nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES HABITAT S.A.

C.A. de Valparaíso Valparaíso, uno de junio de dos mil veintiséis.

Visto:

A folio 1, comparece el abogado Pablo Daniel Peñaloza Parra, quien interpone acción constitucional de protección en favor de don nombre reservado, de nacionalidad venezolana, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Habitat S.A., representada, por el acto que califica de ilegal y arbitrario, consistente en el rechazo de su solicitud de retiro y/o devolución de fondos previsionales para extranjero, comunicado el 9 de abril de 2026.

Expone que el actor solicitó ante la AFP recurrida, la devolución de los fondos previsionales existentes en su cuenta de capitalización individual, invocando la Ley N°18.156, que establece una exención de cotizaciones previsionales para técnicos extranjeros y las empresas que los contraten bajo las condiciones que indica.

Señala que la recurrida rechazó la solicitud, cuestionando la documentación acompañada para acreditar su afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, en particular por no estimar válida la constancia electrónica de cotizaciones presentada y por no encontrarse debidamente legalizada o apostillada, exigencia que la parte recurrente estima improcedente, atendida la imposibilidad material de obtener actualmente legalizaciones consulares por el quiebre de relaciones diplomáticas entre Chile y Venezuela.

Sostiene que acompañó antecedentes suficientes para acreditar su afiliación al sistema previsional venezolano, entre ellos una constancia de afiliación emitida por la Embajada de Venezuela en Chile y legalizada ante el Ministerio de Relaciones Exteriores con fecha 30 de mayo de 2024, una constancia electrónica de cotizaciones del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales y documentación contractual relativa a su relación laboral con IBM de Chile S.A.C. Agrega que la constancia electrónica permitiría comprobar su afiliación mediante código de verificación en línea en el sitio oficial del organismo previsional venezolano, dando cuenta de su registro en dicho sistema.

Afirma que la recurrida incurre en ilegalidad y arbitrariedad al desconocer tales antecedentes, omitir su verificación electrónica e imponer requisitos que, a su juicio, no se encuentran expresamente establecidos en la Ley N°18.156, realizando una interpretación excesivamente formalista que desatiende la finalidad de la norma, consistente en permitir al trabajador extranjero disponer de sus fondos previsionales cuando se encuentra afiliado a un régimen de seguridad social en su país de origen.

Añade que el recurrente cumple con los requisitos legales para acceder a la devolución solicitada, por cuanto tendría la calidad de profesional extranjero, estaría afiliado al sistema de seguridad social venezolano y habría manifestado su voluntad de mantener dicha afiliación en el contrato de trabajo o sus anexos. Indica, además, que la autenticidad de la constancia electrónica puede ser verificada por medios tecnológicos idóneos y de acceso público, por lo que la negativa de la AFP carecería de razonabilidad.

Solicita que se acoja el recurso, se declare ilegal y arbitraria la actuación de la recurrida, se reconozca como válida la documentación acompañada y se ordene a la Administradora de Fondos de Pensiones Habitat S.A. emitir un nuevo pronunciamiento conforme a derecho y efectuar la devolución de los fondos previsionales solicitados, o adoptar las medidas que esta Corte estime pertinentes para restablecer el imperio del derecho.

A folio 6, evacuó informe la Superintendencia de Pensiones, indicando que el recurrente registraba presentaciones ante dicho organismo vinculadas a los hechos materia del recurso, las que fueron respondidas, entre ellas consultas efectuadas en febrero, marzo y abril de 2026.

Expone que la Ley N°18.156 contempla un régimen excepcional y de interpretación restrictiva, aplicable a trabajadores extranjeros técnicos o profesionales que cumplan copulativamente los requisitos establecidos en su artículo 1°, en relación con el artículo 7 del mismo cuerpo legal.

Señala que, conforme a la normativa y jurisprudencia administrativa de ese organismo, para acceder a la devolución de fondos previsionales el trabajador extranjero debe acreditar su afiliación a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile, que otorgue prestaciones a lo menos en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, durante todo el período de prestación de servicios en Chile, y que debe constar la voluntad de mantener dicha afiliación en el contrato de trabajo respectivo.

Agrega que, para acreditar la cobertura previsional extranjera, no basta un documento que señale en forma genérica las coberturas del sistema previsional ni una cartola o constancia de cotizaciones, sino que debe tratarse de una certificación emitida por la institución de seguridad social competente, debidamente legalizada o apostillada, en la que conste la obligación de otorgar las prestaciones exigidas por la ley.

En cuanto al caso concreto, señala que la constancia de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, de fecha 20 de mayo de 2024, legalizada con fecha 30 de mayo de 2024 por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, sólo permitiría acreditar, eventualmente, la cobertura de seguridad social hasta dicha fecha, pero no resultaría apta para comprobar que dicha cobertura existió durante la relación laboral invocada con IBM de Chile S.A.C., correspondiente al período que va desde junio de 2024 a diciembre de 2025.

Añade que, al momento de ingresar la solicitud de devolución de fondos, el recurrente presentó una constancia electrónica del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales de 31 de enero de 2026, sin firma, legalización ni apostilla.

Finalmente, sostiene que lo pretendido excede el ámbito de la acción cautelar de protección y reitera que no cuenta con antecedentes que permitan concluir que el recurrente cumple con las exigencias de la Ley N°18.156 para acceder a la devolución de fondos previsionales solicitada.

A folio 7, evacuó informe la Administradora de Fondos de Pensiones Habitat S.A., solicitando el rechazo del recurso, con costas.

Señala, en primer término, que la acción de protección resulta improcedente, por cuanto el recurrente no habría sufrido privación, perturbación o amenaza arbitraria o ilegal de un derecho indubitado, sino que pretende ejercer por esta vía un derecho sujeto al cumplimiento de requisitos legales claros y objetivos, cuyo cumplimiento no habría acreditado.

Indica que el recurrente se afilió al sistema de pensiones el 1 de mayo de 2018 y a AFP Habitat S.A. el 1 de abril de 2024. Añade que, en junio de 2024, el afiliado presentó una solicitud de devolución de fondos previsionales como técnico extranjero respecto del empleador Empresa de Asesorías Profesionales Kabeli Ltda., la que fue aprobada mediante informe legal F.D.E. N°1596/2024, oportunidad en que se le pagaron los fondos correspondientes a esa relación laboral.

Expone que, con posterioridad, el 21 de enero de 2026, el actor presentó una nueva solicitud de devolución de fondos previsionales Ley N°18.156, esta vez vinculada al empleador IBM de Chile S.A.C., acompañando, entre otros antecedentes, solicitud de devolución, cédula nacional de identidad vigente, certificado de no nacionalizado, contrato de trabajo de 3 de junio de 2024, anexo de contrato de 15 de abril de 2025, título profesional apostillado, constancia electrónica de cotizaciones del IVSS de 31 de enero de 2026 y constancia de afiliación emitida por la Embajada de Venezuela en Chile en mayo de 2024.

Sostiene que, revisados dichos antecedentes, la Fiscalía de la Administradora emitió el informe legal F.D.E. N°077/2026, concluyendo que no era posible acceder a la devolución solicitada, por cuanto no se acreditaba doble cobertura previsional con posterioridad a mayo de 2024 y durante el período correspondiente a las cotizaciones enteradas por el empleador IBM de Chile S.A.C.

Agrega que tampoco podía considerarse el anexo de contrato presentado, de fecha 15 de abril de 2025, porque habría sido suscrito únicamente por el trabajador y no por el empleador, de manera que no constituiría un contrato o acuerdo, sino una declaración unilateral.

Refiere que el 30 de enero de 2026 comunicó al afiliado el rechazo de su solicitud y que, posteriormente, a propósito de un reclamo formulado ante la Superintendencia de Pensiones, informó a dicho organismo, con fecha 8 de abril de 2026, que la solicitud no podía ser acogida por no encontrarse acreditada la cobertura previsional extranjera durante la relación laboral con IBM de Chile S.A.C. y por no constar la manifestación de voluntad en un contrato o anexo celebrado entre trabajador y empleador.

Agrega que, con fecha 9 de abril de 2026, respondió al afiliado mediante correo electrónico, indicándole, en términos generales, que no se encontraba acreditada la doble cobertura previsional en relación con el contrato de trabajo celebrado con IBM de Chile S.A.C.; que la constancia electrónica emitida por el IVSS en enero de 2026, sin firma ni apostilla, no podía reemplazar el procedimiento de apostilla; y que el anexo de contrato acompañado no podía ser considerado por no registrar la firma del empleador en señal de conformidad.

Afirma que la constancia electrónica de cotizaciones del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales carece de firma autorizada y no se encuentra apostillada ni legalizada conforme a la normativa vigente, y que el hecho de contener un código de verificación electrónico no sustituye los requisitos formales exigidos para que documentos otorgados en el extranjero surtan efectos en Chile. Asimismo, indica que la constancia de afiliación emitida por la Embajada de Venezuela en Chile en mayo de 2024 constituía un documento alternativo que, al haber sido otorgado en Chile, requería legalización del Ministerio de Relaciones Exteriores, pero que en la especie se encontraría vencido y no acreditaría cobertura durante el período de la relación laboral invocada.

Sostiene que la documentación exigida corresponde a la requerida a todo trabajador extranjero que solicita el beneficio excepcional de la Ley N°18.156, con independencia de su nacionalidad o de las dificultades que pueda presentar la obtención de documentos en su país de origen.

Añade que la Administradora se limitó a aplicar la Ley N°18.156, el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones y las instrucciones de la Superintendencia de Pensiones, por lo que su actuación no habría sido ilegal ni arbitraria.

A folio 8, se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Segundo: Que, no existe discusión alguna en cuanto a la ocurrencia del acto que motiva la interposición del recurso de protección, esto es, que la Administradora de Fondo de Pensiones Habitat S.A., negó lugar a la petición de devolución de los fondos previsionales del actor.

Tercero: Que, para una adecuada comprensión del asunto planteado, conviene tener presente que la Seguridad Social, en palabras de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), es la protección que una sociedad proporciona a los individuos y a los hogares para asegurar el acceso a la asistencia médica y garantizar la seguridad del ingreso, en particular en caso de vejez, desempleo, enfermedad, invalidez, accidentes del trabajo, maternidad o pérdida del sostén de familia. En este contexto, Chile cuenta con un sistema que tiene por finalidad proteger a los ciudadanos frente a diferentes contingencias, como la salud, la vejez, el desempleo y los accidentes laborales, el que funciona a través de una estructura mixta, que incluye tanto entidades públicas como privadas, y que se financia principalmente mediante las cotizaciones previsionales de los trabajadores y empleadores, además de aportes del Estado.

Cuarto: Que, por otra parte, es útil señalar que el sistema de seguridad social resulta aplicable a todos los trabajadores, cualquiera que sea su nacionalidad.

Sin perjuicio de lo anterior y tratándose de ciertos trabajadores extranjeros -personal técnico- existe una normativa especial que establece una exención a la obligación de efectuar imposiciones en los organismos chilenos bajo determinadas condiciones.

En efecto, la Ley N°18.156 le permite al personal técnico extranjero y a las empresas que los contraten, marginarse del cumplimiento de las leyes de previsión y, por lo tanto, no están obligados a realizar imposiciones en los organismos de seguridad social chilenos, en la medida que cumplan con los siguientes requisitos:

a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida.

Complementando lo anterior, la Circular N°553 de la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones establece que se entenderá por técnico para estos efectos, a los trabajadores que posean conocimientos de una ciencia o arte, que puedan ser acreditados mediante documentos justificativos de estudios especializados o profesionales debidamente legalizados y, en su caso, traducidos oficialmente por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Quinto: Que, reseñado el sistema de exención para ciertos trabajadores extranjeros, corresponde ocuparse de aquellos que pudiendo acogerse a este sistema excepcional igualmente registren cotizaciones en una AFP, los que tienen derecho a solicitar la devolución de los fondos que hubieren depositado en la medida que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 1° de la Ley N°18.156, ya citado.

Sexto: Que el recurrente presenta las siguientes circunstancias relevantes para el análisis del asunto debatido:

1° Se trata de una persona de nacionalidad venezolana, Ingeniero en Informática, cuya condición de técnico extranjero fue acreditada mediante título profesional apostillado, y que cuenta con residencia definitiva en el país.

2° Dicha persona extranjera celebró contrato de trabajo con IBM de Chile S.A.C., Rut RUT reservado

3° Por anexo de contrato de trabajo, el recurrente expresa su voluntad de mantener su afiliación al régimen previsional extranjero.

4° El recurrente solicitó la devolución de sus fondos previsionales y la recurrida rechazó tal petición, fundándose en que no era posible devolver esas cotizaciones, ya que el anexo de contrato presentando de 15 de abril de 2025, en el cual el trabajador manifiesta su voluntad de mantener la previsión social del país de origen, aparece firmado únicamente -con firma electrónica - por el trabajador y no por el empleador. Además, presentó constancia electrónica del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) de 31 de enero de 2026 y constancia de afiliación emitida por la Embajada de Venezuela en Chile en mayo de 2024 sin apostillar, documentos que no darían cuenta fehaciente en forma y fondo, de la doble cobertura previsional necesaria en la relación laboral con empleador hasta diciembre de 2025.

Séptimo: Que, previo a determinar si el recurrente cumple las exigencias que prescribe el artículo 1° de la Ley N°18.156, en cuyo caso la negativa de la recurrida sería ilegal, resulta importante reiterar que la normativa sectorial examinada constituye un sistema de excepción que le permite a ciertos trabajadores extranjeros y a sus empleadores sustraerse de la obligación de efectuar cotizaciones en los organismos previsionales chilenos, y en su carácter de especial debe ser interpretada de forma restrictiva ya que establece un derecho, la devolución de fondos previsionales del que carecen los trabajadores chilenos.

Por otra parte, el sentido de la devolución de los fondos previsionales, en el contexto de extranjeros que llegan a Chile como personal técnico y por períodos acotados de tiempo, consiste en evitar una cobertura duplicada de las mismas contingencias, tanto en Chile como en el país de origen del trabajador extranjero (o aquel donde registre cotizaciones de seguridad social) razón por la cual resulta fundamental establecer la equivalencia entre las coberturas reconocidas en nuestro país y aquellas que proporciona el país de origen del extranjero y, además, la coincidencia temporal entre unas y otras, es decir, que todo el período cotizado en Chile tenga su correlato en el país del extranjero.

Octavo: Que, de acuerdo a lo relacionado y a los documentos que obran en la carpeta electrónica, se puede concluir que el recurrente posee conocimientos de una ciencia o arte, acreditados mediante título profesional apostillado, y que por lo tanto puede ser considerado como técnico extranjero en los términos de la Ley N°18.156.

En relación con los restantes requisitos para acceder a la devolución solicitada, consta que la recurrida reprocha el contenido genérico de los documentos acompañados para acreditar la afiliación previsional extranjera, toda vez que la constancia electrónica de cotizaciones del IVSS de fecha 31 de enero 2026 y la constancia de afiliación emitida por la embajada de Venezuela en Chile en mayo de 2024, no fueron emitidas por la autoridad competente de forma debidamente legalizada o apostillada. Además, el anexo de contrato presentando de 15 de abril de 2025, en el cual el trabajador manifiesta su voluntad de mantener la previsión social del país de origen, aparece firmado únicamente -con firma electrónica - por el trabajador y no por el empleador, estimando que no se acreditó la concurrencia de las restantes exigencias previstas en la Ley N°18.156.

En efecto, la Constancia Electrónica de Cotizaciones y de afiliación acompañadas no revisten utilidad suficiente, en tanto dichos documento solo dan cuenta de la afiliación al sistema previsional extranjero y de la calidad de asegurado del recurrente, pretendiendo acreditar la cobertura que tal condición genera mediante una referencia general al derecho extranjero, sin consignar de manera específica la existencia de prestaciones médicas y pecuniarias en materia de enfermedad, ni permitir establecer la concurrencia de los demás requisitos exigidos por la normativa aplicable. El documento carece de firma autorizada y no ha sido legalizado ni apostillado; el hecho de incorporar un código de verificación electrónica no sustituye los requisitos formales que la ley actualmente exige para los instrumentos otorgados en el extranjero, sin perjuicio de recordar que el derecho extranjero debe ser probado en Chile por los medios legales, lo que no ha ocurrido.

A mayor abundamiento, en relación a la alegación sobre la imposibilidad material de legalizar y apostillar los documentos desde Chile, atendido el término de las relaciones consulares entre este país y Venezuela, cabe señalar que si bien dicha circunstancia dificulta el cumplimiento del requisito en la normativa, no lo hace imposible de cumplir, ya que el trámite puede realizarse en las sedes consulares de países que mantienen relaciones con Venezuela, como Colombia o Perú, o a través del portal web del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores de Venezuela, presentando los documentos físicos a través de terceras personas.

Finalmente, y a mayor abundamiento, cabe considerar la calidad del recurrente como titular de residencia definitiva en Chile, circunstancia que le confiere los mismos derechos y obligaciones que se aplican a los trabajadores chilenos, de manera que no resulta procedente la restitución solicitada una vez adquirido dicho estatus migratorio, rigiendo plenamente, a contar de su adquisición, la obligación de cotizar en el sistema previsional chileno. Pretender lo contrario transforma la norma de excepción que permite, en determinadas situaciones, la devolución de fondos previsionales, en una condición de privilegio para trabajadores extranjeros que han decidido avecindarse de manera definitiva en el país, permitiéndoles sustraerse de obligaciones previsionales y utilizar el régimen de AFP como un mecanismo de ahorro de libre disposición, lo que resulta improcedente y supone, además, una eventual carga previsional para el Estado de Chile, que deberá atender, al menos parcialmente, las contingencias de seguridad social de dichos trabajadores en caso de no contar con ahorro previsional suficiente.

Noveno: Que, en consecuencia, no se advierte la concurrencia de un acto ilegal o arbitrario susceptible de ser corregido por esta vía cautelar, en los términos expuestos, ni la afectación de garantías constitucionales en la forma denunciada.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de don nombre reservado, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Habitat S.A.

Se previene que la Ministra Nancy Bluck Bahamondes concurre al rechazo del recurso, teniendo únicamente presente que a su entender el asunto planteado es de lato conocimiento y de competencia de los tribunales laborales conforme a lo dispuesto en el artículo 420 letra c) del Código del Trabajo.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N° Protección-3690-2026.