nombre reservado con MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA

Jbl C.A. de Valparaíso Valparaíso, veintinueve de septiembre de dos mil veintiséis.

VISTOS:

A folio 1, comparece don Pablo Daniel Peñaloza Parra, abogado, a favor de don nombre reservado, de nacionalidad venezolana, y deduce recurso de protección en contra del Ministerio del Interior, impugnando el Decreto Exento N° 679, de 9 de marzo de 2026, notificado el 15 de abril de 2026, que rechazó su solicitud de carta de nacionalización.

Argumenta que el decreto se funda en un único antecedente, consistente en una causa seguida ante el Juzgado de Garantía de Viña del Mar por el delito de ofensas al pudor, terminada el 13 de febrero de 2020 por la comunicación de la decisión del Ministerio Público de no perseverar en el procedimiento, conforme al artículo 248 letra c) del Código Procesal Penal, sin que exista condena en su contra, lo que contraría la presunción de inocencia y el artículo 86 de la Ley N° 21.325, que solo contempla como impedimento la existencia de condenas. Añade que reside en el país con permiso de residencia definitiva, que desarrolla una actividad económica formal como titular de una barbería constituida como empresa individual de responsabilidad limitada bajo la razón social “Yhonser nombre reservado E.I.R.L.”, y que la autoridad no ponderó esos antecedentes, vulnerando la garantía de igualdad ante la ley del artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, e infringiendo además el debido proceso. Pide que se deje sin efecto el decreto impugnado, a fin de que la autoridad decida conforme a derecho y se dé curso a su trámite de nacionalización, con costas.

A folio 5, informa el Servicio Nacional de Migraciones, señalando que al recurrente se le otorgó permiso de residencia definitiva por Resolución Exenta N° 350976, de 5 de noviembre de 2018; que presentó su solicitud de carta de nacionalización el 25 de septiembre de 2023, y que el expediente fue remitido al Ministerio del Interior mediante Oficio Ordinario N° 47636, de 25 de septiembre de 2025, correspondiendo a este último, y no a ese Servicio, pronunciarse sobre el mérito de la solicitud, conforme al artículo 157 N° 8 de la Ley N° 21.325.

A folio 6, informa el Ministerio del Interior, solicitando el rechazo del recurso. Sostiene que el otorgamiento de la carta de nacionalización es una facultad discrecional, conforme a los artículos 1° y 2° del Decreto Supremo N° 5.142, de 1960, y 84 de la Ley N° 21.325; que el decreto impugnado se encuentra fundado, pues en su considerando 16° estimó que los antecedentes negativos del solicitante por el delito de ofensas al pudor aconsejan no conceder la carta, y que, aun cuando dicha causa no derivó en condena, ninguna norma exige un estándar de convicción penal para denegar la solicitud.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

Primero: Que el recurso de protección constituye una acción de naturaleza cautelar que tiene por objeto amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos que enumera el artículo 20 de la Constitución Política de la República, frente a actos u omisiones ilegales o arbitrarios que priven, perturben o amenacen ese ejercicio, mediante la adopción de medidas destinadas a restablecer el imperio del derecho.

Segundo: Que el acto impugnado es el Decreto Exento N° 679, de 9 de marzo de 2026, del Ministerio del Interior, que denegó la solicitud de carta de nacionalización del recurrente. Según los pasajes transcritos en el informe de la recurrida, el decreto consignó en su considerando 3° que el solicitante registra como antecedente negativo la causa RUC N° 1900167728-7, RIT N° 8886-2019, del Juzgado de Garantía de Viña del Mar, por el delito de ofensas al pudor, terminada el 13 de febrero de 2020 por la comunicación de la decisión del Ministerio Público de no perseverar en el procedimiento, y concluyó en su considerando 16° que dicho antecedente corresponde a una “conducta que quebranta los bienes jurídicos de seguridad pública, seguridad individual, libertad sexual e indemnidad sexual”, que aconseja no conceder la carta por no ser el solicitante “poseedor del mérito requerido para el otorgamiento de tal gracia”.

Tercero: Que no se encuentra controvertido que el recurrente es titular de permiso de residencia definitiva desde el 5 de noviembre de 2018, que no registra condenas, circunstancia que la recurrida no discute, y que desarrolla una actividad económica formal como titular de una empresa individual de responsabilidad limitada, con iniciación de actividades y tributación ante el Servicio de Impuestos Internos, conforme a la documentación agregada a folio 1.

Cuarto: Que, conforme a los artículos 84 y 87 de la Ley N° 21.325, la nacionalización de extranjeros se rige por el Decreto Supremo N° 5.142, de 1960, cuyo artículo 2° confiere a la autoridad una facultad de carácter discrecional, en tanto dispone que “podrá” otorgarse carta de nacionalización a quienes reúnan los requisitos que indica. Sin embargo, esa discrecionalidad no exime a la autoridad del deber de motivar los actos que afectan los derechos de los particulares, impuesto por los artículos 11 inciso segundo y 41 inciso cuarto de la Ley N° 19.880, ni la autoriza a sustentarlos en presupuestos de hecho no acreditados, pues el margen de apreciación que la ley reconoce opera sobre hechos ciertos y debe ejercerse de manera razonable.

Quinto: Que la decisión de no perseverar en el procedimiento, prevista en el artículo 248 letra c) del Código Procesal Penal, supone que durante la investigación no se reunieron antecedentes suficientes para fundar una acusación y, conforme al inciso final de la misma disposición, deja sin efecto la formalización de la investigación. De ello se sigue que la causa invocada no establece la existencia de un hecho punible ni la participación del recurrente en él, de modo que el decreto impugnado, al calificar dicho antecedente como una conducta lesiva de diversos bienes jurídicos, da por establecido un hecho que ningún órgano competente ha declarado, sin exponer otro antecedente que lo sustente.

Sexto: Que, además, según consta de la captura de las observaciones del expediente administrativo inserta en el mismo informe, la propuesta de rechazo se formuló “en conformidad [al] artículo 86 N°2 parte final” de la Ley N° 21.325, precepto que impide otorgar la carta de nacionalización a quienes hayan sido condenados en los últimos cinco años por hechos que en Chile merezcan la calificación de simple delito, y cuando existan antecedentes que así lo aconsejen, hipótesis cuyo presupuesto necesario, esto es, la existencia de una condena, no concurre respecto del recurrente.

No se trata, como sostiene la recurrida, de exigir un estándar de convicción penal para denegar la solicitud, sino de constatar que la autoridad fundó su decisión en la atribución de una conducta cuya existencia no ha sido establecida y en una causal legal cuyos presupuestos no concurren. Así, el decreto carece de la motivación exigida por los artículos 11 y 41 de la Ley N° 19.880, lo que lo torna ilegal, y es a la vez arbitrario, por no descansar en un fundamento racional que lo sostenga.

Séptimo: Que la decisión así adoptada vulnera la garantía de igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, pues somete al recurrente a un tratamiento que el legislador reservó a quienes han sido condenados, colocándolo en una situación desmedrada respecto de los demás solicitantes que, como él, no registran condenas, sin que exista una razón jurídicamente válida que justifique esa diferencia. Por consiguiente, el recurso será acogido, sin que ello importe sustituir a la autoridad en el ejercicio de la facultad que la ley le confiere, cuyo contenido le corresponde determinar con sujeción a derecho.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en los artículos 19 N° 2 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se acoge, sin costas, el recurso de protección deducido a favor de don nombre reservado en contra del Ministerio del Interior y, en consecuencia, se deja sin efecto el Decreto Exento N° 679, de 9 de marzo de 2026, debiendo la autoridad emitir un nuevo pronunciamiento fundado sobre la solicitud de carta de nacionalización del recurrente, en el que no podrá atribuirle una conducta ilícita sobre la base de la causa RUC N° 1900167728-7, RIT N° 8886-2019, del Juzgado de Garantía de Viña del Mar, y deberá ponderar la totalidad de los antecedentes del procedimiento, incluidos los de residencia y actividad económica acreditados en autos.

Regístrese, notifíquese, certifíquese una vez ejecutoriada y, en su oportunidad, archívese.

Redacción del Ministro Sr. Pedro García Muñoz.

N° Protección-3636-2026.

Se deja constancia que no firma el Abogado Integrante señor Ricardo Saavedra Alvarado, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo de la causa, por no integrar sala el día de hoy.