nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL S. A.

C.A. de Valparaíso Valparaíso, veintisiete de mayo de dos mil veintiséis.

Visto:

A folio 1, comparece el abogado Pablo Daniel Peñaloza Parra, quien deduce recurso de protección en favor de don nombre reservado, de nacionalidad venezolana, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Planvital S.A., por el acto que califica como ilegal y arbitrario, consistente en el rechazo de la solicitud de devolución de fondos previsionales conforme a la Ley N°18.156, comunicado mediante correo electrónico de fecha 31 de marzo de 2026, fundado en que el certificado de institución de seguridad social no cumplía los criterios de aceptación.

Expone que el recurrente solicitó ante la Administradora de Fondos de Pensiones Planvital S.A. la devolución de sus fondos previsionales, acompañando constancia de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, debidamente legalizada ante la Embajada de Venezuela en Chile y autenticada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, junto a una constancia electrónica de cotizaciones emitida por el mismo Instituto, documentos cuya autenticidad, sostiene, puede ser verificada directamente en el portal web oficial mediante código de validación alfanumérico.

Agrega que acompañó contratos de trabajo y sus anexos, en los que se consigna expresamente la voluntad del trabajador de mantener su afiliación al sistema previsional venezolano, y título universitario apostillado que acredita su calidad de técnico.

Sostiene que el actuar de la recurrida es arbitrario e ilegal, pues incorpora requisitos no previstos en la Ley N°18.156, desconociendo que es un hecho de público conocimiento la ausencia de representación diplomática venezolana en Chile, circunstancia que configura un caso de fuerza mayor que impide obtener documentación apostillada.

Señala que la constancia electrónica es verificable por medios tecnológicos idóneos y que otras Administradoras de Fondos de Pensiones han aceptado documentación de idéntica naturaleza. Invoca la vulneración de las garantías de igualdad ante la ley y de propiedad, contempladas en los numerales 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Pide que se realice un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud planteada conforme a derecho y a efectuar la devolución de los fondos de pensión dentro de un plazo razonable.

A folio 4, evacúa informe la Superintendencia de Pensiones, mediante Oficio Ordinario N°9197, de 8 de mayo de 2026, señalando que la ley N°18.156 constituye un régimen de excepción únicamente aplicable a trabajadores dependientes extranjeros con calidad de técnicos o profesionales que den cumplimiento copulativo a los requisitos del artículo 1° de ese cuerpo legal.

Respecto del caso concreto, advierte que la Constancia de Afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales presentada fue emitida el 28 de agosto de 2023, con una vigencia de 120 días, por lo que su plazo expiró en diciembre de ese año, siendo la solicitud de retiro formulada recién en el año 2026.

Precisa, además, que la Constancia Electrónica de Cotizaciones carece de firma de quien emite el documento y no se encuentra apostillada ni legalizada conforme al Convenio de La Haya y a los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil, limitándose a señalar en forma genérica las coberturas del sistema previsional venezolano, sin consignar la cobertura específica del recurrente durante el período en que prestó servicios en Chile.

Concluye que no cuenta con antecedentes que permitan concluir que el recurrente cumple las exigencias de la ley N°18.156 para acceder a la devolución de fondos previsionales A folio 6, evacúa informe la Administradora de Fondos de Pensiones Planvital S.A., representada por don nombre reservado, solicitando el rechazo del recurso con expresa condena en costas.

Señala que el 26 de marzo de 2026 el recurrente presentó su solicitud de devolución de fondos, acompañando una Constancia Electrónica de Cotizaciones y una declaración bajo fe de juramento.

Afirma que ambos documentos no cumplen los requisitos de legalización o apostilla exigidos por el artículo 345 del Código de Procedimiento Civil y por el Oficio Ordinario N°12.954 de la Superintendencia de Pensiones, de 17 de julio de 2025.

Precisa que la Ley N°18.156 es norma de excepción que debe interpretarse restrictivamente, y que su representada se limita a dar cumplimiento a las instrucciones de carácter obligatorio de la Superintendencia de Pensiones, sin que sea facultativa su aplicación. Añade que el rechazo no constituye una decisión definitiva, pues el recurrente conserva la posibilidad de volver a presentar su solicitud con la documentación que cumpla los estándares normativos.

A folio 7, se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, la acción constitucional de protección, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido establecida a favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19 de la Carta Fundamental.

Segundo: Que, por la presente vía cautelar, se impugna el rechazo de la solicitud formulada por don nombre reservado a la Administradora de Fondos de Pensiones Planvital S.A., por la que pretendía la devolución de sus fondos previsionales conforme a lo dispuesto en la Ley N°18.156.

Tercero: Que, por su parte, la recurrida sostiene que su actuación no ha sido ilegal ni arbitraria, sino que ha dado cumplimiento a sus obligaciones conforme al artículo 1° letra a) de la Ley N°18.156 y a la normativa e instrucciones de la Superintendencia de Pensiones, rechazando la solicitud por no haberse acompañado el certificado de afiliación al régimen previsional extranjero debidamente legalizado o apostillado.

Cuarto: Que, para resolver la presente acción de protección, es necesario tener presente que el artículo 1° de la Ley N°18.156 regula las condiciones copulativas para acogerse al beneficio de exención de cotizaciones previsionales y, por extensión, el de devolución de fondos: “a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte; y b) Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida.”

A su turno, el artículo 7° de la misma ley dispone que: "En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta ley." Por otra parte, el Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones, en el Libro II, Título XI, sobre Exención de pago de cotizaciones previsionales a técnicos extranjeros y las empresas que los contraten, indica de forma textual lo siguiente: “b) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte.

El cumplimiento de este requisito debe acreditarse mediante certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte.”

Quinto: Que, del mérito de los antecedentes aparece que el recurrente acompañó una Constancia de Afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, debidamente legalizada ante la Sección Consular de la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en Santiago de Chile y autenticada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile el 1 de septiembre de 2023. Sin embargo, según consta del propio documento, éste fue emitido el 28 de agosto de 2023 con una vigencia de 120 días, de manera que su plazo expiró en diciembre de 2023, en tanto que la solicitud de devolución de fondos fue presentada ante la recurrida en el año 2026.

En consecuencia, a la fecha en que el recurrente ingresó su solicitud, la referida constancia se encontraba vencida. No es otorgar validez un documento emanado de una autoridad extranjera que, de acuerdo con lo dispuesto por esa misma entidad emisora, había expirado al tiempo de su presentación. La circunstancia de que actualmente no exista representación diplomática venezolana en Chile no habilita para prescindir del mérito del propio instrumento en lo que respecta al plazo de vigencia que la propia autoridad emisora le asignó, ni exime al solicitante de acreditar la cobertura efectiva durante el período de prestación de servicios en Chile con documentos idóneos para tal efecto.

Sexto: Que, para acreditar el requisito de cobertura previsional en el extranjero, el recurrente acompañó también una Constancia Electrónica de Cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales con fecha 27 de abril de 2026, con vigencia hasta el 30 de abril de 2026. Del examen de dicho documento se advierte que carece de firma de quien lo emite y no se encuentra apostillada ni legalizada conforme a la normativa vigente. El hecho de que el documento contenga un código de verificación electrónica no sustituye los requisitos legales formales exigidos para que los instrumentos públicos extranjeros surtan efectos en el territorio nacional.

Adicionalmente, la referida constancia no consigna las coberturas específicas con que contó el recurrente durante el período en que prestó servicios en Chile, limitándose a enunciar en términos generales las contingencias que ampara el sistema previsional venezolano y señalando el número de semanas cotizadas totales, sin especificar que el solicitante contó efectivamente con protección por todos los riesgos exigidos en la ley durante todo el tiempo que prestó servicios en Chile.

Séptimo: Que, si bien la Ley N°18.156 no explicita la exigencia de apostilla, ello no exime del cumplimiento de las normas generales sobre valor probatorio de los documentos otorgados en el extranjero, máxime cuando se trata de antecedentes que inciden directamente en el cumplimiento sustancial de los requisitos exigidos para acceder al beneficio solicitado, por lo que la vía habilitada para que los documentos venezolanos produzcan efectos en Chile es precisamente la apostilla otorgada por la autoridad competente.

Octavo: Que, en dicho contexto, no puede estimarse ilegal ni arbitraria la conducta de la institución recurrida, en tanto ha circunscrito su actuación a exigir el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley y en la normativa administrativa para acceder al beneficio impetrado, aplicando de manera uniforme los criterios establecidos por la Superintendencia de Pensiones a todos los solicitantes, sin que se configure trato discriminatorio alguno. El rechazo de que se trata no implica la pérdida definitiva del derecho a solicitar la devolución de los fondos, pudiendo el recurrente reformular su solicitud cuando reúna la documentación que cumpla los estándares formales exigidos por la normativa vigente.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación del recurso de protección, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de don nombre reservado, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Planvital S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese.

N° Protección-3639-2026.