nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES SOCIEDAD ANÓNIMA

Dgm.

C.A. de Valparaíso Valparaíso, veinticuatro de julio de dos mil veinticinco.

Visto:

A folio 1, comparece nombre reservado, en favor de nombre reservado, interponiendo recurso de protección en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Uno S.A., por haber rechazado la solicitud de retiro de fondos previsionales de conformidad a la Ley N°18.156, actuación que considera ilegal y arbitraria, vulnerando con ello las garantías fundamentales de los numerales 2° y 24° del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Expone que el recurrente, de nacionalidad venezolana, solicitó a la recurrida la devolución de fondos previsionales conforme a la Ley N°18.156, siéndole comunicado el rechazo de su petición mediante correo electrónico, en que se le indicó que los documentos no cumplían los requisitos necesarios.

Sostiene que cumple íntegramente con los requisitos establecidos en los artículos 1° y 7° de la Ley N°18.156, encontrándose afiliado al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales y habiendo manifestado su voluntad de mantener dicha afiliación en el contrato de trabajo.

Argumenta que la recurrida realiza una interpretación formalista de la norma, desatendiendo su finalidad, toda vez que la constancia electrónica de afiliación es verificable a través del portal web oficial del IVSS mediante código de verificación, existiendo además certificación consular legalizada.

Refiere que se le ha otorgado un trato desigual respecto de otros solicitantes en iguales circunstancias, y se ha conculcado su derecho de propiedad, al impedir la disposición de fondos previsionales propios mediante la imposición de requisitos no establecidos expresamente en la ley.

Solicita que se acoja el presente recurso y se reconozca como válida la documentación acompañada, procediendo a realizar nuevo pronunciamiento sobre la solicitud y efectuar la devolución de los fondos previsionales solicitados.

A folio 4 y 5, la Administradora de Fondos de Pensiones Uno S.A., evacúa el informe ordenado y solicita el rechazo del recurso de protección en todas sus partes.

Expresa que el 10 de junio de 2025, el recurrente inició el trámite de devolución de fondos previsionales como técnico extranjero, acompañando diversos documentos. Posteriormente, el 12 de junio de 2025, se le comunicó el rechazo de la solicitud por no cumplir los documentos presentados con los criterios de aceptación, específicamente el certificado de la institución de seguridad social.

Señala que las excepciones contempladas en la Ley N°18.156 requieren el cumplimiento estricto de requisitos legales, e indica que el recurrente no acompañó certificado de afiliación debidamente legalizado ante el Consulado de Venezuela y el Ministerio de Relaciones Exteriores, sino únicamente una constancia de cotizaciones sin la debida cadena de legalización y una declaración jurada notarial.

Manifiesta que no concurren los requisitos copulativos del artículo 20 de la Constitución Política de la República, toda vez que no existe acto ilegal ni arbitrario, no se ha producido agravio alguno y no se han vulnerado garantías constitucionales, pues su actuación se ha ceñido estrictamente a la normativa vigente sin obstaculizar derechos ni efectuar interpretaciones antojadizas del marco regulatorio aplicable.

Por estas razones, solicita que se rechace el recurso de protección en todas sus partes, con expresa condenación en costas.

A folio 6 se ordenó traer los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

Segundo: Que, en la especie, el recurrente, ciudadano venezolano, solicita la devolución de los fondos acumulados en su cuenta de capitalización individual conforme a los dispuesto por el artículo 7° de la Ley N°18.156, disposición que la autoriza respecto de quienes cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 1° del cuerpo normativo ya expresado.

Tercero: Que, conforme se desprende del informe evacuado por la recurrida, la petición del actor fue rechazada teniendo en consideración que el recurrente únicamente acompañó una constancia de cotizaciones sin la debida cadena de legalización y una declaración jurada ante notario emanada de su parte, en relación con su situación previsional.

En tal sentido, indica que se ha exigido acompañar un Certificado de Afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, debidamente legalizado, conforme a las instrucciones impartidas por la Superintendencia de Pensiones.

Cuarto: Que, el artículo 1° de la Ley N°18.156, establece que “Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones:

a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte […]”.

A su vez, el Libro II, título XI, del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, establece que el cumplimiento del requisito anteriormente indicado, “debe acreditarse mediante certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte.”

Quinto: Que, teniendo presente la normativa que regula la exención de cotizar en el país a los técnicos extranjeros y del análisis del documento denominado “Constancia Electrónica de Cotizaciones” acompañado por el actor, es posible constatar que este carece de firma autorizada y no se encuentra legalizado ni apostillado, de manera que no es efectivo lo argumentado por este, en cuanto a que cuenta con la información pertinente para que su petición sea acogida.

En efecto, el hecho que el instrumento contenga un código de verificación electrónica no sustituye los requisitos legales formales vigentes, más aún cuando el ordenamiento jurídico exige expresamente la legalización de los instrumentos públicos extranjeros para que surtan efectos en el territorio nacional, lo que reviste especial relevancia cuando se trata de antecedentes que inciden en el cumplimiento sustancial de los requisitos exigidos para acceder a un beneficio excepcional como el impetrado.

Sexto: Que, por lo demás, el rechazo de la petición del recurrente no impide que posteriormente pueda volver a presentarla para que la recurrida efectúe un nuevo análisis documental, según acertadamente le fue comunicado por la recurrida al informar el rechazo de su solicitud.

Séptimo: Que, en dicho contexto, no puede estimarse ilegal ni arbitraria la conducta de la institución recurrida, en tanto ha circunscrito su actuación a exigir el cumplimiento de los requisitos para acceder al beneficio impetrado, por lo que el presente arbitrio será desestimado.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación del recurso de protección, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de nombre reservado, en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A.

Regístrese, notifíquese y archívense los antecedentes en su oportunidad.

N°Protección-3692-2025.

En Valparaíso, veinticuatro de julio de dos mil veinticinco, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.