nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL S.A

C.A. de Valparaíso Valparaíso, treinta y uno de julio de dos mil veinticinco.

Vistos:

A folio 1 comparece don Pablo Daniel Peñaloza Parra, abogado, en representación de doña nombre reservado, de nacionalidad venezolana, interponiendo recurso de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones PlanVital S.A., por el acto que califica de ilegal y arbitrario consistente en el rechazo de su solicitud de retiro de fondos previsionales como extranjera, formulada conforme a lo dispuesto en la Ley N°18.156.

Señala que su representada efectuó la solicitud de devolución de fondos a través del portal web dispuesto por la recurrida, acompañando contrato de trabajo y sus anexos, constancia electrónica de cotizaciones del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), declaración jurada de afiliación al referido instituto autorizada ante notario y título profesional debidamente apostillado. Sin embargo, la A.F.P. comunicó, mediante correo electrónico de 19 de junio de 2025, el rechazo de la petición, fundado en supuestos reparos respecto de la verificación y vigencia de la afiliación en el sistema previsional extranjero, indicando que la documentación no cumplía con los requisitos para suscribir el trámite.

Explica que dio íntegro cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 1 y 7 de la Ley N°18.156; sin embargo, la recurrida, mediante una interpretación formalista de las normas, entiende que los documentos presentados no cuentan con la validez necesaria, desconociendo la declaración de afiliación al Instituto Venezolano de Seguros Sociales, la que estima legítima, dado que fue efectuada ante la embajada durante el período en que aún se encontraba operativa y fue legalizada posteriormente.

Sostiene que la intención del legislador fue corroborar que el trabajador se encuentra afiliado a algún sistema de previsión social, no siendo pertinente que las administradoras de fondos de pensiones establezcan requisitos adicionales a los expresamente señalados. En particular, indica que su afiliación puede verificarse mediante el código que para dichos efectos dispone el documento, con el cual se puede ingresar a comprobar la autenticidad en la página oficial del Instituto Venezolano de Seguridad Social (IVSS).

Alega que la actuación de la recurrida vulnera su derecho a la igualdad ante la ley, consagrado en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política, por cuanto se le dio un trato diferente al otorgado a otros solicitantes que, encontrándose en iguales condiciones, han obtenido la devolución solicitada; y vulnera, además, su derecho de propiedad, reconocido en el artículo 19 N°24, al impedirle disponer de los fondos acumulados en su cuenta individual de capitalización.

Solicita se acoja el recurso, declarando que el acto impugnado es ilegal y arbitrario, ordenando dejarlo sin efecto, reconocer como válidos los antecedentes aportados y disponer que la recurrida emita un nuevo pronunciamiento sobre su solicitud de retiro de fondos dentro del plazo de cinco días, o el que esta Corte estime conforme a derecho, y, en general, se adopten las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho.

A folio 6 evacúa informe la recurrida Administradora de Fondos de Pensiones PlanVital S.A., representada por el abogado don Víctor Tabilo Marentis, solicitando el rechazo del recurso, con expresa condena en costas.

Explica que la solicitud de devolución de fondos previsionales presentada por la recurrente, en el marco de la Ley N°18.156, adolece de tres deficiencias que impiden darle curso favorable, todas relacionadas con el cumplimiento de los requisitos establecidos en las letras a) y b) del artículo 1° de la referida ley.

El primer reparo se refiere a la existencia de una doble e incompatible manifestación de voluntad contenida en el anexo de contrato de trabajo de 26 de marzo de 2025, al declarar simultáneamente la intención de mantener la afiliación previsional en el país de origen y la de cotizar en el sistema chileno, incumpliendo con el requisito legal de expresar en forma clara, exclusiva e inequívoca la voluntad de permanecer afiliada a un régimen previsional extranjero.

En segundo lugar, señala que entre los documentos presentados en la solicitud se incluyó una constancia electrónica de cotizaciones de 15 de abril de 2025, la que no acredita en forma específica y vigente la cobertura previsional por todos los riesgos exigidos (a lo menos, enfermedad, invalidez, vejez y muerte) durante todo el tiempo que la recurrente prestó servicios en Chile. Indica que, de acuerdo con la Ley N°18.156, el Compendio de Normas y la jurisprudencia administrativa de la Superintendencia de Pensiones, para acreditar la cobertura en el país de origen exigida en la letra a) del artículo 1° de dicha ley, no basta con un documento que indique de manera genérica las coberturas otorgadas por un sistema previsional determinado. Agrega que dicho documento, además, carece de la debida apostilla o legalización ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, requisito indispensable conforme al Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones.

En tercer lugar, hace presente que, con el objeto de acreditar el requisito previsto en la letra a) del artículo 1° de la Ley N°18.156, la recurrente acompañó una declaración jurada mediante la cual da cuenta de su propia afiliación previsional en el Instituto Venezolano de Seguridad Social. No obstante, dicha acreditación debe emanar de la autoridad previsional competente o, excepcionalmente, de la delegación consular correspondiente, de modo que el documento referido no resulta aceptable por constituir una declaración unilateral de la propia parte que lo invoca y por no cumplir con el estándar de exigencias requerido por la Superintendencia de Pensiones.

Con lo expuesto, advierte que es pertinente cuestionarse si la recurrente ostenta realmente un derecho indubitado del cual no esté gozando y que deba ser protegido a través de un recurso de protección, siendo su parecer que solo existiría un germen de derecho.

Sostiene que el rechazo de la solicitud no implica pérdida de la propiedad de los fondos previsionales de la recurrente ni genera indefensión, pues ésta puede subsanar la documentación y volver a presentar su petición. Agrega que la actuación de la administradora se ajusta estrictamente a la ley y a las instrucciones vinculantes de la Superintendencia de Pensiones, que exigen verificar previamente el cumplimiento de los requisitos copulativos establecidos en el artículo 1° de la Ley N°18.156.

Afirma que no existe acto arbitrario o ilegal alguno imputable a su parte, ya que el rechazo se funda en criterios objetivos aplicados de manera uniforme a todos los afiliados, solicitando, en definitiva, el rechazo del recurso en todas sus partes, con expresa condena en costas.

A folio 7, se ordenó traer los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, la acción constitucional de protección, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido establecida a favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19 de la Carta Fundamental.

Segundo: Que, la actora denuncia como acto ilegal y arbitrario el rechazo de su solicitud de retiro de fondos previsionales presentada al amparo de la Ley N°18.156. Sostiene que acompañó toda la documentación exigida por la normativa vigente, incluyendo constancia de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, contrato de trabajo y declaración jurada de afiliación, la cual es verificable electrónicamente. Sin embargo, su solicitud fue rechazada por la recurrida por estimar que los documentos presentados carecían de la validez necesaria, desconociendo especialmente la declaración de afiliación al citado instituto, la que considera legítima, pues fue emitida ante la embajada correspondiente durante el período en que se encontraba operativa y posteriormente legalizada. Alega que dicha negativa obedece a una interpretación meramente formalista de la normativa, apartada de su finalidad, lo que vulnera sus derechos fundamentales.

Tercero: Que, la recurrida sostiene que el rechazo de la solicitud de devolución de fondos previsionales no adolece de ilegalidad ni arbitrariedad, pues se fundó en el incumplimiento de los requisitos copulativos establecidos en el artículo 1° de la Ley N°18.156 y en la normativa administrativa dictada por la Superintendencia de Pensiones. Explica que el anexo de contrato de trabajo de la actora contiene una doble e incompatible manifestación de voluntad respecto del régimen previsional; que la constancia electrónica de cotizaciones no acredita de manera específica y vigente la cobertura por todos los riesgos exigidos, además de carecer de la debida apostilla o legalización; y que la declaración jurada presentada por la propia recurrente carece de valor probatorio suficiente para acreditar la afiliación previsional. Agrega que el rechazo de la solicitud no priva a la actora de la propiedad de sus fondos previsionales ni constituye un acto definitivo o irreversible, desde que puede subsanar los antecedentes y presentar nuevamente su petición.

Cuarto: Que, para la resolución de la presente acción de protección es necesario tener presente que el artículo 1° de la Ley N°18.156, que establece la exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros y a las empresas que los contraten bajo determinadas condiciones, regula los requisitos que deben reunirse para acogerse a dicho beneficio, señalando: “a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte; y b) Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida”. Por su parte, el artículo 7° de la misma ley dispone: “En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta ley”.

Quinto: Que, del mérito de los antecedentes, aparece que el documento presentado por la actora denominado “Constancia Electrónica de Cotizaciones”, emitido por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), carece de firma autorizada y no se encuentra apostillado ni legalizado conforme a la normativa vigente. En efecto, el hecho de contener un código de verificación electrónica no sustituye los requisitos formales exigidos por el ordenamiento jurídico para que un instrumento público extranjero surta efectos en Chile, especialmente considerando que la normativa requiere la legalización o apostilla de los documentos otorgados en el extranjero.

Sexto: Que, respecto a la declaración jurada notarial acompañada por la recurrente, en la que manifiesta encontrarse afiliada y cubierta por el sistema de Seguridad Social Venezolano, en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), tal documento no es idóneo para acreditar la cobertura previsional en el extranjero exigida por la letra a) del artículo 1° de la Ley N° 18.156, desde que no emana de la autoridad previsional competente de dicho país, siendo ésta la única habilitada legalmente para certificar la afiliación y cobertura previsional del trabajador.

Séptimo: Que, si bien la Ley N° 18.156 no explicita expresamente la exigencia de apostilla o legalización, ello no exime del cumplimiento de las normas generales sobre valor probatorio de documentos otorgados en el extranjero, especialmente cuando se trata de antecedentes que inciden directamente en el cumplimiento sustancial de los requisitos exigidos para acceder al beneficio de devolución de fondos.

Octavo: Que, en consecuencia, no puede estimarse ilegal ni arbitraria la actuación de la Administradora de Fondos de Pensiones PlanVital S.A., al rechazar la solicitud de retiro de fondos previsionales presentada por la recurrente, toda vez que dicha decisión se encuentra fundada en la falta de acreditación suficiente de la afiliación previsional en el extranjero y en la ausencia de documentación con la validez formal exigida por el ordenamiento jurídico, no advirtiéndose vulneración alguna a las garantías constitucionales invocadas.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación del recurso de protección, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de nombre reservado, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones PlanVital S.A.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-3659-2025.