nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES MODELO S.A.

I.C.A. de Valparaíso Valparaíso, veintiocho de mayo de dos mil veintiséis.

Vistos:

A folio 1, comparece Pablo Daniel Peñaloza Parra, abogado, quien deduce acción de protección en favor de nombre reservado, de nacionalidad venezolana, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A. y de la de la Superintendencia de Pensiones, por el rechazo a la solicitud de retiro de fondos previsionales bajo el amparo de la Ley N°18.156.

Explica que, la actora, en su condición de técnico profesional extranjero de nacionalidad venezolana, solicitó ante la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo, a través del portal web correspondiente, la devolución de fondos previsionales al amparo de la Ley N°18.156. Agrega que la recurrente fue notificada mediante correo electrónico el 16 de abril de 2026 del rechazo de dicha solicitud, argumentando la recurrida que la constancia electrónica de cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales no cumpliría con los requisitos de la normativa vigente, por no ser un certificado de afiliación, no señalar las prestaciones específicas y no estar firmado ni apostillado o legalizado.

Sostiene que, dicha decisión constituye un actuar arbitrario e ilegal, toda vez que la recurrente ha dado íntegro cumplimiento a los requisitos copulativos establecidos en el artículo 1° de la Ley N°18.156, los que consisten en que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile que le otorgue prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y que en el contrato de trabajo exprese su voluntad de mantener dicha afiliación. Sostiene, además, que la constancia electrónica de cotizaciones emitida por el I.V.S.S. es verificable electrónicamente a través del portal oficial del organismo venezolano, y que exigir apostilla o legalización importa incorporar requisitos que la ley no contempla, lo que resulta aún más gravoso considerando la inexistencia de representación diplomática venezolana en Chile.

Alega que, lo anterior vulnera las garantías constitucionales del artículo 19 N°2 igualdad ante la ley y N°24 derecho de propiedad de la Constitución Política de la República, por cuanto la recurrida aplica una interpretación excesivamente formalista de la norma, incorporando exigencias no previstas por el legislador, con lo cual impide a la actora disponer de fondos previsionales que son de su exclusiva propiedad.

Concluye solicitando que se tenga por interpuesto el recurso de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A. y la Superintendencia de Pensiones, por el acto ilegal y arbitrario de fecha 16 de abril de 2026, y que se ordene reconocer como válida la documentación acompañada, disponiendo que las recurridas efectúen un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud planteada conforme a derecho y procedan, dentro de un plazo razonable, a la devolución de los fondos de pensión solicitados o lo que se estime conforme al mérito de autos.

Para acreditar sus dichos acompañó los siguientes documentos: a) Cédula de identidad para extranjeros; b) Notificación de AFP Modelo; c) Declaración jurada ante notario público; d) Constancia de afiliación electrónica; e) Título profesional apostillado; f) Contratos y anexos de contratos de trabajo.

A folio 5, informa la Superintendencia de Pensiones. Sostiene que, la materia reclamada excede el ámbito del recurso de protección, toda vez que lo que persigue la parte recurrente es la declaración de un derecho dubitado, lo que debe dilucidarse en un procedimiento de lato conocimiento y no por esta vía cautelar, citando jurisprudencia en tal sentido.

En cuanto al fondo, señala que la exención de cotizar y la devolución de fondos previsionales es un régimen de excepción de interpretación restrictiva, y que la acreditación de la afiliación al sistema de seguridad social extranjero debe realizarse mediante certificación de la institución competente, debidamente legalizada. Agrega que la constancia electrónica de cotizaciones del I.V.S.S. presentada por la actora carece de firma autorizada y no ha sido legalizada ni apostillada, siendo insuficiente el código de verificación electrónica para suplir dichos requisitos y señala coberturas genéricas. Añade que, la ausencia de relaciones diplomáticas entre Chile y Venezuela no configura caso fortuito o fuerza mayor, pues el trámite de apostilla puede realizarse en sedes consulares de países que mantienen relaciones con Venezuela o a través del portal del Ministerio venezolano. Asimismo, señala que en el contrato de trabajo de la actora con Sodimac S.A. suscrito el 17 de julio de 2024 no constaría la voluntad inequívoca de mantenerse afiliada al sistema previsional de su país de origen, existiendo manifestaciones de voluntad contradictorias.

Finalmente, pide que se declare improcedente el recurso de protección deducido en contra de esta Superintendencia por exceder el ámbito de dicha acción y, en subsidio, que se rechace el recurso con condena en costas.

A folio 6, informa la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A. Sostiene que, la recurrente ingresó una solicitud de devolución de fondos de la Ley N°18.156 el 15 de abril de 2026, por cotizaciones enteradas por Sodimac S.A. en los períodos de julio de 2024 a marzo de 2026, la que fue rechazada por cuanto la constancia electrónica de cotizaciones del I.V.S.S. no cumple con los requisitos de la normativa vigente, al no tratarse de un certificado de afiliación que señale prestaciones específicas, carecer de firma y no encontrarse apostillada o legalizada, y porque la declaración jurada ante notario no equivale a un certificado de afiliación emitido por la institución extranjera competente. Agrega que la Administradora ha obrado en estricta conformidad con las instrucciones de la Superintendencia de Pensiones, en particular los Oficios N°3141 de 2024 y N°12.954 de 2025, y que la jurisprudencia de esta Corte y de la Excma. Corte Suprema respalda su actuación. Destaca que no ha existido ningún acto arbitrario ni ilegal de su parte, pues se ha limitado a exigir el cumplimiento de los requisitos que la ley y la normativa administrativa establecen en forma expresa.

Finalmente pide que se rechace el recurso de protección con expresa condena en costas.

En apoyo a sus dichos acompañó los siguientes documentos: de la solicitud de devolución de fondos de la Ley N°18.156.

Se ordenó traer los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, la acción constitucional de protección, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido establecida a favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de algunos de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19 de la Carta Fundamental.

Segundo: Que, a través de esta vía cautelar se impugna la resolución de 16 de abril de 2026, dictada por la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A., que rechazó la solicitud de devolución de fondos previsionales bajo la Ley N°18.156.

Tercero: Que, los recurridos informan, que la solicitud fue rechazada porque la constancia electrónica de cotizaciones del I.V.S.S. no cumple con los requisitos de la normativa vigente al carecer de firma autorizada, no estar apostillada o legalizada, y señalar prestaciones genéricas del sistema en lugar de acreditar cobertura específica de la recurrente; que ello se ajusta a las instrucciones de la Superintendencia de Pensiones y a la jurisprudencia de los tribunales superiores de justicia.

Cuarto: Que, para resolver la presente acción de protección, es necesario tener presente que el artículo 1° de la Ley N° 18.156, que establece exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros y a las empresas que los contraten bajo las condiciones que se indican y deroga la Ley N° 9.705, regula las siguientes condiciones que deben reunirse para acogerse a este beneficio: "a).- Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte; y b).- Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida." A su turno, el artículo 7° de la citada Ley, señala que: "En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta Ley." Por otra parte, el Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones, en el Libro II, Título XI, sobre Exención de pago de cotizaciones previsionales a técnicos extranjeros y las empresas que los contraten, indica de forma textual lo siguiente: "b) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte. El cumplimiento de este requisito debe acreditarse mediante certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte." Quinto: Que, del mérito de los antecedentes, el documento presentado por la actora "Constancia Electrónica de Cotizaciones", del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), carece de firma autorizada y no se encuentra apostillado ni legalizado conforme a la normativa vigente. En efecto, el hecho de contener un código de verificación electrónica no sustituye los requisitos legales formales vigentes, más aún cuando el ordenamiento jurídico exige expresamente la legalización de los instrumentos públicos extranjeros para que surtan efectos en el territorio nacional y para acreditar la cobertura previsional en el extranjero exigida en la letra a) del artículo 1° de la Ley N° 18.156, no bastando un documento que señale en forma genérica las coberturas de seguridad social, requiriéndose certificación específica de la autoridad previsional competente debidamente legalizada o apostillada.

Sexto: Que, si bien la Ley N°18.156 no explicita la exigencia de apostilla, ello no exime del cumplimiento de las normas generales sobre valor probatorio de documentos otorgados en el extranjero, máxime cuando se trata de antecedentes que inciden directamente en el cumplimiento sustancial de los requisitos para acceder al beneficio.

Séptimo: Que, en dicho contexto, no puede estimarse ilegal ni arbitraria la conducta de la institución recurrida, en tanto ha circunscrito su actuación a exigir el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley y en la normativa administrativa para acceder al beneficio impetrado, aplicando de manera uniforme los criterios establecidos por la Superintendencia de Pensiones a todos los solicitantes, sin que se configure trato discriminatorio alguno.

Por estas consideraciones y de conformidad a lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado sobre la materia, se rechaza, sin costas, la acción de protección deducida en favor de nombre reservado en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A. y la Superintendencia de Pensiones.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-3744-2026.