidad laboral de los afectados.

Hace presente que la jurisprudencia reconoce que un funcionario con más de cinco años de servicio continuo tiene una expectativa legítima de renovación, salvo que exista una causa disciplinaria justificada y que este criterio no se limita a quienes han estado exclusivamente a contrata, sino que también incluye a aquellos que han trabajado bajo otras modalidades contractuales, ya que lo determinante es la continuidad en el servicio más que el tipo de contrato. Señala que tanto la Corte Suprema como la Contraloría han sostenido que el tiempo laborado bajo honorarios debe sumarse para efectos de confianza legítima cuando el trabajador ha desempeñado funciones permanentes y que instrumentos como el dictamen E173171 y la Ley 21.526 han reforzado la regularización de estos servidores, garantizando su estabilidad laboral. Afirma que negar este derecho basándose únicamente en la calidad contractual vulneraría principios esenciales del derecho laboral chileno, como el principio protector, la primacía de la realidad y el principio in dubio pro-operario, reafirmando que los recurrentes, aunque funcionarios públicos, son trabajadores con derechos adquiridos.

Pide que se declare ilegal y arbitraria la desvinculación de los recurrentes por parte de la Municipalidad de Cartagena, ya que vulnera sus derechos constitucionales, ordenando a la recurrida dejar sin efecto la medida y los decretos alcaldicios correspondientes y la reincorporación inmediata de los afectados con el pago de sus remuneraciones por el período en que estuvieron separados de sus funciones. Además, solicita la instrucción de un sumario administrativo para determinar responsabilidades en las irregularidades cometidas y la condena en costas a la recurrida.

Acompaña documentos a su recurso.

A folio 8, evacúa informe la Ilustre Municipalidad de Cartagena, solicitando el rechazo del recurso de protección, con costas.

En primer lugar, controvierte todas las acusaciones de los recurrentes, afirmando que sus acciones se ajustaron al principio de legalidad, respetando los principios de eficiencia, eficacia y el deber de motivación de los actos administrativos.

Luego, afirma que esta Corte carece de competencia para conocer esta acción, ya que los recurrentes nombre reservado y nombre reservado presentaron previamente recursos de reposición administrativa en contra de su no renovación ante la Alcaldesa de Cartagena el 3 de enero de 2025 y, según el artículo 54 de la Ley 19.880, no pueden acudir a los tribunales mientras su reclamación no haya sido resuelta o haya vencido el plazo legal. En este caso la acción judicial se interpuso el 29 de enero de 2025, estando aún en curso la vía administrativa.

En cuanto al fondo, sostiene que los hechos denunciados son de lato conocimiento y deben ser resueltos en sede administrativa o laboral, y argumenta que la no renovación de las contratas se fundamentó en que el gasto en personal a contrata superaba el 40% del presupuesto, excediendo lo permitido por la Ley 18.883, lo que ya había sido advertido por la Dirección de Administración y Finanzas desde marzo de 2024. Además, indica que la administración saliente instruyó una investigación sumaria, y la actual alcaldesa se autodenunció ante la Contraloría, confirmando el exceso de gasto, afirmando que las desvinculaciones fueron necesarias para reducir el gasto al 35% en enero de 2025 y que las acusaciones sobre contrataciones políticas son falsas, pues solo tres de las cinco personas mencionadas fueron contratadas en enero. Finalmente, cuestiona la legalidad de los documentos presentados por los recurrentes, alegando que fueron obtenidos por medios irregulares y que no estaban formalmente afinados en su proceso administrativo.

Defiende que la no renovación de las contratas no fue arbitraria ni ilegal, ya que se ajustó a la normativa vigente y a las directrices de la Contraloría, argumentando que los recurrentes no cumplen con el criterio de confianza legítima, pues la mayoría estuvo vinculada por contratos a honorarios o bajo el Código del Trabajo antes de pasar a contrata, y su período en esta modalidad fue menor a cinco años. Además, el vínculo con la administración expiró automáticamente el 31 de diciembre de 2024, conforme al artículo 2 de la Ley 18.883, sin que se prorrogara con 30 días de anticipación y la decisión se fundamentó en la excesiva carga presupuestaria, que superaba el 40% del gasto en remuneraciones, situación que fue advertida por la Dirección de Finanzas y denunciada a la Contraloría. Además, enfatiza que notificó formalmente la no renovación de los contratos para garantizar certeza jurídica a los afectados y que la acción cautelar deducida es improcedente, pues el acto administrativo se ajustó a los principios de legalidad y planificación del gasto público.

Respecto a la situación de cada recurrente, señala que nombre reservado, trabajó a honorarios desde 2019 hasta marzo de 2024 y luego a contrata desde abril hasta diciembre de 2024. Su vínculo expiró por el solo ministerio de la ley. nombre reservado, prestó servicios a honorarios entre 2016 y mayo de 2022 y luego estuvo a contrata por dos años y seis meses, basándose su no renovación en el límite presupuestario y la expiración del vínculo legal. En el caso de nombre reservado, trabajó a honorarios de 2017 a enero de 2022 y luego a contrata por dos años y diez meses. Además del límite presupuestario, su calificación en asistencia y puntualidad influyó en la decisión de no renovarlo. En cuanto a nombre reservado, estuvo vinculado por honorarios entre 2009 y enero de 2022, pasó a contrata por dos años, y su desvinculación responde a la restricción presupuestaria y al término del período legal de contratación. nombre reservado, trabajó bajo el Código del Trabajo hasta 2018, luego a honorarios hasta diciembre de 2018 y a contrata desde 2019 por seis años, y la decisión se fundamenta en el gasto municipal excesivo y la finalización del contrato. nombre reservado, estuvo vinculado por el Código del Trabajo hasta 2017, luego a honorarios hasta marzo de 2020 y a contrata por cinco años, no renovándose su contrato por los mismos motivos presupuestarios. Finalmente, nombre reservado, estuvo a honorarios desde 2019 hasta junio de 2022 y luego a contrata por dos años y cinco meses y su despido responde al límite del 40% del gasto y la no prórroga del contrato dentro del plazo legal.

Plantea que la jurisprudencia de los Tribunales Superiores de Justicia ha evolucionado en cuanto a la aplicación del principio de confianza legítima en funcionarios a contrata. Inicialmente, la Corte Suprema reconocía la facultad de la administración para poner término anticipado a contratas, considerando su carácter transitorio. Posteriormente, se exigió que el funcionario hubiese suscrito al menos dos contratos anuales para invocar dicho principio, hasta que en 2023 la Corte amplió este requisito a cinco años de servicio continuo como criterio unificador. Al respecto, sostiene que los recurrentes nombre reservado, don nombre reservado, don nombre reservado, y don nombre reservado no cumplen con este umbral, ya que su vínculo a contrata fue inferior a cinco años, por lo que no les asiste la protección de confianza legítima.

Además, argumenta que el acto administrativo impugnado no es arbitrario ni ilegal, pues se fundamenta en la necesidad de ajustar el gasto en personal a contrata al límite legal del 40% siendo la decisión de no renovar las contratas fue una medida correctiva y no una desviación de poder, ya que su único objetivo fue regularizar el gasto municipal. Asimismo, la municipalidad señala que la notificación de los decretos, aunque realizada con posterioridad a los 30 días previos al vencimiento, no afecta su validez, dado que la no renovación se produce automáticamente por el solo ministerio de la ley.

Concluye que no se ha vulnerado ninguna garantía constitucional, ya que la decisión de no renovar las contratas se ajustó a la legalidad y no fue arbitraria ni ilegal.

Acompaña documentos a su informe.

A folio 9, se trajeron los autos en relación.

A folio 13, la parte recurrente acompaña documentos relativos a la contratación de nombre reservado, por seis años de forma continua.

A folio 14, la parte recurrente acompaña documentos relativos a la contratación de nombre reservado, por diecisiete años y siete meses de forma continua.

A folio 15, la parte recurrente acompaña documentos relativos a la contratación de nombre reservado.

A folio 16, la parte recurrente acompaña documentos relativos a la contratación de nombre reservado, por quince años y ocho meses de forma continua.

A folio 17, la parte recurrente acompaña documentos relativos a la contratación de nombre reservado, por ocho años de forma continua.

A folio 18, la parte recurrente acompaña documentos relativos a la contratación de nombre reservado, por nueve años de forma continua.

A folio 19, la parte recurrente acompaña documentos relativos a la contratación de nombre reservado, por seis años de forma continua.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, la acción constitucional de protección, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido establecida a favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de algunos de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19 de la Carta Fundamental.

Segundo: Que, por la presente vía cautelar, se impugna la decisión de la recurrida de desvincular a los recurrentes, no renovando su contrata para el año dos mil veinticinco, vulnerando a juicio de estos el principio de confianza legítima y provocando con ello la afectación y amenaza de derechos y garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 N°2 y N°24 de la Constitución Política de la República.

Tercero: Que, para la resolución del presente arbitrio, se debe tener presente que, de conformidad a lo dispuesto en la letra f) del artículo 5 de la Ley 18.883, “empleo a contrata: es aquel de carácter transitorio que se contempla en la dotación de una municipalidad”.

Asimismo, según el inciso tercero del artículo 2 de la Ley 18.883, “los empleos a contrata durarán, como máximo, sólo hasta el 31 de diciembre de cada año y los empleados que los sirven cesarán en sus funciones en esa fecha, por el solo ministerio de la ley […]”.

Cuarto: Que, conforme al mérito de los antecedentes acompañados y, para los efectos de resolver el recurso, cabe tener presente que:

a.- Mediante Decreto Alcaldicio N°1426, de 27 de marzo de 2024, don nombre reservado fue nombrado en calidad de funcionario a contrata por el periodo del 1 de abril al 31 de diciembre de 2024 y, mediante Decreto Alcaldicio N°4801 de 30 de diciembre de 2024, se dispuso la no renovación de dicho nombramiento para el año 2025, fundado en que el gasto en personal a contrata de la entidad edilicia superaba el límite legal del 40% del presupuesto municipal, conforme a la Ley N°19.883 y la cesación de las contratas por el solo ministerio de la ley.

b.- Mediante Decreto Alcaldicio N°1863, de 24 de mayo de 2022, don nombre reservado fue nombrado en calidad de funcionario a contrata por el periodo del 1 de junio al 31 de diciembre de 2022, prorrogado por Decreto Alcaldicio 4514, para el periodo de 1 de enero al 31 de diciembre de 2023 y luego por el Decreto Alcaldicio N° 4688, por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024.

No obstante, mediante Decreto Alcaldicio N°4808, de 30 de diciembre de 2024, se dispuso la no renovación de dicho nombramiento para el año 2025, fundado en que el gasto en personal a contrata de la entidad edilicia superaba el límite legal del 40% del presupuesto municipal, conforme a la Ley N°19.883 y la cesación de las contratas por el solo ministerio de la ley.

c.- Mediante Decreto Alcaldicio N°297, de 28 de enero de 2022, nombre reservado fue nombrado en calidad de funcionario a contrata por el periodo del 1 de febrero al 31 de diciembre de 2022, prorrogado por Decreto Alcaldicio N°4456, para el periodo de 1 de enero al 31 de diciembre de 2023 y luego por el Decreto Alcaldicio N°4646, por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024.

No obstante, mediante Decreto Alcaldicio N°4783, de 30 de diciembre de 2024, se dispuso la no renovación de dicho nombramiento para el año 2025, fundado en que el gasto en personal a contrata de la entidad edilicia superaba el límite legal del 40% del presupuesto municipal, conforme a la Ley N°19.883, la cesación de las contratas por el solo ministerio de la ley y, en su caso, teniendo además a la vista las calificaciones del periodo desde el 1 de septiembre de 2023 al 31 de agosto de 2024, quien en el ítem “comportamiento funcionario”, subfactor “asistencia y puntualidad”, presenta nota 1.0.

d.- Mediante Decreto Alcaldicio N°32, de 9 de enero de 2019, don nombre reservado fue nombrado en calidad de funcionario a contrata por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, prorrogado por anualidades sucesivas por los Decretos Alcaldicios N°s 47, 51,14, 4410 y 4654, este último, hasta el 31 de diciembre de 2024.

No obstante, mediante Decreto Alcaldicio N°4800, de 30 de diciembre de 2024, se dispuso la no renovación de dicho nombramiento para el año 2025, fundado en que el gasto en personal a contrata de la entidad edilicia superaba el límite legal del 40% del presupuesto municipal, conforme a la Ley N°19.883 y la cesación de las contratas por el solo ministerio de la ley.

e.- Mediante Decreto Alcaldicio N°32, de 9 de enero de 2019, don nombre reservado fue nombrado en calidad de funcionario a contrata por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, prorrogado por anualidades sucesivas por los Decretos Alcaldicios N° 47, 51,14, 4410 y 4654, este último, hasta el 31 de diciembre de 2024.

No obstante, mediante Decreto Alcaldicio N°4782, de 30 de diciembre de 2024, se dispuso la no renovación de dicho nombramiento para el año 2025, fundado en que el gasto en personal a contrata de la entidad edilicia superaba el límite legal del 40% del presupuesto municipal, conforme a la Ley N°19.883 y la cesación de las contratas por el solo ministerio de la ley.

f.- Mediante Decreto Alcaldicio N°1863, de 24 de mayo de 2022, don nombre reservado, fue nombrado en calidad de funcionario a contrata por el periodo del 1 de junio al 31 de diciembre de 2022, prorrogado por Decreto Alcaldicio N°4514, para el periodo de 1 de enero al 31 de diciembre de 2023 y luego por el Decreto Alcaldicio N° 4688, por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024.

No obstante, mediante Decreto Alcaldicio N°4793, de 30 de diciembre de 2024, se dispuso la no renovación de dicho nombramiento para el año 2025, fundado en que el gasto en personal a contrata de la entidad edilicia superaba el límite legal del 40% del presupuesto municipal, conforme a la Ley N°19.883 y la cesación de las contratas por el solo ministerio de la ley.

g.- Mediante Decreto Alcaldicio N°2269, de 29 de junio de 2022, don nombre reservado fue nombrado en calidad de funcionario a contrata por el periodo del 1 de julio al 31 de diciembre de 2022, prorrogado por Decreto Alcaldicio N°4445, para el periodo de 1 de enero al 31 de diciembre de 2023 y luego por el Decreto Alcaldicio N° 4640, por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024.

No obstante, mediante Decreto Alcaldicio N°4807, de 30 de diciembre de 2024, se dispuso la no renovación de dicho nombramiento para el año 2025, fundado en que el gasto en personal a contrata de la entidad edilicia superaba el límite legal del 40% del presupuesto municipal, conforme a la Ley N°19.883 y la cesación de las contratas por el solo ministerio de la ley.

Quinto: Que resulta necesario explicitar que de los antecedentes tenidos a la vista se desprende que los recurrentes nombre reservado y nombre reservado presentaron recursos de reposición en contra de los Decretos Alcaldicios N°4808 y N°4793, ambos del treinta de diciembre de dos mil veinticuatro, que dispusieron la no renovación de sus contratas para el año dos mil veinticinco, respectivamente, de manera que, conforme a lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley N°19.880 y no constando la existencia de un acto administrativo terminal respecto a la resolución de dichos recursos, no procede su revisión por esta vía judicial, motivo por el cual la acción cautelar deducida en favor de dichos recurrentes será rechazada.

Sexto: Que consta que, en el caso del recurrente nombre reservado, la decisión de no renovar su contrata no sólo se fundó en el límite presupuestario invocado por la recurrida, sino también en calificaciones deficientes en su asistencia y puntualidad, lo que impide considerar como arbitraria aquella decisión y llevará a este Corte a rechazar la acción cautelar deducida en su favor.

Séptimo: Que, en cambio, en el caso de los recurrentes nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, la situación es distinta. La recurrida decidió no renovar las contratas de estos recurrentes, invocando solamente el hecho de que ellas contribuían a exceder el límite máximo presupuestario que la ley prevé para las contratas. Sin embargo, la recurrida sí renovó otras contratas, sin explicar en los decretos alcaldicios que dispusieron la no renovación de las contratas de los recurrentes las razones que tuvo para decidir qué contratas renovar y cuáles no. En otras palabras, no se informó a los recurrentes por qué fueron “elegidos” entre todos los funcionarios a contrata para no renovar su vínculo contractual. De este modo, la actuación reprochada a la recurrida amerita ser calificada como arbitraria y atentatoria contra la garantía de igualdad ante la ley, consagrada en el N°2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, motivo por el cual la acción cautelar ejercida en favor de estos recurrentes será acogida.

Por estas consideraciones y teniendo presente además lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, se declara que:

1.- Se acoge, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, en contra de la I. Municipalidad de Cartagena y, en consecuencia, se dejan sin efecto los Decretos Alcaldicios N° 4801, N° 4807, N° 4800 y N° 4782, todos de 30 de diciembre de 2024, que decidieron no renovar sus contratas, respectivamente, y se ordena la reincorporación de dichos actores a las funciones habituales que desempeñaban hasta el 31 de diciembre de 2024, debiendo además la recurrida efectuar el pago de sus remuneraciones y demás prestaciones devengadas entre la fecha de su separación y hasta el día en que se produzca su reincorporación efectiva.

2.- Se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado en contra de la I. Municipalidad de Cartagena.

Regístrese, notifíquese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Se deja constancia que no firma el Abogado Integrante redactor de este acuerdo señor nombre reservado, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y a su acuerdo, por no integrar Sala el día de hoy.

N°Protección-375-2025.